Argentina: El frustrado magnicidio y sus profetas

Por Atilio A. Boron.

Lo ocurrido no fue un crimen perpetrado contra una persona, aunque no haya culminado como se esperaba, sino contra la “democracia de baja intensidad” que existe en la Argentina.

Aun así, con sus penosas limitaciones y su incapacidad para construir una sociedad más justa e inclusiva aquélla despierta la furia y la impaciencia de una derecha que no ve la hora gobernar directamente, sin apelar a la mediación de molestos intermediarios que no se atreven a refundar el capitalismo argentino liquidando las principales conquistas sociales de los últimos ochenta años. 

Hablo de la derecha pero, ¿qué es la derecha? Respuesta: un heteróclito conglomerado en donde conviven el gran empresariado nacional, los sectores oligárquicos tradicionales y las multinacionales que actúan en casi todas las ramas de nuestra oligopolizada economía. En otras palabras, la derecha tiene su núcleo duro en la cada vez más concentrada riqueza en sus múltiples manifestaciones. Ricos, poderosos y privilegiados son sus miembros si bien conforman un grupo muy inestable dados los conflictivos intereses en juego. Los une la defensa del capitalismo, de la propiedad privada y las riquezas que han acaparado hasta el hartazgo y el odio y temor a los pobres.

No obstante este bloque social cuenta con un director de orquesta que lo ordena, le otorga coherencia y potencia la eficacia práctica de sus intervenciones. ¿De quién estamos hablando? Del inquilino de la embajada de Estados Unidos, Marc Stanley en este caso, que haciendo a un lado todas las reglas de la diplomacia se permitió días atrás proponer públicamente a los líderes de la oposición la estrategia política que deberían adoptar para enfrentar al gobierno nacional, y hacerlo ya mismo, sin esperar al 2023. La intromisión de Stanley estuvo precedida por una larga lista de embajadores que incurrieron en la misma práctica. 

El caso más notable fue el de Spruille Braden, que en 1945 organizó desde sus oficinas a la Unión Democrática que se opondría sin éxito a Juan D. Perón en las elecciones del 24 de Febrero de 1946. El inmediato predecesor de Stanley fue Edward Prado, quien llegó a este país enviado por Donald Trump en 2018 asegurando que venía para “trabajar juntos para mejorar el sistema judicial argentino.” ¡Y vaya si lo ha mejorado! Gracias a su gestión hoy tenemos fiscales que son un ejemplo para el mundo, como Diego Luciani, que en la “Causa Vialidad” midió sus evidencias no por la rigurosidad de sus pruebas sino por su peso en toneladas, una notable innovación en la ciencia del Derecho. 

Quizás debamos señalar entre los logros de Prado la aparición de jueces dotados de una amplísima cultura jurídica, como Federico Villena, quien gracias a su erudición y cosmopolitismo puede decidir si aplica las leyes de este país o las que rigen Estados Unidos para resolver los asuntos que llegan a su juzgado de Lomas de Zamora. En el caso del avión de carga de la empresa venezolana EMTRASUR decidió, con arreglo a las leyes y resoluciones del gobierno de Estados Unidos, retener al Boeing 747 y sus diecinueve tripulantes pese a la inexistencia de datos que prueben la comisión de delito alguno, lo que constituye una flagrante violación de la legislación argentina. Pero, seguramente que aleccionado por Prado Villena sabe que órdenes son órdenes, sobre todo cuando proceden de Washington, y se acatan sin chistar. Para vergüenza de nuestro país, tanto el avión como su tripulación aún se encuentran retenidos en la Argentina.

Por supuesto que este “núcleo duro” de la derecha está acompañado por un conjunto de grupos e instituciones profundamente conservadoras. Las diversas confesiones religiosas, salvo contadísimas excepciones, lo protegen con sus rezos; la dirigencia política tradicional lo hace con sus tramoyas parlamentarias que agigantan la riqueza de los ricos y empobrecen a los pobres y la cloaca mediática aporta su interminable sucesión de fake news y sus escandalosos encubrimientos del pillaje que la clase dominante practica nuestro país y su gente. 

