España: Por una ley de mínimo vital de agua
Por Agustín Moreno
A mediados del siglo XIX, Friedrich Engels escribió La situación de la clase obrera inglesa estableciendo una relación causal entre las condiciones de vida y de trabajo y la salud de la población. Paralelamente se venían produciendo epidemias de cólera que provocaron decenas de miles de muertes en Inglaterra y Gales. Las epidemias surgían en las periferias y en los barrios obreros como el Soho londinense (1854), pero como las élites burguesas no podían estar a salvo, ello obligó a adoptar medidas para combatirlas. Se crearon comités de higiene pública y el médico John Snow concluyó que el cólera estaba vinculado al agua infectada y a la falta de higiene. Se descubrió que un suministro de agua potable y un alcantarillado eficaz mejoraba la salud pública y crecía la esperanza de vida. Fue el comienzo de la epidemiología contemporánea.
El valor del agua lo convierte en un derecho humano. El agua es, junto con el aire, el elemento más vital para la salud y la supervivencia de las personas. La Asamblea General de Naciones Unidas reconoció en 2010 que el agua potable y el saneamiento son derechos humanos esenciales para el pleno disfrute de la vida y de los demás derechos humanos. Al formar parte del derecho internacional es legalmente vinculante para nuestro país como Estado firmante del Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Ello obliga a los poderes públicos a protegerlos, proveerlos y a evitar que se puedan obstaculizar el acceso a ellos.
Un derecho humano amenazado. La definición de los derechos al agua potable y al saneamiento se sustenta en los principios de universalidad, igualdad y no discriminación, acceso a la información, participación ciudadana, transparencia, rendición de cuentas y sostenibilidad social, económica y medioambiental. Pero es un derecho humano amenazado al estar en el punto de mira del saqueo neoliberal. El agua es un objeto de deseo para las grandes corporaciones por su valor estratégico. Ello desata pulsiones privatizadoras que crecen ante la perspectiva de crisis climática y reducción de recursos hídricos. En este sentido, su salida al mercado de futuros de materias primas, de Wall Street, ha abierto más aún la puerta a la especulación con el agua. Por ello urge reconocer, y garantizar en nuestra sociedad los derechos humanos al agua potable y al saneamiento.
La crisis ecológica revaloriza el agua. Y en esto llegó la aceleración de la crisis ecológica que coloca al planeta al borde del abismo. Los fenómenos meteorológicos extremos que produce el calentamiento global harán que se sucedan y agraven los años de sequía extrema y de inundaciones catastróficas con poca posibilidad de aprovechamiento de esa agua. Países como España están en un umbral geográfico en el que se va a manifestar con más radicalidad este problema y tiene un grave riesgo de desertificación. Si el problema de fondo es que falta agua, que la tendencia es decreciente y que cambiar las prioridades y los hábitos de consumo no es fácil y requiere tiempo, la perspectiva es de frustración y de conflicto.
El agua en un contexto de crisis general. Desde la crisis económica de 2008 no levantamos cabeza. A la pandemia del Covid-19, con sus consecuencias socioeconómicas, le han sucedido la derivada de la guerra de Ucrania, la de suministros y la inflacionaria. Todo ello aumenta de manera galopante las desigualdades y la exclusión social. El último informe Oxfam Intermon lo resume en una imagen obscena: el 1% más rico de la humanidad acapara casi 2/3 de la nueva riqueza desde 2020, 52 billones de dólares, casi el doble que el 99% restante.
En España también han aumentado mucho la pobreza y la vulnerabilidad social. Los datos son duros: la mitad de los hogares vulnerables no puede pagar la vivienda o los suministros básicos; aumentan las personas que viven en las calles. Debido a la pandemia, la pobreza puede haber aumentado en más de un millón de personas, según Oxfam, llegando al 23% de la población. Según el Informe Foessa, la Comunidad de Madrid ya encabezaba en 2019 la desigualdad en España, con el 16,2% de la población en condiciones de exclusión social.
Blindar el derecho humano al agua y evitar la fractura social con los sectores más vulnerables exige saltar de las medidas paliativas a los derechos garantizados. El reto es legislar para asegurarlos. Los diferentes escudos sociales creados por el Gobierno de España para aliviar las situaciones más extremas han tenido su efecto positivo. Los RDL 8 y 11/2020 garantizaban los servicios básicos de agua, gas y electricidad y prohibían los cortes de suministro. Luego se han ido prorrogando por las presiones sociales. En este mismo sentido, la Asamblea de Madrid, aprobó por unanimidad una proposición no de ley destinada a prohibir los cortes de agua al Canal de Isabel II.
En este sentido, una veintena de organizaciones han puesto en marcha la campaña Agua y Saneamiento, derechos humanos básicos para la vida. Ha organizado unas Jornadas en la Asamblea de Madrid que han contado con el apoyo de los grupos parlamentarios progresistas. Unidas Podemos nos comprometemos a recoger en el programa electoral las propuestas que plantea en el ámbito de la Comunidad de Madrid:
1. Una Ley que garantice la disponibilidad de un mínimo vital de agua y la prohibición de cortes de suministro para hogares en condiciones de vulnerabilidad económica y social. El nivel mínimo esencial de agua o mínimo vital en ningún caso será inferior a 100 litros por persona y día. Y los principios generales a aplicar serían los de igualdad y no discriminación, disponibilidad y calidad, accesibilidad y asequibilidad, sostenibilidad y participación.
2. Asegurar las necesidades personales y domésticas. Los ayuntamientos garantizarán el mínimo vital a través de la formalización de protocolos con el Canal de Isabel II que establezcan la intervención previa de los servicios sociales municipales en caso de cortes de suministro.
3. Garantizar los derechos en los espacios públicos y comunes. Planificación de instalaciones que permitan el acceso al agua, asegurando que cumplan con requisitos de accesibilidad, privacidad y dignidad para las personas que la usen. En concreto: una red de fuentes de agua en el ámbito urbano, centros de salud, escuelas, universidades, instalaciones deportivas, lugares de trabajo, estaciones, etc.; redes de aseos públicos que cubran el ámbito urbano de los municipios; casas de baños para la higiene personal. Promocionar el uso del agua de grifo recogido ya por la ley 7/2022 de residuos y suelos contaminados y evitar la generación de residuos plásticos.
La Ley constituye un primer paso para incorporar la perspectiva de los derechos humanos a la gestión del agua en la Comunidad de Madrid, y para poner en valor la función social, ambiental y cultural del recurso, su condición de bien común y la conveniencia de gestionar el sistema de suministro y saneamiento como un servicio público de interés general.
El grado de civilización de una sociedad se debe medir por parámetros de protección del bien común y de cumplimiento de los derechos humanos. En la medida en que el agua es una necesidad universal, satisfacerla debe ser un objetivo estratégico en las sociedades actuales.
Tomado de Infolibre/ Foto de portada: Getty Images
