Catatumbo: represión, estigmatización y lucha popular
Catatumbo, región fronteriza de Venezuela en el noreste colombiano, es un territorio binacional que, desde el período de la conquista y colonización, ha vivido mucha diversos ciclos de represión. El pueblo Barí reconoce como momento fundacional de la violencia genocida la conquista y colonización española, cuando, con la espada y la cruz, los invasores impusieron su idioma, su religión y su cultura. La resistencia fue tenaz y la imposición parcial, pero fue el pueblo Barí quien pagó los costos en la región.
La segunda ola de violencia de despojo empezó a principios del siglo XX, con la entrada de las empresas petroleras. En 1905, el general Virgilio Barco fue beneficiario de una de las primeras concesiones para la exploración y explotación petrolera en el país. Recibió un permiso por 50 años para usufructuar el recién descubierto “oro negro” en unas 200,000 hectáreas en Catatumbo, a cambio de entregar un 15% de las utilidades al Estado colombiano. Construyó su fortuna a costa del pueblo Barí. Trece años después, vendió los derechos de la concesión a Carib Syndicate de Nueva York, quien, a su vez, vendió a una alianza entre la Colombian Petroleum Company, conocida como Colpet, y la South American Gulf Oil Company, o Sagoc, del grupo Rockefeller. A lo largo de la primera mitad del siglo, el capitalismo y el imperialismo fueron abriendo brecha en Catatumbo.
El Chiractoidracan
Con la explotación petrolera llegaron cientos de colonos de otras partes del país a trabajar en la industria petrolera, pero también llegaron las fuerzas armadas y la policía nacional para proteger a las compañías, regidas por los mismos contratos de concesión, contra la digna resistencia de los Barí, conocidas como “motilones” por los invasores, una denominación proveniente de una tergiversación despectiva de la palabra “mutilar”. Continuó lo que los Barí conocen como “el chiractoidracan”, o el genocidio. Sus comunidades fueron destruidas, su población desalojada y asesinada para construir pozos petroleros, pistas de aterrizaje, balancines y tubos para sacar y transportar el petróleo. Según el testimonio de un Barí en el Centro de Memoria Histórica: “De dieciséis mil viviendas que había, solo quedamos ochocientas.” El Batallón de Infantería No. 4 y el Batallón de Infantería No. 15 tomaron el control del territorio desde los años 30 para cuidar a los petroleros.
Pronto después se inició la explotación minera de carbón y los monocultivos de palma africana. La dinámica de extractivismo, represión y desalojo no se diferenciaba mucho de la dinámica petrolera. Catatumbo se convirtió en un botín para las transnacionales con múltiples opciones de generar plusvalía para la burguesía internacional, a costa del pueblo catatumbero.
Guerrilla y movimiento social reciben la respuesta militar
A finales de los años 70, las guerrillas ELN, EPL y FARC irrumpieron en estas tierras con su lucha contra la estructura que generaba la pobreza, desigualdad y destrucción ambiental en Catatumbo. La guerra es un ejercicio bélico y, obviamente, tuvo una respuesta militar. Pero esta respuesta militar también contemplaba la doctrina militar del “enemigo interno”, el supuesto de que cualquier persona o colectivo que se opusiera a este sistema de dominación era un enemigo de la clase dominante que debía ser exterminado.
¿Quién era el “enemigo interno” en Catatumbo?
Al mismo tiempo, una creciente organización social en el ámbito comunal, pero también del movimiento social – sindical y campesino – fue recibida con represión por el Estado, que solo hacía presencia a través de las fuerzas armadas. Líderes sociales fueron amenazados, torturados y asesinados; otros fueron detenidos y, ante ese panorama, optaron por desplazarse. Según el Centro de Memoria Histórica:
“La respuesta del Estado ante la presencia de las guerrillas fue fundamentalmente de tipo militar. Quienes vivimos en el Catatumbo reconocemos que estamos en una ‘zona roja’, definida así por la puesta en marcha de la política de lucha antisubversiva del Estado. Durante los años ochenta y noventa, nos dimos cuenta de que esa estrategia se expandió para incluir, además de las guerrillas como ‘enemigos internos’ del Estado, a individuos, comunidades y procesos sociales de la región que fueron considerados ‘afines’ o cercanos a los armados porque pensaban diferente o hacían propuestas alternativas… Líderes, lideresas, docentes, sacerdotes, entre otros, fueron vistos con sospecha por soldados y policías, que empezaron a hacer cada vez mayor presencia en nuestros barrios y veredas, en muchos casos echando por tierra los procesos o proyectos que abanderábamos y habíamos construido con tanto esfuerzo. Ese estigma que ha recaído sobre nosotros nos ha producido mucho dolor.”
