Argentina: Ajuste, inflación, otros avances y retrocesos

Por Juan Guaján.

Durante mucho tiempo la palabra “ajuste” no figuraba en el léxico oficial, estaba casi prohibida. Más aún esto sigue siendo así, el propio Presidente –en muchos de sus discursos le niega identidad a ese concepto, pero su uso no se limita a la economía, también se utiliza en la vida cotidiana.

En la vida diaria tiene una connotación que se inclina hacia cuestiones positivas: Desde ajustar una tuerca hasta lograr que diversos componentes de una máquina o de una parte de la misma cumplan correctamente con su función.

En cambio, cuando esa idea forma parte de un léxico económico cambia el sentido y se aproxima a necesidades impuestas por la realidad –dentro del modelo económico vigente-, teniendo una carga negativa, porque supone medidas restrictivas o costos que “alguien” pagará. En este caso, como en todas las cuestiones de las ciencias sociales, se tienen diversas opiniones. 

Por eso al pretender hablar de ajuste, las dos preguntas básicas a las que hay que responder son: ¿Para qué se plantea tal ajuste? y ¿Quién paga sus costos? No se aspira a responder estas preguntas desde el punto de vista académico, sino desde el sentido común y cómo juegan los diferentes intereses en esas decisiones.

Dentro del actual modelo económico el ajuste económico supone la necesidad de restablecer una estabilización en cuestiones que han perdido su equilibrio macroeconómico, que surge de la necesidad impuesta por circunstancias internas (las políticas estatales) o foráneas (precios internacionales, guerras) o una combinación de ambos factores.

Aclarado este aspecto todavía quedan sin responder cuestiones centrales. Entre ellas, determinar si ese ajuste apunta a resolver el tema de la inserción de la economía de un país a la economía mundial (abriendo la economía, por ejemplo), lo cual supone bajar los precios internos. También puede tratarse del restablecimiento de equilibrios internos entre los distintos factores de la economía.

Responder, en grandes líneas, a estas cuestiones nos lleva a la segunda pregunta. ¿Quién paga los costos de ese ajuste y a quienes beneficia? Si la política es privilegiar la “inserción” en la economía mundial, siguiendo sus reglas de juego, está claro que serán los sectores exportadores y quienes producen para los mismos los grandes beneficiarios, ello ocurrirá en desmedro de los demás sectores. Cuando menor sea la presencia de las fuerzas internas en la manufactura de tales productos, mayor será nuestra dependencia de los mercados a los cuales vendemos.  

Cuando tal ajuste tiene por objetivo atender a compromisos internacionales fundados en el reconocimiento de deudas -reales o fraudulentas- el sector financiero actuará como amo y señor de lo que se hará internamente, lo que estará enderezado en función de la necesidad de reunir recursos para pagar tales “deudas”. En este caso los afectados serán la inmensa mayoría de los sectores económicos y sociales.

Lo dicho nos prueba el peligro que tienen los “ajustes”, en función del actual modelo y la “deuda”, destinados a “juntar dólares” exportando productos primarios –genéricamente con metodologías extractivas, maderas, minerales- con poca o nula manufactura incorporada. Algo semejante pasa con producciones industriales con escasos componentes locales (industria automotriz y ensamblaje electrónico), que proporcionan trabajo, pero como auténticos enclaves productivos (Córdoba, Tierra del Fuego), que es imprescindible reformular, para que se mantenga el empleo y los fabricantes de autopartes, pero reduciendo enormemente las erogaciones en insumos importados y variadas formas de subsidios.

Otro sería el cantar si tales fábricas nacionalizadas se reconvierten, adecuándose a una planificación nacional y produciendo con insumos mayoritariamente nacionales, unidades que sean funcionales a las necesidades del mercado interno y regional, no al servicio de los intereses de sus casas matrices. Por ejemplo, en su planificación –progresivamente- se podría incorporar a la producción los materiales ferroviarios o motores para el transporte fluvial o marítimo, imprescindibles para otro modelo económico. ¡Claro, se está hablando de otras políticas y otro país!

Por eso a no asustarse tenemos salidas, que no son Ezeiza, al menos para los sectores populares.

Se trata de “ajustar” a estos “ajustadores” y poner las cosas en su lugar. Un lugar donde sirvan a los intereses de las mayorías populares y no a las conveniencias de un reducido grupo de avivados.

