Ahora bien, el internacionalismo cubano no se ha limitado a episodios de apoyo militar. En el ámbito educativo, por ejemplo, Cuba ha impulsado el método de alfabetización “Yo, sí puedo”, con el que más de diez millones de personas han aprendido a leer y escribir en distintos países. Por su parte, el ámbito de la medicina es uno de los campos más ejemplares de esa convicción tricontinental según la cual la liberación de unos depende de la de todos. Desde 1963, Cuba ha enviado más de 600.000 profesionales de la salud a misiones en decenas de países. No hablamos de ayuda puntual, sino de una política estructural sostenida durante más de medio siglo. En paralelo, ha desplegado médicos en situaciones de emergencia a través del contingente de la brigada Henry Reeve, que ha intervenido en más de 20 países ante terremotos, epidemias y huracanes: desde Pakistán (2005) hasta Haití, desde África occidental durante el ébola (2014) hasta Italia en plena pandemia de COVID-19. A su vez, el programa oftalmológico conocido como Operación Milagro, iniciado en 2004, ha permitido que más de tres millones de personas recuperaran la vista en una década mediante intervenciones gratuitas, principalmente en América Latina y el Caribe. Entre ellas, se benefició del programa Mario Terán, el militar boliviano que ejecutó al Che Guevara.

Desde 1963, Cuba ha enviado más de 600.000 profesionales de la salud a misiones en decenas de países. No hablamos de ayuda puntual, sino de una política estructural sostenida durante más de medio siglo

Pero no se agotan aquí los grandes logros del esfuerzo cubano en el campo de los cuidados médicos y la reproducción social. Uno de los más destacados a este respecto se encuentra en el terreno de la formación, en el que la Escuela Latinoamericana de Medicina (ELAM), fundada en 1999, ha graduado a más de 31.000 médicos de más de 120 países, muchos de ellos procedentes de comunidades empobrecidas, con formación completamente gratuita.

A esto se suma el desarrollo de capacidades propias en biomedicina. Durante la pandemia de COVID-19, Cuba produjo sus propias vacunas —Abdala (del Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología) y Soberana (del Instituto Finlay)— en acuciantes condiciones de bloqueo. Por su parte, el Centro de Inmunología Molecular (CIM) ha sido el origen de otros desarrollos singulares: la vacuna terapéutica CIMAvax-EGF y la Vaxira para el cáncer de pulmón, así como el medicamento NeuralCIM (NeuroEPO) contra el Alzheimer, por el que incluso ciudadanos estadounidenses viajan a Cuba atraídos por sus beneficios sanitarios y el ahorro económico que les supone.

Si uno observa este conjunto, aparece un patrón claro. No se trata de explotar y exportar servicios para generar ganancias. Se trata de redistribuir capacidades, de proveer medios beneficiosos para las necesidades humanas, independientemente del coste. Se trata de una política que se rige, de este modo, por compartir “lo que tenemos, no lo que nos sobra”: un esfuerzo sostenido y coordinado por organizar la producción —de conocimiento, de salud, de educación— en función de las necesidades sociales y no de la rentabilidad. Esta es la expresión de la capacidad productiva de una sociedad sin que esté mediada ni impulsada por la acumulación de capital y el beneficio económico privado. En definitiva, se trata del esfuerzo sostenido e incansable por construir un metabolismo social soberano alternativo al del capital.

¿Qué se quiere bloquear con el bloqueo?

Y entonces surge la pregunta. Si una pequeña isla del Caribe ha sido capaz de todo esto… ¿qué es exactamente lo que se ha querido bloquear durante más de 60 años? 

De acuerdo con la historiografía dominante, el bloqueo económico de Estados Unidos contra Cuba comienza en 1960 y se formaliza en 1962, en respuesta a las nacionalizaciones tras la Revolución. Pero restringirlo a ese contexto sería simplificar demasiado todo lo que implica, porque el bloqueo no es una mera sanción comercial. Es un sistema complejo de restricciones financieras, tecnológicas y comerciales, con efectos al interior del país y extraterritoriales, diseñado para aislar económicamente a la isla e impedir su desarrollo con el fin de impulsar un cambio político.

