Estados Unidos: Trump firma orden que pone fin a prestaciones federales para algunos inmigrantes
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó una orden destinada a poner fin a las prestaciones federales para las personas que se encuentran en Estados Unidos de manera ilegal, informó la Casa Blanca el miércoles, su medida más reciente en una serie de acciones enérgicas para controlar la inmigración.
La Casa Blanca indicó que la orden pretende acabar con “todas las prestaciones financiadas por los contribuyentes para los extranjeros ilegales”, pero no quedó claro cuáles prestaciones serán objeto de esta medida. Las personas que están ilegalmente en el país suelen no calificar para recibirlas, excepto para atención médica de emergencia. Los niños tienen derecho a una educación pública gratuita desde el jardín de infantes hasta el duodécimo grado, independientemente de su estatus migratorio, según un fallo de la Corte Suprema de 1982.
La orden señala que una reforma a la asistencia social de 1996 niega la mayoría de las prestaciones públicas a las personas que están en el país de manera ilegal, pero dice que esa ley ha sido socavada gradualmente.
“En los últimos cuatro años, en particular, el gobierno anterior socavó repetidamente los objetivos de esa ley, lo que resultó en el gasto indebido de recursos significativos de los contribuyentes”, manifestó.
Las palabras de Trump parecen dirigidas al extenso uso de la autoridad de permiso condicional humanitario por parte del expresidente Joe Biden para permitir que personas permanezcan temporalmente en el país, incluyendo a más de 900 000 a través de una aplicación de citas en línea llamada CBP One utilizada en los cruces fronterizos con México, y a más de 500 000 migrantes que volaron a Estados Unidos con los gastos por su cuenta y que contaban con un patrocinador financiero. Trump puso fin de inmediato a ambos programas.
Biden también otorgó permiso condicional humanitario a casi 300 000 personas de Ucrania y Afganistán.
Las personas a las que se les concede el permiso condicional humanitario al menos por un año son consideradas “no ciudadanos que califican”, lo que las hace elegibles para recibir algunas prestaciones con base en sus ingresos, pero sólo después de cinco años. Estos incluyen Medicaid y el Programa de Seguro de Salud para Niños, que proporciona cobertura a niños de familias que ganan demasiado dinero para calificar para Medicaid, según los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid.
Algunos estados han acortado el período de espera de cinco años.
La orden de Trump parece tener otros objetivos, algunos ya sujetos a edictos anteriores y demandas del Departamento de Justicia. Les ordena a todos los departamentos y agencias a identificar el gasto en prestaciones federales que sea incongruente con la ley de asistencia social de 1996. También pretende asegurar que los gobiernos estatales y locales no utilicen fondos federales para estrategias que apoyen políticas de “santuario” o fomenten la inmigración ilegal.
Trump firmó 10 órdenes ejecutivas sobre inmigración en su primer día en el cargo. Estas incluyeron poner fin a la ciudadanía automática para las personas nacidas en Estados Unidos, y al asilo en la frontera sur. La orden sobre la ciudadanía por nacimiento ha sido detenida temporalmente en los tribunales.
Tribunal bloquea orden ejecutiva para eliminar la ciudadanía por nacimiento
Un tribunal federal de apelaciones confirmó el miércoles por la noche la decisión de un tribunal inferior de bloquear la orden ejecutiva del presidente Donald Trump que intenta poner fin a la ciudadanía por derecho de nacimiento, lo que prepara el terreno para una posible batalla en la Corte Suprema.
El Tribunal de Apelaciones del 9º Circuito de Estados Unidos rechazó una solicitud de emergencia del Departamento de Justicia destinada a levantar la suspensión que había impuesto un juez federal de Seattle, bloqueando la implementación del intento de Trump de poner fin a la ciudadanía por derecho de nacimiento para ciertos hijos de inmigrantes.
La orden ejecutiva ya había sido bloqueada en otros dos casos presentados por la ACLU y una organización de derechos de los inmigrantes. En el caso presentado por cuatro estados en Seattle, el juez de distrito estadounidense John C. Coughenour dijo que la administración Trump estaba intentando ignorar la Constitución.
“He estado en el tribunal durante más de cuatro décadas. No recuerdo otro caso en el que la cuestión planteada fuera tan clara como en este”, dijo Coughenour a un abogado del Departamento de Justicia. “Esta es una orden flagrantemente inconstitucional”.
El fallo del miércoles probablemente prepare el terreno para un enfrentamiento en la Corte Suprema, que cuenta con una mayoría conservadora de 6-3 entre los jueces. Hasta ahora se han presentado al menos nueve demandas para impugnar la orden de ciudadanía por derecho de nacimiento.
El tribunal superior de la nación ha dictado sentencia sobre la cuestión de la ciudadanía por derecho de nacimiento en el pasado, la más reciente en 1982 en el caso de Plyler V. Doe, donde el tribunal dictaminó que una ley de Texas que prohibía a los niños indocumentados asistir a escuelas públicas era inconstitucional.
En su opinión, el juez William Brennan rechazó el argumento del estado de que los inmigrantes indocumentados no eran “personas dentro de su jurisdicción” y, por lo tanto, no estaban cubiertos por la cláusula de protección igualitaria. La frase “dentro de su jurisdicción”, “confirma -explicó Brennan- la comprensión de que la protección de la Decimocuarta Enmienda se extiende a cualquier persona, ciudadano o extranjero, que esté sujeto a las leyes de un Estado, y llega a todos los rincones del territorio de un Estado”.
Los abogados del Departamento de Justicia han aportado argumentos similares para la orden de Trump, afirmando que los no ciudadanos no están “sujetos a la jurisdicción” de Estados Unidos y que sus hijos nacidos en Estados Unidos no tienen derecho a la ciudadanía.
En el centro de las demandas se encuentra la 14ª Enmienda a la Constitución, ratificada en 1868 después de la Guerra Civil y la decisión de la Corte Suprema Dred Scott, que sostuvo que Scott, un hombre esclavizado, no era ciudadano a pesar de haber sido llevado a un estado donde la esclavitud estaba prohibida.
La enmienda sostiene que “todas las personas nacidas o naturalizadas en los Estados Unidos y sujetas a su jurisdicción son ciudadanos de los Estados Unidos y del Estado en el que residen”.
Fuente: Cubadebate / AP
Foto: EFE
