Uruguay ¿adiós al puerto de Montevideo?

Por Liset García* / Colaboración Especial para Resumen Latinoamericano.

A escasas semanas de que se cumplan dos años desde que echó a andar el acuerdo entre el gobierno de Lacalle Pou y la empresa europea que gozará de los derechos al manejo del Puerto de Montevideo por 60 años, la Mesa Política del Frente Amplio (FA) de Uruguay hizo público otra vez su rechazo a esa componenda que viola la Constitución, la soberanía nacional y los intereses de la ciudadanía.

Con un comunicado que titula: No a la entrega del puerto, la Mesa Política Nacional expresa que seguirá denunciado en todos los ámbitos que corresponda, incluso los internacionales, el incumplimiento por parte del gobierno del marco jurídico vigente.

En su Declaración aseguran que el FA ha realizado diferentes acciones políticas, judiciales y frente a la ciudadanía, en las que exigen responsabilidades a las autoridades que firmaron ese acuerdo, bendecido por el gobierno, y en el que denuncian las graves consecuencias para la producción nacional, el empleo y el costo de vida durante los próximos 12 periodos de gobierno.

Al concederle el beneficioso monopolio a la empresa Katoen Natie del manejo de los contenedores en el puerto de Montevideo hasta el año 2081, se elimina la libre competencia establecida en la Ley de Puertos, lo que generará graves perjuicios al país y enormes dividendos a esa entidad belga, señala el comunicado del FA.

La bancada del FA y otros legisladores uruguayos han cuestionado esa decisión del gobierno que impedirá al país usar ese enclave hasta el año 2081, que al propio tiempo significa inconvenientes al comercio interno, a los exportadores e importadores uruguayos, y, “en definitiva, a nuestros bolsillos”.

El próximo 21 de abril se cumplirán los dos años desde que se conoció́ la firma de ese convenio con Katoen Natie, periodo en que se han confirmado las denuncias del FA. El plan de inversiones aprobado (455 millones de dólares) es inferior al monto que finalmente se ha concretado: 672 millones, lo que supone ganancias de más de 20 millones, con el perjuicio adicional de la obsolescencia de los muelles públicos en los que el Estado ya invirtió, la pérdida de más de 100 puestos de trabajo en forma directa y muchos más de los consideramos indirectos, además de problemas operativos en el puerto.

La Declaración del FA confirma que realizó una denuncia penal contra las autoridades firmantes del acuerdo, “con la más absoluta convicción de que cometieron delitos penales, la cual se encuentra pendiente de resolución por parte de la Fiscalía”.

Están a la espera de la decisión que adopte el Tribunal de lo Contencioso Administrativo en relación con las demandas de nulidad presentadas, en las que defienden la letra de la Constitución de la República, que establece que solo el Poder Legislativo y no el Ejecutivo goza de la facultad de conceder monopolios.

El FA denuncia en su comunicado la arbitrariedad con la que el gobierno sigue actuando en este tema, cuyas consecuencias negativas ya han comenzado a materializarse, por lo que proseguirán en su lucha.

Dada la repercusión de los dos decretos del Ejecutivo firmados el 21 abril de 2021 para oficializar el acuerdo, el Estado se verá obligado a concesiones adicionales perjudiciales para el país, ya que un monopolio privado es de improbable regulación.

El FA sostiene que asuntos que deberían estar siempre sometidos al interés nacional, como la relación con el sistema de puertos de la región, quedará subordinada a los intereses y la voluntad de una corporación extranjera, lo cual es inadmisible.

Convencido de que el puerto de Montevideo es la razón de ser del Uruguay, el FA subraya su incidencia en la economía nacional, y en lo social y en lo político, ahora lacerado por este acuerdo, que es la mayor entrega de soberanía de la historia reciente del país.

(*) Periodista cubana. Colabora con Resumen Latinoamericano.

Foto de portada: La Izquierda Diario Uruguay.

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