Guatemala: Elecciones generales entre exclusiones y denuncias de fraude
Por Paola Albani.
Guatemala se encuentra próxima a elegir un nuevo gobierno para los siguientes cuatro años. Una elección que, por primera vez, quedará marcada por el sorteo arbitrario de candidaturas impuestas por el Tribunal Supremo Electoral (TSE), con asistencia de las altas cortes, que bajo parámetros desiguales han decidido quiénes participan y quienes son excluidos de la contienda.
Tal como va el proceso electoral, a los votantes le tocará decidir entre una oferta política no representativa que consolide la recaptura del Estado, o bien, elegir entre las alternativas políticamente más mesuradas que los intelectuales proponen, pero con un brazo enclenque cuando de lucha contra la corrupción se trata. Cualquiera que sea el ganador, el escenario final parecer ser el mismo: Guatemala no cambiará, continuará estancada y se consolidará la dictadura corporativa de mano del deterioro democrático.
En los años 90, cuando Guatemala se encontraba en sus primeros años como república democrática, ya empezaban las denuncias de fraude electoral por los acarreos, compra de votos, apagones, amaño de papeletas, entre otros. Y estas imágenes se consolidaron en la memoria colectiva como hechos que, específicamente, ocurrían el día de las votaciones.
Casi 40 años desde la primera elección democrática y a 26 años de la firma de los Acuerdos de la Paz, el país se ve enfrentado a un escenario desconocido en donde la modalidad de fraude electoral parece haberse sofisticado.
Un escenario donde la corrupción institucional ha sido instrumentalizada para doblar y manipular al sistema de justicia y atropellar al estado de derecho, con el fin de asegurarse la exclusión de candidatos incómodos y antisistémicos que desbaratarían los esfuerzos de años, tejidos por las redes político-económicas y militares, que contraatacaban para recuperar el control del país que la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) les había arrebatado como resultado del impacto de sus investigaciones criminales. Un contexto que varios expertos han denominado como dictadura corporativa.
“Una coalición corporativa mafiosa que intenta imponer un candidato o candidata presidencial que responda a sus intereses de esta coalición y que continúe haciendo del Estado un medio de acumulación y por el otro garantizarse impunidad”, de acuerdo a palabras del sociólogo Ricardo Saenz de Tejeda.
La exclusión y expulsión ha sido clave para recooptar al Estado desde 2017, cuando los integrantes de las élites, que fueron afectados por las investigaciones anticorrupción realizadas por la CICIG y la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), empezaron a unirse a quienes controlaban el poder institucional para poder sacar del país a la Comisión. Y lo lograron en 2019.
Según el excanciller Edgar Gutiérrez, quien fuera director del Instituto Nacional de Problemas Nacionales (IPNUSAC) de la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC), la CICIG, a finales de su mandato, investigó 122 casos de corrupción a gran escala; desarticuló a 72 estructuras criminales; llevó ante la justicia a 680 personas. Entre ellos, 200 funcionarios (cinco expresidentes) y a más de 60 empresarios de poderosas corporaciones comerciales. Consiguiendo más de 400 condenas.
Esta dictadura corporativa ha tomado entre manos perpetrar una venganza en contra de quienes los encerraron. A la vez, quiere asegurarse de ocupar cada puesto importante en el Estado para evitar que la situación se repita, controlando la descalificación de quienes podrían revivir esos escenarios de judicialización por sus propuestas políticas radicales.
De la salida de la Comisión, todo ha ido cuestabajo. El gobierno de Jimmy Morales logró la expulsión de la CICIG, después de varios cabildeos en Estados Unidos con los funcionarios de Donald Trump a cambio de desincentivar la migración irregular, y también consolidó el casamiento con la élite político-militar. Alejandro Giammattei ha ido más allá para asegurar la recaptura del Estado, empezando por el desmantelamiento de las unidades de investigación del Ministerio Público (MP), pasando por el acoso y persecución de jueces y fiscales independientes, hasta instrumentalizar a la Fundación Contra el Terrorismo (FCT) para abrir casos basados en denuncias espurias para encerrar a quienes se les han opuesto.