Esto no es una cuestión de mera propaganda. Ya en 1960, en un memorando interno del Departamento de Estado redactado por el Subsecretario de Estado para Asuntos Interamericanos, Lester Mallory, se establecía con claridad el objetivo: provocar “hambre, desesperación y el derrocamiento del gobierno” mediante la asfixia económica. El documento reconocía explícitamente que la mayoría de la población apoyaba al gobierno revolucionario, y que la única vía para debilitarlo era generar descontento a través del deterioro de las condiciones de vida. El diseño del bloqueo incluía desde el inicio una dimensión social, destinada a afectar directamente a la población para producir efectos políticos.

En el último año analizado (marzo 2024–febrero 2025), las pérdidas alcanzaron los 7.556 millones de dólares, lo que equivale a más de 20 millones de dólares diarios o 862.000 dólares cada hora

Los costes acumulados del bloqueo, según las estimaciones presentadas ante la ONU, superan los 170.600 millones de dólares a precios corrientes —una cifra que, ajustada a la evolución del valor del dólar, se eleva hasta más de 2,1 billones de dólares si se calcula en términos de valor constante del oro. En el último año analizado (marzo 2024–febrero 2025), las pérdidas alcanzaron los 7.556 millones de dólares, lo que equivale a más de 20 millones de dólares diarios o 862.000 dólares cada hora. Para una economía pequeña, esto no es una mera estadística: es una condición estructural que lastra de forma crónica cualquier posibilidad de desarrollo normalizado. Además, el bloqueo impide acceder a financiación internacional normalizada. Bancos que se niegan a operar, transferencias bloqueadas, créditos imposibles de obtener. Esto obliga a Cuba a funcionar con un sobrecoste permanente, como si tuviera que correr una carrera de fondo con peso añadido en cada paso. Pero más allá de las cifras macro, lo verdaderamente revelador son los efectos concretos del bloqueo en la vida del país.

En el ámbito sanitario, el bloqueo puede medirse, por ejemplo, en tratamientos que no llegan a tiempo. Cuba no puede comprar directamente numerosos medicamentos, equipos o tecnologías médicas que contengan componentes estadounidenses, aunque sean estándar en el mercado internacional. Esto obliga a recurrir a intermediarios, lo que encarece los productos y provoca retrasos críticos. En el último año evaluado, múltiples programas sanitarios se vieron afectados por falta de insumos básicos, desde reactivos para análisis clínicos hasta medicamentos oncológicos o antibióticos específicos. Para hacerse una idea de la magnitud: 16 días de bloqueo equivalen al financiamiento necesario para cubrir las necesidades del cuadro básico de medicamentos del país durante un año entero (aproximadamente 339 millones de dólares).

Esto no es un problema puntual. Es estructural. Y tiene consecuencias medibles: según análisis del Center for Economic and Policy Research (CEPR), el endurecimiento de las sanciones a partir de 2019 se ha asociado a un aumento significativo de la mortalidad infantil —en torno al 148% en determinados periodos— vinculado a la escasez de insumos médicos, alimentos y condiciones materiales. La mortalidad materna también subió, de 38,7 a 44,1 por cada cien mil habitantes. Más de 32.880 embarazadas enfrentan riesgos adicionales como consecuencia directa del bloqueo energético, y 61.830 menores de un año requieren atenciones especiales sin poder garantizarse los recursos necesarios. Para octubre de 2025, había 94.729 personas en espera de cirugía, incluyendo 9.913 niños. Se calcula que 19 minutos de bloqueo equivalen al costo de las sillas de ruedas necesarias para todas las escuelas de educación especial del país. Es decir, el bloqueo también opera directamente sobre los cuerpos cubanos.

En el terreno energético, las sanciones no solo prohíben el comercio directo, sino que también penalizan a las empresas navieras, transportistas, aseguradoras y reaseguradoras involucradas en el suministro de combustible a Cuba. El resultado es una restricción crónica de combustible, agravada por la persecución deliberada a todo aquel que intente comerciar con la isla. Esto ha provocado una reducción en el suministro de combustible y un encarecimiento drástico de su adquisición. El resultado es visible: apagones, limitaciones en el transporte público, interrupciones en la producción industrial. La energía es una infraestructura básica. Cuando falla, todo lo demás falla: hospitales, cadenas de frío, sistemas de riego, distribución de alimentos. Se calcula que dos meses de bloqueo equivalen al costo del combustible necesario para satisfacer la demanda de electricidad normal en el país (1.600 millones de dólares); 12 días equivalen al financiamiento anual requerido para el mantenimiento del sistema electro-energético nacional (250 millones de dólares). 

