Aborto en Argentina: Una lectura sobre el engranaje médico, jurídico y religioso

Por Mariana Carbajal.

“Aunque la violación del secreto profesional está tipificada en el Código Penal como delito, en el sistema médico y en la justicia se la tolera o directamente no se la considera como una conducta criminal”, advierte la activista feminista y abogada Natalia Saralegui Ferrante, investigadora en el Instituto O’Neill de la Universidad de Georgetown, en Estados Unidos. ¿Por qué persiste esa percepción? Una de sus consecuencias es la criminalización de mujeres que tienen abortos espontáneos u otras emergencias obstétricas, y que cuando recurren a un hospital público para pedir ayuda médica terminan denunciadas. “¿Acaso el cuerpo médico denuncia por miedo o por convicciones morales o religiosas?”, se pregunta Saralegui en el libro “Entra una paciente, sale una denuncia. El engranaje médico, jurídico y religioso que permite los procesos penales contra pacientes” (Siglo XXI Editores), que acaba de publicar junto a las abogadas María Lina Carrera y Gloria Orrego-Hoyos. El libro, que se presenta en el CCK el 9 de marzo, es el resultado de una extensa investigación que incluyó más de cien entrevistas en distintos puntos del país, en hospitales y juzgados, la revisación de planes de estudios de las carreras de Medicina y Derecho y el análisis de jurisprudencia.

“El motor que dio vida a esta investigación fue un cúmulo de dudas. Una catarata de preguntas sobre el por qué y el cómo las denuncias se gestan en los pasillos de los hospitales, toman cuerpo en los tribunales, sin que nadie detenga ese delito, y se traducen en expedientes penales, detenciones, e incluso condenas”, cuentan las autoras.

 En ese verdadero engranaje –señalan– se combinan varios factores: la escasa formación de los médicos y abogados sobre el secreto profesional, sus temores, las condiciones de trabajo en hospitales y en los tribunales y la intervención militante de la Iglesia católica en centros de salud.

“El libro busca responder a un fenómeno que descubrimos cuando empezamos a investigar la problemática de las mujeres criminalizadas por eventos obstétricos –que plasmamos en el libro Dicen que tuve un bebé– que tenían que ver con que la gran proporción de estos casos ingresaban a la justicia por violación del secreto profesional”, dice Saralegui en diálogo con Página/12.

Esa percepción, que fue volcada en un informe que realizaron las autoras junto con el CELS, el Centro Universitario San Martín (CUSAM) y la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto en 2020, fue confirmado como un problema no solo nacional sino regional –subraya Saralegui– a partir del fallo contra el Estado de El Salvador de noviembre de 2021 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso conocido como Manuela. La historia de Manuela se parece mucho a la de Belén, la joven tucumana que fue denunciada en Tucumán en una guardia hospitalaria luego de sufrir un aborto espontáneo y terminó condenada por homicidio agravado por el vínculo. Luego, a partir de que tomara su defensa la abogada Soledad Deza, de Tucumán, la corte tucumana finalmente la absolvió.

El tema cobra actualidad nuevamente en Tucumán donde ocurrieron otros dos casos testigos que muestran la impunidad con la que se viola el secreto médico, con aval judicial. También en estas causas tiene un rol relevante la abogada Deza, de la ONG Mujeres X Mujeres. El hecho más reciente tuvo lugar en 2022 cuando el fiscal Carlos Sale–titular de la Unidad de Homicidios 2– libró un oficio al Sistema Provincial de Salud (Siprosa) para que le informe sobre todas las mujeres que habían ingresado entre el 30 y 31 de agosto por la guardia de hospitales y en centros de salud de Tucumán “con signos corporales compatibles con aborto o parto reciente“, luego de que se hubieran encontrado restos fetales en un desagüe, en una localidad rural de las afueras de la capital. Según pudo saber este diario, el SiProSa entregó la información solicitada. Desde la ONG tucumana Mujeres X Mujeres, denunciaron al fiscal el 6 de setiembre por instigación a violar el secreto profesional. Pero el 9 de febrero el fiscal regional Mariano Fernández, encargado de investigar la actuación de jueces y fiscales, decidió archivar la causa. Mujeres X Mujeres apeló y a fines de febrero el juez penal Guido Leandro Cattáneo tomó intervención en el caso: no dejó firme el archivo y le pidió al fiscal regional que revise esa decisión y diga si va a investigar o no la denuncia contra Sale.

El otro caso emblemático que busca una condena ejemplar contra quienes violan el secreto profesional es el conocido como María Magdalena, revelado por Página/12 en su momento, detallado en el libro Entra una paciente…, y que también viene impulsando hace una década la abogada Deza para evitar que queden impunes dos médicas de la Maternidad Nuestra Señora de las Mercedes, la más importante de la capital tucumana, que denunciaron a una mujer por supuestas maniobras abortivas, cuando llegó a la guardia con un aborto en curso. En lugar de ocuparse de su salud, las médicas alertaron a la policía, permitieron que uniformados ingresaran a la sala de parturientas para tomarle declaración, le hicieron un legrado sin anestesia, y hasta le mostraron el feto a su pareja. En 2021 la Corte Suprema le ordenó a la justicia de Tucumán investigar las conductas delictivas –entre ellas la violación del secreto médico y la violencia obstétrica– ejercidas por las dos profesionales. Hasta ese momento todas las instancias judiciales de Tucumán se habían negado a investigar el caso. El mismo fiscal regional que tiene la causa contra Sale, tiene a su cargo la investigación del caso de María Magdalena. Por primera vez las dos médicas fueron citadas como imputadas.

–¿Cuáles son los factores que influyen para que se siga violando el secreto profesional?– le preguntó a Saralegui este diario.

–Un problema en el modelo médico hegemónico en donde el rol de efectores y efectoras de salud en hospitales se construye bajo un sistema militarizado en el cual las jerarquías son difícilmente conmovidas y donde hay prácticas o culturas profesionales muy arraigadas, que se van pasando de generación en generación, una idea de que las cosas si se hacen de una manera se siguen haciendo así, como una tradición. A veces, se denuncia ante el temor de un residente o de médicos o médicas jóvenes de enfrentarse con sus superiores o de desobedecer una pauta general de trabajo de los hospitales, o incluso, tienen temor de tener represalias formales o informales por desafiar a autoridades tan rígidas que identificamos dentro de la cultura profesional vinculada con el universo médico. Por el otro lado, en la justicia encontramos el segundo problema: porque una denuncia que es inválida por ser violatoria de las garantías constitucionales en sede judicial debería ser desestimada y esto no sucede en algunos casos.

–¿Por qué ocurre eso?

–Identificamos una confusión muy grande o quizás un vestigio muy claro de la justicia entendida como un poder inquisitivo en donde la averiguación de la verdad vale más que el cumplimiento de los deberes de garantizar las pautas, por ejemplo, vinculadas al secreto médico profesional, a preservar ese vínculo tan importante de confidencialidad que tiene que haber entre efectores y efectoras de salud y usuarias del sistema.

El libro incluye una serie de recomendaciones, que proponen distintas estrategias para erradicar la violación del secreto profesional: en primer lugar, plantean que el Estado debería reconocer el problema. También señalan la necesidad de fomentar asociaciones profesionales como la Red de Profesionales por el Derecho a Decidir y realizar capacitaciones en la justicia. 

Tomado de Página/12 / Foto de portada: Periódicas.