Las acciones contra Vanguard Energy y CUPET cumplen una función «educativa»
Hace dos días, el 9 de junio, un artículo del Miami Herald daba a conocer que la empresa Vanguard Energy, con sede en Coral Gables, Florida, Estados Unidos, acababa de concretar, luego de meses de diálogo con autoridades norteamericanas y cubanas, un histórico acuerdo que permitiría escalar los envíos de combustible de Estados Unidos a Cuba a niveles sin precedentes en décadas.
El acuerdo incluía el arrendamiento de parte de la infraestructura de almacenamiento petrolero de la empresa estatal cubana Cuba Petróleo (CUPET). El artículo, citando a las autoridades de la empresa, dejaba claro que el combustible nunca se transferiría al estado cubano y que sería comercializado directamente por un representante de la empresa al sector privado cubano, incluyendo organizaciones de caridad y religiosas.
Vanguard Energy ya había concretado en el pasado la venta de isotanques de combustible a importadores privados cubanos, sobre la base de la licencia general existente para este tipo de operaciones.
La noticia enseguida encontró amplia repercusión mediática. Aunque dirigido al sector privado, la entrada de ese combustible hubiera representado, sin dudas, un alivio a la terrible situación que enfrentan los cubanos.
24 horas después, el 10 de junio, la misma periodista del Miami Herald que había firmado el artículo original, volvía con una actualización. Había recibido respuesta a su solicitud de comentarios de parte del Departamento de Estado. En dicha respuesta se afirmaba que la empresa no había recibido ninguna licencia para esas operaciones.
Este 11 de junio el Secretario de Estado hacía pública una nueva sanción contra la empresa estatal cubana CUPET, sobre la base de la Orden Ejecutiva firmada por el presidente Trump el pasado 1ro de mayo. El argumento de Rubio para esta sanción es la misma retórica que ha venido repitiendo sobre Cuba en todos los espacios públicos donde ha abordado el tema.
A esta reacción a nivel federal, la sucedió, en esta misma jornada, otra a nivel local. La Oficina del Recaudador de Impuestos del Condado de Miami-Dade anunció que revocaba la licencia de la empresa Vanguard Energy.
El jefe de esa entidad, Dariel Fernández, declaró que su oficina «revocó el recibo del impuesto local sobre negocios de la empresa». Dariel Fernández es de origen cubano, emigrado a Estados Unidos en 2002. Ha hecho carrera en los círculos políticos cubanoamericanos y tiene claras ambiciones políticas. Su oficina capitanea una cruzada contra los negocios radicados en su condado que tienen algún tipo de vínculo comercial con Cuba.
La saga de Vanguard Energy es ilustrativa del momento actual en la política de Estados Unidos hacia Cuba y de cuáles son las verdaderas intenciones.
Desde un punto de vista abstracto, el acuerdo propuesto por Vanguard Energy parecería estar en línea con los objetivos de la actual administración. Dirige los recursos al sector privado de la economía, fortaleciendo su posición y coloca a una empresa de Estados Unidos como importador casi exclusivo en un sector clave como la energía.
Sin embargo, la rápida reacción del Departamento de Estado y otras estructuras afines evidencian que, más allá de la retórica formal, estas no son las verdaderas intenciones del cerco. Las acciones contra Vanguard Energy y CUPET cumplen una función «educativa».
A los arquitectos del castigo colectivo contra la isla no les interesa nada que pueda aliviar la situación material. Esto quitaría un poco de presión social a un pueblo que enfrenta las terribles temperaturas del verano caribeño con todas las crisis gravitando sobre su cabeza.
El insuficiente sistema de isotanques, al igual que la «ayuda humanitaria» de 100 millones de dólares, sirven para mantener la apariencia, de cara sobre todo a la opinión pública interna, de que se está haciendo algo por el pueblo de Cuba, cuando realmente solo aprietan más y más la soga.
Los que han diseñado esta política saben que es contra toda la sociedad. Así lo han demostrado estudios científicos en años recientes e informes de la relatora especial sobre Medidas Coercitivas Unilaterales de la ONU.
La saga de Vanguard Energy sirve también, en última instancia, como parte de la guerra sicológica en curso contra la isla. Cerrar estrepitosamente una puerta que apenas se entreabrió es una forma efectiva de sembrar desánimo, confusión y desesperación.
El Secretario de Estado quiere que el gobierno cubano caiga a cualquier precio. De ello depende su futuro político. No le importa el pueblo de Cuba, no le importa ni su presente ni su futuro y mucho menos le importan la libertad o la democracia.
Tomado del perfil de Facebook de José Ernesto Nováez Guerrero