La comunidad internacional ha condenado reiteradamente el bloqueo durante más de 30 años consecutivos, con la Asamblea General de la ONU aprobando resoluciones casi unánimes pidiendo su fin, sin efectos prácticos

A todo ello se suma el encarecimiento de los bienes básicos en la vida diaria. Obligada a comprar en mercados lejanos y a recurrir a intermediarios por la imposibilidad de operar con el mercado estadounidense o con empresas que tengan vínculos con este, Cuba paga sobrecostes logísticos que se traducen en inflación y escasez. Se estima que cuatro meses de bloqueo equivalen al financiamiento requerido para adquirir los ómnibus necesarios para el transporte público del país (2.850 millones de dólares); dos meses equivalen al financiamiento necesario para garantizar durante un año la entrega de la canasta familiar normada a la población (1.600 millones de dólares). Cada restricción se convierte en un sobrecoste; cada sobrecoste, en escasez; cada escasez, en incertidumbre cotidiana. El bloqueo no es solo una política internacional, sino que se manifiesta como una experiencia cotidiana.

Y, desde luego, no es un fenómeno pretérito producto de un recurso propagandístico. En los últimos años, bajo la administración de Donald Trump, se implementaron más de 200 medidas adicionales que endurecieron las sanciones —muchas de ellas mantenidas por la administración de Joe Biden, lo que refleja su carácter estructural imperialista como política de Estado—, incluyendo restricciones energéticas que dificultan el acceso de la isla a combustibles. Mientras tanto, la comunidad internacional ha condenado reiteradamente el bloqueo durante más de 30 años consecutivos, con la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobando resoluciones casi unánimes pidiendo su fin, sin efectos prácticos.

Bloqueo y metabolismo social

Alrededor de la solidaridad internacionalista, en Cuba se ha concentrado un esfuerzo sostenido y constante por obstaculizar, en términos de Mészáros, el metabolismo social del capital. Pero ese esfuerzo ha sido un esfuerzo constructivo: obstaculizarlo por medio de la puesta en marcha de un metabolismo social alternativo. Y es que el problema no es solo Cuba. El problema es la lección que Cuba lanza al mundo. La posibilidad de que otros países —especialmente en el Sur Global— imaginen vías de desarrollo alternativas que no reproduzcan la dependencia estructural del sistema capitalista global y que, por tanto, en su práctica, se rebelen contra él.

Por ello, el bloqueo va más allá de la mera provocación de dificultades económicas. Se trata de un mecanismo totalizador que busca impedir que se consolide un modelo que, con todas sus limitaciones, propone algo que estaba en el espíritu tanto combativo como constructivo de la Tricontinental, y que se ejemplifica en una sanidad no organizada por el mercado, en una educación concebida como bien común universal, en una política exterior orientada por la cooperación y la soberanía de las naciones —frente a la competencia, el dominio y la dependencia—, y en una capacidad científica y cultural puesta al servicio de las necesidades humanas, no de la rentabilidad y la acumulación. Porque eso habla, no ya de lo que Cuba ha resistido, sino de lo que ha construido durante más de seis décadas bajo condiciones de asedio y de una creciente escasez estructural creada artificialmente por el imperialismo.

Porque esa es la pregunta que nos quieren bloquear: ¿qué sería posible si ese modelo —un metabolismo social centrado en el valor de uso, en la emancipación colectiva, en los cuidados y el conocimiento, en la reproducción social de la vida— no estuviera sometido al asedio? Quizá ahí, más que en el pasado, está la verdadera actualidad de la Tricontinental; no como memoria, sino como horizonte.

 

* El presente artículo se presenta como una adaptación escrita de la conferencia “La Tricontinental y la situación actual cubana”, impartida el 29 de abril de 2026 en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Madrid.

Tomado de El Salto Diario.