Esta recaptura estatal ha sido posible por la falta de liderazgos, pero también porque la corrupción es abrumadora.
“La corrupción aparece como los principales problemas en las encuestas como obstáculo para el desarrollo del país. Todavía la gente, después de CICIG, no sabe qué más hacer. Piensan: si un esfuerzo que tenían el apoyo internacional no funcionó para combatir a ese monstruo, como ciudadanos víctimas de este flagelo, qué más podemos hacer. Ahora la gente está desarmada y desanimada. Dicen: este monstruo es invencible”, dijo Manfredo Marroquín, presidente de Acción Ciudadana, una organización de sociedad civil encargada de fiscalizar el gasto público y monitorear los niveles de corrupción.
Sumado a esto, la carrera electoral se ha desarrollado en medio de un contexto hostil. Principalmente, porque el país atraviesa una crisis multisectorial alimentada por la falta de legitimidad de los magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE) no solo por el bloqueo de candidatos sino porque al menos dos de ellos, habrían falsificado sus títulos para obtener los cargos.
El actual gobierno que ha consolidado la regresión autoritaria, dirigiendo sus esfuerzos para perseguir a operadores de justicia (magistrados y fiscales) para reintegrar a estos espacios con actores obedientes (como es el caso de la confirmación de la fiscal general Consuelo Porras), incluso a distancia pidiendo la extradición de más de alguno; de periodistas (como es el caso de José Rubén Zamora quien fue condenado a seis años de cárcel por lavado de dinero) y de activistas de derechos humanos y estudiantes universitarios que han defendido la autonomía universitaria de la USAC del fraude electoral que impuso al rector Walter Mazariegos. Además, del desmantelamiento de las instituciones de paz.
También ha creado un marco jurídico regresivo y limitante para organizaciones no gubernamentales y organizaciones indígenas que defienden derechos básicos, con la creación de la Ley de ONG, incluso con iniciativas de ley que buscarían criminalizar el robo de energía eléctrica. Una normativa hecha a la medida para castigar a los activistas del Comité Campesino de Desarrollo (Codeca).
La semilla del fraude: El bloqueo político
Tres binomios presidenciables han sido excluidos del proceso electoral. “Esas descalificaciones son síntoma de un problema grave: el Estado de derecho ha sido socavado, la aplicación de las normas se ha vuelto arbitraria y no hay recursos de apelación para quienes disienten del régimen”, ha dicho Gutiérrez.
El 28 de diciembre de 2022, cuando a Jordán Rodas, exprocurador de Derechos Humanos, fue proclamado como vicepresidenciable del Movimiento para la Liberación de los Pueblos (MLP), junto a Thelma Cabrera, como presidenciable; ya contaba con el finiquito de la Contraloría General de Cuentas (CGC) para poder postularse al cargo. El finiquito es una constancia de que no existen reclamaciones o juicios pendientes en el uso de recursos públicos, y es un requerimiento para poder postularse a cargos de elección popular.
En enero de 2023, cuando el binomio quiso inscribirse, el TSE alegó que el finiquito de Rodas no estaba actualizado y no se lo aceptó, pues el nuevo procurador de Derechos Humanos, Alejandro Córdova, presentó dos denuncias en su contra por supuestos malos manejos en la procuraduría. Dos denuncias que continúan sin ser esclarecidas.
Córdova era el encargado de Derechos Humanos cuando Giammattei era director de presidios, tiempo cuando ocurrieron las ejecuciones extrajudiciales del caso Pavo Real.
El MLP accionó ante las cortes para impugnar la decisión del TSE. El 13 de abril, la Corte Suprema de Justicia (CSJ), que se ha prolongado en el cargo cuatro años más de los indicados en ley, les denegó el amparo. Esto llevó al MLP a denunciar el fraude electoral alegando que existía una arbitrariedad para excluirlos de las votaciones utilizando argumentos administrativos para bloquear su participación.