Oleoductos y batallón minero-energético
En 1986, la empresa estadounidense “OXY” construyó 423 kilómetros de oleoducto llamado “Caño Limón-Covena”. Rápidamente, el oleoducto, que pasó a manos de ECOPETROL – empresa estatal- en la segunda década del Siglo XXI, fue objeto de actos de sabotaje de los grupos insurgentes, en la lógica de defender la soberanía y la defensa de los recursos mineros del país, y también para propiciar golpes contra la empresas extractivistas. Y con eso, apareció el Batallón Energético y Minero Número 10 para cuidar el oleoducto, una modernización de la “protección pública” de infraestructura muchas veces privadas. Los Batallones Energéticos y Mineros, desplazados en todo el país para “cuidar” proyectos mineros, petroleros e hidroeléctricos, integraron a 68,255 hombres en 2015, según registros militares. Para el año 2000, el coronel Edgar Espinoza decía que esto representaba un 15%-20% de todas las fuerzas públicas. Un 61.4% de los convenios entre las fuerzas armadas y empresas son dedicados al sector de hidrocarburos, otro tanto a la minería, hidroeléctricos e infraestructura vial. Unido a esto está la Segunda División del COPEI (Centro de Operaciones Especiales para la Protección de Infraestructura Crítica y Económica del Estado) ubicado en el municipio de Tibú.
Geiner García, del equipo de derechos humanos del Comité de Integración Social de Catatumbo – CISCA, observa: “Su presencia está en el perímetro del oleoducto donde este atraviesa fincas y caseríos en los municipios de Teorama, Convención, Tarra, Carmen y Tibú. Ahí viven campesinos quienes cultivan aguacate, cacao y tienen ganado. Pero les es vetado cultivar; la fuerza pública les impide ingresar. Les dicen que estar cerca del tubo los pone en riesgo y que, además, podrían robar el crudo. Cosas que no tienen sentido. Cuando hay situaciones, producto de las dinámicas del conflicto armado, que generan una afectación, una voladura al oleoducto, generalmente la fuerza pública actúa en contra de la población civil. Responsabiliza a las personas que viven cerca, a los campesinos que, por desgracia, tienen una cercanía al tubo. Dicen que ellos fueron los que hicieron el atentado, o en su defecto, que son cómplices.”
Paramilitarismo golpea a los Catatumberos
Los primeros grupos paramilitares en Catatumbo aparecieron a finales de los años 80. Muy ligados a la institucionalidad local y departamental, nacieron y actuaban la Sociedad de Amigos de Ocaña (SAO), los Justicieros, los Rambo, los Rampuches, Muerte a Secuestradores (MAS), Colombia sin Guerrilla (Colsinguer), Muerte a Comunistas (MACO), Comité por la Reivindicación Moral de Convención (CRMC) y la Mano Negra. La gente les llamaba “escuadrones de la muerte”. La SAO se dedicaba a asesinar a los líderes que venían de otros municipios de la región, y la Mano Negra se dedicaba a la limpieza social en la zona, quitando la vida a indigentes, delincuentes comunes y cualquiera que se caracterizara como “enemigo del Estado” por ser líder de movimientos comunales, sindicales y campesinos en la zona. Según los testimonios recogidos por el Centro de Memoria Histórica, estos tenían su base de operaciones ilegales dentro del cuartel de la recién llegada Brigada Móvil No. 2 del Ejército al Catatumbo. Se considera que estos grupos eran los antecesores de las organizaciones paramilitares que golpearon a los Catatumberos a finales de los años 90.
Fue en 1999 cuando los habitantes de la región conocieron el paramilitarismo en sí, esa macabra expresión de ejércitos “civiles”, conformados bajo la sombrilla del Estado como un primo lejano que haría su trabajo más sucio para no manchar las manos de los políticos y las transnacionales, quienes, a pesar de esto, han sido develados como autores y parte. Bajo el mando de Salvatore Mancuso, vinculado con los paramilitares de Córdoba y César, el grupo de Juancho Prada y los de alias Jorge 40, iniciaron la primera incursión en Tibú y, posteriormente, sonaron nombres como Autodefensas Unidas de Colombia, el Bloque Norte y el Bloque Catatumbo, así como los frentes Héctor Julio Peinado Becerra y Resistencia Motilona. Bajo las múltiples denominaciones se esconde la integración entre estos grupos, unidos por sus mandos, por sus relaciones con el Estado – incluso la integración de exmilitares como jefes y el apoyo logístico de ECOPETROL– y por sus objetivos. Mancuso lo explicó así en 2014 frente a la Sala de Justicia y Paz:
Dentro de la guerra irregular, lo primero que uno hace es mirar de dónde se financia el enemigo de la nación colombiana: la guerrilla y uno de los mayores focos generadores de economía para las guerrillas estaba en Norte de Santander, además de ser estratégico por ser limítrofe con el país vecino de Venezuela, por donde ingresaban armas, sacaban droga y narcotraficaban, y hacían una serie de situaciones que se convertían en una retaguardia estratégica tanto militar, económica como política.
