Abuelas de Plaza de Mayo: “Es inadmisible que un gobierno de la democracia entorpezca la búsqueda de nuestros nietos”
La ministra de Seguridad se niega a darle información a la Conadi, el organismo del Ejecutivo encargado de asegurar el derecho a la identidad. Advierten que la negativa puede traer consecuencias internacionales para el Estado argentino.
Abuelas de Plaza de Mayo expresó su preocupación ante la ofensiva del Ministerio de Seguridad –que encabeza Patricia Bullrich– contra la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (Conadi), el organismo del Poder Ejecutivo encargado de la búsqueda de los niños y las niñas robados durante la última dictadura.
“Es inadmisible que luego de 40 años, un gobierno de la democracia entorpezca la búsqueda de nuestros nietos apropiados, arrancados de los brazos de sus madres, secuestradas y desaparecidas por el terrorismo de Estado. Estas decisiones resultan funcionales para el sostenimiento de la impunidad de estos crímenes”, denunciaron desde la organización que preside Estela de Carlotto.
El lunes, Bullrich anunció con bombos y platillos que no respondería a los requerimientos de la Conadi para acceder a legajos de personal del Ministerio de Seguridad que podría estar involucrado en la apropiación de bebés durante el terrorismo de Estado. La ministra dijo que se trataba de un “organismo militante” que ponía en riesgo la privacidad de los efectivos de la fuerza.
La Conadi –recordaron desde Abuelas– se conformó en 1992 para dar cumplimiento a la Convención sobre los derechos del Niño, que reconocía –a instancia de Abuelas– el derecho a la identidad. Desde 2004, la Conadi tiene una unidad de búsqueda que está facultada para acceder a toda la documentación que esté en poder del gobierno. La Conadi también recibe las consultas de las personas que dudan de su origen y es la que determina en un 90 por ciento qué casos serán analizados por el Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG).
“El Ministerio de Seguridad cuestiona el desarrollo de una política pública ejemplar de nuestra democracia en la resolución de graves delitos de lesa humanidad, que constituye un compromiso legal del Estado”, advirtieron desde Abuelas. “Su incumplimiento acarrearía responsabilidad internacional, dadas las obligaciones de la República Argentina derivadas de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas; la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, la Convención Internacional sobre los derechos del Niño, Niña y Adolescente, entre otras”.
Desde el organismo llamaron al Poder Legislativo y al Poder Judicial a resistir las embestidas del gobierno de Javier Milei contra las políticas de memoria, verdad y justicia. Con la ley Bases que consiguió dictamen en el Senado, el oficialismo pone en riesgo, además, la supervivencia de la Conadi y el BNDG. “La Conadi y el BNDG son herramientas irremplazables para lograr el cese de la comisión de delitos que aún hoy se siguen perpetuando: las desapariciones forzadas de personas”, resaltaron.
Abuelas destacó, además, que la decisión de Bullrich debe sumarse a la de Luis Petri en el Ministerio de Defensa, que desarmó los equipos de relevamiento y análisis (ERyA) de los documentos que estaban en poder de las Fuerzas Armadas. Los ERyA contribuían con la labor de jueces y fiscales que intervienen en causas judiciales. Para Petri, su trabajo era “macartismo” contra los militares.