Cabrera admitió entonces, que rechazaron la idea de elegir otro vicepresidenciable para poder participar en las elecciones, pues preveían que el TSE encontraría otra excusa para sacarlos del camino y que su propuesta de refundación del Estado no llegara lejos.
El 2 de mayo, la Corte de Constitucionalidad (CC) declaró sin lugar el recurso de apelación, y esto determinó que el binomio quedaría definitivamente, fuera de la contienda electoral.
“La CSJ, TSE, CC y hasta la Procuraduría de Derechos Humanos están cooptados por criminales. Ya hubiera resuelto –el recurso-. Entonces, tuvimos que acudir afuera para hablar de cómo Guatemala viola su Constitución, viola los acuerdos de solidaridad de derechos humanos y los derechos de los pueblos indígenas, de las mujeres”, dijo Thelma Cabrera posterior a la resolución.
“Si nos hubieran permitido participar, fácilmente estaríamos en la segunda vuelta. Porque hay un hartazgo de la corrupción y mas de lo mismo”, indicó Rodas.
Binomio del MLP en la gira a Europa donde denunciaron el fraude anticipado. Foto: Miguel Urban Crespo.
Mientras se daba la pelea en las cortes, Cabrera y Rodas realizaron una gira en Europa para denunciar un fraude electoral, para visibilizar con la comunidad internacional la cooptación del proceso. La Unión Europea ha hecho llamados públicos al gobierno para que deje de bloquear las candidaturas, pero todo ha seguido como si nada. Una misión de unas 200 personas de la UE está en el país desde mayo, y han prometido entregar un informe de las elecciones cuando estas finalicen.
El segundo binomio en ser excluido fue el del partido Podemos de Roberto Arzú, hijo del expresidente Álvaro Arzú Irigoyen. En su caso, el bloqueo vino de parte de su familia, específicamente, su medio hermano, el diputado Álvaro Arzú Escobar, quien va para la reelección de su tercer período como diputado del partido familiar Unionista, y del sector económico que ha representado, cuando empezó a promover el fin de los monopolios.
Arzú sí logró ser inscrito el 27 de enero pasado, pero el 4 de febrero, el TSE anuló su inscripción por, supuestamente, no haber pagado una multa por campaña anticipada. Arzú confirmó que la misma fue pagada, pero el Registro de Ciudadanos del TSE nunca entró a conocer el trámite para levantarle el bloqueo.
Es a partir de la revocatoria que viajó a Washington D.C para denunciar el bloqueo ilegal y el fraude sobre todo porque los motivos que le llevaron a ser excluido, la campaña anticipada, han sido ignorados en el caso de otros candidatos como Torres, Manuel Conde Orellana, del partido oficial Vamos (cuyo vicepresidenciable es Luis Suárez, exdecano de la facultad de Ciencias Económicas, que avaló el fraude electoral en la Usac), y Ríos con Valor, quienes no han sido sancionados.
Arzú peleó su reinscripción en las cortes, pero de nada le sirvió. La CSJ le negó el amparo y la CC, el 25 de mayo pasado, confirmó la decisión del TSE de dejarlo fuera.
Un día después, la misma CC declaró sin lugar los recursos que presentó Carlos Pineda, presidenciable de Prosperidad Ciudadana (PC), que intentarían revertir la decisión la Sala Sexta de lo Contencioso Administrativo y también del TSE que anularon su inscripción y la de 1 mil 200 candidatos del partido.
A diferencia de Cabrera y Arzú, este sería el primer embate político de Pineda. Con estos dos candidatos fuera de la contienda, empezó a ganar popularidad y las encuestas de mayo ya lo situaban a la cabeza en la intención de voto, arriba, incluso, de Torres y de Ríos. Y muchos lo atribuyeron a su estrategia de campaña en redes sociales en donde canalizó la simpatía de población joven por sus discursos directos y sin filtro.
