Sur Global consolida poder en 2025 y desafía hegemonía occidental
2025 será recordado como el año en que el Sur Global dejó de pedir permiso y empezó a construir, ladrillo a ladrillo, sus propias instituciones. Mientras Occidente se debatía entre crisis internas —fragmentación transatlántica, debilitamiento del multilateralismo tradicional e incertidumbre económica—, África, Asia, América Latina y Medio Oriente protagonizaron una secuencia de encuentros que reordenó las arquitecturas del poder global.
No hubo un estallido espectacular, ni un manifiesto de ruptura. Hubo algo más peligroso para el statu quo: continuidad, método y consolidación.
Lo que se movió en 2025 fue menos una “rebelión” que una ingeniería institucional. Brics gobiernos progresistas y actores estratégicos del Sur Global empujaron alternativas paralelas en finanzas, derecho, clima y gobernanza tecnológica. La potencia del año no estuvo solo en los discursos, sino en los diseños: plataformas de pago, nuevas reglas de arbitraje, fondos climáticos tropicalizados, comisiones para medir la injusticia del capital. El Sur Global no se proclamó hegemón; se comportó como bloque en construcción.
En conjunto, el mapa de 2025 muestra un Sur Global que ya no discute únicamente “representación” en instituciones heredadas, sino que avanza hacia la competencia institucional. Esa es la palabra clave para entender el año: competencia. Competencia por reglas, por flujos de dinero, por legitimidad jurídica, por liderazgo climático, por el sentido mismo de lo “universal”.
Río de Janeiro y la refundación práctica de Brics
La XVII Cumbre Brics celebrada en Río de Janeiro el 6 y 7 de julio de 2025 no fue una cita de rutina, sino un acto de refundación política del sistema internacional. Bajo la presidencia brasileña de Luiz Inácio Lula da Silva, el bloque culminó un proceso de expansión acelerada iniciado dos años antes, duplicando prácticamente sus miembros fundadores. En la cumbre de Río, la ampliación se formalizó con la incorporación como miembros plenos de Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Etiopía, Indonesia e Irán, que participaron por primera vez junto a los países fundadores.
La XVII Cumbre consolidó el alcance planetario de Brics al sumar 10 países como socios estratégicos —Belarús, Bolivia, Cuba, Kazajistán, Malasia, Nigeria, Tailandia, Uganda, Uzbekistán y Vietnam— y al invitar como observadores a Chile, Uruguay, México y Colombia, reflejando el creciente interés latinoamericano por las dinámicas del bloque. El mensaje fue inequívoco: el Sur Global ya no solo convive con Occidente; diseña alternativas.
El encuentro trabajó sobre tres pilares estratégicos.
- La reforma de la gobernanza global: demandas históricas de ampliación del Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas (ONU) —con Brasil e India como aspirantes centrales—, mayor representación en el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial, y un sistema multilateral que refleje el peso demográfico y económico del Sur.
- La autonomía financiera: fortalecimiento del Nuevo Banco de Desarrollo, impulso de la Plataforma de Pagos Brics como alternativa a SWIFT mediante liquidaciones en monedas locales, y mecanismos de cooperación económica que buscan erosionar la dependencia del dólar.
- Justicia climática: una declaración marco sobre financiamiento climático que persigue una transición “justa” sin dinamitar la cohesión interna de un bloque donde conviven productores y consumidores de hidrocarburos.
Lo decisivo fue que, pese a su heterogeneidad, Brics sostuvo consensos sin imponer homogeneidad ideológica. Esa gobernanza flexible —respeto formal a la soberanía nacional, pragmatismo económico y gradualismo institucional— contrasta con la lógica de condicionalidades que el Sur Global asocia históricamente con el poder occidental.
La presidencia rotatoria de India en 2026 aparece así como continuidad: la apuesta es convertir a Brics en estructura permanente, no en foro episódico.
China y la descolonización jurídica de las disputas
Mientras Brics consolidaba músculo político y financiero, China avanzó en una transformación menos visible, pero igual de disruptiva: el derecho.
La reforma integral de la Ley de Arbitraje de China, aprobada en septiembre de 2025 y que entrará en vigor el 1 de marzo de 2026, representa un hito sin precedentes en la reconfiguración de la gobernanza legal internacional.
Esta modernización es la primera revisión completa desde 1994, y se ha convertido en piedra angular de un entorno jurídico más transparente y accesible para el Sur Global, permitiendo que más de 280 instituciones arbitrales amplifiquen sus capacidades.