Por su parte, amplios sectores del Poder Judicial, especialmente la justicia federal, cuida celosamente sus intereses mediante la descontrolada aplicación de todas las trampas y maquinaciones del lawfare , concebido para sacar del juego político a cualquier líder, lideresa, u organización política que sea percibida como una amenaza a los intereses de las clases dominantes locales y sus jefes en la metrópolis imperial. No es un dato menor que jueces, fiscales y periodistas sean blanco preferencial de los cursos de “buenas prácticas” que regularmente se imparten en Estados Unidos y a los cuales concurren año tras año centenares de latinoamericanos para ser “correctamente” entrenados en sus respectivos oficios. 

El ex juez Sergio Moro, de Brasil, que condenó a Lula porque estaba convencido de que había delinquido aunque no tenía pruebas de ello participó en dos ocasiones en esos cursos de “buenas prácticas” de la administración de justicia. Es el caso más famoso, aunque hay un buen número de jueces y fiscales de la Argentina que con sus tropelías ya rivalizan con el brasileño.

Como lo dijimos en otro lugar el ataque a CFK sólo es comprensible en el marco de un “clima de opinión” que estimuló la violencia hasta su paroxismo y en donde la derecha económica y sus representantes políticos, mediáticos y judiciales desempeñaron un papel fundamental como instigadores y autores intelectuales del frustrado magnicidio. 

Esto porque tras largos años de prédicas y propalación de cuanta mentira sea imaginable, de innumerables “operaciones” de los servicios y querellas judiciales carentes de todo fundamento (pero ampliamente reflejadas en los medios) se logró el “linchamiento mediático” de Cristina, convirtiéndola en la suprema encarnación del mal. El sicariato mediático le dedicó los más groseros insultos, la hostigó sin límites y la “deshumanizó” hasta convertirla en el mal absoluto, ante el cual lo único sensato que una sociedad puede hacer para protegerse de su nefasta influencia es enviarla a una cárcel e inhabilitarla de por vida para cualquier cargo público o, de no ser esto posible, matarla. Por eso tratan de restarle importancia al frustrado magnicidio; o decir que en realidad fue un autoatentado; o que el potencial asesino es un “lobo solitario” que actuó por su cuenta; o que al fin y al cabo esa violencia había sido sembrada por Cristina y ella estaba recogiendo lo que con fanático ardor sembró durante tanto tiempo. Los medios, los formadores de opinión y la justicia desastrada de este país nada tienen que ver con el criminal episodio.

Un solemne opinólogo de La Nación, Joaquín Morales Solá, llegó a escribir en su editorial del pasado domingo 4 de septiembre que “el odio no existió en la política argentina hasta que los Kirchner se hicieron cargo del poder.” Cuesta creer que un personaje que escribe en el más antiguo periódico de la Argentina pueda ser tan desmemoriado, o ignorante. De no ser ni lo uno ni lo otro, ¿estamos en presencia de un mentiroso serial? Los lectores tienen la última palabra. Seguramente que para este propagandista (no confundir con un periodista, ¡por favor!) 

