Desapariciones forzadas todavía duelen y mucho más la impunidad perpetuada por gobierno uruguayo

Por Liset García* / Colaboración Especial para Resumen Latinoamericano.

La rabia y la añoranza se emparentan y vuelven sobre la mesa de los reclamos pendientes en Uruguay, por la responsabilidad del Estado en perpetuar la impunidad, no solo ante las desapariciones forzadas durante la última dictadura cívico-militar, sino las vinculadas a la trata de personas, sobre las cuales pesa el silencio y la falta de acciones frente a los culpables.

Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos y otras organizaciones se reunieron en Montevideo para exigir una vez más al Ejecutivo que esclarezca los hechos más recientes de trata de personas, que tienen elementos comunes con los crímenes del terrorismo de Estado, y no se hace nada para investigar, esclarecer y detener la cadena de esos delitos.

Según publicó La diaria la pasada semana, la reunión tuvo lugar a propósito del Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada, que cada año se recuerda el 21 de agosto, en la cual María Zino, de la organización de Madres y Familiares, destacó las dificultades para acceder a la Justicia en los casos de desapariciones por trata de personas, y criticó la actitud del Ministerio del Interior y el Poder Judicial que concluyen que esas ausencias son voluntarias.

“El Estado es responsable de investigar”, replicó Zino, quien fustigó la falta de cifras oficiales y confiables de las personas ausentes. Solo se registran 52 mujeres desaparecidas, pero esa organización conoce más casos de desaparecidas a las que nadie busca, y le pasan esa tarea a las familias, aseguró.

Uruguay es territorio de origen, tránsito y destino de trata de personas y otras conductas asociadas a ese delito transnacional, caracterizado por un actuar basado en el engaño y las promesas ficticias para luego practicar con las involucradas esclavitud sexual, trabajo forzoso, pornografía y prostitución infantil.

Se evidencia una baja percepción de riesgo sobre estos fenómenos y sus formas de manifestación, de ahí que Zino manifestó la necesidad de reconocer que esto sucede en Uruguay, “y no es simplemente el secuestro y traslado a otro país, sino que también hay trata interna”.

En septiembre de 2021 el colectivo de Madres encontró elementos comunes a varios casos, por lo que presentó una denuncia penal para que se investiguen en conjunto. Y todavía están esperando respuestas ajustadas a derecho.

Por su parte, Eva Taberne, del mismo grupo de Madres, dijo que “sin ánimo de forzar las comparaciones”, hay vínculos entre las desapariciones de la dictadura y las vinculadas a la trata de personas, y destacó que por lo general quienes buscan a las víctimas son mujeres, familiares allegadas que irrumpen en el espacio público para reclamar por sus desaparecidas, según reportó La diaria.

Taberne explicó que hay una desaparición social previa a la desaparición forzada, pues muchas personas carecen de derechos, “viven una existencia residual”, deambulan por las calles, son adictas a las drogas, son “trans en situación de prostitución, cuyas vidas parecen no importarles a nadie”.

Presente entre las ponentes estaba Elizabeth Techera, madre de Florencia Barrales, desaparecida en marzo de 2019, quien destacó el rol de la lucha de las mujeres en la búsqueda de las personas desaparecidas. Narró que su hija estaba en situación de calle y que para encontrarla no conseguía “el apoyo que necesitaba”. Luego de hacer la denuncia, y de una “búsqueda incansable y en solitario”, se conectó con quienes promueven la campaña ¿Dónde están nuestras gurisas?, lo que le permitió “llegar a Fiscalía General de la Nación y a otros lugares”.

La esperanza de que el Estado se involucre en el enfrentamiento a estos hechos es casi nula, pues todavía están pendientes los casos de delito de lesa humanidad cometidos durante la dictadura y los años previos al golpe de Estado que enlutaron a esa nación. Según la Fiscalía especializada en esos crímenes, están en proceso un centenar de investigaciones de violaciones a los derechos humanos durante ese período.

Pesan sobre esas causas las excepciones de inconstitucionalidad o prescripción presentadas por las defensas atenidas a la Ley de Caducidad, promulgada en 1986, a fin de asegurar que se renunciara a juzgar a quienes cometieron crímenes de lesa humanidad, lo cual es contrario al derecho internacional.

De acuerdo con resoluciones pactadas por la ONU, queda prohibida la aplicación de perdones o beneficios de ejecución de la pena a los responsables de violaciones serias a los derechos humanos, el crimen de genocidio y los crímenes de lesa humanidad, por lo que la mencionada caducidad de esos delitos en Uruguay es absolutamente nula desde el punto de vista jurídico, señalan los expertos.

Relatores de Naciones Unidas han marcado la existencia de distintas resoluciones de ese organismo referidas a las obligaciones de los estados de investigar y sancionar las violaciones de los derechos humanos. Y también han remarcado que “no investigar y enjuiciar esas infracciones constituye de por sí un incumplimiento de las normas de los tratados de derechos humanos”.

El historial de la dictadura golpista (1973-1985) recoge además de los desaparecidos, el exilio forzoso a que lanzaron a cerca de 380.000 ciudadanos de esa nación, casi el 14% de la población, por lo que cada año son multitudinarias las demostraciones en las llamadas Marchas del Silencio junto a la tradicional margarita a la que le falta un pétalo, símbolo de los ausentes. Sus reclamos siguen en pie: que no se detengan las búsquedas y se juzgue a los culpables.

(*) Periodista cubana. Colabora con Resumen Latinoamericano.

Foto de portada: desaparecidos.org.uy.

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