El Salvador: Régimen de excepción desbarata esfuerzos de reinserción social

Por Doris Rosales.

El Gobierno derribó uno de los pilares que contempla, en papel, el Plan Control Territorial: la reinserción. A tres años de su administración, no solo no ejecutó lo que planteaba en su política de seguridad insignia, sino que también desbarató lo que iglesias evangélicas habían construido durante años.

Lázaro dice con firmeza que no tiene miedo. Eso, sin embargo, va a cambiar en unos días. El régimen de excepción no entiende eso de «nuevo nacimiento» ni de cosas por el estilo que se dicen en las iglesias evangélicas cuando alguien se arrepiente de su pasado. No entiende de perdones ni de redención. Por ahora, Lázaro tampoco ha considerado esconderse o salir del país. Se borró los tatuajes hace varios años, en un programa de remoción. Ese número 18 en el cuerpo, que desdibujaba la línea entre el viejo y el nuevo hombre, ya no está. Pero eso, en El Salvador, ahora ya no importa.

Esto lo cuenta desde las bancas del cafetín de la iglesia evangélica que dirige. Aquí, hace un mes, ocho feligreses, expandilleros como él, fueron capturados por un pelotón policial. Lázaro, sin embargo, se muestra tranquilo. El miedo, dice con voz de predicador que va desgarrando las palabras, es un mal compañero. Pero quienes le rodean saben que estos no son tiempos para andar con esa valentía: «Los hermanos me han pedido que me esconda, que no salga, que no dé entrevistas».

Los agentes llegaron a preguntar por los expandilleros que vivían en su iglesia. Llegaron, eso sí, tranquilos. Sin botar puertas, como suele promover la propaganda gubernamental. Lázaro y los miembros del proyecto de reinserción se habían ganado la confianza de la comunidad y de las autoridades; por eso, esta era la primera vez en tres años que la PNC llegaba a la iglesia. «Tocaron el portón», cuenta Lázaro, «el pastor auxiliar que vive acá les salió a abrir y les dijo que qué querían». Los policías respondieron que sabían que «aquí están los muchachos» y que «lamentablemente» se los tenían que llevar.

Las autoridades tenían un listado. Uno que Lázaro les había proporcionado hace años para que supieran quiénes eran los jóvenes que formaban parte del programa de reinserción. Uno de los hombres detenidos esa tarde llevaba ocho años en el programa y estaba estudiando su primer ciclo en la universidad. Otros estaban cursando el bachillerato gracias a un acuerdo que el pastor logró con un instituto. Querían, como su compañero, llegar a la universidad. Otro hacía tostadas de plátano que uno de sus compañero las vendía para mantener a sus familias. Una más vivía aquí con sus dos hijas. Las niñas, sin lugar a dónde ir, siguen en la iglesia.

Era finales de abril y Lázaro pensaba que los jóvenes se habían librado del «atarrayazo» de capturas por el régimen de excepción que el Gobierno de Nayib Bukele implantó el 27 de marzo pasado, en respuesta a una jornada violenta del día anterior que dejó un total de 62 homicidios. En sus primeros cuatro meses, el régimen acumuló más de 48 mil capturas y más de 60 fallecidos en centros penales.

Con el régimen, el Gobierno dio luz verde a policías y militares para capturar a cualquiera que les pareciera sospechoso de ser pandillero. Las organizaciones de derechos humanos nacionales e internacionales denunciaron que esto ha devenido en capturas arbitrarias que incluyen a menores de edad.

«Ahorita la iglesia está vacía», señala uno de los pastores con más experiencia trabajando en la reinserción de expandilleros —en El Salvador— que buscan alejarse de estos grupos criminales. «Los muchachos, en su gran mayoría, están capturados. Todo se detuvo. Nosotros no teníamos ni idea de que estas medidas nos iban a alcanzar de esta forma. Uno que vive en medio de estas realidades sabía que algo así podía pasar con las pandillas activas, pero no pensamos que eso iba a abarcar a los cristianos, a hermanos que ya andaban en el proceso», señala el líder religioso que nunca fue parte de una pandilla pero que, por temor a represalias, pide anonimato.

