Uruguay crece y no reparte bienes sino hambre
Por Liset García * / Colaboración Especial para Resumen Latinoamericano.
Las ollas populares que han auxiliado a un importante grupo de familias uruguayas durante la pandemia y después, están ahora en el blanco del gobierno de Lacalle Pou, y no precisamente para beneficiar a los sectores más vulnerables del país, necesitados de esa tabla de salvación, que nació como paliativo provisional y ahora es opción permanente.
Sin embargo, la arremetida del gobierno contra las ollas populares parece una estrategia de quien pretende matar al mensajero para no hacerse responsable del problema, según denuncia el senador por el Frente Amplio, Charles Carrera. Al final, en cualquier escenario “los que pagan los platos rotos son los sectores más vulnerables”, escribió en Montevideo Portal.
Un estudio realizado por la organización sin fines de lucro Solidaridad Uy, arroja que entre marzo de 2021 y marzo de este año, aumentaron las porciones elaboradas, de 509 mil a 516 mil, a lo que se suma que “hay 66 mil personas pobres más que en 2019, y se alimentan mediante las ollas cada semana unas 170 mil”, según revela el presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira.
Sin embargo, el país ha tenido un crecimiento sostenido. Pero, aclara en su artículo el senador Carrera, Uruguay crece y no reparte bien, o sea, “descuida a la población más vulnerable”, y lo que viene detrás “es la inseguridad alimentaria o, dicho más directamente: el hambre”.
Al comentar un informe emitido la pasada semana por el Instituto Nacional de Estadística (INE), poco sospechoso de manipular datos a sabiendas de que es una institución oficial del Estado, queda claro que la inseguridad alimentaria en Uruguay es un tema preocupante. Pero habría que ver para quien lo es. Por lo que parece, no para el gobierno, mucho menos para Lacalle Pou.
Los datos hablan por sí solos: el 15% de los hogares padece inseguridad alimentaria moderada o grave. Esta última aqueja al 2,6% de los hogares y a un 2,9% de las personas, entre ellos, los niños y las niñas, mientras crecen las ganancias de las grandes empresas y de quienes más tienen.
Pero poco o nada se puede esperar de un gobierno que durante la pandemia redujo la actividad económica y dejó sin empleo a miles de trabajadores, y tampoco cubrió sus necesidades básicas. Al propio tiempo impactó en los bolsillos de la ciudadanía al subir el costo de los alimentos, de los combustibles y de la vida en general, lo que significó incremento de la pobreza, evidencia de un fuerte retroceso social.
Al reflexionar sobre el “hambre en un país que crece”, Charles Carrera deduce que “los datos publicados por el INE deberían ser fundamentales para que el gobierno, sin más demora, atienda este tema. La evidencia científica es demostrativa del problema, el cual debe encararse con políticas públicas adecuadas. Resulta indignante que un país con la capacidad de alimentar a millones de personas tenga problemas de déficit alimentario”.
La paradoja se completa al saber que ciudadanos y empresas han hecho crecientes depósitos de dólares en bancos nacionales y en el exterior, realidad a la que se añade el aumento de las exportaciones en 2021 y lo que va de este año, cuyas ganancias se concentran en pocas manos mientras “hay sectores sumergidos y pasando hambre”, muchos más que en 2019, cuando Lacalle se preparaba para asumir el poder mediante todo género de promesas.
“Es imperdonable –concluye su texto el senador Carrera–, que haya hambre en nuestro país mientras existe crecimiento económico. Que ambas cuestiones convivan demuestran las muy malas políticas públicas desarrolladas por el gobierno. Lamentablemente, todo indica que esta será la herencia del gobierno que prometió los mejores cinco años de nuestra vida”.
(*) Periodista cubana. Colaboradora de Resumen Latinoamericano.
Foto de portada: Santiago Mazzarovich.
