Milei contra los trabajadores argentinos

A poco más de dos meses desde que Javier Milei asumió la Presidencia de Argentina, su Gobierno se ha caracterizado por una serie de medidas que avanzan contra el salario, los derechos de los trabajadores y sus organizaciones.

En respuesta, las principales organizaciones obreras ya realizaron una huelga general el pasado 24 de enero y, en los últimos días, los principales dirigentes del sector analizan una segunda medida de fuerza similar.

Mientras que trabajadores del ferrocarril convocaron a un paro nacional de 24 horas para este miércoles 21, la Asociación de Trabajadores Estatales (ATE) señaló que “todos los planes de lucha deben ser profundizados”, y la secretaria general de la Confederación de Trabajadores de la Educación (Ctera), Sonia Alesso, indicó que “peligra el inicio del ciclo lectivo”.

Pérdida del poder adquisitivo

La primera acción de Gobierno contra los asalariados se llevó adelante a dos días de la asunción de Milei como presidente. El 12 de diciembre de 2023, el ministro de Economía, Luis Caputo, anunció una devaluación del 50 por ciento y los salarios pasaron a valer la mitad de lo que valían antes, si se toma al dólar como ancla de la comparativa.

A la depreciación de la moneda argentina le siguió un aumento generalizado de precios (en febrero, Argentina se convirtió en el país con más inflación del mundo). Según cifras oficiales, en diciembre los precios aumentaron en promedio un 25.5 por ciento y en enero un 20,6 por ciento, lo que supone una inflación interanual del 211,4 por ciento.

Como consecuencia, Argentina cuenta con uno de los salarios más bajos de toda América, pero los precios en los supermercados son similares a los que paga un trabajador europeo, con un salario nueve veces mayor.

En tanto, el Estado argentino históricamente fijó el valor del Salario Mínimo Vital y Móvil como cifra de referencia para empleados y empleadores. Pese a la devaluación y los altos índices de inflación, el Ejecutivo no había actualizado la cifra hasta este martes, cuando anunció un aumento de apenas un 15 por ciento, y pasó de 156.000 a 180.000 pesos.

El aumento fue definido de manera unilateral por el Gobierno tras una fallida negociación entre centrales obreras y cámaras empresariales medidas por el Ejecutivo. La representación de los trabajadores exigía un aumento del 83 por ciento, mientras que su contraparte no hizo ninguna contraoferta y se finalizó el encuentro sin acuerdo.

Tras la fallida reunión, la Confederación General del Trabajo (CGT) emitió un comunicado donde señala un alineamiento entre la Unión Industrial Argentina (UIA), cámara que concentra las principales corporaciones del país, y los funcionarios de Gobierno, “rompiendo una larga tradición de diálogo social tripartito y acuerdos colectivos en el ámbito del Consejo del Salario en nuestro país, el Gobierno impidió el normal desarrollo de la reunión con el único objetivo de boicotear cualquier posibilidad de acuerdo”.

“La irresponsabilidad social puesta de manifiesto hoy por la Secretaría de Trabajo no hace más que confirmar la absoluta ajenidad del Gobierno frente al drama social que atraviesan los argentinos”, concluyó.

Salarios de pobreza

La desvalorización del salario y el precipitado aumento de precios empuja a millones de trabajadores a la pobreza.

La canasta básica total, utilizada por el Instituto Nacional de Censos y Estadísticas (Indec) para determinar las necesidades mínimas de una persona para llevar adelante su vida de manera digna, el 14 de febrero de 2024 era de $193.147. Mientras que la línea de la indigencia, que sólo considera alimentos y bebidas, para una familia de cuatro personas necesita $285.561.

Con dichos valores, un jefe de familia que recibe un salario mínimo no puede garantizar, siquiera, el alimento para su familia.

Al respecto, el más reciente informe del Observatorio de la Pobreza de la Universidad Católica Argentina (UCA) señala que, desde que Milei asumió la Presidencia, el índice de pobreza aumentó en un 13 por ciento y se elevó hasta un total del 57,4 por ciento. Lo que equivale a decir que 27 millones de argentinos son pobres.

Reforma laboral

El ataque contra los trabajadores también se da en el campo de los derechos. El 21 de diciembre de 2023, el presidente de la Nación emitió un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU 70/23) y se tomó atribuciones extraordinarias para modificar el código laboral y, con ello, los derechos y garantías de los trabajadores.

Bajo el capítulo IV del mencionado decreto, se plantea una reforma laboral donde se plantea una flexibilización de las relaciones laborales.

En ese sentido, se estipula una reducción de las indemnizaciones por despido, a la vez que elimina la mayoría de las penalizaciones por incumplimientos de los deberes de la parte empleadora.

La norma también acota el derecho a huelga, al considerar actividades como el transporte público y la docencia como “esenciales” y “de importancia trascendental”. Con ello, los trabajadores deberían garantizar un mínimo de prestación del 70 por ciento y el 50 por ciento, respectivamente, evitando la paralización de las actividades.

Además, la letra del decreto habilita el empleo de trabajadores sin establecer una relación de dependencia y extiende el periodo de prueba de tres a ocho meses.

Milei ha justificado el DNU y otras medidas en términos de que “Argentina requiere un cambio de rumbo urgente para evitar el desastre”. 

Sin embargo, para el abogado especializado en Derecho Laboral, Marcelo Amodio, “la legislación laboral no es el problema de la economía argentina, y antes de entrar en una reforma laboral, es indispensable cambiar los sistemas financieros, la ley de sociedades y la de concurso y quiebras”.

Pese a que el DNU entró en vigencia a principio de año, fue declarado inconstitucional por la Cámara Nacional del Trabajo el pasado 30 de enero, tras una presentación realizada por la CGT.

El tribunal sostuvo que dadas las condiciones actuales, no estaba debidamente comprobada la situación de excepcionalidad para que la norma no cumpliera con el debido trámite legislativo, por lo cual suspendió su aplicación.

En tanto, este lunes el Ejecutivo apeló ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para que se expida al respecto, con la intención de que se revierta el fallo.

Hasta el momento, el máximo tribunal se ha manifestado cauto al respecto y no ha tomado ninguna decisión trascendental, pese a las múltiples denuncias de inconstitucionalidad del DNU.

Al respecto, Amodio señala que los magistrados de la CSJ se encuentran “en un tablero difícil” y que van a intentar sostener el estado de situación actual. Y agrega que “creo que el rol de la Corte va a estar determinado por la evolución que tenga la disputa de Milei con los gobernadores y con sectores de poder. No hay que ser ingenuos y desestimar un acuerdo con los jueces y el Gobierno que les permita gobernar sin los partidos. Lo que sería catastrófico pero no impensado”.