Las Abuelas de Plaza de Mayo se alzan contra Milei y el olvido de la dictadura argentina
Por Javier Lorca
El organismo pide ayuda internacional para resistir los ataques del presidente a las políticas públicas de derechos humanos y las medidas que obstruyen la búsqueda de más de 300 hijos de desaparecidos.
“Llamamos al mundo a que mire lo que está sucediendo en Argentina […] Es fundamental frenar cualquier retroceso y defender los valores democráticos y los derechos humanos que tanto nos costó conseguir”, fue el pedido de ayuda que formuló Estela de Carlotto, la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo. El organismo, referente internacional en la defensa del derecho a la identidad, presentó un detallado informe que denuncia el desguace y el desfinanciamiento que el Gobierno ultra de Javier Milei está aplicando sobre las políticas públicas de memoria, verdad y justicia y sobre el entramado de instituciones que, hasta ahora, se dedicaba a esclarecer y reparar los crímenes de la última dictadura militar (1976-1983).Bajo el terrorismo de Estado, en 1977, un grupo de madres de desaparecidos —secuestrados y asesinados— fundó Abuelas de Plaza de Mayo con el propósito de encontrar y recuperar a sus nietos, los niños y las niñas que, como un “botín de guerra”, habían sido apropiados e inscriptos con otros nombres por familias de militares o allegados.
“Las Abuelas todavía hoy buscan a más de 300 personas que no saben quiénes son. Los logros hasta ahora son impresionantes, pero con todas las instituciones funcionando se pudieron resolver 137 casos en 47 años. No podemos darnos el lujo de perder ninguna herramienta, porque es una tarea muy compleja”, advierte Claudia Poblete, integrante de la comisión directiva de Abuelas. Nacida en 1978, ella misma es una nieta restituida: gracias al trabajo de las Abuelas, recuperó su identidad en el año 2000, tras haber sido secuestrada junto con su madre cuando tenía ocho meses. Sus padres permanecen desaparecidos.
El informe Actualidad sobre las políticas de memoria, verdad y justicia en la Argentina fue presentado por las Abuelas el martes pasado. Elaborado junto con la Fundación alemana Heinrich Böll, detalla las medidas regresivas que durante su primer año de gestión ha tomado el actual Gobierno, en particular respecto del derecho a la identidad. Milei y especialmente la vicepresidenta, Victoria Villarruel, han cuestionado en diversas oportunidades la lucha de los organismos de derechos humanos y han defendido expresiones negacionistas del terrorismo de Estado.
El documento comienza destacando que, por los crímenes de la dictadura, la justicia ha dictado 328 sentencias que condenaron a 1187 personas y absolvieron a 192. En ese marco, se detectaron más de 800 sitios que funcionaron en todo el país como centros clandestinos de detención y tortura, incluidas maternidades clandestinas. Se estima que 352 mujeres víctimas de la dictadura estaban embarazadas al ser secuestradas o asesinadas. Además de los niños que pudieron haber nacido en cautiverio, unos 77 menores fueron detenidos ilegalmente junto a sus familiares. En busca de esos chicos, y debido al impulso de las Abuelas de Plaza de Mayo, hace tres décadas se crearon la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (CoNaDI) y el Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG).
Al desfinanciamiento generalizado del Estado que puso en marcha el Gobierno de Milei se añadieron medidas específicas que atentan contra la búsqueda de los nietos que continúan desaparecidos. El informe señala, por ejemplo, el cierre de la Unidad Especial de Investigación que operaba dentro de la CoNaDI para colaborar con las causas judiciales y había resuelto 2.468 casos. También recuerda que los ministerios de Defensa y de Seguridad suspendieron el acceso de la CoNaDI a documentación de las fuerzas militares y policiales. En un sentido similar, la cartera de Defensa desarticuló el Equipo de Relevamiento y Análisis de los archivos de las Fuerzas Armadas. Y en la Secretaría de Inteligencia se discontinuó el trabajo de un equipo abocado a investigar violaciones a los derechos humanos.
El informe de Abuelas alerta, además, sobre la precarización, los despidos y las amenazas de cesantías que sufren los trabajadores de áreas relacionadas con los derechos humanos. La CoNaDI “podría ver reducida su planta en un 67%, lo que impactaría gravemente las investigaciones”, indica el documento. En el caso del Banco de Datos Genéticos, los ajustes presupuestarios de este año y el previsto para 2025 “arrojan una caída del 50,4%” de sus recursos.
Otro foco de preocupación para Abuelas de Plaza de Mayo son los ataques discursivos que sus referentes vienen sufriendo de parte de autoridades del Gobierno y de sus seguidores. “Están intentando destruir en el imaginario público el prestigio de Abuelas”, dice Claudia Poblete. “En lo personal, es una tristeza enorme que mujeres de 94 años como Estela [Carlotto] o de 87 como mi abuela [Buscarita Roa] tengan que sufrir semejantes agravios”.
Ante la falta de respuestas del Gobierno, con cuyos funcionarios el diálogo está interrumpido hace meses, el organismo apuesta a obtener respaldos fuera del país. “Estamos tratando de llamar la atención a nivel internacional sobre lo que está pasando en Argentina”, concluye Poblete. “Es lo mismo que hicieron las Abuelas hace muchos años, cuando acá todavía estaba la dictadura. Hoy la situación no es comparable, estamos en democracia, pero necesitamos apoyo para proteger todo lo que habíamos conseguido y poder seguir buscando a los nietos que faltan”.
Más despidos y recortes
La motosierra de Milei, que ya ha despedido a más de 35.000 trabajadores del Estado nacional, avanzó nuevamente en la última semana. El vocero presidencial, Manuel Adorni, anunció el cese de 2.400 empleados del Ministerio de Justicia, con alto impacto en la Secretaría de Derechos Humanos. Argumentó que se trataba de “contratados de manera espuria por fuera de los mecanismos previstos por el sistema nacional de empleo público”. También comunicó que “se suprimió el pago de incentivos” salariales al personal.
“Están haciendo un desguace feroz”, dice Nadia Fadic, delegada del sindicato de trabajadores estatales ATE. “La forma de contratación es responsabilidad del propio Estado, no de los trabajadores”, respondió al argumento del Gobierno para justificar los despidos. Sobre los incentivos suprimidos, precisó que implicaban una mejora de casi el 50% para “sueldos que son muy bajos”.
Un amplio conjunto de organismos de derechos humanos denunció mediante un comunicado que “el despido de cientos de trabajadores, trabajadoras, profesionales, operadores y administrativos terminará por destruir la Secretaria de Derechos Humanos de la Nación, en particular la totalidad de los sitios para la memoria y el registro unificado de víctimas del terrorismo de Estado, entre otras áreas”. Para Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Abuelas de Plaza de Mayo, Familiares de desaparecidos y detenidos, Hijos y otras organizaciones se están “violentando los derechos laborales y las políticas de memoria” por decisiones de “personajes políticos que desprecian los valores acuñados en la vida democrática y que están afirmados en la Constitución Nacional y tratados internacionales de derechos humanos”.
Fuente: El País
Foto: EFE
