La narrativa del cerco y de la asfixia: engranajes de la guerra contra Cuba
Por Raúl Antonio Capote.
Siempre que se habla o escribe sobre el bloqueo aparecen las caras largas y las frases reprobatorias de algunos preciosistas de la comunicación y el idioma, amén de la pregunta de turno: «¿otra vez el bloqueo?».
Es cierto que el problema de los términos saturados es que ya no describen, etiquetan, pierden la capacidad de extrañamiento, y el lector los procesa como un ruido de fondo que confirma lo que ya cree o lo que rechaza. Por eso es útil buscar términos creativos para obligar a mirar el mecanismo, no la etiqueta.
Pero bueno, no niego que sería útil desplazar la metáfora del muro, que es la imagen mental del bloqueo, hacia metáforas de sustracción, diseño y vaciamiento más cercanas y nuevas.
Quizá deberíamos hablar más de la arquitectura jurídica de esta política de ee. uu. contra Cuba, porque no es un cuerpo normativo único, sino un sistema de capas superpuestas que se ha ido construyendo durante décadas.
Cada capa aporta herramientas y lógicas distintas, y la novedad de 2026 es que la actual administración ha añadido un pilar específicamente diseñado para proyectar el castigo, que alcanza con más precisión a entidades y bancos extranjeros, incluso sin conexión con el sistema financiero de EE. UU.
El núcleo original del entramado son las Regulaciones de Control de Activos Cubanos (CACR), codificadas en el Título 31 del Código de Regulaciones Federales, Parte 515, administradas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Tesoro, que prohíben prácticamente todas las transacciones de personas sujetas a jurisdicción estadounidense que involucren a Cuba o a nacionales cubanos, salvo autorización expresa.
Su base legal última es la Ley de Comercio con el Enemigo (TWEA) de 1917, que ha sido el fundamento histórico del bloqueo. Sobre ese cimiento se superpuso la Ley para la Democracia Cubana de 1992 (Ley Torricelli), que extendió las prohibiciones a las subsidiarias de compañías estadounidenses en terceros países y vetó la entrada a puertos de EE. UU. de barcos de terceros países que hubieran tocado Cuba.
Mientras, el salto cualitativo en extraterritorialidad lo dio la Ley Helms-Burton de 1996, cuya pieza más lesiva es su Título iii: permite a ciudadanos estadounidenses demandar ante tribunales de EE. UU. a cualquier entidad extranjera que «trafique» con propiedades expropiadas tras 1959.
Aunque su aplicación estuvo suspendida por décadas, el actual inquilino del Despacho Oval la activó en 2019, generando decenas de demandas contra inversores europeos y canadienses. El Título iv, complementariamente, permite denegar visados a ejecutivos extranjeros de empresas que se involucren en esas propiedades.
Ahora, el cambio estructural más relevante se produce con la Orden Ejecutiva (EO) 14404 del 1ro. de mayo de 2026. Su importancia radica en que abandona la TWEA como base principal y se fundamenta en la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA), la Ley de Emergencias Nacionales, la Sección 212 (F) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad, y el Título 3 del Código de EE. UU., Sección 301.
Esta elección no es técnica. La IEEPA le permite al Ejecutivo declarar una emergencia nacional y, sobre esa base, bloquear bienes y autorizar sanciones contra personas no estadounidenses, por conductas que ocurren enteramente fuera de EE. UU., algo que la TWEA no facilitaba con la misma agilidad.
La EO 14404 crea un programa de sanciones paralelo y autónomo al CACR, no lo sustituye, sino que se suma a él como base jurídica distinta.
Bajo esta nueva autoridad, el Secretario del Tesoro, en consulta con el de Estado, puede bloquear a cualquier persona extranjera que opere en sectores clave de la economía cubana, energía, defensa y material bélico, metales y minería, servicios financieros y seguridad, o cualquier otro sector que el Tesoro designe posteriormente.
El mecanismo específico de sanción secundaria se activa contra instituciones financieras extranjeras que realicen o faciliten «transacciones significativas» por cuenta o en beneficio de personas bloqueadas bajo la EO 14404.
Lo que significa que un banco europeo, asiático o latinoamericano puede ser sancionado no por violar una ley de su propio país, sino por procesar un pago para una entidad cubana que Washington haya designado bajo este nuevo régimen, incluso, si la transacción no toca territorio ni instituciones estadounidenses.
No es cosa de juego. Implica el bloqueo de todos los bienes e intereses en propiedad que la persona designada tenga en EE. UU. o bajo control de personas estadounidenses.
Obliga a bancos y empresas de terceros países a elegir entre el mercado cubano y el acceso al sistema financiero estadounidense, incluso cuando su operación con Cuba es perfectamente legal según su propia legislación.
Eso tiene su cosa, como decimos los cubanos. La OFAC ha confirmado que las personas bloqueadas bajo el CACR no quedan automáticamente bloqueadas bajo la EO 14404; se requiere una determinación separada caso por caso, lo que otorga a la administración una discrecionalidad total para calibrar a quién golpea y cuándo.
Entre tanto, la EO 14404 se apoya en una norma previa, la Orden Ejecutiva 14380 del 29 de enero de 2026, que declaró una emergencia nacional respecto a Cuba bajo la IEEPA y la Ley de Emergencias Nacionales. Esa declaración es el presupuesto jurídico habilitante para que la EO 14404 pueda operar.
Entonces la EO 14380 estableció un sistema arancelario contra importaciones de países que directa o indirectamente suministren petróleo a Cuba, creando así el cerco energético que bien conocemos y sufrimos los cubanos.
La EO 14404 «da pasos adicionales» sobre esa misma emergencia, añadiendo el bloqueo y las sanciones secundarias a la presión arancelaria ya existente.
El resultado es un sistema de sanciones que se entrelazan de forma perfecta. CACR/TWEA prohíbe a personas estadounidenses hacer casi cualquier cosa con Cuba. La Helms-Burton/Torricelli, alcanza a extranjeros por «trafficking» de propiedades o por operar subsidiarias, con herramientas judiciales (Título III) y migratorias (Título IV). Mientras la EO 14404/IEEPA permite a la OFAC y al Departamento de Estado designar y bloquear a cualquier actor global por operar en sectores clave o facilitar transacciones a designados, sin necesidad de conexión estadounidense y sin los filtros judiciales del Título III.
Esta arquitectura no busca solo castigar al Gobierno cubano, disciplina a terceros países y a sus empresas, obligándolos a internacionalizar la política de Washington hacia Cuba como un riesgo de compliance global.
Es, en términos jurídicos, la traducción normativa de la guerra multifacética, el uso del derecho como instrumento de asfixia, con capas que se refuerzan mutuamente, que dejan cada vez menos intersticios por donde respirar.
Tomado de Periódico Granma / Ilustración de portada: Martirena.