Esto hasta que el partido Cambio, que pertenece a la familia de Manuel Baldizón, condenado por lavado de dinero en Estados Unidos y exaliado de Pineda, pidió se dejara sin efecto la inscripción del PC al advertir irregularidades en la Asamblea Nacional donde fue proclamado presidenciable. Inconsistencias que el Registro de Ciudadanos aprobó, pero omitió corregir en el momento de la inscripción.
Algunas de las omisiones mencionadas son: listados de asistentes, el informe financiero de gastos públicos a la asamblea nacional, entre otros. Antes de que la corte se pronunciara, la secretaria general de PC, Lilian García, desistió del amparo que presentó ante la CC, el 20 de mayo pasado, mostrando una ruptura interna en el partido.
Pineda dio una conferencia en donde refrendó su confianza en los magistrados de la corte. Cuando la resolución salió, cambió de postura e invalidó la respuesta de los magistrados. Dijo que esperaría la resolución final de la Sala Sexta.
El 9 de junio, la Sala Quinta de lo Contencioso Administrativo ordenó al TSE reactivar las inscripciones de candidatos a diputaciones en 11 departamentos y de alcaldes en 60 municipios, no así la candidatura de Pineda. Dos días después la Corte de Constitucionalidad botó de nuevo las candidaturas y pidió la investigación de los integrantes de la Sala Quinta.
El 19 de junio, seis días antes de las elecciones, Pineda dio sus argumentos a las magistradas de la Sala Sexta para que dejaran sin efecto el amparo provisional que suspendió su candidatura. La respuesta de los jueces todavía no ha sido deliberada.
Candidaturas dudosas y juntas con nexos
Durante el proceso se han delineado parámetros desiguales para permitir la inscripción de los binomios. Si bien fueron excluidos tres binomios presidenciales: MLP, Podemos y Prosperidad Ciudadana (PC), también se ha permitido la inscripción de candidatos con prohibiciones constitucionales.
Como es el caso de Zury Ríos del partido conservador y de ultraderecha Valor, por ser hija de un dictador de facto; también ha inscrito a narcotraficantes confesos como el actual alcalde de Esquipulas, Palo Gordo, San Marcos, Exadillas Dionel Ramos Aguilar; líderes de culto como el vicepresidenciable de la UNE, Romeo Eduardo Guerra Lemus; y a personas con condenas por delitos como lavado de dinero como es el caso de Manuel Baldizón.
El partido Cabal y Todos presentaron amparos para evitar que participaran Ríos y Sandra Torres, de la UNE, pero en estos casos, las cortes las han favorecido. El 13 de abril pasado, la CSJ denegó en definitiva los amparos que las sacarían de la jugada.
Torres se ha postulado por tres períodos consecutivos desde 2015, y cada vez que ha llegado a la segunda vuelta ha perdido. Si la elección de este año fuera típica, la llegada de Torres al 20 de agosto, cuando será la segunda vuelta presidencial, definiría a su contendiente, sea quien sea, como el ganador. Pero esta elección es todo menos típica.
Sandra Torres no es la misma que cuando ejerció como Primera Dama (2008-2012). Fue la primera mujer en aspirar a la presidencia. Su presencia en este escenario abrió el espacio para que otras mujeres llegaran a ser nombradas como vicepresidenciables como el caso de Raquel Blandón (con el extinto Líder) y Roxana Baldetti (con el extinto Partido Patriota), rompiendo con el rol pasivo de las mujeres en la política a quienes se les solía ver como “primeras damas” únicamente.
En casi casi dos décadas, Torres se ha visto involucrada en casos de corrupción por financiamiento electoral ilícito y ha sobrevivido desbandada del partido que la representa, la UNE, en su insistencia por perpetuarse como secretaria general de la agrupación.
