Chile: “Acuerdo Nacional por la Seguridad y los Derechos Humanos”
Por Florencia Lagos Neumann*
Según la Subsecretaría de Prevención del Delito en los últimos seis años las tasas de homicidio en Chile aumentaron un 70%, mientras que la percepción de daño provocado por el robo con violencia subió un 37% en una década.
Chile vive una profunda crisis de seguridad ante la irrupción de una nueva delincuencia, más violenta, con un aumento en el uso de armas de fuego en homicidios y el avance del crimen organizado. También han subido los secuestros que, entre 2016 y 2020 variaban de seis a ocho anuales en la Región Metropolitana de Santiago, pero al pasado noviembre del año recién pasado llegaban a 45. Las autoridades asocian la nueva criminalidad a las bandas nacionales, que están más armadas, como a las extranjeras, cuyos miembros han ingresado al país por pasos no habilitados.
En este sentido la Encuesta Nacional Urbana de Seguridad Ciudadana (ENUSC) 2023, reveló que la percepción de inseguridad en Chile ha alcanzado un máximo histórico, llegando al 90.6%.
El 15 de julio de 2024 el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), pidió al Estado de Chile adoptar medidas urgentes que permitan garantizar entornos seguros a niños, niñas y adolescentes, en el contexto del lamentable fallecimiento de cuatro adolescentes en Quilicura. Asimismo, condenó los reiterados hechos de violencia en contra de niños, niñas y adolescentes, quienes han resultado muertos o heridos durante este año.
UNICEF reiteró que: “El Estado debe ser efectivo en la protección de la niñez y ello también implica garantizar entornos libres de violencia. No se puede normalizar la muerte violenta de un niño, niña o adolescente”.
En opinión de UNICEF, junto con medidas preventivas, el país: “… Debe atacar las causas estructurales de la vulnerabilidad a la violencia, entre ellas, la pobreza”.
Según la encuesta CASEN 2022, un 43% (53% para el caso de la R.M) de los hogares con niños, niñas y adolescente en Chile ha vivido o presenciado balaceras en su entorno residencial.
La Convención sobre los Derechos del Niño, ratificada por Chile en agosto de 1990, y la Ley que crea el Sistema de Garantías establecen que el Estado debe contar con mecanismos que permitan proteger de manera efectiva a niños, niñas y adolescentes de cualquier forma de violencia.
Por cierto, los sectores de mayor vulnerabilidad social tienen un sentido de urgencia, puesto que donde no hay presencia del Estado es tierra fértil para el crimen organizado y el narcotráfico.
Considerando lo anterior, diversos actores del mundo político, académico y expertos en materia de seguridad, propusieron un: “Acuerdo Nacional por la Seguridad y los Derechos Humanos”. Un instrumento puesto a disposición de las autoridades competentes para enfrentar de manera eficaz e inmediata estos flagelos.
El Acuerdo es firmado por Marcela Vera, Economista, académica de USACH, Claudio Arriagada, ex presidente de la Asociación Chilena de Municipalidades, Juan Andrés Lagos, periodista y experto en materias de seguridad, Fernando Monsalve, abogado penalista, Johanna Montivero, abogada, defensora de Derechos Humanos, Jean Flores Quintana, Cientista Político, experto en materia de Derechos Humanos, Ramona Reyes, ex Convencional Constituyente y ex Alcaldesa de Paillaco y Pedro Villarroel, Académico, ex funcionario de la Policía de Investigaciones de Chile (PDI).
En el texto enfatizan que el Gobierno debe enfrentar el problema con presupuesto de la Nación y dejar de esperar que sea el Congreso el que resuelva:
“Ya no queda tiempo para el cálculo político ni la burocracia parlamentaria, la ciudadanía exige acciones concretas e inmediatas ahora”, destaca el Acuerdo.
El Acuerdo Nacional se basa en tres ejes: Reingeniería institucional para combatir delitos, reingeniería social para prevenir delitos y una asignación presupuestaria especial para garantizar seguridad.
Se considera incrementar el apoyo bilateral y multilateral con todos los países de la región, mejorando las relaciones internacionales con aquellas instituciones encargadas de la investigación y persecución penal del crimen organizado. Para lo anterior se sugiere profundizar el intercambio de conocimientos, información y colaboración.
Otro de los objetivos principales del Acuerdo es desmantelar la ruta del dinero para eliminar de raíz el narcotráfico y sus redes de protección institucional. Por lo tanto, investigar el lavado de activos y secreto bancario.
En relación a los aspectos que se deben considerar para resolver las problemáticas delictuales, estos están relacionados con la incapacidad del mercado de generar empleos estables y de buena calidad. Por tanto, la solución que ha encontrado una porción de la población es incurrir en algún tipo de delito para sostenerse en su vida cotidiana.
Una de las propuestas que ofrece el instrumento es el Programa de Fomento al Empleo que integra herramientas de capacitación con un subsidio que permita a las Pymes contratar trabajadores y al mismo tiempo aumentar sus conocimientos. Cabe destacar que las Pymes son la estructura económica que permite actuar de mejor forma en el incremento del empleo comunal.
Con el fin de implementar medidas que den respuestas a las problemáticas planteadas por UNICEF, el Acuerdo propone el Plan Nacional de Apoyo a las Familias de Adolescentes. Dado el fatídico diagnóstico en que se encuentran los y las adolescentes -junto a sus familias- en nuestro país.
En esta dimensión se debe asignar y ejecutar parte del presupuesto nacional con máxima celeridad. Ya no queda tiempo para el cálculo político ni la burocracia parlamentaria, la ciudadanía exige acciones concretas e inmediatas ahora.
X: @FlorenciaLagosN
IG: florencia_lagos_neumann
(*) Master en Relaciones Internacionales Universidad de La Habana.
Tomado de El Ciudadano / Foto de portada: CIPER.
