Fake News: “Cuba patrocina el terrorismo y amenaza a Estados Unidos”
Por José Luis Méndez Méndez* / Colaboración Especial para Resumen Latinoamericano.
La fábrica de pretextos del departamento de Estado, está a plena capacidad, en busca de saturar a la opinión pública nacional e internacional de la necesidad de atacar a Cuba, para eliminar, según la visión estadounidense, la “amenaza”, que se cierne sobre el país más poderoso del mundo en lo militar y nuclear. Tamaña “guayaba” el decir cubano, es difícil de digerir.
Los más recientes “argumentos” han retomado a los drones invisibles que presuntamente Cuba posee para su defensa, también La Habana, además de ser una de las ciudades calificadas como maravillas, tiene el honor de ser “la Capital del Comunismo del siglo XXI”. La creatividad tóxica no tiene límites.
En principio, Cuba, como país soberano, no tiene que declarar que posee ni que carece para su defensa, tampoco se obliga a rendir cuentas de su ejemplo al mantener en alto para todos los tiempos las banderas de una ideología, que se consideró fenecida
La realidad y verdad histórica constituida y reconocida es que sucesivas administraciones estadounidenses han intentado y fallado en destruir un sistema, una ideología, una cultura y una soberanía insumisa que promueve la paz, la convivencia pacífica, pero que no renunciará a sus principios.
En 2026, se conmemoran aniversarios de numerosos actos de terror, que enlutaron a la nación cubana durante décadas y aun se fraguan y se aplican nuevas formas de infundir el pavor, como el castigo colectivo y la persistente intimidación de ser agredidos en lo militar, manifestaciones del terrorismo de Estado y de un reverdecido marcastismo a noventa millas de sus costas, como ultimato permanente a su paz.
El 23 de julio de 1976, los terroristas de origen cubano radicados en Miami, Gustavo Castillo, Orestes Ruiz y Gaspar Jiménez estaban en un automóvil rentado frente al bar Gran Chaparral, en Mérida, Yucatán, al cual frecuentaba el cónsul cubano en esa ciudad Daniel Ferrer. Cuando éste y su acompañante, el funcionario del Instituto Cubano de la Pesca (INP) Artaigñan Díaz salieron del local, los tres con violencia le cerraron el paso. El cónsul inmediatamente fue sometido, mientras Díaz, sin embargo, hizo el ademán de tratar de huir pero repentinamente dio una vuelta y se abalanzó sobre uno de los agresores.
La fiscalía mexicana estableció que el referido Orestes Ruiz, le disparó dos tiros mortales al técnico cubano de la pesca, uno de los cuales hirió a uno de los terroristas en una mano.
El cónsul aprovechó el altercado para refugiarse en el bar. El trio agresor se dio a la fuga, siendo Orestes Hernández detenido en el aeropuerto de Mérida, Gaspar Jiménez en el aeropuerto de Ciudad México y Gustavo Castillo logró cruzar la frontera estadounidense por el paso de Texas.
El homicida Orestes Ruiz, fue llevado a la comandancia de la Policía Judicial Federal del Estado de Yucatán, posteriormente fue conducido a la Penitenciaría de Oriente en Ciudad México, donde ya estaba el otro agresor.
El 24 de enero de 1977, Gustavo Castillo fue arrestado en San Juan, Puerto Rico, acusado de dar falsa información sobre sus salidas y entradas a Estados Unidos al obtener un nuevo pasaporte. Los detenidos Castillo y Ruiz también fueron acusados por el testigo de Estado, el terrorista Manuel Ortega de haber colocado una bomba en la Universidad de Miami el 3 de abril de 1976 mientras la dirigente política estadounidense Ángela Davis pronunciaba un discurso. Como era de esperar, Castillo fue juzgado en Miami y declarado inocente de todos los cargos.
El 22 de marzo de 1977, Jiménez escapó de la citada cárcel con el narcotraficante colombiano Carlos Estrada Ortiz, hacía Guatemala y después regresó a Miami. Dos meses después, los referidos Castillo, Jiménez y el también conjurado Mario Solano fueron citados ante un gran jurado federal en Miami, que investigaba las actividades terroristas e los grupos extremistas de origen cubano.
En julio de ese año la policía mexicana descubrió un túnel de 70 metros de largo, cuya excavación comenzó en una casa cercana a la Penitenciaría de Oriente, intentando liberar a Ruiz. El intento de fuga, fue realizado por un grupo de terroristas de Miami, dirigido por el terrorista Antonio Tony Díaz Izquierdo, quien después murió en Nicaragua en junio de 1979, cuando asesoraba a la élite de la Guardia Nacional de ese país.
En septiembre de 1977 Estados Unidos y Cuba reanudaron parcialmente sus relaciones diplomáticas, y las autoridades cubanas exigieron a las estadounidenses que Castillo y Jiménez fueran deportados a México, donde aún no se les había celebrado juicio a Ruiz. El 23 de enero de 1978, los dos referidos asaltantes fueron detenidos sin fianza y remitidos a la cárcel federal de Miami mientras sus abogados trataban de evitar la extradición. Durante las primeras dos semanas se les mantuvo bajo extremas medidas de seguridad.
En noviembre de 1978, Ruiz fue sentenciado en México a 32 años de presidio por la muerte de Artaigñan Díaz Díaz. Posteriormente la apelación le rebajó la condena a 28 años. Mientras tanto, el citado Solano fue encarcelado el 14 de diciembre de 1978 por negarse a testificar ante un gran jurado federal a pesar de que se le había concedido inmunidad ante la ley para que hablara sobre el asesinato. Solano permaneció preso apenas 18 meses.
El secretario de Estado Alexander Haig firmó la orden de extradición de Jiménez, quien el 12 de febrero de 1981 fue deportado al Centro de Readaptación Social en Chetumal, México, y ese mismo día Ruiz fue enviado a la cárcel de Mérida.
Cinco años después de cometido el asesinato, a fines de 1981, ambos terroristas fueron juzgados por los sucesos de Mérida. El fiscal pidió penas de 25 y 28 años de presidio, respectivamente, pero gracias a una «influencia» sustancial, Castillo fue sentenciado a 8 años y Jiménez a 12 años. La apelación en el Séptimo Circuito de Mérida les redujo las condenas a 6 y 11 años, respectivamente.
Tomando en consideración el tiempo que estuvieron presos en Estados Unidos, Castillo fue liberado apenas dos años después en enero de 1983 y Jiménez resultó elegible para ser liberado en 1984. Así fue el proceso y el final benigno de este acto de terror que hoy se evoca a cinco décadas de su ejecución, como ejemplo de cómo la voluntad política ha primado sobre la justicia estadounidense cuando se trata de sus terroristas de origen cubano.
(*) Escritor y profesor universitario. Es el autor, entre otros, del libro “Bajo las alas del Cóndor”, “La Operación Cóndor contra Cuba” y “Demócratas en la Casa Blanca y el terrorismo contra Cuba”. Es colaborador de Cubadebate y Resumen Latinoamericano.