Mariano Moreno tropezó en la cubierta de la nave que lo llevaba a Inglaterra y se cayó al mar, nadie lo envenenó causándole la muerte; a Santiago de Liniers y a Manuel Dorrego no los fusilaron sino que fueron objeto de un mero simulacro, luego de lo cual partieron alegremente rumbo a Europa; la exhortación de Domingo F. Sarmiento (en una carta al fundador de La Nación, Bartolomé Mitre) de que “no trate de economizar sangre de gauchos” es una declaración de amor del sanjuanino por nuestra gente de campo; la “Campaña del Desierto” fue una excursión civilizadora en donde se practicó un robo y un genocidio a escala superlativa, pero sin la menor brizna de odio, desprecio o prejuicio para con los pueblos originarios que poblaban aquellas tierras; tampoco fue el odio lo que hizo que durante la dolorosa agonía de Evita algunos egregios personeros de los valores republicanos escribieran en las paredes de la ciudad “Viva el Cáncer” o convalidaran el bombardeo de los aviones de la Marina sobre la Plaza de Mayo, en un día hábil, matando a 308 personas, entre ellos varios niños, e hiriendo y mutilando a más de ochocientos. Por supuesto no hubo odio que movilizara a quienes ordenaron la ejecución de militantes peronistas en los basurales de José León Suárez, o los que secuestraron por largos años el féretro con los restos de Evita y los que amputaron ambos manos del cadáver de Juan Perón. Como tampoco hubo señales de odio en el “plan sistemático” tortura y desaparición de personas de la dictadura cívico-militar, terrorista y genocida, a la cual el editorialista de La Nación apoyó durante toda su existencia.

Desgraciadamente, la historia de nuestro país está surcada, de punta a punta, por el odio, por el desprecio que la clase dominante siente en relación al pueblo. No fue un invento del kirchnerismo sino que aparece en los albores mismos de nuestra historia como uno de los más gravosos legados de la época colonial. A fines del siglo pasado la filósofa española Adela Cortina acuñó un neologismo: “aporofobia” para referirse al “rechazo, aversión, temor y desprecio hacia el pobre”, actitud que emergía con fuerza en el mundo desarrollado. (1) “Áporos” en griego es una persona pobre, un indigente y “phóbos” ya todos sabemos lo que es: temor, miedo, pánico. La “aporofobia” se ha acentuado en el marco de la crisis actual del capitalismo pero está lejos de ser un fenómeno enteramente novedoso. Está incorporado en el ADN de la sociedad capitalista y recorre toda nuestra historia. 

En la actualidad esa patología social está potenciada por la formidable penetración de los medios de comunicación de masas y las redes sociales que formatean las conciencias y predican incansablemente el odio, lo que convierte al magnicidio en una opción completamente naturalizada para ciertos sectores de nuestra sociedad. 

Es necesario un castigo ejemplar para los perpetradores del frustrado magnicidio pero también para sus instigadores, lo que será muchísimo más difícil pero igual algunos jueces y fiscales aún no contaminados por la putrefacción de ciertos sectores de la justicia tendrían que intentarlo. Esta operación es indispensable para evitar que la política se degrade y termine siendo reemplazada por un escenario hobessiano de guerra de todos contra todos, en donde el asesinato político y el magnicidio devengan en modos aceptados de hacer política. 

Para ello será imprescindible que la democracia haga realidad la promesa de la justicia social y también que desarrolle estrictas regulaciones que penalicen fuertemente los discursos del odio o los llamados a la violencia contra cualquier categoría de personas, definidas sea por su identidad religiosa, de género, de lengua, de etnia, nacionalidad, sus ingresos, su condición de clase o sus creencias políticas. 

Si fracasa en este empeño será muy difícil aventar el riesgo de una tenebrosa involución que vaya desde una política alejada de las necesidades de la ciudadanía hacia una insustancial y frustrante “antipolítica”, preludio inexorable del reinado de la violencia.

Nota: (1) Concepto desarrollado en su libro (1996). Ética. (Madrid: Santillana, 1996). Ver también la compilación preparada por Mónika Arredondo y el autor de estas líneas: Clases Medias Argentinas: la política del odio y el temor que reúne contribuciones sobre esta problemática de Horacio Gonzáles, Gustavo Varela, Sandra Russo, Oscar Sotolano, Alejandro Grimson, Menara Guizardi y los propios compiladores. (Buenos Aires. Ediciones Luxemburg, 2021) 

Tomado de Página/12 / Foto de portada: Ámbito Financiero.