La estrategia eterna: El actual apagón de Cuba comenzó en 1960 en los archivos de Washington
Por: Rainer Schultz
El 17 de marzo de 1960 se tomó en Washington una decisión que sigue marcando el curso de la historia cubana hasta hoy. En una reunión secreta del Consejo de Seguridad Nacional, Robert Anderson —secretario del Tesoro y magnate petrolero de Texas— presentó a los responsables reunidos un plan tan sencillo como brutal: cortar el suministro de petróleo a Cuba. “Si logramos privar a los cubanos del suministro de petróleo”, explicó Anderson, “las consecuencias serían devastadoras en un plazo de cinco a seis semanas”.
Lo que los historiadores saben hoy gracias a documentos secretos desclasificados: ese mismo día, el presidente Dwight D. Eisenhower también dio luz verde al derrocamiento de la Revolución Cubana, con todos los medios disponibles.
El plan maestro de 1960 y sus consecuencias
El Consejo de Seguridad Nacional ya había decidido el 13 de enero preparar un “plan secreto para la caída del Gobierno de Castro”, es decir, mucho antes de que se establecieran contactos oficiales entre el Gobierno revolucionario y el bloque comunista. Se ordenó a la CIA que desarrollara planes operativos que, meses más tarde, desembocaron, entre otras cosas, en la desastrosa invasión de Bahía de Cochinos.
Tras su fracaso, el presidente Kennedy autorizó la “Operación Mangosta”, un plan secreto ambicioso y generosamente financiado que incluía actos de sabotaje contra infraestructuras de transporte, tecnología de las comunicaciones, refinerías, el suministro de alimentos y la red eléctrica, y cuyo “éxito definitivo requería una intervención militar decisiva de EE. UU.”. También formaban parte de este programa los atentados contra Fidel Castro, revelados posteriormente por la Comisión Church del Senado de los Estados Unidos. El experto conservador en Cuba de la Universidad de Harvard, Jorge Domínguez, calificó retrospectivamente esta política de “terrorismo de Estado”.
Otra parte de esta estrategia, menos espectacular pero no menos eficaz, apuntaba al estrangulamiento económico de la isla: impedir los suministros de petróleo, restringir el comercio azucarero y cortar sistemáticamente los créditos.
Ya antes de la iniciativa de Anderson, Washington había apretado las tuercas. La presión diplomática de EE. UU. hizo prácticamente imposible que el joven gobierno revolucionario obtuviera créditos de bancos occidentales, es decir, de aquellos países que hasta entonces habían sido los principales socios comerciales de Cuba. La Habana comenzó por ello a diversificar sus relaciones comerciales y encontró un socio dispuesto en el Este: Raúl Castro viajó aún en 1960 aMoscú, Ernesto “Che” Guevara, entre otros lugares, a Berlín.
Una delegación económica del Gobierno revolucionario de la República de Cuba, que se encontraba en la RDA bajo la dirección del presidente del Banco Nacional, el Dr. Ernesto Che Guevara, es recibida el 17 de diciembre de 1960 por el presidente de la Cámara Popular de la RDA, Johannes Dieckmann (dcha.), y el vicepresidente del Consejo de Ministros y ministro de Comercio Exterior y Comercio Interalemán, Heinrich Rau (izqda.). Horst Sturm/picture alliance
Cuando el viceprimer ministro soviético Anastas Mijoyán viajó a La Habana en febrero de 1960 para la inauguración de una feria industrial soviética —una exposición que ya se había mostrado anteriormente en Nueva York—, los diplomáticos estadounidenses presentes interpretaron esto como una prueba de que Cuba se estaba desviando irrevocablemente hacia el comunismo. Sin embargo, la visita fue más que un gesto simbólico: además de un crédito comercial de 100 millones de dólares estadounidenses, Moscú y La Habana acordaron con visión de futuro el suministro de petróleo a la isla caribeña, un detalle que pronto resultaría decisivo.
La situación inicial era muy sencilla y precisamente ahí radicaba la vulnerabilidad de Cuba. La isla consumía entonces unos 90 000 barriles de petróleo al día, pero solo producía unos 5000. La diferencia decisiva con respecto a la actualidad radicaba en que las tres grandes refinerías del puerto de La Habana no pertenecían a Cuba, sino a consorcios extranjeros: Standard Oil (Esso), Texaco y Royal Dutch Shell.
Ernesto “Che” Guevara, en aquel momento presidente del Banco Nacional de Cuba, informó a las tres empresas de que Cuba esperaba recibir en el futuro unos 2,2 millones de barriles de petróleo soviético. Las refinerías privadas debían procesar este petróleo a cambio de un pago. Se trataba expresamente de una propuesta comercial, no de un ultimátum; sin embargo, fue precisamente en este punto aparentemente técnico donde la situación comenzó a agravarse.