Hoy cuenta con una de las bases más sólidas y antiguas del país. La UNE es uno de los partidos más viejos y fuertes, y así se ha mantenido en el Congreso. Con una apuesta mucho más conservadora y con una imagen renovada, intenta llegar a la presidencia de la mano del pastor, Romeo Guerra Lemus.
Por su lado, Zury Ríos viene de la clase política que fundó su padre, el genocida Efraín Ríos Montt, quien luego de ser derrocado por Humberto Mejía Víctores en 1983, se instaló en el Congreso con el partido FRG, de ideología cristiana conservadora, en 2000. Zury Ríos también se instaló en el Congreso por tres períodos.
Cuando, en la segunda década de los 2000, los casos de justicia transicional llevaron al banquillo a los perpetradores de crímenes de lesa humanidad, Zury ocupó un puesto en primera fila acompañando a su padre en el juicio por genocidio. Desde entonces, ha negado el genocidio en Guatemala.
Su interés por la presidencia no inicia sino hace ocho años con el partido de derecha conservadora y religioso, Viva. Pero sus aspiraciones se vieron impedida por la Constitución Política. Después de esto, en 2022, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) le dio luz verde para postularse cuando denunció que sus derechos humanos estaban siendo violentados. A ella la rodean clanes familiares y caciques con pasados dudosos como Florencio Carrazcosa, de Joyabaj, que ha sido vinculado con el narco, en su búsqueda del poder.
Por su lado, Edmund Mulet, presidenciable de Cabal, ha sido señalado de haber dirigido un esquema de adopciones irregulares en los años 80, aprovechando las separaciones familiares provocadas por la guerra interna.
En 1981, de acuerdo a la investigación de Plaza Pública, fue detenido por sacar del país a los bebés como turistas por motivos humanitarios. La investigación reveló que en los procesos de adopción evadió controles nacionales y que desamparó a varios niños. Aunque no hubo procesos penales o condenas, debido a que utilizó sus vínculos políticos para evitar ir a prisión, este señalamiento continúa siendo una mancha que todavía pesa en su historia.
Mulet se ha hecho acompañar de exministros de Jimmy Morales, como Julio Héctor Estrada, quien fue ministro de finanzas en 2016, y en 2019, presidenciable del partido CREO ha denunciado intentos del TSE por anular su candidatura, pero esta sigue vigente.
Los ataques en contra de la postulación de Mulet iniciaron cuando presentó memoriales para que el sistema de justicia detuviera la persecución contra José Rubén Zamora, director y fundador de El Periódico, y ocho periodistas independientes más. Rafael Curruchiche, jefe de al FECI, tomó en sus manos denunciarlo por campaña anticipada, pero ninguna de las dos rindió efectos. Mulet sigue en la contienda a seis días de las votaciones.
La diferencia de los criterios para elegir quienes participan y quienes quedan fuera de la votación ha sido clara e incluso órganos observadores independientes lo han recalcado en sus informes. Uno de ellos es la Misión de Observación Electoral de Guatemala (MOE-GT).
Según la MOE-GT, “los magistrados -del TSE- evidenciaron diferencias marcadas en la aplicación de los criterios para calificar los méritos de capacidad, idoneidad y honradez de los aspirantes”, lo que ha puesto en peligro la credibilidad de las elecciones “pues el uso indebido de recursos judiciales para alterar la competencia electoral se ve motivado, en parte, por una aplicación de criterios contradictorios e inconsistentes por parte del pleno de Magistrados del TSE”.
A esto se suma que el Mirador Electoral denunció que ocho de cada 10 miembros de las Juntas Electorales son nuevos y tienen nexos con el gobierno, que podrían manipular el proceso.
“El Tribunal mide con distinta vara a los aspirantes y cuando los funcionarios han querido pasarse de listos, no tienen más recurso que las resoluciones cantinflescas”, ha advertido el excanciller Gutiérrez, en una de sus columnas de opinión.
