Argentina: Las Taser siguen en la mira de las críticas
Una semana después de que la Policía de la Ciudad comenzara a usar pistolas Táser, las críticas de especialistas y de las organizaciones sociales y de derechos humanos insisten en la letalidad de estas armas, mientras que el Gobierno porteño las habilitó como armas no letales. “Las Taser ya registran casos de muertes en los últimos años en Estados Unidos y en Australia”, advirtió Ismael Jalil, abogado de Correpi, a Página/12. “En el manual -sostiene Jalil- dice que se trata de ‘un arma menos letal’, ponen la palabra ‘menos’. No se habla de que sean ‘no letales’. “Estos dispositivos pueden provocar la muerte”, aseguró por su lado Victoria Darraidou, coordinadora de Seguridad Democrática y Violencia Institucional, del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS). Y aclaró que la ONU señala que “el 90 por ciento de las personas abatidas con estos dispositivos está desarmada al momento del ataque”.
Hoy, cuando 250 efectivos de la policía de CABA, han sido instruidos para utilizarlas en centros de transbordo: estaciones de tren y del subterráneo, los organismos vuelven a poner el foco en la necesidad de correr la discusión sobre la letalidad, o no, de estos dispositivos. “No hay un arma que sea menos letal: letales son todas –resume Jalil–, la historia de que la Taser no es letal la tienen que contar en otro lado porque ya registra varios casos de fallecimiento en estos últimos años en EE.UU y en Australia, fallecimientos de personas luego de haber recibido una descarga de Taser”, explicita ante la consulta de este diario. Y según Amnistía Internacional “en los EE.UU, entre 2002 y 2014 se produjeron 602 muertes, por el uso de Taser” aporta el abogado de Correpi.
Su nombre, que se popularizó como un genérico, proviene de la empresa que las fabrica, y las comercializa como “armas no letales, pero que disparan, como en este caso, dos dardos con electrodos”, advierte Jalil. Pero en las estadísticas, y siguiendo “las afectaciones que produjeron en los países que las utilizan –señala Darraidou—, estos dispositivos pueden provocar la muerte, por eso seguimos diferenciándonos de las gestiones de gobierno que hablan de armas menos letales: son letales”, puntualiza.
En la propia página de la empresa que las produce, Axon Enterprise INC, el modelo T7 –el que llegó a la Argentina–, no se descarta que incluso “perfore la piel”, advierte Jalil. La Taser, en rigor, consiste en una aplicación de 400 voltios en 5 segundos. “Puede ser mayor si la descarga es mayor a ese tiempo porque tira cables con dardos electrificados que, además, pueden perforar la piel” insiste. Y esto se inscribe “en el contexto de cómo aborda la seguridad un gobierno que tiene una concepción clasista del tema de la seguridad: la incorporación de armas cada vez más sofisticadas, responde a un gobierno de estas características” refiere.
Desde el CELS se hace foco en la necesidad de reducir las intervenciones violentas de la fuerza. En este sentido destacan que según la Organización de las Naciones Unidas (ONU) “el 90 por ciento de las personas abatidas con estos dispositivos está desarmada al momento del ataque”. De ahí que se Darraidou recupera las directrices que la ONU establece para el uso de estas armas, para los Estados: “son directrices, que entre otros elementos hablan de las distintas armas menos letales, por esto se insiste en tomar en cuenta la peligrosidad sobre su uso en embarazadas, adultos mayores, personas con enfermedades cardiacas, o intoxicados por alcohol o drogas, o padecimientos de salud mental, donde se observa mayor riesgo en el uso de esta armas”, detalla.
Estas guías plantean advertencias, como también en personas que se encuentren en situación de altura “porque podría provocar una caída grave como daño secundario no previsto” aporta Darraidou. No se pueden utilizar en un mismo espacio físico con gas pimienta “o con gases lacrimógenos, por las combustiones que puede generar el gas y la intervención de la descarga eléctrica, y también se ponen alarmas sobre el uso en zonas vitales del cuerpo como el corazón, los genitales y el rostro” completa, desplegando al enunciar estas directrices, un espiral de situaciones que en el imaginario social de la ciudad refieren al uso abusivo de la fuerza.
La palabra oficial
Sin embargo el Gobierno de la Ciudad las pone en funciones. “Es un arma de avanzada”, sostiene Eugenio Burzaco, al frente del Ministerio de Justicia y Seguridad de CABA. “Una herramienta capaz de contener una acción violenta sin tener que usar un arma terminal” explica. Y contrapone estadísticas: “En Europa y Estados Unidos los estudios indican que un 80 por ciento de las personas, depone su actitud ante una Taser” insiste Burzaco.
Están pensadas “para enfrentar situaciones ante personas que no portan armas y se busca inmovilizarlas”, reza la fuerza al anunciar la instrucción que recibieron 250 efectivos: “la Taser trabaja sobre inmovilización motora y sensorial” describen. Y el ministro Burzaco insiste ante la prensa en que son “armas no letales que buscan reducir el número de muertos en las calles, tanto civiles como uniformados”.
Estas armas de descarga eléctrica vienen pidiendo pista hace unos años para la gestión de la seguridad en la Ciudad: “Se sabía que se estaba encaminado el proceso desde hace tiempo” detalla a este diario la coordinadora de Seguridad Democrática del CELS. Incluso otras fuerzas “como la Agencia F ederal hizo una adquisición de estas armas pero solo se utilizarían para las intervenciones de grupos tácticos, no para tareas de prevención, por ser consideradas precisamente menos letales” afirma.