La reforma introduce mecanismos revolucionarios como el arbitraje ad hoc en zonas de libre comercio chinas y permite que instituciones arbitrales internacionales establezcan sedes en territorio chino, integrando a China plenamente en la comunidad arbitral internacional.
Esta apertura jurídica es expresión de la estrategia de «apertura de alta calidad» de Beijing, que busca fortalecer el Estado de Derecho económico mientras posiciona a China como centro de arbitraje moderno y creíble para los países del Sur.
El Foro de Arbitraje Internacional China-América Latina, celebrado simultáneamente con la Cumbre de Arbitraje de China 2025 en septiembre, ejemplifica cómo Beijing instrumentaliza la resolución de disputas internacionales para consolidar alianzas comerciales y desafiar la hegemonía occidental en materia de gobernanza legal.
Para países latinoamericanos, este mecanismo representa una alternativa real frente a los esquemas arbitrales tradicionalmente dominados por potencias del Norte Global, permitiendo que sus disputas comerciales se resuelvan en marcos que reconocen sus intereses específicos.
La reforma se interpreta como parte de la integración de China en estándares internacionales sin abandonar su particularidad sistémica; en palabras del Ministerio de Justicia chino: «la nueva ley no pretende copiar modelos extranjeros, sino construir un sistema chino de arbitraje con estándares internacionales».
Este enfoque pragmático refleja cómo el Sur Global rechaza la homogeneización institucional y construye marcos legales plurales que operan bajo lógicas de equidad, autonomía y reconocimiento mutuo, puntal de un orden multipolar genuino.
Belém 2025: la COP del Sur, el vacío de Washington y la ofensiva política de Lula
Del 6 al 21 de noviembre, la 30ª Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP30) en Belém do Pará colocó a la Amazonía en el centro de la política climática global.
No fue solo una cumbre ambiental, sino una escena de reordenamiento político: mientras el Sur Global ocupó el protagonismo territorial y discursivo, la ausencia del presidente estadounidense Donald Trump se convirtió en el hecho más elocuente del encuentro. En un contexto de repliegue climático de Washington, Belém expuso un vacío de liderazgo del Norte que ya no pasa inadvertido.
Ese vacío fue señalado sin eufemismos por el presidente colombiano Gustavo Petro, quien pronunció uno de los discursos más duros en la historia de las COP. “Hoy, literalmente, Trump está contra la humanidad. Al no venir aquí, lo demuestra”, afirmó, advirtiendo que la ciencia proyecta un colapso climático si Estados Unidos no avanza hacia la descarbonización.
Su intervención rompió con el tono diplomático habitual y convirtió la COP30 en una tribuna de denuncia política directa contra el negacionismo y la inacción de las grandes potencias emisoras.
Petro fue más allá y cuestionó el propio sistema climático global. Reconoció que, tras casi tres décadas de conferencias, las COP han fracasado en revertir el daño ambiental: “Estamos ante un fracaso. Las palabras tibias se vuelven fetiches frente a una realidad que ya alcanzó el límite de 1,5 grados”. Señaló a los intereses del petróleo, el carbón y el gas como responsables del bloqueo estructural de la acción climática y acusó al Norte Global de priorizar la ganancia de corto plazo sobre la vida.
En contraste con la ausencia estadounidense, el presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva asumió un rol central como anfitrión y articulador político.
Lula buscó reposicionar a Brasil como puente entre la ambición climática y las demandas de desarrollo del Sur Global, impulsando una agenda que combinó preservación ambiental con financiamiento y soberanía.
Entre sus principales propuestas destacó el Tropical Forests Forever Fund (TFFF), un mecanismo destinado a canalizar inversiones internacionales —incluidas de China y Emiratos Árabes Unidos— para la protección de bosques tropicales, evitando que la conservación recaiga exclusivamente sobre los países que concentran la biodiversidad.
La COP30 dejó así una postal incómoda para las potencias tradicionales. Mientras Estados Unidos se ausentó y Europa fue cuestionada por priorizar el gasto militar, el Sur Global —con Brasil a la cabeza— colocó en agenda una verdad difícil de eludir: la crisis climática no es un debate ideológico, sino una decisión civilizatoria.
Belém no resolvió el colapso climático, pero sí dejó claro que la legitimidad del liderazgo ambiental ya no se mide por discursos, sino por presencia, responsabilidad política y capacidad de proponer alternativas reales.