Sin embargo, además de intencionar golpes mortales a las guerrillas, los paramilitares buscaban promover condiciones favorables para la explotación de recursos, aniquilar la organización social y obtener rentas de la economía cocalera.
En este afán, durante los años 1999-2006, cometieron múltiples y masivas masacres, realizaron asesinatos selectivos de líderes sociales, mataron animales, saquearon fincas y desplazaron de manera completa comunidades de sus veredas. Durante este período, 99,074 habitantes fueron forzados a abandonar sus casas y sus proyectos de vida. Los vínculos familiares, entre vecinos y organizativos sufrieron importantes rupturas. Se han documentado 255 casos de violencia sexual en el marco de las incursiones y el control territorial paramilitar.
La estrategia paramilitar formaba parte del ejercicio de “quitarle al agua al pez”, dejar en soledad a las guerrillas. El paramiitarismo es un dispositivo genocida que buscar destruir las relaciones sociales de autonomía, reconfigurando el territorio mediante el exterminio, físico y simbólico, de los procesos populares de la región. Es importante reconocer que la estigmatización de los líderes sociales, pero también de la población en general como “colaboradores” de la guerrilla, era la llave para justificar su exterminación. Es importante entender esta estrategia para tener claridad sobre qué significa para los catatumberos ser estigmatizados, relacionados con movimientos armados sin tener fundamentos, en la coyuntura actual.
Petro condena a las organizaciones sociales de Catatumbo
Un elemento central de todo proceso genocida es la construcción de un enemigo que debe ser despojado de toda humanidad, y al mismo tiempo, despolitazarlo como sujeto social. Así ha ocurrido por décadas en Colombia; la burguesía mediante sus aparatos ideológicos, ha acudido a narrativas en la que se impone la figura del enemigo a quien se debe combatir, generando una especie de aceptación de las prácticas de exterminio. Es así como el 3 de marzo, en un consejo de Ministros, El presidente Gustavo Petro aseveró que “las organizaciones sociales del Catatumbo están subordinadas por las armas”. Esto en medio del Estado de Conmoción Interior declarado el 24 de enero el corriente año en respuesta a una confrontación entre el ELN y las disidencias de las extintas FARC. Entre otras cosas, el Estado de Conmoción Interior (eufemismo por un Estado de Sitio) significó el envío de 9,352 efectivos militares para reforzar los aproximadamente 10,000 que ya estaban en la región. Sus palabras dejaron en seco a las organizaciones sociales que habían luchado contra viento y marea para construir su territorio en medio de tanta violencia. El discurso era lo mismo que venían escuchando desde su niñez, el mismo que escuchaban sus madres, padres y abuelos antes de ser desplazados, judicializados o asesinados.
Al mismo tiempo, las organizaciones ASCAMCAT (Asociación Campesina de Catatumbo), la Mesa Humanitaria y de Construcción de Paz del Catatumbo y CISCA (Comité Integración Social del Catatumbo) se encontraban en una misión de verificación en el territorio acompañadas por las Naciones Unidas, la Iglesia Católica, Peace Brigades Internacional, Internacional Action for Peace, la Red de Hermandad y Solidaridad con Colombia y unas 40 organizaciones nacionales de derechos humanos e instituciones del gobierno.
En esta misión, se constató “graves amenazas, constreñimiento y persecución en contra del ejercicio de liderazgo social, comunitario y dirigencias de Juntas de Acción Comunal, ASCAMCAT, CISCA, Red de Veeduría, Juntas Unidas Zulia, Sardinata y Tibú, Madres de Catatumbo, ASCUNCAT, Partido UP, Firmantes de Paz, Movimiento Social Festival del Río y el Resguardo Catalaura del Pueblo Indígena Barí” Una modalidad común ha sido la difusión de fotomontajes de líderes vestidos como guerrilleros y textos alusivos. “El término “paraelenos”, pronunciado por el presidente Gustavo Petro en sus alocuciones y pronunciamientos en redes sociales, se ha convertido en la expresión utilizada para inmiscuir en un conflicto ajeno a quienes hacen hasta lo imposible por solucionar los problemas con la escuela, el centro de salud o la carretera,” planteó el Equipo Jurídico Pueblos. La Comisión también recogió denuncias de señalamientos y estigmatización por parte de miembros del Ejército Nacional desplegados en la zona. Según los testimonios recogidos, algunos uniformados han expresado que “después del Kilómetro 60 no hay campesinos”, lo que ha llevado a la restricción del paso de alimentos hacia las tiendas de las veredas con el argumento de que se trata de “comida para la guerrilla”. En su reporte preliminar para el presidente, la Comisión reitera la solicitud que el presidente rectifique su declaración e investigue las amenazas a líderes sociales.