El Gobierno ha justificado las capturas de inocentes como un «margen de error», según las llamó Bukele, como daños colaterales en la guerra que le declaró a las pandillas, a quienes culpa de la inédita jornada de homicidios de marzo pasado.

Con esta medida, además, su Gobierno ha logrado desarmar esfuerzos de reinserción de expandilleros —impulsados principalmente por iglesias evangélicas— y recapturó a quienes ya habían cumplido penas y renegado de su vida criminal. Todo esto, pese a que su política de seguridad, el Plan Control Territorial, contempla la reinserción como una de sus principales estrategias.

Cuando Lázaro se enteró del régimen de excepción y vio en las noticias las capturas masivas, se reunió con los expandilleros de su proyecto de reinserción para plantearles sus opciones: quedarse y confiar en que el buen testimonio que habían dado durante años fuera suficiente para librarse del régimen, ocultarse o huir. «Pero no quisieron esconderse, quisieron dar la cara y decir que no tenían por qué andar huyendo, que no querían una vida de andarse escondiendo», cuenta Lázaro. Porque ellos, enfatiza, «ya no pertenecen a este mundo». Ahora, las habitaciones en la iglesia están vacías. Se los llevaron a todos.

Esto también sucedió en al menos otras tres iglesias evangélicas que tenían programas de reinserción. Pastores que sostenían esos proyectos coinciden en que el régimen de excepción desbarató la esperanza que tenían estas personas de llevar una vida alejada de las pandillas.

—Nos han derribado— resume uno de ellos.

Para este reportaje, tres de los pastores que accedieron a hablar con LA PRENSA GRÁFICA pidieron anonimato por temor a ser capturados en el régimen de excepción. Otros, por la misma razón, negaron la entrevista. Los que hablan cuentan que, en suma, al menos 47 personas que hacían parte de sus proyectos, ubicados en el Área Metropolitana de San Salvador, fueron detenidas.

La resurrección de Lázaro

Antes de convertirse al cristianismo, Lázaro estaba purgando una pena de 20 años en el centro penitenciario La Esperanza, mejor conocido como Mariona, por un robo fallido. Era mediados de los noventa y entonces las pandillas no eran las organizaciones criminales en las que se convertirían con el transcurso de los años. Faltaba, además, una década para que gobernaran dentro de los penales. Durante aquellos años, las bandas de civiles eran las que dominaban en Mariona y acosaban a los pandilleros. Eso le pasó factura a Lázaro cuando se encontró ahí a personas a las que había dañado. No cuenta qué hizo, pero sí lo que cosechó.

«En esa cárcel estaba una persona a la que yo le había hecho daño. Y me amenazaba. Una vez, cuando me sentí desesperado, puse un lazo para colgarme y en eso llegó ese fulano con un machete y se me tiró encima. Me lo iba a meter en el cuello. Ahí, alguien me había prestado una biblia y yo le dije a Dios ‘si es verdad que existes líbrame de esta y yo te voy a servir’», cuenta.

Lo que narra después es propio de los testimonios de pandilleros que llegan a las iglesias a hablar sobre su conversión. Lo salvó lo que él califica como intervención divina. Recuerda que estaba rodeado de hombres que le anunciaban la muerte. «¡Matalo!», le gritaban una y otra vez al hombre que tenía el filo del machete contra su garganta. Pero algo, dice el pastor, interrumpió el plan: «No puedo», paró en seco el hombre con el machete, «hay una presencia alrededor de él que no me deja tocarlo».

