Guatemala: Los estados de excepción, como método de represión y robo
Por Juan Calles.
600 millones de quetzales, destinados para compra de vacunas contra la COVID-19, serán trasladados para atender la emergencia por las lluvias, luego de aprobar un estado de calamidad pública. Diputados oficialistas aprobaron de emergencia nacional el traslado de fondos, lo cual es calificado por analistas como un acto criminal contra la población guatemalteca; además se preparan para proteger a las fuerzas de seguridad que cometan actos de represión.
Durante la novena sesión extraordinaria del Congreso de la República, los diputados oficialistas aprobaron un nuevo estado de calamidad pública, como ya es costumbre, luego de ser enviado por el organismo Ejecutivo, fue aprobado sin mayor obstáculo, con 111 votos a favor.
Además de las restricciones a las libertades constitucionales, a propuesta del diputado oficialista Cándido Leal, se aprobó de emergencia nacional el traslado de 1 millardo de quetzales, a un fondo de emergencia, para que el estado de calamidad aprobado tenga dinero para atender la emergencia.
El agravante es que ese dinero se lo quitarán al Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, MSPAS, que lo tenía destinado para comprar vacunas contra la COVID-19, en medio de una ola de contagios y hospitalización, que al parecer no fue tomada en cuenta por los 111 diputados que votaron a favor de trasladar millones de quetzales.
El Laboratorio de Datos publicó un comunicado en el que señalan que el traslado de los fondos que eran para la compra de vacunas, vulnera el derecho de las y los guatemaltecos, “Expresamos nuestro repudio a la arbitraria decisión tomada ayer por el Congreso de la República, de privar a la ciudadanía guatemalteca de su derecho a tener acceso a la vacuna contra la COVID-19, al quitar estos recursos al MSPAS” se lee en el comunicado.
¿Por qué se sospecha que habrá corrupción al aprobar estas medidas?
Desde la forma de presentar la enmienda para aprobar el traslado de fondos hasta su aprobación como emergencia nacional, despiertan las sospechas de mala intención en el uso de esos fondos.
Las enmiendas se presentan en el pleno del Legislativo durante la aprobación, es decir, sin previos acuerdos y discusiones para que exista consenso y se tomen en cuenta todas las opiniones y puntos de vista; además, al hacerlo como emergencia nacional, se evita que dicha aprobación pase por todos los pasos que la ley exige, entre otros, la discusión por artículos, la aprobación luego de tres lecturas, es decir, eliminan la posibilidad de que exista oposición a la propuesta.
“Esta aprobación es criminal”
El analista económico, Edgar Barrientos, del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales, ICEFI, opinó: “Esta aprobación es criminal, lo que hay que entender es que Guatemala de hecho, ya se encuentra en periodo electoral, entonces diputados distritales, alcaldes municipales, síndicos, concejales, gobernadores departamentales, están pensando más en cómo financiar la campaña por la reelección que en fines legítimos y lícitos del recurso público”.
El analista económico también comentó que las autoridades gubernamentales ya cuentan con recursos económicos suficientes para atender la crisis ambiental, pues en marzo recién pasado aprobaron 3 mil 191 millones de quetzales para la llamada ley para el mantenimiento y construcción de infraestructura estratégica. Para Barrientos esa cantidad de dinero debió ser suficiente para no tener que trasladar más fondos económicos.
“Esta nueva ampliación se hizo sin ningún criterio técnico y el hecho que la aprobación haya sido por un monto redondo (1 mil millones) evidencia que no tienen respaldo técnico, este es un monto prácticamente sacado de la manga, no tiene justificación, esto nos indica que el destino más probable de este dinero sea la corrupción”, opinó Barrientos.
Durante la aprobación de este traslado de fondos los diputados oficialistas justificaban su voto a favor, diciendo que existen mecanismos de fiscalización para que quienes lo deseen puedan controlar en qué se gasta ese dinero y que la Contraloría General de Cuentas, CGC, también puede controlar cómo se utiliza ese dinero.
Sin embargo, en comunicación previa sostenida con la diputada Evelyn Morataya relataba como en su labor de fiscalización la CGC por medio del subcontralor de calidad de gasto público José Alberto Ramírez, después de varios intentos por reunirse con el funcionario, dijo no tener información de los gastos de los fondos millonarios hasta la fecha.
Para Ricardo Barrientos, los mecanismos de fiscalización no funcionan, mientras que el diputado ponente de la propuesta de traslado de fondos, Cándido Leal, usa un discurso en el que la CGC puede fiscalizar esos recursos lo que no sucede en realidad pues esa es una entidad también cooptada “Esto no vas más allá de un discurso político que se percibe demagógico porque en todo caso, esto se aprobó paralelamente a un estado de calamidad que justamente lo que hace es relajar los controles”.
El daño a la economía nacional es muy grave
En medio de una crisis económica provocada por la pandemia de COVID-19 y la escalada de precios a nivel general, el gobierno se propone trasladar millones de quetzales del erario nacional para empresas de dudosa capacidad, que no han demostrado estar preparadas para realizar trabajos de calidad que la infraestructura del país necesita.
Mientras tanto, programas sociales como la gran cruzada por la nutrición infantil, no cuentan con un presupuesto adecuado. El vicepresidente Guillermo Castillo ha solicitado aprobación de fondos para este programa, sin embargo esa solicitud no ha sido atendida.
“Guatemala no es un país rico, tampoco es un país que esté en condiciones sociales y económicas para estar desperdiciando el dinero, las condiciones de vida de los guatemaltecos especialmente después de la pandemia y ahora con el incremento de precios se han deteriorado drásticamente, entonces desperdiciar el dinero del país dándoselo a un grupo de corruptos es muy grave, el daño es muy grave”, concluyó el Barrientos.
El gobierno se prepara para reprimir la protesta social
La aprobación del estado de calamidad incluye la suspensión de garantías constitucionales, entre ellas, limitar el derecho de libre locomoción, impedir concentraciones de personas y prohibir espectáculos públicos o cualquier otra reunión.
En los últimos días se han desarrollado protestas de la comunidad universitaria y se mantienen tomados el campus central universitario, el Museo de la Universidad, el Centro Metropolitano y varios centros regionales, además esta mañana el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Salud, SNTSG, realizó una marcha que terminó frente al Congreso de la República, para exigir condiciones laborales justas, mientras en los territorios la resistencia antiminera y por la recuperación de tierras ancestrales se mantiene activa.
Ante ello, analistas políticos ven que la aprobación de un estado de calamidad puede ser aprovechada para reprimir y disolver la protesta social. Sumado a ello, en el pleno del Parlamento se discutirá la iniciativa 6076, que pretende brindar más poder a las fuerzas de seguridad, incluido el Ejército y la seguridad del presidente de la República, conocida como la Secretaría de Asuntos Administrativos y Seguridad, SAAS.
Carmen Reina, analista política, opinó que las fuerzas de seguridad estiman que el movimiento en la universidad de San Carlos, USAC, tiene fuerza y apoyo social, pero en los territorios las resistencias de los pueblos es motivo de preocupación para el Estado “El hecho que se esté moviendo todo el oficialismo y la alianza criminal evidencian los acuerdos que hay para gastar sin controles pero además tener control social por medio de limitar los derechos como el de asociación, el de protesta y de locomoción era innecesario aprobarlo para todo el territorio nacional, entonces tienen inmunidad a través de las cortes, tienen el dinero y ahora buscan poder reprimir y fortalecer al ejército”.
Tomado de Resumen Latinoamericano Argentina.
