Palestina: Apartheid, el término jurídico que (por fin) define la realidad

Por María Ángeles Fernández / Jairo Marcos.

Ya se puede decir: Palestina sufre un apartheid. Lo que hasta ahora era evidente a ojos de que quienes viven en Cisjordania y Gaza, y de quienes visitan esas tierras fuera de los márgenes turísticos con al menos una pizca de empatía, ahora es una verdad asumida por los organismos que establecen los criterios de medición. El apartheid ya no es un adjetivo, es un hecho. Tal cual.

“Israel practica el apartheid en los territorios palestinos ocupados”, afirma en un reciente informe el relator especial de la Organización de las Naciones Unidas sobre la situación de los derechos humanos en territorio palestino, Michael Lynk. “Hoy existe en el territorio palestino ocupado por Israel desde 1967 un sistema legal y político dual profundamente discriminatorio, que privilegia a los 700.000 colonos judíos israelíes que viven en los 300 asentamientos israelíes ilegales en Jerusalén Este y Cisjordania”, explica el relator, que también habla de muros y de puestos de control y que recuerda que tres millones de palestinos y palestinas “están sin derechos, viviendo bajo un régimen opresivo de discriminación institucional”. 

Sin olvidar que dos millones de personas viven en Gaza, “una prisión al aire libre”, en palabras de Lynk, sin acceso adecuado al agua, a la energía o a la salud.

A veces poner nombre a las cosas ayuda. Las dimensiona y las ofrece un marco contextual y analítico. Unos días antes de que se publicara el informe del relator, Lubnah Shomlai, integrante de la organización palestina de derechos humanos Badil, participó en un encuentro online con periodistas para hablar sobre nuevas narrativas, es decir, de la importancia de los conceptos usados para describir los hechos. “Israel ha cometido crímenes, hay mucha investigación e información, pero la terminología lo minimiza”, denunció Shomlai, quien también reconoció que cada vez se usa más el concepto “apartheid”. Un término que, por cierto, no es solo algo físico, aunque cueste creerlo al ver los puestos militares de control, los asentamientos de colonos en territorio palestino, el muro, las calles solo para israelíes en Hebrón o las carreteras solo para población israelí que cruzan Cisjordania. Hay situaciones que incluso se escapan de la lógica de la expulsión física, es todo más sutil.

La singularidad de Jerusalén

Budour Hassan es abogada del Centro de Derechos Humanos de Jerusalén y habla de “la burocracia de la represión”, esa que dice no siempre es visible y es más difícil de conocer que la violencia visible, “porque es la cotidiana que afecta a la vida diaria; solo se sabe cuando se habla con la gente”. La abogada explica los problemas de residencia para la población palestina de Jerusalén, residentes permanentes y no ciudadanía en el vocabulario de Israel. Estas triquiñuelas léxicas hacen que el Gobierno pueda reubicar su residencia, a pesar de que la ciudad siempre ha tenido un régimen jurídico especial. “Más de 14.000 fueron reubicados en 50 años: a gente nacida y crecida de repente les dicen que no son legales en su ciudad”, cuenta la jurista en un perfecto castellano, aprendido escuchando partidos de fútbol y baloncesto.

Otro ejemplo de esa burocracia represiva de la que habla Hassan es que si alguien se va siete años fuera de Jerusalén ya no puede volver a tener su residencia en esta ciudad clave. La reubicación punitiva es otro más de los mecanismos que describe la abogada. “La existencia de los palestinos en Jerusalén es muy vulnerable porque están bajo riesgo cotidiano de perder su derecho de residencia, su ciudad”, continúa Hassan, que no deja de nombrar técnicas burocráticas de exclusión, de ingeniería demográfica. “Si tu marido es de Cisjordania y tienes una criatura, es muy difícil registrar a tu bebé. Este trámite mundano puede durar cinco años y la familia no puede vivir junta en Jerusalén”, cuenta deprisa, como si lo que narra no fuera una absoluta barbaridad propia de novelas o series de televisión distópicas, esas que hay que leer o ver con atención. “La ocupación fragmenta a las familias, que viven una pesadilla cotidiana solo para sobrevivir. El objetivo no es vivir una buena vida, es sobrevivir. El derecho a sobrevivir no está garantizado”, afirma la jurista, que ayuda a vecinas y vecinos de Jerusalén a no perder su residencia, a registrar a los niños y niñas y a proteger las casas de la demolición.

