Bruselas cuestiona que la amnistía responda al «interés general» y no ve «vínculo» entre el procés y los fondos de la UE
La Comisión Europea ha insistido este martes ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que «no parece que la ley de amnistía responda a un objetivo de interés general, dado que es parte de un acuerdo político para lograr la investidura del Gobierno de España». Por otra parte, no cree que exista «un vínculo directo» entre los delitos amnistiados y «los recursos propios de la Unión».
El abogado del Ejecutivo comunitario, Carlos Urraca, ha sostenido que «las autoridades españolas no atendieron a la recomendación de la Comisión de Venecia de que se tomara el tiempo necesario para realizar un diálogo significativo con el fin de lograr el objetivo invocado de reconciliación».
La Comisión se ha expresado así en la vista que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea celebra este martes sobre las cuestiones prejudiciales que le ha planteado el Tribunal de Cuentas sobre si la amnistía pone en riesgo los intereses financieros de la Unión Europea, en un caso que afecta a 35 exaltos cargos de la Generalitat, entre ellos los expresidente catalanes Carles Puigdemont y Artur Mas.
La ley de amnistía excluye de la medida de gracia, precisamente, los actos que hayan afectado los intereses comunitarios. Pero Bruselas descarta esta cuestión y se alinea así con los demandados, con la Fiscalía del Tribunal de Cuentas y con la Amnistía del Estado.
No ve un vínculo «suficientemente directo» entre la financiación del procés y la UE
En este sentido, el abogado de la Comisión ha afirmado que no existe «un vínculo suficientemente directo entre las ilegalidades en cuestión (la financiación del procés) y los recursos propios de la Unión«.
No obstante, Bruselas ha dicho que corresponde al Tribunal de Cuentas determinar si se han desviado fondos europeos para financiar el procés, y ha asegurado que el plazo de dos meses que la amnistía da a los jueces para aplicar la norma «podría impedir» que «se lleve a cabo este examen».
El fiscal jefe del Tribunal de Cuentas, Manuel Martín-Granizo, ha dicho que el plazo de dos meses permite que el Tribunal de Cuentas pueda comprobar este asunto «sin ningún problema», una opinión que también ha defendido la Abogacía del Estado y los abogados de los demandados.
«Creemos que se va a hacer justicia», ha dicho en declaraciones a la prensa presidente de Sociedad Civil Catalana, Alex Ramos, al término de la vista.
El Gobierno defiende que la ley tiene «un fin legítimo»
Por la tarde, se celebra otra vista en el TJUE para evaluar la cuestión prejudicial planteada por la Audiencia Nacional, que pedía aclarar si los procesados por terrorismo del procés pueden ser amnistiados.
En el Gobierno y en el PP tienen distintas percepción de la posición de la Comisión Europea. La ministra portavoz del Ejecutivo, Pilar Alegría, ha subrayado que la amnistía tiene «un fin legítimo» y cree que hay «una coincidencia» con Bruselas en dos asuntos que son centrales». Por un lado, «que no se vieron afectados los intereses financieros de la UE» durante el ‘procés’ y, por otro «que la amnistía no contraviene la directiva europea contra el terrorismo».
Por su lado, la portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, considera que Bruselas «ratifica» la tesis del Partido Popular acerca de que la ley de amnistía no respondía al interés general sino que era «un pacto corrupto» para «perdonar unos delitos a cambio de impunidad» y «mantener a Pedro Sánchez en el poder».
Tomado de RTVE / Foto: LAURENT ANTONELLI