LA INFLACIÓN

El ajuste en marcha tiene datos y números actualizados, uno de ellos es la inflación. Ella no es nueva, convive con nosotros desde hace varios años.

Basta recordar solo dos situaciones para comprender el país que ella supone. Una mayoría que –diariamente- puede verificar cómo, con su trabajo, puede comprar y consumir menos. Del otro dato, la existencia de sectores que son cada día más ricos, agudizando la brecha o grieta, ésa la real, la que divide al pueblo de sus explotadores y saqueadores.

Cerró el 2022 con una inflación anual del 94,8%, muy cerquita del 100% anual que marca un salto simbólico. Para este 2023, las previsiones oficiales marcan el 60%, la realidad apunta a números distintos.

En diciembre cerró con el 5,1% para ese mes. Sobre esos datos vinieron los anuncios oficiales en el sentido que, para marzo/abril, estaríamos entre el 3 y 4%. El 6% de inflación durante enero de este año, todo según datos del INDEC, echó un balde agua fría sobre las febriles cabecitas del Ministerio de Economía que dirige Sergio Masa, a quien la reconocida “rectitud” de Mauricio Macri se atrevió a rebautizar con de nombre de “ventajita”.

Ese traspié numérico hizo que Gabriel Rubinstein, el “hombre que sabe” y que hace las veces de Vice Ministro corrigiera las expectativas y adelantara que para llegar al 3% mensual de inflación harían falta algunos meses más, hacia fines de año.

Con el 6% de enero, la inflación anual (de enero a enero) trepó al 98,8% y dejó que los matemáticos calcularan que con una inflación del 5,3% en febrero, el total anual (de febrero a febrero) superaría aquel simbólico 100%.

Estos temores se agrandan sin tenemos en cuenta que los precios mayoristas de enero fueron del 6,5% y los de la canasta básica, que determina el mínimo para no ser pobre fue del 7,2%. A todo lo cual hay que agregar que asoma un horizonte de estancamiento económico para el segundo semestre.

2017/2022 – AJUSTE: AVANCES Y RETROCESOS DE DISTINTOS SECTORES

Tratando que la mirada no se centre en la grieta política hay algunos datos que sintetizan la evolución de las transferencias presupuestarias a diversas actividades en el último quinquenio (2017/2022), según una síntesis del Instituto Argentino de Análisis Fiscal En todos los casos se trata de erogaciones (gastos según la normativa presupuestaria) producidos en ese período, donde se estarían aplicando políticas de ajuste. Se trata de “gastos” primarios, es decir sin contabilizar los pagos por intereses por deudas y préstamos.  

Sobre un valor constante del peso, el “gasto” tuvo una disminución real del 6,5%. Siendo el año 2017 el de la mayor asignación de recursos y el 2019, como el menor. Con una caída del 18,7% entre 2017 y 2019; de esa baja hubo una recuperación del 15% para el 2020 (primer año de la pandemia), completándose el período con valores semejantes, dentro de una leve tendencia a la baja.

Sobre el conjunto de rubros considerados, solamente hubo un crecimiento de los recursos destinados a solo 3 de ellos. Se trata de: Los Programas Sociales, que –en ese quinquenio- se incrementaron en 7 puntos; los subsidios a la energía, crecieron 5 puntos y con valores mucho menores avanzó la inversión real directa.  

Los demás sectores recibieron un trato distinto, siendo negativos sus resultados finales. A la cabeza de esta evolución negativa estuvieron las transferencias destinadas a los pensionados y jubilados que perdieron 4 puntos de su participación presupuestaria, del 38% que recibían se redujeron al 34% del presupuesto. Según algunas estimaciones del oficialismo esta caída tiene que ver con dos causas: La brutal caída al inicio del macrismo y un achatamiento de la pirámide, según la cual los sectores que perciben la “mínima” están recuperando caídas anteriores. En cambio, sostienen, decrecieron fuertemente los haberes jubilatorios de las categorías con haberes altos.

Los otros sectores que perdieron, dentro de la distribución de las asignaciones presupuestaria, fueron: los salarios que redujeron en 2,16 puntos su participación y las transferencias a provincia que disminuyeron –entre 2017/2022- 1,9 puntos. 

Tomado de Resumen Latinoamericano Argentina.