Asamblea Nacional aprueba Ley de Organización de la Administración Central del Estado

Por: Oscar Figueredo Reinaldo, Dianet Doimeadios Guerrero, Abel Padrón Padilla

La Asamblea Nacional del Poder Popular aprobó este miércoles la Ley de Organización de la Administración Central del Estado, una norma que redefine la estructura de los organismos de la Administración Central del Estado para adecuarla a la Constitución de la República y responder a las transformaciones institucionales, económicas y sociales del país.

El proyecto fue presentado por el secretario del Consejo de Ministros, José Amado Ricardo Guerra, quien explicó que la iniciativa da cumplimiento al cronograma legislativo aprobado por el Parlamento para el período 2026-2027 y responde al mandato del artículo 146 de la Constitución, según el cual el número, la denominación, la misión y las funciones de los ministerios y demás organismos que integran la Administración Central del Estado deben establecerse mediante una ley.

Durante su intervención recordó que la organización vigente descansa en el Decreto-Ley 147 de 1994.

“Actualmente la Administración Central del Estado está regida por el Decreto-Ley 147 del año 1994. Es decir, estamos hablando de más de 30 años”, señaló.

El secretario del Consejo de Ministros precisó que, aunque durante ese período se introdujeron diversos perfeccionamientos, era necesaria una actualización integral de la estructura institucional del país.

Menos organismos y una estructura más integrada

Uno de los cambios más relevantes de la nueva ley consiste en la reorganización de la Administración Central del Estado, que pasará de 27 organismos a 21: veinte ministerios y el Banco Central de Cuba.

Como parte de esa transformación desaparece la categoría administrativa de instituto dentro de la Administración Central del Estado, de manera que entidades como el INDER, el Instituto de Información y Comunicación Social y el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos pasarán a formar parte de la nueva estructura ministerial.

José Amado Ricardo Guerra aclaró que la restructuración trasciende la simple fusión de organismos.

“Cuando decimos ajustar la misión y las funciones específicas (…) significa que todos los organismos tienen que reestructurar sus estructuras y sus funciones.”

Ello, añadió, permitirá simplificar la organización administrativa y reducir las cargas burocráticas.

Mayor eficiencia para conducir las políticas públicas

Entre los fundamentos de la ley, el secretario del Consejo de Ministros destacó que la reorganización fortalece la institucionalidad del Estado socialista de derecho y justicia social, mejora la articulación entre los organismos y elimina duplicidades en la gestión pública.

Según explicó, la nueva estructura permitirá una mayor unidad en el diseño, ejecución y control de las políticas públicas, optimizará los procesos administrativos y adecuará la actuación estatal al escenario económico actual, caracterizado por la participación de diversos actores económicos.

Asimismo, contribuirá a disminuir costos administrativos, fortalecer la coordinación con los gobiernos provinciales y municipales, elevar la transparencia y mejorar la calidad de los servicios públicos.

Nuevos ministerios para integrar funciones estratégicas

La nueva legislación crea varios ministerios mediante la integración de organismos con competencias afines.

Entre ellos figura el Ministerio de la Agricultura y Alimentación, resultado de la fusión de los actuales ministerios de la Agricultura y de la Industria Alimentaria.

“Contribuye a lograr la integración de las cadenas de valor de los alimentos desde la producción hasta la comercialización. Cierra el ciclo agroalimentario”, explicó José Amado Ricardo Guerra, al destacar que la propuesta responde a los principios de la Ley de Soberanía Alimentaria y Seguridad Alimentaria y Nutricional.

También se crea el Ministerio de Economía y Finanzas, que integrará la planificación estratégica, el presupuesto, la política fiscal y las inversiones para lograr una conducción más coherente de la economía.

Ante criterios que proponían incluir el término “planificación” en la denominación del organismo, el secretario del Consejo de Ministros explicó que esa función queda claramente definida en la Constitución y en la misión del nuevo ministerio.

“No es necesario transparentar en el nombre de un organismo las funciones que cumple”, afirmó.

La ley también establece el Ministerio de Comercio e Inversión Extranjera, que unificará las políticas de comercio interior y exterior para fortalecer las cadenas de suministro y adecuar la gestión comercial al nuevo escenario económico.

Otro de los cambios previstos en la ley es la creación del Ministerio de Industrias y Construcción, una integración concebida para fortalecer la articulación entre sectores productivos estrechamente vinculados.

Según explicó el secretario del Consejo de Ministros, el nuevo organismo “logra la integración de ramas industriales heterogéneas y la complementación y articulación de funciones y actividades que permiten cerrar procesos para lograr la eficiencia y eficacia que la Administración Central del Estado requiere”.

