El ADN de la policía de Miami es brutal (II)
Por José Luis Méndez Méndez * / Colaboración Especial para Resumen Latinoamericano.
En Miami, al igual que en otras ciudades de Estados Unidos, la investigación de casos relacionados con la brutalidad policial se ha asignado por lo general a los departamentos de asuntos internos y/o al fiscal del distrito. Los departamentos de asuntos internos han sido criticados por la carencia de responsabilidad a la hora de rendir cuentas y para los agentes que sean parciales, ya que con frecuencia declaran que el agente no actuó de acuerdo a las reglas del departamento o de acuerdo a su formación. Por ejemplo, un estudio centrado, que se llevó a cabo en abril de 2007 encontró que de entre 2002 y 2004 las más de 10.000 denuncias de abusos policiales, solo 19 de ellas terminaron en verdaderas acciones disciplinarias.
La capacidad de los fiscales de distrito para investigar la brutalidad policial también ha sido cuestionada, ya que ellos dependen de la ayuda de los departamentos de policía para llevar casos a juicio. No fue hasta años recientes que los esfuerzos comenzaron a hacerse serios a la hora de trascender los obstáculos para tratar con los patrones de mala conducta sistémica en los departamentos de policía.
Al profundizarse en el caso del recluso que fue brutalmente golpeado hasta la muerte en el momento en que iba a ser trasladado por oficiales del Departamento Correccional de Florida (FDC), las autoridades admitieron que los homicidas uniformados fueron detenidos y acusados de asesinato por la muerte de un recluso durante un traslado desde una prisión estatal situada en el condado de Miami-Dade.
El FDC es el tercer sistema penitenciario estatal más grande del país, con unos 80,000 reclusos, y es la agencia más grande de Florida, con 24,000 empleados.
El suceso ocurrió cuando de madrugada se iba a proceder al traslado del occiso, que el diario “Miami Herald” identificó como Ronald Gene Ingram, de 60 años. Fue esposado y, a pesar de que obedecía las órdenes que recibía, los tres oficiales acusados comenzaron a golpearlo con rencor antes de llevarlo a la camioneta de transporte.
En otro caso, diez funcionarios de prisiones fueron suspendidos de sus cargos por estar involucrados en el homicidio de un interno, que apareció muerto en la camioneta de la prisión. Según los trascendidos de camino al centro correccional de destino el vehículo hizo una parada durante la cual se encontró al recluso muerto dentro de la camioneta.
El médico forense determinó que la muerte fue causada por un pulmón perforado que provocó una hemorragia interna. Además, el recluso presentaba lesiones en el rostro y el torso consistentes con una golpiza. En fecha cercana, se denunció que guardias de prisiones fueron encausados por patear, insultar y escupir a un interno esposado.
La violencia policial y de agentes armados plantea uno de los problemas más complejos en la lucha por la vigencia de los derechos humanos. La mayoría de estos hechos se presentan a la opinión pública como acontecimientos normalizados y naturalizados.
La sección policial de los periódicos o de los noticieros, hablan cotidiana y naturalmente de la ocurrencia de muertes y lesiones graves como consecuencia de la perpetración o supuesta perpetración de delitos de menor cuantía. El problema es que estos delitos de menor cuantía robos, hurtos, asaltos a mano armada son los que producen mayor inseguridad en la vida cotidiana de la población.
Aunque existan coyunturas político económicas en las que la sensación de inseguridad pueda situarse en otras cuestiones, tales como la posibilidad de pérdida del trabajo o los bajos salarios, el problema del “miedo a la delincuencia” está siempre entre los primeros nombrados. Y esta cuestión es especialmente preocupante. Porque por este “miedo” es por donde se legitima el consenso para la práctica de las ejecuciones sumarias, y los abusos de poder.
No solo se trata de policías brutales en el ejercicio de sus funciones ni de excesos en prisiones, la violencia y el escándalo alcanza hasta la Patrulla de Carreteras de Miami, donde la corrupción se anidado como estilo de funcionamiento.
Una de las prácticas más comunes es falsificar reportes de tráfico y demora en entregarlos. Uno de los corruptos es Manny Lázaro Meléndez, de 26 años, quien fue encontrado culpable de dos cargos de conducta impropia oficial en el caso que tuvo lugar en el Condado Miami-Dade.
El sentenciado esperaba semanas para presentar sus reportes de accidentes de tráfico, y cambiaba las fechas de forma manual para no meterse en problemas por entregar tarde los reportes. La ley estipula que cuando los patrulleros responden a un accidente automovilístico tienen que presentar sus reportes en un banco de datos estatal dentro de los 10 días de terminada su investigación. El proceder violentaba los derechos de las víctimas y restaba credibilidad a la actuación del uniformado.
(*) Escritor y profesor universitario. Es el autor, entre otros, del libro “Bajo las alas del Cóndor”, «La Operación Cóndor contra Cuba» y «Demócratas en la Casa Blanca y el terrorismo contra Cuba». Es colaborador de Cubadebate y Resumen Latinoamericano.
Foto de portada: AFP.
