El Gobierno de Argentina cesa a 15.000 personas de la Administración pública nacional
El Gobierno argentino que preside Javier Milei informó que dio de baja unos 15.000 contratos del sector público nacional que vencían a finales de marzo, en medio de un clima de tensión con el sindicato de trabajadores estatales que llevó al Ejecutivo a trasladar a personal policial a ministerios y organismos públicos.
“El número final ronda los 15.000 contratos que no se han renovado”, puntualizó el portavoz presidencial, Manuel Adorni, en su habitual rueda de prensa en la Casa Rosada, sede del Ejecutivo.
El funcionario aseguró que los despidos son “parte del trabajo” que encara la actual gestión “para achicar los gastos del Estado” en el afán de que “persona que no es necesaria, no siga cobrando un ingreso”.
En la mañana de este 3 de abril, agentes de la Policía Federal, Prefectura y la Gendarmería se presentaron en varios ministerios y edificios públicos, ante la advertencia de la Agencia de Trabajadores del Estado (ATE) de que realizaría ingresos masivos y simultáneos en todos los organismos donde se produjeron las bajas.
Para promover esta medida de protesta, el gremio, que en las últimas horas había contabilizado unas 11.000 rescisiones de contratos, apeló a los trabajadores de la planta permanente del Estado, a los contratados que aún no han sido despedidos y los que ya fueron notificados de su cesantía.
“Comienza el día y ya vemos a las fuerzas de seguridad más ocupadas en amedrentar trabajadores que en sus propias funciones como combatir el narcotráfico”, denunció en las redes sociales la sección de ATE en la ciudad de Buenos Aires.
El sindicato, que representa a 350.000 trabajadores de la administración pública nacional, provincial y municipal, también convocó un plenario federal para las 16:00 hora local (19:00 GMT) en la sede del sindicato en el que participarán un millar de delegados de todo el país para debatir la profundización del plan de lucha, que podría contar con un paro general para este viernes.
El secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, advirtió en la víspera que “suprimir derechos fundamentales de las personas es una conducta tipificada” en el Código Penal.
El 31 de marzo vencían unos 70.000 contratos de la Administración pública y el Gobierno de Milei informó que los que no fueran rescindidos tendrían una prórroga por tres meses más para evaluar su continuidad.
Desde que asumió la presidencia en diciembre, el Ejecutivo argentino lleva adelante un severo plan de ajuste que tiene por objetivo alcanzar el equilibrio fiscal, lo que ha llevado a una severa reducción del gasto público y a una licuación de los ingresos en un contexto de recesión.
Tomado de Sputnik/ Foto de portada: Getty Images