Durante la elaboración de la propuesta, añadió, el diseño de este ministerio contó con el aporte de ministros, viceministros y especialistas, cuyas recomendaciones contribuyeron a definir una estructura orientada a mejorar la gestión pública y la articulación entre la industria y la construcción.

Ciencia, innovación y formación del talento

Una de las transformaciones relevantes es la creación del Ministerio de Educación Superior, Ciencia e Innovación, una integración que, según explicó José Amado Ricardo Guerra, fue ampliamente debatida durante el proceso de elaboración del proyecto.

El nuevo organismo permitirá articular la formación de profesionales, la investigación científica y la innovación tecnológica.

“Cierra el ciclo de formación, investigación e innovación, potencia la articulación entre la formación de talento y la investigación aplicada y reduce los costos de coordinación entre diferentes instancias”, señaló.

La ley redefine también el Ministerio de Educación, que, aunque mantiene su denominación, asumirá nuevas responsabilidades para garantizar los derechos reconocidos en la Constitución y desarrollados en el Código de la Niñez, Adolescencia y Juventud, desde la primera infancia hasta el nivel medio superior.

Un organismo para integrar medio ambiente, vivienda y recursos hidráulicos

Entre las modificaciones de mayor alcance figura la creación del Ministerio de Medio Ambiente, Hábitat y Recursos Hidráulicos, que reunirá funciones actualmente distribuidas entre varias instituciones.

José Amado Ricardo Guerra comentó que, incluso, durante el análisis de las opiniones recibidas de diputados, especialistas y ciudadanos, esta integración fue considerada una de las propuestas más acertadas del proyecto.

Como ejemplo explicó que actualmente la construcción de una comunidad de viviendas requiere la intervención de cuatro organismos diferentes.

“Estas funciones se integran en un solo organismo, por lo tanto reduce, concentra la gestión (…) y reduce los trámites que necesariamente hoy tiene que hacer la población.”

Un proyecto enriquecido durante la consulta

El secretario del Consejo de Ministros informó que el proyecto fue sometido a un amplio proceso de consulta con organismos de la Administración Central del Estado, diputados y la ciudadanía, tras su publicación en el sitio web de la Asamblea Nacional.

Como resultado se recibieron 242 observaciones, de las cuales 139 fueron aceptadas total o parcialmente, mientras 103 no fueron incorporadas por contradecir disposiciones constitucionales o exceder el alcance de la ley.

“Todos se atendían, todos se respondieron”, aseguró José Amado Ricardo Guerra al resumir el proceso de construcción colectiva de la norma.

Una transformación “audaz y necesaria” para acompañar las reformas del país

En las palabras finales de la presentación, el secretario del Consejo de Ministros afirmó que el redimensionamiento de la Administración Central del Estado constituye una transformación imprescindible para acompañar el proceso de cambios que vive el país.

“Hoy, a partir de la aprobación de las transformaciones económicas y sociales, no es solo el momento; es una necesidad acudir a esta transformación”, sostuvo.

José Amado Ricardo Guerra explicó que la propuesta fue resultado de un amplio proceso de construcción colectiva en el que participaron diputados, organismos de la Administración Central del Estado y el grupo temporal de trabajo encargado de elaborar el proyecto. Añadió que las opiniones y discrepancias recibidas durante la consulta permitieron perfeccionar la iniciativa y que, cuando alguna propuesta no pudo ser incorporada, sus promotores recibieron una explicación de los argumentos jurídicos o técnicos que lo impedían.

“Podemos afirmar que el redimensionamiento de la Administración Central del Estado es un paso adelante, audaz y necesario en el contexto de la peor crisis económica de las últimas décadas. Los riesgos que pudieran existir son gestionables con las medidas previstas para el proceso de implementación”, afirmó.

El secretario del Consejo de Ministros destacó además que varios especialistas calificaron la nueva estructura como una propuesta innovadora. Recordó, por ejemplo, que durante el proceso de análisis se valoró especialmente la creación del Ministerio de Medio Ambiente, Hábitat y Recursos Hidráulicos, al integrar competencias estrechamente relacionadas y facilitar una gestión más coherente de las políticas públicas.

Nuevas funciones para fortalecer los servicios comunales

Durante la presentación se informó también que, de forma reciente, el Comité Ejecutivo del Consejo de Ministros aprobó la política para el funcionamiento y control de los servicios comunales, lo que hizo necesario incorporar nuevas responsabilidades a varios organismos dentro del proyecto de ley.

Entre ellas, el Ministerio de Industrias y Construcción asumirá la conducción y el control de la política de servicios comunales, así como la gestión integral y sostenible de los desechos sólidos y de los residuos reciclables.

