Por Ailín Bullentini.

La motosierra de Javier Milei y Victoria Villarruel llegó a la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. El lunes comenzaron los despidos en el área. El argumento que se repite en todos los casos es la supuesta “reestructuración” que la gestión de Alberto Baños, por orden del ministro de Justicia Mariano Cúneo Libarona, tiene como objetivo aplicar. Los despidos sucedieron en el sector de Prensa y Comunicación, que hasta ayer contaba con 15 personas y las nuevas autoridades quieren reducir a cinco. Los trabajadores definirán pasos a seguir el miércoles en una asamblea convocada por la Asociación de Trabajadores del Estado.

Las noticias llegaron el lunes por la mañana. Fueron tres trabajadores del área de Comunicación y Prensa quienes recibieron en sus domicilios los telegramas de despidos, fechados el 8 de marzo. El área es uno de los objetivos del ajuste que Baños, por orden del ministro, aseguró aplicaría en la Secretaría en donde, en total, trabajan poco más de 900 personas.

La información comenzó a circular internamente desde las primeras horas del día, y se difundió públicamente cuando el exsecretario de Derechos Humanos Horacio Pietragalla Corti lo denunció en un posteo de la red social X. “Como cada vez que se achica el Estado, se habla de ñoquis y de militancia, pero se despide a trabajadorxs con años de formación, compromiso y dedicación en sus tareas”, advirtió.

“Estuvimos tratando de reunirnos con el secretario toda la semana pasada para atender, justamente, la situación de las personas cuyos contratos se vencen a fin de mes, de las que no tenemos información sobre su continuidad. Pero no fuimos recibidos. Y como respuesta obtuvimos estos despidos”, declaró Paula Donadío, delegada de ATE en el sector. Baños está, por estos días, en Costa Rica. Hoy los trabajadores se reunirán en asamblea.

Una reestructuración con aroma a ajuste

Desde sus primeros pasos en la sede central de la Secretaría en el predio en donde funcionó la Escuela de Mecánica de la Armada y que desde hace 20 años comenzó a convertirse en un Espacio de Memoria y Derechos Humanos, Baños advirtió que Prensa y Comunicación era una de de las áreas que no se salvaría de la motosierra con la que la gestión de La Libertad Avanza viene achurando todas y cada una de las estructuras públicas. También lo había deslizado Cúneo Libarona en uno de sus primeros off con la prensa, a poquísimos días del ballotage que convirtió a Milei en presidente de la Nación.

En DDHH, Prensa y Comunicación tenía, hasta hoy, 15 empleados. El plan de Baños es reducirla a cinco. Entre los trabajadores y ATE presentaron una propuesta de reubicación de aquellos compañeros que quedaban afuera del ajuste. “La respuesta que recibimos fueron estos despidos”, narró Donadío. Por ahora son tres, aunque desde el sindicato no descartan que hayan sido más los desvinculados.

Precariedad

Los tres despedidos estaban vinculados al Ministerio de Justicia a través de la ley de Contrato de trabajo, lo cual les otorgaba cierta estabilidad que no es la regla en la Secretaría. De los poco más de 900 trabajadores del sector, muchos tenían una vía de contratación transitoria y otros otra más precaria, de renovación anual. En toda la Secretaría son poco más de 100.

A estas personas, la gestión de Baños renovó sus contratos hasta el 31 de marzo, metodología que se implementó en la inmensa mayoría de los estamentos del Gabinete nacional. Entre ellas, se encuentra la inmensa mayoría de los trabajadores que sostienen los sitios y espacios de memoria que dependen de la Nación –El Olimpo, Club Atlético, Automotores Orletti, el Faro de Mar del Plata y La Escuelita de Famaillá en Tucumán, entre otros. Tras conocer los despidos, los trabajadores denunciaron el estado de emergencia en que se encuentran su situación laboral y, por ende, el sostenimiento de esos espacios.

La situación es endeble en casi toda la Secretaría, en donde apenas hay designados dos subsecretarios –de Asuntos nacionales y de Asuntos internacionales–, mientras que las direcciones de Asuntos Jurídicos, de Sitios y Espacios de Memoria, de Violencia Institucional, por mencionar algunas, no cuentan con autoridades oficializadas. 

Tomado de Página/12.