La violencia en Colombia llega a Ginebra

Por Orlando Oramas León* / Colaboración Especial para Resumen Latinoamericano.

Las cifras de la violencia en Colombia en manos de la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos, muestran una escalada que, más allá de los números, se concreta en crímenes en las comunidades rurales y las muertes de líderes sociales y exguerrilleros.

Un informe ante el Consejo de Derechos Humanos, presentado en Ginebra por la alta comisionada Michelle Bachelet, así lo confirma. Según la fuente, en 2021 fueron comprobados 78 masacres, 100 homicidios de defensores de los derechos humanos y de 54 excombatienes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) que se habían acogido a los acuerdos de paz.

 La Oficina de la ONU también consignó la expansión territorial de grupos armados y bandas criminales y la ausencia de las fuerzas de seguridad y el orden en poblados y zonas colombianos bajo el accionar de tales agrupaciones.

Ante ello, la alta comisionada hizo un llamamiento al Gobierno colombiano para que aumente la presencia de las autoridades estatales civiles en las áreas afectadas, y pidió la adopción de «una política de desmantelamiento de organizaciones criminales» en consulta con la sociedad civil.

Antes, la representante en Bogotá de la Alta Comisionada de ONU para los Derechos Humanos, Juliette de Rivero, subrayó su respaldo y acompañamiento a la labor de varias organizaciones objeto de amenazas y agresiones.

Entre ellas mencionó a la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca, al Consejo Regional Indígena del Cauca, la Asociación de Consejos Comunitarios del Norte del Cauca, autoridades étnicas, y el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz.

«Exhortamos al Estado a reforzar las medidas de protección y prevención frente a las recientes amenazas en contra de defensores de derechos humanos, candidatos y autoridades étnicas», manifestó la funcionaria de la ONU por medio de su cuenta en Twitter, cuando están a las puertas elecciones legislativas y presidenciales.

Mientras su mensaje se hacía público en Bogotá, en Ginebra Bachelet afirmaba que su Oficina documentó el pasado año 54 casos de «privaciones arbitrarias de la vida» por parte de las fuerzas públicas colombianas, incluyendo 28 debido al uso «innecesario o desproporcionado de la fuerza» durante las protestas del Paro Nacional iniciadas en abril.

La alta funcionaria de la ONU instó otra vez al gobierno del presidente Iván Duque a «garantizar el derecho a la reunión pacífica mediante el respeto estricto de los estándares internacionales sobre el uso de la fuerza».

Su informe mereció el reconocimiento gubernamental. La viceministra de Asuntos Multilaterales, Carmelina Londoño, admitió que las actividades de grupos criminales que se disputan el control de la droga y otras actividades ilícitas resultan uno de los principales desafíos de esa nación.

«Son el motor de organizaciones criminales que forman parte de redes internacionales de narcotráfico, son fuente de financiación del terrorismo y el primer factor de violencia y amenaza de derechos humanos de nuestra población», afirmó.

En este contexto organizaciones sociales, dirigentes políticos y académicos pidieron un “cese del fuego” de cara a las elecciones legislativas del 13 de marzo y las presidenciales del 29 de mayo.

Su exhorto estuvo dirigido al Ejército de Liberación Nacional (ELN), las disidencias de las FARC, la banda criminal Clan del Golfo y el Ejército Popular de Liberación, pero también a las autoridades nacionales para que contribuyan a generar un escenario electoral de tranquilidad y paz, cuando la realidad es de desplazamientos forzado, masacres y asesinatos de defensores de los derechos humanos.

 

(*)  Periodista cubano, autor de los libros “Raúl Roa, periodismo y Revolución”, “Pohanohara, cubanos en Paraguay” y “Cuentos del Arañero”.

Foto de portada: Mauricio Dueñas Castañeda/ EFE.

 

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