La lectura política actual apunta a que Giammattei cuenta con Manuel Conde, quien fuera perito a favor del exdictador Efraín Ríos Montt en el juicio por genocidio en 2013, como el plan A y Sandra Torres, quien a pesar de mostrarse como de ideología de izquierda, guarda líneas conservadoras y negacionistas de derechos, sería el plan B.
Además, Giammattei ha financiado a casi 200 alcaldes y consejos de desarrollo afines a ocho partidos. Dinero que han sido desviados de fondos públicos. Gutiérrez ha calculado que la cifra invertida asciende a USD$5 mil millones.
El Mirador Electoral denunció que han identificado al menos 48 casos de campaña política electoral pagada con fondos públicos provenientes de tres ministerios y 25 municipalidades. La mayoría de los casos se trata de dádivas para los votantes.
En tanto, partidos de izquierda como la URNG y Winaq pasaron el tiempo de la campaña política sin poder promoverse. Esto porque el TSE les ha vedado el acceso a la deuda pública de 2019, que serviría para financiar la campaña de esta contienda, alegando que el Ministerio de Finanzas no ha hecho la asignación presupuestaria. Para cuando ambos partidos obtengan los fondos, las elecciones ya habrán acabado. Esta es una clara desventaja pues otras agrupaciones cuentan con financiamiento electoral externo y no tienen impedimento en promoverse.
Recientemente, la CSJ otorgó al partido Poder un amparo que le permitiría participar en las elecciones, pero las papeletas ya se encuentran en impresión, las primeras ya llegaron a Santa Cruz Barillas, un municipio más lejano de Huehuetenango y el partido no está incluido en ellas. Esto significaría reimprimir las papeletas para incluir a Poder. Mientras tanto, el TSE apeló la decisión ante la CC por temas logísticos.
Hasta ahora, la corte no ha emitido una resolución.
El llamado al voto nulo
Como resultado de las exclusiones y bloqueos, el MLP, Podemos y PC han hecho insistentes llamados al voto nulo en las papeletas para presidente y vicepresidente, como una forma de rechazar el fraude electoral tramado del TSE y las cortes. Esto también lo han hecho para que sus votantes no migren hacia otras propuestas políticas.
En 2016, cuando Mario Taracena presidia el Congreso y era diputado de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), pasó una reforma a la LEPP, decreto 26-2016, que dio un poco más de relevancia al voto nulo al establecer que, de alcanzar la mayoría de los votos (el 50% de la participación más uno), las elecciones tendrían que repetirse.
Pero la reforma no establece ni obliga a los partidos a cambiar de candidatos en la repetición. Un aspecto que fue cuidadosamente construido para no afectar los intereses de los políticos de larga data, que como Taracena y otros llevan cerca de 30 años como legisladores, esquivando cualquier escenario que pudiese excluirlos de la contienda.
Hasta ahora, el voto nulo no ha logrado la mayoría requerida en la ley, incluso el voto en blanco ha tenido mayor apoyo. Ni siquiera en 2015, la elección con mayor porcentaje de participación (del 70%), el voto nulo no logró sobrepasar la mitad.
En las elecciones de 2019, de los 8 millones 150 mil 221 de personas empadronadas, 5 millones 066 mil 479 acudieron a votar en la primera vuelta, 3 millones 083 mil 742 se abstuvieron de participar y solo 209 mil 444 fueron nulos. Los votos blancos duplicaron a los nulos con 452 mil 708 y 44 mil 093 fueron inválidos.
Casi 3.1 millones de personas no votaron en la primera vuelta. En esa elección, Vamos, el partido que llevó a Alejandro Giammattei a la presidencia, obtuvo 608 mil 083 votos, que es un poco más que una sexta parte de la población que se abstuvo de votar.