Al Ministerio de la Agricultura y la Alimentación se le asignan las funciones relacionadas con el arbolado urbano y la silvicultura urbana, mientras que el Ministerio de Medio Ambiente, Hábitat y Recursos Hidráulicos será responsable del diseño y conservación del mobiliario y la señalética urbana, los parques y demás espacios públicos, además de la evaluación del impacto ambiental.

Por su parte, el Ministerio de Salud Pública asumirá las funciones relacionadas con el manejo de cadáveres y restos humanos, así como el control sanitario de funerarias y cementerios; el Ministerio de Transporte atenderá el transporte especializado para los servicios públicos y el patronato vial; y el Ministerio de Energía y Minas tendrá entre sus responsabilidades el funcionamiento del alumbrado público y la supervisión de su operación.

José Amado Ricardo Guerra recordó que, al analizar esta política, el presidente de la República insistió en la necesidad de construir un sistema sostenible que combine la responsabilidad de las instituciones con la participación activa de la ciudadanía.

La implementación será la próxima gran etapa

El secretario del Consejo de Ministros subrayó que la aprobación de la ley marca el inicio de una nueva etapa de trabajo.

“Está claro que, al resultar aprobada esta ley, el trabajo no concluye. Viene una etapa muy fuerte, que es la implementación, lo que lleva un acompañamiento por el Gobierno y, además, el aseguramiento político, sobre todo en aquellos organismos que sufren una mayor transformación”, señaló.

Antes de concluir su intervención, agradeció las aportaciones realizadas por diputados, especialistas, organismos y ciudadanos durante el proceso de consulta.

“Las discrepancias siempre generan las mejores decisiones”, expresó, al reconocer que todos los participantes compartían un mismo propósito: construir una ley capaz de fortalecer la organización del Estado y contribuir a la implementación de las transformaciones económicas y sociales con un impacto positivo para la economía y la sociedad.

Finalmente, reconoció el trabajo del grupo temporal encargado de elaborar el proyecto legislativo y destacó la entrega de sus integrantes durante todo el proceso, previo a la aprobación de la Ley de Organización de la Administración Central del Estado por la Asamblea Nacional del Poder Popular.

Tras la presentación del proyecto de Ley de Organización de la Administración Central del Estado, los diputados de la Asamblea Nacional del Poder Popular protagonizaron un amplio debate sobre la propuesta, centrado en el rediseño institucional, la reorganización de organismos y las funciones que asumirán las nuevas estructuras.

El debate parlamentario permitió analizar observaciones formuladas por los diputados y también criterios recogidos durante la consulta pública del proyecto, varios de los cuales dieron lugar a ajustes en el texto definitivo.

Uno de los temas que generó mayor intercambio fue la reorganización de las funciones que actualmente desempeña el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente (Citma).

La diputada Carmen Mesa Valenciano recordó que, durante un ejercicio de control parlamentario realizado por tres comisiones permanentes de trabajo, se identificaron insuficiencias en la articulación territorial de la política científica y ambiental. Entre las recomendaciones aprobadas por el Consejo de Estado figuraban fortalecer la gestión del gobierno basada en la ciencia, ordenar la demanda de investigaciones y estudiar la reorganización de funciones estatales que hoy ejerce el Citma.

A partir de esa experiencia, defendió que la creación de los nuevos ministerios responde a una lógica de integración más eficiente de las competencias estatales y permitirá concentrar, por una parte, la formación superior, la ciencia y la innovación, y por otra, la gestión ambiental y de los recursos naturales.

La diputada Ailyn Caridad Justiz Águila, por su parte, reconoció la necesidad de reducir estructuras burocráticas, aunque señaló que la principal preocupación expresada por especialistas y ciudadanos ha sido la separación de las funciones de ciencia, tecnología e innovación de las relacionadas con el medio ambiente. Argumentó que numerosos organismos internacionales promueven la integración de estas políticas y consideró imprescindible que transformaciones de esa magnitud estén sustentadas en diagnósticos técnicos rigurosos.

Asimismo, propuso varias precisiones al articulado relacionadas con la denominación del nuevo Ministerio de Medioambiente, Hábitat y Recursos Hidráulicos y con la descripción de sus funciones en materia de vigilancia climática, hidrológica y sistemas de alerta temprana.

En respuesta, la diputada y vice primera ministra Inés María Chapman Waugh explicó que la reorganización estuvo precedida por un diagnóstico institucional, evaluaciones de impacto, análisis de riesgos, estudios de costo-beneficio y la revisión de experiencias internacionales.

