La caprichosa “justicia” made in USA (I)

Por José Luis Méndez Méndez * / Colaboración Especial para Resumen Latinoamericano.

La justicia que se administra en los Estados Unidos es, entre otras cosas, caprichosa, de doble rasero, según el origen de clase, raza, sexo, preferencia sexual y otros filtros que la hacen selectiva y hasta manipulada hasta su máxima instancia, donde cada partido en el poder se encarga de instalar jueces que de la noche a la mañana se convierten en vitalicios, rehenes de sus mentores.

Los inéditos sucesos devenidos del intento de toma del Capitolio el Día de Reyes de 2021, aún siguen un dilatado juicio, que involucra a cientos de participantes con la exclusión de su principal auspiciador intelectual, el corrosivo laqueado Donald Trump, quien ya ha prometido exculpar a todos aquellos que resulten sancionados, si fuera electo en las elecciones del año 2024.

Las redes sociales originarias en Estados Unidos, presionan para que en Cuba se termine de sancionar a los delincuentes que ocasionaron disturbios en el verano pasado en ciudades cubanas, en clara intromisión de los asuntos internos de un país soberano. Si se hubiesen hechos los juicios de manera expedita, hubiesen alegado que no se respetó el manido debido proceso en los pleito y que estos fueron sumarísimos, si se transita por los causes temporales previstos, entonces alegan excesiva demora.

Pero, asonémonos a situaciones jurídicas, que adornan al sistema de justicia estadounidense y que se muestran como ejemplos del vidrioso y asimétrico modo de administrarla.

No nos referiremos a los pasos de quienes aguardan la muerte en el corredor, que se aceleran si las inyecciones letales están a punto de caducar o a los juicios donde los llamados abogados de oficio dibujan la forma en que imaginan sus defendidos serán linchados químicamente por el Gobierno ni los casos donde los letrados dormitan en pleno juicio y ante el reclamo del reo, el juez precisa que la Constitución prevé que cada juzgado sea asistido por un abogado, pero no lo obliga a estar despierto en las sesiones.

Veamos el caso de los menores de edad sancionados a muerte y ejecutados con el pleno ejercicio de sus derechos humanos, conocido como la sórdida práctica de juzgar a los menores como adultos.

La teoría dice: El Tribunal Supremo de Estados Unidos, abolió la pena de muerte para menores en 2005, pero Cristian Fernández tenía 12 años cuando mató a su hermanastro de dos años al golpearle la cabeza contra una repisa. Fue un punto de inflexión en la vida de un niño que había sido objeto de constantes abusos físicos y psicológicos y que, en medio de las más terribles circunstancias, se convirtió oficialmente en un adulto.

La fiscalía del estado de Florida, lo acusó de homicidio en primer grado, eso significó un juicio ordinario, no juvenil, y la posibilidad de una sentencia de por vida. Fernández se convirtió momentáneamente en el reo más joven en la historia de Estados, pero Lionel Alexander Tate, condenado en 2001 por el homicidio en segundo grado de su hermana de seis años cuando él contaba 12.

Esta horrible realidad histórica registra para vergüenza de los estadounidenses el caso de George Junius Stinney Jr., nacido en 1929 y ejecutado el 16 de junio de 1944, a la edad de 14 años, fue la persona más joven en ser ejecutada en los Estados Unidos en el siglo XX y el último menor de dieciséis años en morir por la misma forma.

Defensores opuestos a tales casos, han argumentado que se tomen en cuenta factores concurrentes típicos, como haber ocurrido en el seno de familias disfuncionales, sumado al cuadro de violencia en el que creció del transgresor de la ley y hasta cuestionamientos sobre si los menores de edad son capaces de comprender el alcance de sus actos, pasando por la justicia y la eficiencia de sentencias que no toman en cuenta estas circunstancias atenuantes.

Las mismas preguntas aplican a miles de menores que son juzgados como adultos todos los años en Estados Unidos. El caso de Fernández reabrió un debate que va y viene de la mano de la ley y la ciencia social, de la política y la opinión pública. “Penas de adultos para crímenes de adultos”. Éste fue el eslogan que resumió un clamor general en los años noventa, frente a un marcado incremento en el número de crímenes violentos cometidos por adolescentes.

La espiral de violencia en el medio juvenil estadunidense se ha disparado, sobre todo durante la pasada administración, cuyo lenguaje agresivo inundó el tejido social, inculcó más aun el empleo de la violencia como vía para dirimir conflictos, antes que la negociación. En concreto, se convirtió en uno de los pocos países del mundo que juzga a menores como si fueran adultos. Según datos del Consejo Nacional de Justicia Juvenil, cada año 250.000 menores de edad son procesados, sentenciados o encarcelados como adultos en Estados Unidos. El primer estado en procesar a menores como adultos en ese país fue, precisamente, Florida.

Ahí se aplica además la política de “una vez adulto, siempre adulto”, la cual establece que un menor será siempre juzgado como adulto una vez que haya sido condenado y sentenciado anteriormente. “Tenemos que proteger a la sociedad de este individuo. Aplicar la pena máxima a un niño de 12 años es algo muy triste, pero es la única medida legal que tenemos para asegurar la seguridad de los ciudadanos”, dijo la Fiscalía en un comunicado en 2012, cuando el proceso contra Cristian Fernández se encontraba en pleno desarrollo.

La ciencia ha acudido en defensa de tales aberraciones, se ha establecido que el cerebro de un menor está en desarrollo hasta los 25 años e incluso hasta tener más edad, para alcanzar total madurez, en condiciones de salud normales, si ha sido atacado por drogas brandas o duras, como es habitual en el medio juvenil estadounidense, el daño irreversible se expresa en procesos recurrentes de violencia.

Se ha invocado la inmadurez psicológica y emocional de los menores. Recientes estudios ligados al campo de la neurociencia han constatado que los menores son menos responsables que los adultos incluso en el caso de “crímenes serios”, según Robert Schwartz, cofundador y director ejecutivo del Centro de Ley Juvenil de Filadelfia (Juvenile Law Center), el primer centro público que se inauguró en el país dedicado a los menores y la justicia. Se explica que la zona del cerebro responsable de las reacciones instintivas, incluidas el miedo y el comportamiento agresivo, conocida como la amígdala, se desarrolla temprano.

Otro elemento es, que juzgarlos como adultos les mutila la posibilidad de que tengan un futuro ni una teórica inserción en la sociedad. En un tribunal de menores se toman en cuenta factores como la educación, el ambiente familiar, las circunstancias de su crianza. En el caso de los adultos, el sistema estadounidense se presenta como de prisión y castigo. Los menores condenados por una corte penal son retenidos en centros de menores hasta que alcanzan la mayoría de edad. Entonces, son trasladados a cárceles de adultos. Allí los programas de educación o reinserción social son prácticamente inexistentes por falta de inversión pública.

Esta es una de las realidades de la justicia en un país que inveteradamente se ocupa de inmiscuirse en asuntos ajenos, cuando tiene propios por resolver.

(*) Escritor y profesor universitario. Es el autor, entre otros, del libro “Bajo las alas del Cóndor”, “La Operación Cóndor contra Cuba” y “Demócratas en la Casa Blanca y el terrorismo contra Cuba”. Es colaborador de Cubadebate y Resumen Latinoamericano.

Foto de portada: RTVE.