Entre el sentido de los negocios y la razón de Estado
La dirección local de las petroleras en La Habana estaba totalmente dispuesta a aceptar el negocio, tal y como informó en aquel momento la revista especializada Oil and Gas Journal. Los directivos locales veían en ello una fuente de ingresos bienvenida, sobre todo porque el Estado cubano tenía pagos pendientes desde la época de Batista que podrían saldar de esta manera. Aunque en el futuro los pagos se realizarían en pesos cubanos y ya no en dólares estadounidenses, esto seguía siendo relevante para el mercado local. El embajador estadounidense Philip Bonsal se reunió con ellos para deliberar sobre cómo proceder en esta nueva situación marcada por la Guerra Fría.
Pero entonces los directivos consultaron a sus sedes centrales para asegurarse, y estas, a su vez, consultaron al Gobierno de EE. UU. ante la delicadeza política del asunto. En ese preciso momento, el nivel de decisión se trasladó definitivamente de La Habana a Washington.
Era precisamente la oportunidad que había estado esperando el ministro de Finanzas Anderson. Ordenó al subsecretario de Estado Roy Rubottom y al diplomático Thomas Mann que instruyeran personalmente en Nueva York a los directores generales de las petroleras: sus directivos en Cuba no debían refinar petróleo soviético, y punto.
El primer ministro Fidel Castro reaccionó indignado y habló de un “acto de agresión”. La respuesta de Cuba se produjo el 28 de junio de 1960 con la expropiación de las refinerías de petróleo estadounidenses. Las imágenes de ese día —milicianos cubanos armados arriando las banderas de EE. UU. y de las petroleras— desplegaron un poder simbólico que sigue resonando hasta hoy. En ese momento, Cuba se catapultó como nación soberana a la conciencia colectiva de la opinión pública mundial: una isla caribeña rebelde se opuso a las instrucciones de Washington e impuso sus intereses de desarrollo nacional, si era necesario, incluso por la fuerza. Pero esta soberanía demostrativa tendría su precio.
El azúcar como talón de Aquiles: la verdadera palanca del poder
La negativa de las petroleras estadounidenses a refinar el petróleo importado por Cuba desde la Unión Soviética desencadenó la primera gran ola de expropiaciones desde la reforma agraria de mayo de 1959. Pero el verdadero talón de Aquiles de la economía cubana en aquel entonces —a diferencia de hoy— no era el turismo, ni los servicios médicos, ni tampoco las remesas del extranjero. Era el azúcar.
Casi la totalidad de las exportaciones cubanas de azúcar se realizaban a Estados Unidos mediante contratos a largo plazo con aranceles preferenciales. Las cifras son impresionantes: aproximadamente el 50 % del azúcar consumido en Estados Unidos procedía entonces del extranjero, y alrededor del 70 % de ese total, de Cuba. El azúcar representaba cerca del 80 % de las exportaciones cubanas, y uno de cada tres cubanos trabajaba en la industria azucarera. De este modo, el azúcar se convirtió en la palanca central de la presión económica.
Lo que siguió fue un juego de escalada que sigue marcando las relaciones entre Washington y La Habana hasta hoy. El 6 de julio de 1960 —solo dos días después del Día de la Independencia estadounidense— Washington anunció la rescisión inmediata y unilateral de los tratados arancelarios y comerciales para el azúcar cubano. Robert Kleberg, uno de los grandes «reyes del azúcar» estadounidenses expropiados, formuló la lógica subyacente con notable franqueza: una ruptura abrupta de los acuerdos azucareros conduciría a «la ruina económica y el desempleo. Mucha gente pasaría hambre. Entonces culparían a Castro, y eso significaría su fin político».
A raíz de ello, el Gobierno revolucionario aprobó la Ley n.º 851, que permitía la expropiación de empresas estadounidenses, y reaccionó con la nacionalización de otras empresas estadounidenses, lo que supuso la mayor expropiación sin indemnización de propiedad estadounidense hasta la fecha. En un principio, Cuba había ofrecido a EE. UU. las mismas condiciones de indemnización que habían aceptado otros países: un interés del 4,5 % sobre el valor declarado a efectos fiscales, repartido a lo largo de 20 años —un modelo que los propios EE. UU. habían aplicado enJapón tras la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, tras el bloqueo petrolero y la rescisión de los acuerdos azucareros, estas condiciones empeoraron considerablemente: el tipo de interés bajó al 2 %, mientras que el plazo se amplió a 30 años.
Las empresas estadounidenses insistían en el valor de mercado real, al contado y de inmediato. Ante la expectativa de que el régimen colapsaría de todos modos en breve, a muchos les parecía superfluo negociar —un cálculo que avivó aún más la escalada.
A finales de 1960, el secretario de Estado Dean Rusk resumió la lógica estratégica en una reunión secreta del Consejo de Seguridad Nacional: Estados Unidos debía tomar todas las medidas que pudieran conducir al colapso de Cuba; de lo contrario, se corría el riesgo de una influencia comunista en toda América Latina. El Informe Nitze, elaborado poco después del fiasco de la invasión de 1961, lo formulaba de manera similar: el «mayor peligro» de Castro era su «ejemplo —una revolución que funciona—», que se sustraía a la influencia estadounidense.