En la segunda vuelta, 4.9 millones no votaron y Giammattei obtuvo 1 millón 907 mil 801 votos contra los 154 mil 291 votos nulos y los 33 mil 900 votos en blanco, de acuerdo a información del TSE.
Las circunstancias inusitadas que han moldeado el proceso electoral actual han abonado a la poca claridad de quiénes podrían pasar a la segunda vuelta. Aunque Ríos y Torres lideran las encuestas, ambas tienen un antivoto fuerte, dijo Natalia Gámez, del MOE-GT.
Torres por su insistencia en llegar a la presidencia y por los actos de corrupción de los que fue señalada en los juzgados, y Ríos por ser la hija del genocida Ríos Montt quien, además, ha demostrado sin mesura su estrecho lazo con sectores conservadores y negacionistas de derechos humanos que inevitablemente, la ligan con el pasado dictador de su padre.
Gámez ha dicho que la denuncia del fraude electoral promovido por el MLP, Podemos y PC ha sumado a la baja confianza en el TSE y la poca credibilidad que tiene el proceso por las notorias debilidades administrativas y jurídicas que han señalado.
Para los que se quedaron fuera del proceso, el voto nulo es la forma en la que se le arrebata la legitimidad a los gobiernos impuestos.
“Vemos un hartazgo general del votante ante la corrupción incomparable como nunca antes vista. Se ve un voto nulo con fuerza grande y lidera las encuentras contra el sistema corrupto”, dijo Roberto Arzú al ser consultado por la estrategia para votar nulo que promueve su partido.
“El voto nulo va a ganar. Si llega al 50% más uno, sí mandará mensaje fuerte. Hará ver que el próximo presidente es ilegítimo. No se pinta un panorama bueno, los medicamentos caros, monopolios consolidados, un peor nivel de corrupción, instituciones cooptadas, la persecución continuará, la canasta básica seguirá en aumento y la infraestructura con atraso. No se vislumbra un panorama positivo”, aseguró el exaspirante de Podemos, quien también postuló a su hijo Sebastián a la alcaldía de la capital para competir contra Ricardo Quiñonez.
Guatemala en 2024: Todo seguirá igual
Al menos dos de los aspirantes a la presidencia y vicepresidencia, Rodas y Arzú, conversaron sobre la situación política del país más allá de las elecciones y el panorama que pintaron no es alentador. La puerta de entrada es el fraude moderno que consolidaría la dictadura corporativa.
“Por lo que se ve no habrá un cambio positivo ni radical, va a ser un poco más de lo mismo. El 25 de junio solo se va a consumar la prostitución del gobierno para sellar la dictadura corporativa”, señaló Rodas.
Para Arzú, el panorama actual “es el más oscuro de la historia de Guatemala, ni siquiera en los regímenes militares donde hacían fraude descaradamente se había visto algo desastroso.
Es un fraude moderno, descalificando candidatos que sean incomodos para el sistema y tengan posibilidades de ganar, están haciendo lo posible en consolidarse en una dictadura de conglomerado. Un proceso electoral oscuro con una democracia y libertad nula para el votante, y con candidatos que no apasionan. Ya son ilegitimas”.
Arzú se aventuró a pronosticar bloqueos de carreteras donde el oficialismo no tiene los votos a su favor, a alcaldes manipulando y ayudando con acarreos, amenazas, y la compra de votos.
Hay otros como Rodas, que han puesto en duda el sistema de transmisión de datos que el TSE contrató de mano de la empresa Datasys.
Las alertas de fraude el día de las elecciones han despertado inquietud en varios de los fiscales de partidos políticos al punto que han solicitado al Tribunal que se anule el segundo contrato que la Junta Electoral Departamental de Guatemala contrajo con Grupo Sega para el conteo paralelo de votos en el Departamento de Guatemala y el Distrito Central.
Todo lo cual suma a la falta de legitimidad del TSE y de las elecciones, en las que se ha previsto que será la votación con menor participación ciudadana.
Tomado de Prensa Comunitaria.