Precisó que entre las principales dificultades detectadas figuraban la dispersión de competencias, la duplicidad de funciones entre organismos, la débil articulación territorial, los problemas estructurales asociados al manejo del agua y la necesidad de integrar las políticas ambientales, de ordenamiento territorial y recursos hidráulicos.

Según explicó, la creación del Ministerio de Medioambiente, Hábitat y Recursos Hidráulicos permitirá unificar la rectoría estatal sobre esas materias, fortalecer la capacidad de respuesta frente al cambio climático, racionalizar recursos humanos y financieros, mejorar la coordinación con los gobiernos territoriales y facilitar el cumplimiento de compromisos internacionales.

Añadió que la implementación será gradual y comprenderá varias etapas, con evaluaciones periódicas para corregir posibles dificultades durante el proceso de transición. También confirmó la aceptación de las correcciones técnicas planteadas por la diputada respecto a la redacción de algunos artículos del proyecto.

Otro de los planteamientos del debate estuvo relacionado con las funciones del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

Un diputado propuso valorar la creación de una instancia nacional dedicada específicamente a la prevención y atención social, argumentando que los desafíos actuales del país requieren fortalecer, además de la asistencia social, el estudio científico de las causas que generan fenómenos como las indisciplinas sociales y otros problemas que demandan un enfoque preventivo.

En el intercambio posterior se explicó que actualmente existe una comisión nacional, presidida por el vice primer ministro Eduardo Martínez Díaz, con estructuras en todos los niveles territoriales para coordinar estas políticas. No obstante, se reconoció la pertinencia de continuar evaluando el tema sin modificar el contenido de la ley, al tratarse de un asunto que trasciende el objetivo específico de la norma, centrado en la reorganización de la Administración Central del Estado.

Varios diputados coincidieron en que la transformación propuesta debe entenderse como un proceso dinámico, sujeto a evaluación permanente y orientado a fortalecer la capacidad del Estado para responder a las necesidades del país.

Al intervenir en nombre de la comisión redactora, el jurista Andry Matilla Correa explicó que la reorganización no responde únicamente a cambios de denominación o a la fusión de organismos, sino a un rediseño funcional encaminado a racionalizar estructuras, optimizar recursos humanos y financieros, simplificar procedimientos administrativos y adecuar la Administración Central del Estado al marco constitucional aprobado en 2019.

Los diputados subrayaron que la reducción del número de organismos no debe interpretarse como una fragmentación de funciones, sino como una integración concebida para hacer más eficiente la gestión pública. Asimismo, señalaron que las estructuras administrativas deben mantenerse abiertas a futuras adecuaciones, en correspondencia con la evolución de las necesidades del país y la experiencia acumulada durante su implementación.

Otro de los temas recurrentes fue la necesidad de que la aplicación de la ley incorpore mecanismos de evaluación continua. En ese sentido, el diputado Yury Valdés Balbín propuso que las observaciones y preocupaciones expresadas durante el proceso de consulta y en el propio debate parlamentario sean consideradas como riesgos potenciales a monitorear por el Gobierno durante la puesta en práctica de la nueva estructura institucional.

Los legisladores coincidieron en que el éxito de la reorganización dependerá, más que del rediseño organizativo, de la capacidad para perfeccionar los procesos administrativos y medir sus resultados.

La diputada Leidys María Labrador Herrera, por el municipio de Puerto Padre, insistió en que la implementación de la norma deberá ir acompañada de una estrategia integral de comunicación. Consideró imprescindible fortalecer la comunicación organizacional en los nuevos ministerios para facilitar la integración de sus trabajadores, construir una identidad institucional común y preservar los canales de información con la ciudadanía, incluidas las plataformas digitales y redes sociales.

En la recta final del debate también se defendió la necesidad de explicar de forma transparente a la población el alcance de las transformaciones en cada organismo que será reorganizado o fusionado. Varios diputados consideraron que divulgar los fundamentos de estos cambios contribuirá a una mejor comprensión de la ley y facilitará su implementación.

Al concluir el intercambio, el presidente de la Asamblea, Esteban Lazo Hernández, coincidió en que la aprobación de la norma constituye solo el inicio del proceso y que su éxito dependerá de la comunicación, la participación de los trabajadores y la comprensión de la ciudadanía sobre las transformaciones aprobadas.

Con la aprobación de la ley, la Asamblea dio luz verde al nuevo marco jurídico que ordenará la estructura de la Administración Central del Estado y servirá de base para la implementación gradual de las transformaciones institucionales previstas.

Corresponderá ahora a los órganos y organismos involucrados ejecutar el proceso de reorganización y convertir las disposiciones de la norma en una gestión pública más eficiente, articulada y cercana a las necesidades de la población.

Tomado de Cubadebate / Fotos: Abel Padrón Padilla