Ya fuera de la oficina de Budour Hassan, un paseo por las calles de Jerusalén imprime una postal de la absoluta desigualdad cotidiana, la de junio de 2018: barrios de población palestina abandonados y sin inversión pública, en donde ni siquiera se dan licencias de obras para reformas de casas frente a otras zonas perfectamente equipadas. “En los viajes turísticos organizados por Israel la ocupación no existe. Hay dos mundos en Jerusalén. Apartheid no es sólo una palabra, es una realidad”, describía.

Un crimen de lesa humanidad

En 1966, la Asamblea General de Naciones Unidas declaró el apartheid como crimen de lesa humanidad, postura reiterada por el Consejo de Seguridad en 1984. Entre ambas fechas, concretamente en 1973, se aprobó la Convención sobre el Apartheid, que denuncia que las políticas de segregación y discriminación racial son crímenes internacionales. Esta Convención recoge que el crimen de apartheid incluye “actos inhumanos cometidos con el fin de instituir y mantener la dominación de un grupo racial de personas sobre cualquier otro grupo racial de personas y de oprimirlo sistemáticamente”, tal como narra John Dugard, experto en Derecho Internacional y profesor en varias universidades, en un documento de Naciones Unidas.

Siguiendo el marco conceptual establecido hace 50 años, hace apenas unas semanas el relator especial Michael Lynk dijo también que un régimen político que prioriza de manera tan intencional y clara los derechos políticos, legales y sociales de un grupo sobre otro dentro de un mismo espacio geográfico, sobre la base de la identidad racial, nacional y étnica, se corresponde con la definición legal de apartheid.

Desde Amnistía Internacional aplauden este novedoso posicionamiento. “Las conclusiones del relator especial describen pormenorizadamente el sistema de opresión basado en motivos raciales establecido por Israel contra la población palestina, expresamente concebido para mantener la dominación israelí judía y sostenido mediante la comisión de graves violaciones de derechos humanos”, ha afirmado el director adjunto de Amnistía Internacional para Oriente Medio y Norte de África, Saleh Higazi. Incluso Michael Ben-Yair, ex fiscal general de Israel y magistrado de su Tribunal Supremo, ha asumido esta realidad en una tribuna de opinión publicada en El País: “Debo concluir con enorme tristeza que mi país se ha hundido en un abismo moral y político tal, que en estos momentos es un régimen de apartheid. Es hora de que la comunidad internacional reconozca esta realidad”.

Amnistía Internacional también ha publicado un informe este año para posicionarse claramente y asumir que lo que sucede en Palestina es un apartheid, sin peros ni eufemismos. “Israel ha impuesto un sistema de opresión y dominación de la población palestina (…) La segregación se lleva a cabo de una forma sistemática y muy institucionalizada mediante leyes, políticas y prácticas, todas ellas concebidas para impedir que la población palestina reclame los mismos derechos que la población israelí judía dentro de Israel y los territorios palestinos ocupados y disfrute de ellos y, por tanto, con la intención de oprimir y dominar al pueblo palestino”, recoge el estudio titulado ‘El apartheid israelí contra la población palestina’.

Intento de división

Los diferentes mecanismos utilizados hacen que la situación del pueblo palestino no sea uniforme. “Hay una jerarquía de opresión: lo de Gaza es peor que lo de Cisjordania, Cisjordania es peor que Jerusalén, Jerusalén es peor que Nazaret. Todos estamos bajo ocupación, pero la manifestación de la opresión es diversa. Es muy importante saber que hay diferencias, pero la motivación es única y uno de los objetivos de la ocupación es dividir a la población y convencernos de que hay gente mejor y peor para así evitar la unión de la lucha contra la ocupación”, explicaba Hassan en 2018. La abogada treintañera se considera una privilegiada porque, al nacer en Nazaret, población que forma parte del Estado de Israel desde 1948, tiene un pasaporte israelí que la permite libertad de movimientos.

El apartheid tiene diversas consecuencias para Lubnah Shomlai. Por un lado, habla de “desnacionalización”, es decir, de mantener a la población palestina como un pueblo sin estado; también de marginación democrática, de denegación del derecho al retorno, de la negativa al acceso y uso de la tierra; y, finalmente, de segregación, fragmentación y aislamiento. “Se trata de generar una desconexión que hace que se pierda la identidad como grupo o como pueblo y así se anula nuestro derecho a la autodeterminación. Israel trata de desgastar la identidad palestina”, relata.

* Artículo elaborado para el proyecto “Una mirada a la construcción de acciones transformadoras”, con la colaboración de AEXCID – Junta de Extremadura.

Tomado de El Saltodiario / Foto de portada: MAF.