Johannesburgo y un G20 con prioridad africana
El 22 y 23 de noviembre, Johannesburgo acogió la vigésima cumbre del G20, por primera vez en suelo africano y bajo presidencia sudafricana. Fue el cierre de una secuencia política significativa: cuatro presidencias consecutivas de países del Sur Global (Indonesia 2022, India 2023, Brasil 2024, Sudáfrica 2025) sostuvieron una agenda centrada en desarrollo, deuda y justicia climática.
Bajo el lema “Solidaridad, Equidad, Sostenibilidad”, Sudáfrica empujó cuatro prioridades: crecimiento inclusivo con industrialización y reducción de desigualdad; seguridad alimentaria; gobernanza de inteligencia artificial con participación equitativa; y reforma de la arquitectura financiera internacional. Hubo, además, ausencias que hablaron: la representación de China fue menor, Rusia no estuvo y Estados Unidos —bajo la administración Trump— se mantuvo al margen de debates, rechazando la agenda sudafricana.
La propuesta más concreta fue la Cost of Capital Commission, diseñada para demostrar que el costo del endeudamiento castiga estructuralmente a economías del Sur. La tesis es materialista: la injusticia no es solo política, está en la tasa. Y aunque el G20 no cerró con reformas vinculantes, sí consolidó algo menos visible: un cambio de prioridades que fisura, al menos en el discurso, el consenso neoliberal de décadas.
El cierre dejó un trasfondo político más áspero. Estados Unidos —ausente en la cumbre— asumió la presidencia del G20 en 2026 de manera atípica, con una agenda claramente divergente, y el propio Trump adelantó que Sudáfrica no será invitada a la cumbre de Miami.
El desencuentro expuso un choque de visiones: mientras Pretoria buscó usar el G20 como plataforma de reforma sistémica, Washington opta por el repliegue y la confrontación.
Johannesburgo no alteró las reglas del sistema, pero sí consolidó una fisura visible en el consenso neoliberal que dominó el foro durante décadas.
El desafío: Sevilla y la brecha que amenaza con devorarlo todo
Entre tanto movimiento, Sevilla puso el freno de realidad. Del 30 de junio al 3 de julio de 2025 se celebró la Cuarta Conferencia Internacional sobre Financiamiento para el Desarrollo (FFD4), donde se cristalizó una cifra brutal: la brecha de financiamiento para cumplir los Objetivos de Desarrollo Sostenible ronda los cuatro billones de dólares anuales, con proyección de agravarse hacia 2030 si no hay reformas de fondo.
El diagnóstico fue incómodo: las necesidades de inversión en países en desarrollo se dispararon por crisis climática, conflictos e incertidumbre, pero los recursos crecieron mucho menos. El “Compromiso de Sevilla” —aprobado por 192 de 193 Estados miembros de la ONU— planteó movilizar recursos, reformar deuda y aumentar financiamiento climático.
Se anunció un Centro Internacional de Canjes de Deuda por Desarrollo, liderado por España y el Banco Mundial, para convertir deuda en inversiones sociales, ambientales o de infraestructura, pero el documento evitó el lenguaje que el Sur Global considera central: reparaciones, deuda colonial, justicia histórica.
Esa es la paradoja de 2025: mientras se construyen instituciones alternativas, la arquitectura financiera dominante mantiene un candado que define qué países pueden invertir, a qué precio, y bajo qué condicionalidades. La disputa, en última instancia, es por soberanía económica real.
2025: Un año de bifurcación histórica
2025 deja una postal doble. Por un lado, avances concretos: Brics se expande y se institucionaliza, China ofrece rutas jurídicas y de pagos alternativos, la Amazonía se vuelve escenario político y África toma el micrófono del G20. Por otro, persisten estructuras de subordinación que convierten la promesa de desarrollo en carrera cuesta arriba. La brecha de Sevilla recuerda que el multilateralismo financiero, tal como existe, no alcanza.
La pregunta que cierra el año no es si el Sur Global puede construir alternativas —ya demostró que sí—, sino si podrá sostenerlas frente a presiones previsibles: aranceles, sanciones, bloqueos tecnológicos, guerras de divisas. La historia suele castigar a quien disputa poder sin consolidar economía.
Los hitos de 2025 son cimientos; el desafío del financiamiento es el terreno donde se decidirá si esa construcción se vuelve casa o apenas maqueta.
Tomado de Alma Plus TV