Igual de grave ha sido una declaración del General Mayor Rodríguéz, comandante predilecto de Petro para el trabajo en Catatumbo, “En estos momentos, el ELN no tiene áreas campamentarias, sino que están dentro de las viviendas de los habitantes del Catatumbo.” Con esto, prácticamente da luz verde a su tropa para agredir a la población en sus casas.
La Defensoría del Pueblo, también amonestó al presidente. “No debe ser el Gobierno quien profundice esta estigmatización y riesgo. “Los señalamientos agravan la situación en la que perviven las organizaciones sociales, sus líderes y lideresas, y han servido, tanto recientemente en el Catatumbo como históricamente en Colombia, para justificar crímenes injustificables contra la población civil”.
Una historia de organización y lucha popular que no ha sido silenciado
Pero si el genocidio ha sido una clave ineludible para entender la historia de la región y ubicar el momento actual en esta, también la es la organización y la lucha popular de los catatumberos.
El pueblo Bari ganó su apodo “motilones”, precisamente porque no se sometieron pasivamente a la conquista por los españoles y posteriormente por las empresas petroleras. Cada vez más, lograron combinaron su fuerza física con su fuerza social y cultural para defender su territorio. En los años 80s del Siglo XXI lograron los primeros resguardos con cierta autonomía, montaron cooperativas para profundizar en una manera de producir y comercializar más a fin a sus tradiciones. Todo lo que tienen, lo han logrado a fuerza de lucha y la defensa de su territorio no ha menguado en esta época.
En los años 30s se formó el Sindicato de Trabajadores del Catatumbo (SIDELCA), siendo la mayoría de ellos trabajadores petroleros. Libraron la Huelga del arroz en 1936 reclamando acceso a salud, a una mejor calidad en las viviendas. Este hecho marcó un salto en la organización sindical de Catatumbo que realizaría seis otras huelgas importantes antes de la entrada de la Unión Sindical Obrera (USO) en los años 70s que fue un nuevo salto en Tibú. Producto de esta acumulación, se logró la fundación del municipio de Tibú y la reversión de la Concesión Barco.
Las Juntas de Acción Comunal, se establecieron como una fuerza de lucha a lo largo de la década de los 60s. Lo que en otros países de Nuestra América ha sido una figura “decorativa” del Estado para legitimar el sistema estatal de “autoridad local”, en Catatumbo ha sido un germen de poder popular. No solo han trabajado para garantizar las necesidades básicas de sus comunidades, llenando un hueco del abandono estatal, sino que han abanderada reivindicaciones políticas y han participado en la conformación de instrumentos de lucha socio-político como el Comité de Integración Social de Catatumbo -CISCA.
Y finalmente, la organización campesina que movió los grandes paros de 1987 y 2013 que pusieron a temblar al capital durante dos meses, movilizando más de 10,000 mujeres y hombres, está vivo aún en Catatumbo. Han mostrado históricamente su capacidad de obligar al Estado a cumplir con funciones básicas de índole social como la construcción de vías, escuelas y unidades básicas de salud que, al contrario, parece desinteresado en realizar. Según el Centro de Investigación y Educación Popular CINEP, hubo 111 movilizaciones campesinas solo entre los años 1975 y 2012.
Argumentos estigmatizantes fuera de lugar
En medio de toda esta construcción de lucha popular, los argumentos estigmatizantes de Petro están totalmente fuera de lugar. El pueblo tiene derecho y obligación de organizarse y construir sus opciones de lucha. La pregunta no puede ser si los Catatumberos incluyen o no en sus métodos de lucha las armas. Lo hace y siempre lo ha hecho el Estado, lo hace y siempre lo han hecho las transnacionales. Las preguntas podrían ser, ¿por qué un gobierno progresista repite las mismas narrativas como los gobiernos que siempre han representado los intereses de la clase opresora en Colombia? ¿Por qué la bancada congresista del cambio termine defendiendo los decretos de Estado de Conmoción Interior, cuando esta ha sido utilizada como herramienta jurídica para reprimir el movimiento popular en Colombia? ¿Por qué Petro ha ensanchado contra las mismas organizaciones sociales que hicieron campaña política para sacar a los Uribistas y sentar a Pacto Histórico en la Casa de Nariño? Y ¿Dónde deben depositar su esperanza la gente trabajadora de Catatumbo para que se cumplan sus aspiraciones de justicia social y paz en la región y en el país? La última pregunta tiene una respuesta sencilla: En si mismo y en otras expresiones populares de Catatumbo, del país y del mundo.
Fuente: Red de Hermandad y Solidaridad en Colombia/ RL Argentina