El llamado Memorándum Mallory sobre el “derrocamiento de Fidel Castro” fue pionero. En él se parte de la base de que «la mayoría de los cubanos apoya la revolución” y de que “no existe una oposición política efectiva”. Si eso es cierto, según la conclusión, el Gobierno de EE. UU. debe “hacer todo lo posible por debilitar la economía cubana”. Las medidas debían tener como objetivo impedir “el flujo de dinero y las piezas de repuesto”, reducir los salarios y provocar así “el hambre, la desesperación y el derrocamiento del Gobierno cubano”. Al mismo tiempo, se señalaba que todo ello debía hacerse ’de tal manera que no se viera la mano estadounidense en ello”.
2026: la misma lógica, medios modernizados
Quien observe hoy la crisis energética de Cuba, reconocerá los contornos estratégicos de 1960 en una forma modificada. La isla sigue necesitando alrededor de 90 000 barriles de petróleo al día, produce ahora unos 40 000 por sí misma, pero sigue siendo altamente dependiente de las importaciones debido a una infraestructura deteriorada, centrales eléctricas obsoletas y una escasez crónica de divisas —durante mucho tiempo, sobre todo de Venezuela.
Desde que el Gobierno de Trump endureció masivamente en 2019 las sanciones contra la petrolera estatal venezolana PDVSA, los suministros de petróleo a Cuba se han desplomado drásticamente. Lo que aún se suministra está sujeto a una densa red de sanciones secundarias: las navieras, las aseguradoras y los bancos que participan en la cadena de suministro corren el riesgo de acabar en las listas de sanciones estadounidenses. En los últimos años, varios petroleros han tenido que cambiar de rumbo porque los operadores portuarios o las aseguradoras temían las consecuencias de las medidas estadounidenses. El paralelismo con 1960 es evidente, salvo que hoy el control es más indirecto y sistémico.
Las consecuencias en la isla son graves y recuerdan a las previsiones de Anderson de 1960: cortes de electricidad de entre doce y dieciocho horas diarias, escasez de gasóleo que paraliza el transporte público y la agricultura, así como pérdidas de producción en empresas industriales ya de por sí debilitadas. El descontento social crece y la emigración ha alcanzado proporciones históricas: desde 2022, más de 500 000 cubanos han abandonado el país.
Lo que parece una crisis energética se está convirtiendo así en una prueba de resistencia social de gran alcance, con implicaciones políticas que van mucho más allá de la cuestión del abastecimiento.
Las diferencias entre 1960 y hoy son reales. La economía de Cuba hace tiempo que dejó de basarse en un único pilar como el azúcar. El turismo, la exportación de personal médico especializado, el níquel y las remesas de la diáspora constituyen hoy en día pilares fundamentales, y también ellos se ven sometidos a presión por las sanciones estadounidenses. Las refinerías de La Habana pertenecen ahora al Estado cubano, y Cuba cuenta con más proveedores potenciales que durante la Guerra Fría, entre ellos Rusia, China, México o Argelia.
Al mismo tiempo, la lógica estratégica básica permanece inalterada: ejercer presión económica a través del suministro energético para provocar la desestabilización política, a ser posible de tal manera que la autoría quede en segundo plano. Trump no inventó esta política, sino que la intensificó, mientras que la breve fase de acercamiento bajo Barack Obama fue una excepción. La pregunta que queda por responder es si esta estrategia conducirá a largo plazo al resultado deseado.
La predicción de Robert Anderson de 1960 —“devastador en cinco o seis semanas”— ha resultado ser errónea, al menos en lo que respecta al plazo. Cuba ha superado repetidamente crisis extremas: el bloqueo petrolero, la crisis del azúcar, la invasión de Bahía de Cochinos, la crisis de los misiles, el colapso de la Unión Soviética y el «período especial» de la década de 1990.
Una crisis que rima
Sin embargo, la estrategia de estrangulamiento económico ha sumido al país en un estado de crisis permanente que desgasta a la población, deja que la infraestructura se deteriore y priva a generaciones de su futuro. Si esto conduce finalmente al colapso esperado o más bien a una agonía duradera es una pregunta que sigue sin respuesta hasta hoy.
Para ambas partes, Cuba sigue siendo un símbolo: de resistencia, pero también de los límites de las estrategias geopolíticas en un orden mundial en transformación. La crisis del petróleo 2.0 no es una repetición de la historia, pero sigue un patrón familiar. Y precisamente ahí radica su verdadera relevancia.
Este artículo se basa en trabajos de investigación del autor. Todas las citas históricas proceden de documentos gubernamentales desclasificados del Departamento de Estado de EE. UU. («Foreign Relations of the United States», FRUS, serie 1958-1960, volumen VI, Cuba), así como de los trabajos de Morris Morley y Lars Schoultz.
Tomado de Cubadebate
