Internacionales

Escafismo político: petróleo y armas en la misma artesa

Por Alberni Poulot / KardioPensamiento

Un acuerdo puede llamarse cooperación y, aun así, encubrir una relación desigual. Puede hablar de seguridad compartida mientras limita la capacidad de un país para decidir por sí mismo. Para entender el vínculo entre los acuerdos petrolero y de colaboración militar entre Estados Unidos y Venezuela, no basta con leer sus nombres: hay que mirar el contexto, quién fija las condiciones y quién obtiene mayor ventaja.

En lingüística, el significado de una expresión es lo que comunica de manera directa; su significación es el sentido que adquiere en una situación concreta. «Cooperación militar», por ejemplo, puede significar formalmente coordinación, entrenamiento o intercambio de recursos. Pero su significación cambia cuando se anuncia después de una intervención militar, entre dos países con un poder profundamente desigual y en medio de una historia de tensiones.

Eso es lo que ocurre con el acuerdo presentado como el restablecimiento de una colaboración «natural e histórica». La cooperación militar y antinarcóticos entre Caracas y Washington se interrumpió en 2005, durante el gobierno del Comandante Chávez. Aquella relación había incluido intercambio de tecnología y ejercicios conjuntos; Chávez la denunció como injerencista y Venezuela buscó vínculos con Rusia, Irán y China. Llamar «natural» al nuevo acercamiento borra esa ruptura y minimiza las razones políticas que la provocaron.

Pero, sobre todo, el pacto no aparece después de una reconciliación entre iguales. Llega tras una operación militar estadounidense en territorio venezolano. Presentarla como una acción legítima, o como una demostración de fuerza capaz de imponer la paz, no elimina su significado para la soberanía de Venezuela.

Cuando una potencia interviene, define a quién considera enemigo y luego ofrece cooperación para reorganizar las fuerzas armadas del país intervenido, la palabra «alianza» no basta para probar que existe igualdad.

La retórica oficial refuerza esta preocupación. Describir al adversario como «narcoterrorista», hablar de «paz a través de la fuerza» y anunciar que se perseguirá y matará a quienes reciban esa etiqueta no es un simple lenguaje de seguridad. Son expresiones que justifican el uso de la fuerza y dejan preguntas urgentes sobre jurisdicción, límites y debido proceso.

La alusión a la Doctrina Monroe también importa: coloca la cooperación dentro de una visión hemisférica en la que Washington reclama un papel predominante.

En ese escenario, Venezuela aparece como el país que debe reconstruirse «junto a Estados Unidos», estabilizarse y combatir las amenazas definidas por el propio Washington. Estados Unidos, en cambio, es quien intervino, establece el marco político de la cooperación y ofrece los medios para llevarla adelante. La diferencia de poder no es un detalle: es el centro del problema.

El acuerdo petrolero debe leerse junto al militar. Ambos pertenecen a una misma relación política y económica: mientras uno compromete recursos estratégicos, el otro compromete decisiones de seguridad y defensa. El petróleo no es una mercancía cualquiera para Venezuela; es una fuente esencial de riqueza y una pieza decisiva de su capacidad económica. La cooperación militar tampoco es un asunto técnico aislado: afecta quién influye en la organización de las fuerzas armadas y en las prioridades de seguridad nacional.

No hace falta que los dos acuerdos tengan cláusulas idénticas para que funcionen en paralelo. Basta con preguntarse si Venezuela negocia con libertad, si recibe beneficios proporcionales y si conserva el control efectivo sobre sus recursos y sus decisiones. Cuando un país entrega ventajas económicas y, al mismo tiempo, abre espacio a la influencia de una potencia en su defensa, la dependencia puede extenderse de los pozos petroleros a las instituciones que protegen su soberanía.

La palabra «cooperación» suena equilibrada. Sin embargo, cooperar no significa automáticamente beneficiarse por igual. Para que un acuerdo sea justo, sus condiciones deben ser transparentes, sus beneficios recíprocos y sus decisiones compatibles con la autonomía del país. Si una parte impone el contexto mediante la fuerza y la otra debe aceptar las condiciones para recuperar estabilidad, la relación nace marcada por la coerción. Llamarla colaboración no cambia ese punto de partida.

Por eso defino el conjunto de los acuerdos petrolero y militar como escafismo político sobre Venezuela. El escafismo —descrito en relatos de la Antigüedad como un método de tortura en una artesa— convertía lentamente el cuerpo de la víctima en alimento para los insectos.

El procedimiento consistía en introducir a la víctima en un cajón de madera con cinco agujeros por los cuales sacaba la cabeza, las manos y los pies. El verdugo untaba estas partes del cuerpo con leche y miel para atraer hacia ellas moscas y otros insectos. Al condenado se lo había alimentado ya con estos productos, en ocasiones en mal estado, para provocarle diarreas y atraer a muchos insectos, que empezaban a alimentarse de las heces, para luego ir ingresando en el ano de éste y, por consiguiente, a dejar sus huevos dentro de él, por lo que esa persona se convertía en comida para insectos y moría al cabo de unos días.

La imagen es brutal, y brutal es precisamente el propósito: mostrar una política que no destruye de golpe, sino que desgasta, debilita y consume poco a poco.

La comparación no pretende trivializar el sufrimiento de quienes padecieron tortura. Busca advertir sobre el efecto acumulativo de decisiones que, presentadas por separado como pragmáticas o necesarias, pueden reducir la autonomía nacional.

Un acuerdo entrega ventajas petroleras; otro crea dependencia militar; la suma estrecha el margen para decidir. Cada concesión puede parecer manejable por sí sola, pero juntas pueden convertir los recursos y las instituciones de Venezuela en instrumentos de una estrategia ajena.

La crudeza de esta advertencia es deliberada. El petróleo pertenece a la riqueza colectiva de Venezuela y la defensa nacional debe responder a sus ciudadanos, no a los intereses de una potencia extranjera. Si los acuerdos no aseguran reciprocidad, transparencia y control soberano, no son una salida beneficiosa: son una carga que puede profundizar la dependencia.

La pregunta, entonces, no es si estos pactos se anuncian con palabras de paz, seguridad o progreso. La pregunta es quién gana poder con ellos y quién lo pierde. Si Venezuela entrega recursos y capacidad de decisión sin obtener garantías equivalentes, el vínculo es desventajoso y perjudicial. Y, como en la imagen del escafismo, el daño no siempre se anuncia con estruendo: a veces avanza lentamente, mientras quienes lo padecen intentan reconocerlo.

Fuente: Agencias

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