Uruguay: Por más derechos para pueblos originarios
Por Liset García */ Colaboración Especial para Resumen Latinoamericano.
Los pueblos ancestrales de Uruguay verán por fin sus derechos reconocidos si el gobierno del país decide adherirse al Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre pueblos indígenas y tribales, ignorado hasta ahora, con lo que se coloca en la escasa lista de naciones de América del Sur que no lo han hecho suyo.
En estos días, la Comisión de Legislación del Trabajo y Seguridad Social de la Cámara de Representantes discute si aprueba solicitarle al Poder Ejecutivo que envíe un proyecto de ley al Parlamento para ratificar ese tratado internacional, que reconoce el derecho de los pueblos indígenas a asumir el control de sus propias instituciones y su desarrollo económico, a la par de mantener y fortalecer su cultura, su identidad, sus lenguas y sus religiones.
El mencionado Convenio de la OIT recoge además el derecho de esas comunidades a participar de manera efectiva en las decisiones que les afectan. Se ha reconocido que incorporar criterios específicos de respeto a los indígenas y precisar el carácter superior de su diversidad cultural, es un freno a quienes imponen visiones de subvaloración y amparan proyectos de desarrollo extractivos que, en la práctica, llevarían al exterminio de los pueblos indígenas.
El Convenio es un instrumento jurídico con carácter vinculante para los países que lo ratifican, lo cual supone el compromiso de adecuar las legislaciones nacionales a fin de cumplir sus disposiciones y sobre ellas están obligados a rendir cuenta periódicamente a la OIT, creada en 1919 que pasó a ser un organismo especial de las Nacionales Unidas en 1945.
Especialmente en Uruguay predominan las etnias charrúas, que son las más numerosas, y también los minuanes, bohanes, guenoas, yaros, chanaes y guaraníes, que también pueblan otras regiones próximas. Se considera que parte de la toponimia del país es de origen guaraní, incluido su nombre: Uruguay, ya que fueron ellos quienes sirvieron de intérpretes a los colonizadores que cartografiaron el sitio durante la conquista.
Pese al genocidio de que fueron víctimas los indígenas que poblaban su actual territorio a la llegada de los españoles, y a la férrea persecución a que fueron sometidas las tribus rebeldes y las continuadas matanzas después, todavía hay poblaciones ancestrales y sus descendientes.
En el censo nacional del 2011, unas 134 000 ciudadanos declararon tener alguna ascendencia indígena, cifra que es alrededor del cuatro por ciento de la población de la república. Sin embargo, una representante del Consejo de la Nación Charrúa, Mónica Michelena, ha explicado que en 2019 hubo rechazo al tratado con el argumento de que “no tenemos pueblos indígenas”.
En cambio, la directora de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (INDDHH), Jimena Fernández, señaló “como dato objetivo” que en Uruguay “existe una comunidad indígena autopercibida como tal de aproximadamente 160 000 personas”, con un acceso a los derechos “claramente reducido” en comparación con otras comunidades y sin “territorios identificados”.
En la discusión parlamentaria han participado representantes de pueblos originarios, el gobierno, el movimiento sindical y la academia, con criterios diversos, a veces encontrados. Otros integrantes de la INDDHH, al considerar el proyecto, hicieron advertencias sobre eventuales consecuencias de la aplicación del tratado.
Al intervenir en el debate, Daniel Gerhard, diputado del Frente Amplio (FA), analizó que los representantes de pueblos originarios han hecho una firme demanda de reconocimiento a su identidad y al aporte cultural que realizan a la sociedad, en momentos en que se celebra la diversidad de manera superficial y hay una fuerte tendencia a homogeneizar a las personas.
Por su parte, el impulsor de la iniciativa en el Parlamento, el también frenteamplista Felipe Carballo, explicó que hasta finales de noviembre o principios de diciembre proseguirán los debates, y anunció que su bancada ya resolvió “dar el visto bueno” y asumirlo como su proyecto.
El Convenio 169 de la OIT, adoptado en 1987 al ampliar el alcance del anterior firmado en 1957, es uno de los llamados logros de la Amazonía para los pueblos indígenas, y se ha convertido en referencia internacional por proteger y reivindicar los derechos de estas comunidades a no ser discriminados ni marginados.
Una de las pretensiones de mayor vuelo del Convenio es consagrar el derecho fundamental a la consulta y el consentimiento previo, libre e informado de lo que suceda en territorios ancestrales, de gran importancia para los pueblos amazónicos, aunque ese acápite es frecuentemente violado por compañías transnacionales explotadoras de sus recursos naturales.
Son firmantes del Convenio más de 20 países, 15 de ellos de nuestra área geográfica, donde pese al mestizaje y según estimaciones, viven unos 50 millones de descendientes directos de los indígenas.
(*) Periodista cubana. Colaboradora de Resumen Latinoamericano.
Foto de portada: Nuevo Herald/ Archivo.
