Colombia duele
Por Patricia María Guerra Soriano / Colaboración especial para Resumen Latinoamericano
Colombia no había dolido tanto desde el inicio del paro nacional el 28 de abril como en la madrugada de este martes, cuando la fuerza pública protagonizó una masacre contra manifestantes pacíficos, en la ciudad de Cali, ubicada en el departamento del Valle del Cauca, al suroeste de Bogotá.
Los videos que circulan por los sitios de redes sociales son la prueba más espantosa del sufrimiento de los residentes en algunos sectores caleños como Siloé, La Luna y el Lido.
Aún se desconoce la cantidad de muertos y heridos tras la masacre de anoche, pero los números pueden ser dolorosos. Las calles parecían de una ciudad en guerra. Mientras el terrorismo de un Estado narcoparamilitar recorría las calles de la ciudad.
De acuerdo con Colombia informa solo en Siloé se confirman seis muertos, entre ellos un niño de 11 años y 18 heridos; no obstante-asegura-los números pueden ascender a 25 personas muertas.
Luego de seis días de silencio, en tanto los abusos de la Policía Nacional y en particular del Escuadrón Móvil Antidisturbios continuaban perpetrándose contra la población civil, la Organización de Naciones Unidas finalmente se pronunció al respecto.
Marta Hurtado, portavoz de la oficina de derechos humanos de las Naciones Unidas expresó su alarma por los hechos ocurridos e informó que están trabajando para verificar el número exacto de víctimas.
También recordó a las autoridades estatales su “responsabilidad de proteger los derechos humanos, incluido el derecho a la vida y la seguridad de la persona y de facilitar el ejercicio del derecho a la libertad de reunión pacífica” y añadió que “las armas de fuego solo se pueden utilizar como medida de último recurso contra una amenaza inminente para la vida o una lesión grave”.
Caso omiso de esas orientaciones hará el Estado colombiano que ha sido el agente movilizador de tanta represión y muerte y que ha enquistado la inseguridad y la miseria en la ciudadanía. El Departamento Administrativo Nacional de Estadística reveló la semana pasada que 6, 3 millones de personas se sumaron a las filas de la pobreza durante 2020 tras una gestión gubernamental totalmente errática de la crisis sanitaria provocada por la COVID-19, la cual posicionó a la nación en el puesto número once, según el portal de estadísticas Statista, de los países con mayor registro de fallecimientos en el mundo.
El hecho de que el presidente Iván Duque retirara la controvertida reforma judicial que disparó la oleada de protestas no fue la solución para un pueblo agotado por la violencia, el narcotráfico y la corrupción.
La renuncia de Alberto Carrasquilla, ministro de Hacienda y uno de los principales autores de la reforma junto al otrora viceministro de esa cartera, Juan Alberto Londoño, quien tras su renuncia este lunes fuera, paradójicamente, premiado al asumir las responsabilidades del Ministerio de Comercio, no salvarán del lodo a los colombianos.
La verdadera discusión-dijo Duque-es “garantizar la continuidad de programas sociales”, una declaración inesperada y contraria a los principios que han regido la actuación de Centro Democrático, su partido.
El paro seguirá porque Colombia no necesita consensos livianos establecidos sobre la mentira y la suciedad política de sus representantes. Colombia sale a las calles para cambiar el sistema que la asfixia, para fundar una economía igualitaria que se libre del clientelismo político, para hacer una reforma del cuerpo policial y para construir un país donde la paz deje de ser abstracta y desconocida.
Foto de portada: RT
