América Latina y el Caribe tras la imborrable huella de la pandemia
Por Patricia María Guerra Soriano / Colaboración especial para Resumen Latinoamericano
Sobre América Latina y la COVID-19 se habló por primera vez el 25 de febrero de 2020 cuando fue registrado el primer caso de la enfermedad en Brasil. Desde ese momento, el tema no ha podido pasar desapercibido para los medios de comunicación.
Esta semana los titulares señalaban una decepcionante realidad: América Latina y el Caribe es la región en desarrollo más afectada del mundo por la pandemia.
Detrás de una contracción económica del 7, 7 por ciento y de casi tres millones de empresas cerradas durante 2020, lo cual determinó un aumento considerable de los índices de pobreza, desigualdad y desempleo, permanece una cifra aún más impactante. Y es que, el 27,8 por ciento de las muertes por COVID-19 pertenece a esta zona en la que, paradójicamente, vive solo el 8, 4 por ciento de la población mundial.
Un reciente informe presentado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) da cuenta de algunos factores que han condicionado la indetenible propagación del SARS-CoV-2. Entre ellos está la sobreconcentración de las personas, principalmente en divisiones administrativas mayores.
El hacinamiento, la falta de acceso a servicios de agua y saneamiento, de electricidad y de Internet y la precariedad y saturación del transporte público constituyen un conjunto de déficits en las ciudades y metrópolis que contabilizan la mayor cantidad de contagios.
De acuerdo con la CEPAL, esos factores de riesgo se entrecruzan y potencian con los diversos ejes de la matriz de desigualdad social que colocan en una situación de desventaja a 58 millones de personas pertenecientes a pueblos indígenas y a los 134 millones de afrodescendientes en la región.
La COVID-19 sorprendió a muchos países latinoamericanos con débiles sistemas de protección social, plagados de brechas y de una evidente fragmentación que dejaba desprotegidos a amplios grupos poblacionales.
Antes de la crisis-según reveló Cepal en 2019- debido a los elevados niveles de informalidad laboral, solo el 47, 2 por ciento de las personas ocupadas estaban afiliadas o cotizaban a los sistemas de pensiones; mientras el 60, 5 por ciento lo hacía al sistema de salud. Por eso, en estos momentos era imprescindible la intervención de los Estados que, según enfatizó la Comisión, han respondido a la pandemia con un conjunto inédito de programas sociales de emergencia dirigidos a los hogares en situación de pobreza o que tienen mayor riesgo de caer en ella.
Durante la presentación del informe, la directora ejecutiva de ese organismo internacional, Alicia Bárcena, dijo que esas medidas de protección social han evitado un mayor aumento de la pobreza y la pobreza extrema, a pesar de que en ambas fue notable un retroceso de 12 y 20 años, respectivamente.
Aunque han sido insuficientes para detener la crisis, esas acciones-como aseguró Bárcena- han ayudado a paliarla de alguna manera, permitiendo que la población beneficiada con transferencias de dinero y otras ayudas satisfaga sus necesidades vitales.
Otro de los nudos estructurales de la desigualdad en la región ha estado latiendo desde la división sexual del trabajo que atenta contra el ejercicio pleno de los derechos de la mujer y su autonomía. De ahí que la pandemia haya revelado el costo que representa para los países del área no tener un sistema integrado de cuidados de amplia cobertura, desfeminizado y de calidad. Por lo cual, se hace prioritaria la reactivación de la economía desde una perspectiva de género y desarrollo sostenible.
Para Bárcena, el futuro de la región depende de cumplir con varios desafíos. Por una parte, una agenda de cooperación capaz de lograr un acceso más equilibrado, equitativo y simétrico a las vacunas contra la COVID-19 y por otra, un Estado de bienestar sostenible que posicione la atención en la estructura productiva de la sociedad, la cual-considera la funcionaria-sigue dejando afuera a las pequeñas, medianas y microempresas.
Cumplir con esos propósitos no será tan difícil si las naciones apuestan por un pacto social y político que aborde las diferencias en el acceso a recursos y cierre las brechas estructurales de la región.
Foto de portada: Agencia Anadolu
