Exigen al Estado colombiano acciones en la búsqueda de personas desaparecidas
Carta abierta para exigir acciones inmediatas a las entidades del Estado Colombiano en la búsqueda de las personas desaparecidas forzadamente nombradas por Dorado Gaviria ante la JEP
Las declaraciones del pasado viernes 21 de junio del presente año, publicadas por la WRadio, realizadas ante la JEP por José Leonairo Dorado Gaviria, quién manifestó la intención sistemática para exterminar a dirigentes de la izquierda colombiana por parte del Estado colombiano; han causado conmoción entre los familiares de las víctimas mencionadas, así como en las organizaciones de víctimas y derechos humanos.
Familiares, organizaciones de Hijos e Hijas, de Derechos Humanos y de víctimas, les invitamos a suscribir la siguiente carta abierta con el ánimo de exigir a la instituciones pertinentes la implementación de acciones inmediatas para la búsqueda de las personas desaparecidas forzosamente nombradas por Dorado Gaviria y para la materialización de los derechos a la verdad y la justicia.
Compartimos con nuestros lectores el texto completo (disponible en https://forms.gle/8vyTUo61zuhQZSjN9):
Cordial saludo,
El pasado viernes 21 de junio del presente año, la WRadio publicó las declaraciones realizadas ante la JEP por José Leonairo Dorado Córdoba, quien trabajaba para una brigada de inteligencia del Ejército entre los años de 1986 y 1997. Dorado Córdoba da cuenta en sus declaraciones de una política sistemática para exterminar a dirigentes de la izquierda colombiana que ratifican lo que por décadas organizaciones de derechos humanos y de víctimas hemos planteado sobre la existencia de la violencia estatal. En sus declaraciones menciona las desapariciones forzadas y asesinatos de Manuel Cepeda, Pedro Movilla, Nydia
Erika Bautista, Alirio Pedraza, Amparo Tordecillas, Eduardo Umaña, Guillermo Marín y José Miller Chacón.
Sus declaraciones permiten verificar que la violencia estatal ha sido en Colombia una práctica sistemática de la que han participado funcionarios e instituciones estatales, y que tuvo por objetivo eliminar a los contradictores políticos de la izquierda colombiana con prácticas ilegales. Esto incluyó desapariciones forzadas, torturas, seguimientos y ejecuciones extrajudiciales, todas estas graves violaciones a los derechos humanos de quienes hacían parte de partidos políticos, organizaciones de derechos humanos, movimientos sociales e incluso miembros de estructuras guerrilleras que se encontraban en medio de negociaciones o acercamientos para el establecimiento de diálogos de paz.
Las declaraciones de Dorado Córdoba son fundamentales para avanzar en los derechos a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición de los familiares de las personas mencionadas por él; así como los derechos de las colectividades a las que pertenecían y de la sociedad en su conjunto. Como país merecemos y necesitamos conocer la forma en que operó en la década de 1980 y 1990 la violencia estatal en Colombia y sus prolongaciones en las décadas posteriores.
Las declaraciones tienen además una dimensión humanitaria, toda vez que mencionan el lugar donde estarían los cuerpos de personas que fueron desaparecidas forzadamente por el Estado como: Alirio Pedraza, Amparo Tordecillas y Pedro Movilla.
De acuerdo con la Ley 1922 de 2018, las medidas cautelares que puede adoptar la JEP deben tener como fines: evitar daños irreparables a personas y colectivos; proteger y garantizar el acceso a la información que se encuentra en riesgo inminente de daño, destrucción y/o alteración; garantizar la efectividad de las
decisiones; la protección de las víctimas y el real restablecimiento de sus derechos; las medidas judiciales necesarias para la asistencia de las víctimas, su protección y el restablecimiento de sus derechos.
En ese sentido, las organizaciones abajo firmantes solicitamos con carácter urgente que:
a. La JEP adopte medidas cautelares oportunas y efectivas para proteger los lugares mencionados por Dorado Córdoba y en los que ha manifestado se encuentran los cuerpos de Alirio Pedraza, Amparo Tordecillas y Pedro Movilla, así como de otros lugares sobre los que se tenga información.
b. La JEP implemente medidas cautelares para la protección de testigos y de sus familias en los casos mencionados por Dorado Córdoba, protegiendo con ello la información que podrán aportar a los derechos a la verdad, la justicia y la reparación.
c. Una acción diligente y articulada entre la JEP y la UBPD. De la primera exigimos que avance en las investigaciones y judicializaciones pertinentes relacionadas con las declaraciones de Dorado Córdoba para poder satisfacer los derechos a la verdad y la justicia de los familiares, obtener la información lo antes posible y con esto evitar nuevas obstrucciones a estos derechos. De la UBPD exigimos que priorice la búsqueda de los cuerpos lo más pronto posible para evitar que estos sean nuevamente desaparecidos y no extender el tiempo de zozobra de los familiares que ya cumple más de dos décadas.
d. El ministro de Defensa se comprometa públicamente con facilitar la intervención de búsqueda de las instituciones competentes, así como adoptar medidas inmediatas para impedir cualquier alteración y obstrucción en la sede de la Escuela Logística y Batallón de Contrainteligencia del Ejército Nacional ubicado en la localidad cuarta (4a) de San Cristóbal en Bogotá.
Consideramos que este es un momento para ratificar como sociedad un rechazo total a la violencia estatal y a toda forma de deshumanización de los líderes y lideresas sociales que han hecho parte de la oposición política. Pensar distinto y buscar construir una sociedad igualitaria y equitativa no es una razón válida para
como Estado emplear estrategias de terror que no solo negaron la calidad de humanos y ciudadanos a quienes fueron objeto de terribles violaciones a los derechos humanos, sino que también infringieron un gran dolor y daño a sus familias y organizaciones de pertenencia. Es repudiable y doloroso escuchar como
la violencia estatal incluyó diversos tipos de torturas, entre ellas la violencia sexual. Esta última empleada para sancionar el accionar político de las mujeres militantes de izquierda.
Hoy, luego de años de impulsar como sociedad la construcción de una paz estable, duradera y transformadora, debemos conocer la verdad sobre la violencia estatal y rechazar vehementemente cualquier forma de violencia y de negación de la otredad. Teniendo presente el fin supremo de la paz, exigimos prestar atención a nuestras solicitudes.
Foto: EPA/ EFE