Lázaro recuerda ese momento como su punto de quiebre. Buscó la iglesia que estaba dentro del penal porque ya no quería ser el pandillero del Barrio 18. Quería ser eso que su nombre significa: un «hombre ayudado por Dios». Al salir de prisión, tuvo la certeza de que su trabajo era fundar una iglesia. Ni siquiera su familia le creyó cuando le contó el sueño.

El PCT contempla, al menos en el papel, la reinserción en uno de sus cuatros ejes estratégicos: «Rehabilitación y reinserción» y, según el documento que contiene la afamada política de seguridad pública, busca prevenir delitos y fomentar la convivencia entre personas que fueron privadas de libertad a causa de un ilícito y el resto de la ciudadanía.

«La exclusión o aislamiento de la sociedad a través de la privación de libertad no debe implicar un hecho que determine de por vida a la persona. El Estado debe proveer herramientas para que aquellos que así lo decidan, puedan rehabilitarse y prepararse para su reinserción en la sociedad, sin importar la condición de exclusión en la que se encuentren», consigna el documento de 88 páginas.

Bukele, sin embargó, no solo ignoró lo que plantaba en el PCT y en el Plan Estratégico Institucional del Ministerio de Seguridad —que también pone a la reinserción como una de sus principales apuestas— sino que desarticuló los pocos esfuerzos que las iglesias evangélicas habían trabajado desde hace años para ayudar a expandilleros. A pesar de que, como lo señala el PCT, es un trabajo que corresponde al Estado.

La historia de Lázaro, en un país con 80 mil pandilleros —según las últimas cifras oficiales proporcionadas por el presidente Bukele—, no es excepcional. Un estudio de la Universidad de Florida reveló en 2017 que los pandilleros quieren dejar la vida criminal y «ven a las iglesias y programas de iniciativa religiosa como los ambientes más legítimos de transformación, rehabilitación y reinserción».

Mario Vega, pastor general de la Iglesia Elim, lo confirma: «Hay estudios que concluyen que los programas de reinserción más exitosos son los de las iglesias evangélicas». También reconoce que, en estos momentos, las condiciones para la reinserción «están muy difíciles».

La infancia de Lázaro fue precaria. Comer cuando se podía, ir a estudiar sin zapatos y con ropa regalada. Su juventud, turbulenta: fue uno de los primeros reclutados por la pandilla 18. Esto lo recuerda desde la iglesia que abrigó desde hace casi una década a 70 personas con historias parecidas a la suya. Hombres y mujeres desechados por la sociedad y con deseos de renunciar a la pandilla. En este lugar, en el que la esperanza de reinserción se veía un poquito menos lejana, todavía guarda la ropa, colchonetas y otras pertenencias personales de las personas detenidas por el régimen de excepción.

Expertos en seguridad también opinan que es casi imposible saber cuántas personas son afectadas por el cierre de estos espacios.

Luis Anaya, experto en seguridad pública con más de 20 años de trayectoria, señala que ningún Gobierno se ha preocupado realmente por sistematizar información que dé cuentas de cuántos pandilleros retirados hay en El Salvador.

El milagro que quedó en el olvido

Ropa y cepillos de dientes siguen aquí, como si no hubiera pasado más de un mes de su captura. Al fondo, se oyen los ladridos de un perro que, cada vez que alguien llega al lugar, parece agradecer la compañía. Esta casa era parte de un programa de reinserción, donde una docena de expandilleros podían vivir y trabajar como panaderos. Tal como en la iglesia de Lázaro.

Los hornos, algunos nuevos, están abandonados. Tal y como pasó en la iglesia de Lázaro y similar al que ocurrió en la iglesia Eben Ezer de la calle Sisimiles, de San Salvador, el 5 de mayo —donde agentes policiales llegaron a tocar el portón de la casa y capturaron a 27 expandilleros que se congregaban ahí— el panorama es desolador. 100 días de régimen desbarataron el trabajo de quienes asumieron las responsabilidades del Estado.

