Internacionales

A 35 años de una causa injusta (III y final)

Por José Luis Méndez Méndez* / Colaboración Especial 

Resumen Latinoamericano

La brutalidad empleada durante la cruenta invasión a la República de Panamá solo sirvió para sentar las bases, entonces, de un sistema internacional unipolar. La caída del muro de Berlín anunciaba el fin de una época y el comienzo de otra, en la que Washington campearía por su respeto basado en su poderío. Habían ganado la llamada guerra fría y no tenían rivales. 

El 20 de diciembre de 1989 tropas estadounidenses invadieron Panamá para capturar al general Manuel Antonio Noriega, quien después de peregrinar de un refugio en otro entró subrepticiamente en la Nunciatura Apostólica con sus principales allegados de seguridad y el 24 de diciembre se entregó. Fue llevado a bases estadounidenses y extraditado para ser juzgado en aquel país por narcotráfico.

Años después en el 2014, la vicepresidenta y ministra de Relaciones Exteriores de Panamá en el mandato de Juan Carlos Varela, presidió la llamada Comisión Especial del 20 de diciembre, fue constituida y se aseguró que la Cancillería sería el conducto para hacer la petición de desclasificación de documentos a Estados Unidos, sobre la sangrienta agresión.

A la Comisión Especial se le solicitó determinar la identidad y el número de las víctimas durante la invasión y recomendar propuestas de reparación política, moral y material con apoyo de expertos en derecho internacional, entre otras metas.

La encargada de las diligencias afirmó que para cumplir con esa misión, “tendremos que solicitar la desclasificación de archivos de Estados Unidos, información reservada, para lo que solicitaremos la colaboración” del Gobierno panameño “y que se garantice en debida forma el acceso a la información que pueda ayudar en la identificación de todas las víctimas”, dijo el presidente de la comisión especial, Juan Planells.

Según él, de inmediato se procederá a la “creación y reglamentación de un registro único de víctimas” en la página web de la comisión especial, “al cual podrán ingresar todos los que estén en capacidad de aportar información relacionada con las víctimas”.

“Nosotros como Gobierno vamos a colaborar con lo que se necesite”, los comisionados “han planteado la importancia de identificar información con Estados Unidos, nosotros como Cancillería definitivamente seremos ese conducto, vamos a empezar por el primer paso que es identificar la información”.

“El registro único de víctimas es un padrón histórico e imparcial que será formado, levantado y completado sobre la base de datos integrando las listas existentes que nos sean suministradas por las personas que padecieron daños, sus familiares”, asociaciones civiles y demás instituciones, añadió.

Además de Planells, la comisión especial está integrada por Enrique Illueca; Svetlana Jaramillo, Rolando Murgas y Maribel Jaén, a los que la Cancillería definió como “destacados profesionales panameños con amplia solvencia moral y notorio reconocimiento público”. El Decreto Ejecutivo 121 del 2016, creó el instrumento reivindicativo de los efectos de la invasión.

La comisión especial cuenta con el acompañamiento del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos.

Poco o nada se ha avanzado, queda mucho por hacer y lograr, desde que el ex presidente de Panamá Guillermo Endara, será recordado por ser el gobernante que asumió la Presidencia panameña gracias a la invasión estadounidense del 20 de diciembre de 1989 y para mayor desvergüenza dentro de una base estadounidense.

Una de las primeras medidas que adoptaron los militares estadounidenses en su invasión fue custodiar, ese mismo día, la toma de posesión presidencial de Guillermo Endara.

Su gobierno también pasará a la historia de Panamá como el que se libró de los militares y de la presencia permanente que habían mantenido en la política de este país, ya que disolvió el Ejército.

La Asamblea Nacional aprobó en tercer debate dos proyectos de ley que establecen medidas de protección del Estado Panameño ante cualquier conflicto bélico. Con el proyecto 543 se aprueba la enmienda al artículo 8 del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, mientras que el proyecto 544 avala las enmiendas del estatuto de Roma de la Corte Internacional Relativo al Crimen de Agresión. El proyecto 544, por su parte, define el crimen de agresión como el uso de la fuerza armada por un Estado en contra de la soberanía, integridad territorial o la independencia política de otro Estado, o cualquier otra forma incompatible con la Carta de las Naciones Unidas.

Los familiares de las víctimas de la brutal invasión a 35 años, persisten en una lucha incansable por la memoria y la justicia, y el eterno compromiso de encontrar e identificar a todas los mártires y que finamente el agresor Estados Unidos se digne a pedir perdón por esa tamaña atrocidad.

Estas barbaries son recurrentes en el proceder de sucesivas administraciones estadounidenses, como acontece en el genocidio en la Franja de Gaza, hacer más de un año, donde queda poco por matar o destruir, también en el Líbano, Siria, donde sus pueblos son masacrados, y se puede ver a los irreconciliables enemigos religiosos históricos musulmanes y judíos marchando unidos para apoderarse de los recursos en disputa. Soldados israelitas en Damasco, mientras el islamita Hayat Tahrir al Sham (HTS) filial de Al Qaeda y considerada como una organización terrorista por la ONU, Estados Unidos, Turquía y otros países por tener nexos con el Estado Islámico y la caterva de mercenarios de diferentes nacionalidades se codean con sus adversarios acérrimos los israelitas bombardeando posiciones en Sería, para hacerle el servicio que terminó en el derrocamiento del gobierno.

Estas alianzas han definido que su objetivo es crear un Estado islámico regido por la Sharia, mientras el electo presidente de Estados Unidos, ha declarado que impondrá la paz mundial por medio de la fuerza. Se auguran nuevas invasiones como la ejecutada en Panamá hace más de tres décadas aun impune y que clama justicia. 

(*) Escritor y profesor universitario. Es el autor, entre otros, del libro “Bajo las alas del Cóndor”, “La Operación Cóndor contra Cuba” y “Demócratas en la Casa Blanca y el terrorismo contra Cuba”. Es colaborador de Cubadebate y Resumen Latinoamericano.

Foto: Archivo Mi Diario

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