Violencia institucional
Para Jalil, la desigualdad económica como generadora de violencia, se evidencia y confronta con las propuestas de un gobierno como el de CABA “para el que es más fácil utilizar armas que atender a las razones verdaderas de incremento de inseguridad y su respuesta desde lo institucional: lo económico, lo educativo, lo sanitario, no solo la salubridad sino también las condiciones de urbanización de los barrios; es complejo, la vida digna no depende de un parámetro meramente económico” señala.
Pero en materia económica en Argentina esta desigualdad se agudiza y se legitiman las herramientas que vulneran derechos, para sostener la matríz socioeconómica: “Hoy hay una concepción del manejo de las armas, de la policía y las Fuerzas de Seguridad en general, que tiende a ejercer el control social de modo cada vez más cruel y violento porque cuentan con licencia del poder”, describe Jalil, con una simpleza que contrasta con la profundidad del abismo que relatan sus palabras.
Y esto no se refiere tanto a una cuestión de “discriminación por cuestiones raciales –considera Jalil– como de clase. Se ha concentrado tanto la riqueza que esto potencia las condiciones para que la inseguridad crezca a partir de ahí”. Por eso, insiste, la maniobra desde el poder apunta a sostener la desigualdad y el uso de las Taser se encuentra allí su legitimidad. Se presentan socialmente como “armas de prevención”. Pero “si te metés en el manual de uso de la Taser, de la propia firma –avanza Jalil–, vas a ver que dice ‘un arma menos letal’, ponen la palabra ‘menos’. No se habla de que sean ‘no letales’ y es la distinción más importante”, subraya.
Seguridad democrática
“Es de esperar que los gobiernos generen regulaciones que tengan en cuenta las directrices de la ONU para no generar daños mayores” señala Victoria Darraidou, de la coordinación de Seguridad democrática del CELS. “Además en la Argentina observamos un problema en el accionar de la fuerza cuando la policía usa balas de goma como en Jujuy, donde la represión de la protesta fue con balas de goma –, y fue muy dañina, con perdigones al rostro de los manifestantes por caso–, por eso decimos que el uso abusivo de la fuerza se puede extender al uso de armas de descarga eléctrica y por eso es necesario protocolizarlo”, insiste.
Otros países orientan esta idea de menor letalidad, a la utilización de estas armas en situaciones que no requerían intervenir con un alto nivel de violencia. Pero estas armas se terminan utilizando y en general –un 90 por ciento–, en personas que no estaban armadas, esto es, sobre situaciones que no requerían responder con este tipo de violencia. Hay que tener a la vista el uso abusivo de la fuerza”, remarca Darraidou.
Desde el CELS señalan también la falta de control que justamente la Oficina de Transparencia, del Ministerio de Seguridad, que controla a las fuerzas sobre los usos de estas armas. Es total “la ausencia de intervenciones de esta Oficina que debe publicar sus investigaciones”, revela Darraidou. “Este trabajo está absolutamente incumplido por el gobierno de CABA”. No hay control. “Y si van a permitir que la policía las utilice, es importante que la ciudad tenga sistemas de control activo para monitorear el uso de estas armas” completa.
El uso de armas desde el Estado
“Hay principios que reglan el uso de armas desde el Estado: proporcionalidad, excepcionalidad, progresividad y racionalidad. Esto es –llanamente– emplearlas cuando ya no queda opción” sintetiza Ismael Jalil, abogado de la Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional (Correpi). “Hace tiempo que planteamos al Estado nacional disminuir los armamentos de las fuerzas, porque estos principios son violados por la policía sistemáticamente, de modo tal que la mayor parte de los casos de gatillo fácil se produce por esto” sostiene el abogado.
La Correpi presentó además, aporta Jalil: “una agenda vinculada al uso de armas, para modificar este accionar policial: que la policía deje de portar armas fuera de servicio”. Más del 50 por ciento de los casos de violencia policial “se producen con el arma reglamentaria estando fuera de servicio. El 20 por ciento de los femicidios, con el arma reglamentaria. El arma tiene que ser dejada en la repartición policial”, define.
Y repasa el uso de las Taser en situaciones sociales donde se utilizan: “En Chile se transformaron en instrumentos de control social: se utiliza en manifestaciones con tremendas consecuencias; tal como las balas de goma; fueron efectivas e hicieron daño. Las habían vendido como que no mataban. Y se utilizó para el control social” refiere. Aquí, no disminuyen las armas, y suma las Taser: “La sociedad queda desprotegida. Por eso hay un alto índice de policialización y de casos como el de Lucas González que tuvo condena para los efectivos involucrados”, y añade: “un vértice en el poder político”.
Los protocolos de uso de armas “en general no se cumplen”, agrega. Y pone blanco sobre negro, sobre “la electricidad”, y la tensión de quien dispara esta picana portátil: “El riesgo de letalidad que hay es sobre el manejo de la carga –describe–, porque dicen que son 5 segundo apretando el gatillo. Pero quién los cuenta, se pregunta. “¿Y si son 15 segundo?… se multiplica el voltaje. Y si el dardo perfora la piel… el riesgo es mayor. Esto nos da idea del uso de un arma de estas características”.
Tomado de Página/12 / Foto de portada: NA.