El Plan Control Territorial consigna que «una comisión conjunta del Ministerio de Justicia y Seguridad y la Dirección de Reconstrucción del Tejido Social sostendrá reuniones periódicas con representantes de las principales agrupaciones de organizaciones de la sociedad civil con la finalidad de articular esfuerzos en materia de prevención y seguridad». Entre estos actores clave el Gobierno señala a las iglesias.

Pastores consultados para este reportaje coinciden en que personas de Tejido Social se acercaron a ellos hace algunos meses con la supuesta intención de apoyar desde el Gobierno las iniciativas de reinserción social que habían emprendido. Pero eso nunca pasó. Por el contrario, se criminalizó a los hombres y mujeres que hacían parte de estos programas y también a sus pastores. «Ahora nos llaman colaboradores, simpatizantes o participantes. Ya no somos parte de la solución. Ahora somos parte del problema», dice uno de ellos que asegura que teme por su seguridad.

Algunas iglesias y programas de reinserción, como Huellas de Esperanza, estuvieron involucradas con la Dirección de Reconstrucción del Tejido Social en Proyecto Pionero, una iniciativa del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) que busca desarrollar, pilotear y evaluar un modelo de inserción social para personas con antecedentes de conflicto con la ley.

Sin embargo, los miembros de Huellas de Esperanza fueron capturados mientras estaban congregados en la iglesia de la calle Sisimiles, en el municipio de San Salvador.

Para este reportaje se buscó en tres ocasiones una entrevista con el director de la Dirección de Reconstrucción del Tejido Social, Carlos Marroquín, pero no respondió a la petición.

Comunicados de finales de 2021 e inicios de 2022 publicados por la Presidencia de la República anunciaron la transformación de los centros penitenciarios del país a través de la promoción y rehabilitación de los privados de libertad. Con planes como «Cero ocio» el Gobierno pretendía, al menos en sus notas de prensa, «fortalecer el proceso de reinserción».

Este tipo de programas, sin embargo, señala la directora de Derechos Humanos del Servicio Social Pasionista, Verónica Reyna, no funcionan para rehabilitar y reinsertar a las personas privadas de libertad. «Tampoco ha sido una apuesta. Fueron las iglesias evangélicas y algunas organizaciones las que asumieron el trabajo de reincorporar a personas que formaban parte de las pandillas a la sociedad. Los Gobiernos nunca han asumido de manera seria este tema y, con el régimen de excepción, la lógica más que de rehabilitación es de tortura y aniquilación», apunta.

Luis Anaya, que además ha escrito varios estudios sobre reinserción de expandilleros, explica que «no hay problemas en el tema de rehabilitación porque sencillamente no existe».

Con el anuncio que hizo el presidente Bukele sobre la construcción del megapenal en Tecoluca, que albergará a 40,000 privados de libertad acusados de pertenecer a las pandillas, Anaya considera que el Gobierno está apostando a crear bodegas de personas y no a rehabilitar a los detenidos que hayan cometido delitos.

El Temor de los pastores

Once días después de que Lázaro se mostrara firme en las bancas de su iglesia, habla con temor; su voz, la que hace unos días salía con potencia y desgarraba las palabras, es ahora más suave, más cautelosa. En un arranque de honestidad dice que «quizá tenga que salir del país». Le han contado que la Policía está revisando los registros de los privados de libertad desde antes del año 2000. Registros de quienes ya purgaron su pena en el sistema penitenciario y en los que se encuentra su nombre.

No es el único con esa sensación: «Claro que tengo temor. Temo por mi vida, por mi familia, por los feligreses; porque ahora, con este tema (el régimen de excepción) pastores que estaban con nosotros están detenidos», dice otro pastor que es cuidadoso con los detalles que revela sobre sí mismo y sobre su congregación. No quiere tener problemas.

«¿Y por qué se los llevan? Por ayudar», asegura.

Tomado de Resumen Latinoamericano Argentina/ Fuente: La prensa gráfica.

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