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La Masacre de la cancha de Racing en Argentina: Una investigación judicial que comienza 46 años después

Se trata del fusilamiento de seis hinchas en Avellaneda durante la dictadura. La causa tomó impulso a partir de trabajos periodísticos y la denuncia del documentalista Rodolfo Petriz.

 

Por Ailín Bullentini.

En mayo de 2016, un hincha de la Academia contó por primera vez en sede judicial lo que supo sobre lo que hoy se conoce como la Masacre de la cancha de Racing: dos mujeres y cuatro hombres fueron fusilados en la vereda del estadio de Avellaneda el 22 de febrero de 1977. Lo hizo al pasar y en relación con la Masacre de Piñeiro –otro episodio de los que fueron usuales en los años de la última dictadura cívico militar– y ahí quedó. La historia rebotó, fue replicada en un libro, fue eje de investigaciones periodísticas y de un documental. El director de esta pieza, Rodolfo Petriz, insistió ante la Justicia con una nueva denuncia que se convirtió en el verdadero impulso de la investigación.

Petriz está ultimando los detalles de su documental “Los fusilados de Racing”, que tomó como puntapié las investigaciones periodísticas realizadas por Micaela Polak y Marcelo Izquierdo –autor del libro “Tita. 100 años de la madre de la Academia”. En todas ellas, la punta del ovillo es el testimonio que, en 2016 y ante el juzgado federal número 3, Rafael Barone, un hincha de uno de los grandes del fútbol de Primera División, aportó sobre los cadáveres con los que se topó el 22 de febrero de 1977.

 
 
La masacre de Racing
“Iba caminando con Omar Oreste Corbatta, que era un ex jugador de fútbol, y vimos varias personas muertas, afuera de la cancha, con tiros. No vi personal militar, ni de ningún tipo. Los cuerpos estaban en la vereda de la boletería por la calle Colón”, relató Barone en 2016 entonces ante el juzgado federal número 3. En rigor, el testigo había sido convocado por el juzgado que dirige Daniel Rafecas en el marco de otro expediente de lesa humanidad, uno que investiga la masacre de Rosetti –otro fusilamiento múltiple que sucedió en enero de 1977 en la localidad de Piñeyro, también en Avellaneda–. Cuando terminó de contar lo que sabía en relación con los siete cadáveres asesinados contra el paredón de la metalúrgica Tamet, pidió contar sobre aquellos otros cuerpos con los que se había topado junto a Corbatta, días después.

 
Los fusilados en la vereda del estadio fueron seis: dos mujeres y cuatro varones. Tal como solía suceder en aquellos años, la Policía bonaerense registró el hecho en el marco de un falso “enfrentamiento con un grupo extremista”. En el archivo de la DIPPBA –que custodia la Comisión Provincial por la Memoria– figuran memos de la Comisaría 1 de Avellaneda y de la Regional de Lanús, en los que se describe que a las 1.40 del 22 de febrero, “fuerzas conjuntas (…) observaron que varias personas se hallaban pintando leyendas subversivas referentes al grupo autodenominado Montoneros” en la zona de la calle Colón entre Alsina e Italia. “Al impartírseles la voz de detención, los individuos contestaron con un cerrado fuego de armas automáticas”, continúa el relato policial.

Pero hubo testigos del hecho que desmienten a la fuerza. Exjugadores de Racing que vivían en la pensión del club –ubicada en las inmediaciones del estadio– contaron a Izquierdo y también a Petriz que escucharon las ráfagas de disparos y que horas después charlaron con un sereno, Pedro Faragone, que vio cómo las víctimas fueron llevadas hasta allí, paradas contra el paredón, “los hicieron escribir algo y los fusilaron”, recogió el documentalista de uno de los exfutbolistas. Faragone falleció hace dos años.

 
Un impulso
“Yo empecé a investigar para el documental y me fui metiendo cada vez más. No podía creer que no hubiera más conocimiento del hecho, que no se supiera por fuera del círculo de Racing y los periodistas que investigaron”, contó el documentalista en diálogo con Página|12. A lo largo de bastante tiempo, entrevistó a Barone y a varios exjugadores de Racing que oyeron los disparos de muerte aquel 22 de febrero –varios que previamente había entrevistado Izquierdo–, recogió prueba documental que cosechó Polak, –informes de la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, certificados de defunción–, dio con el médico que certificó las muertes.

Pero su trabajo llegó a “un cuello de botella” al avanzar hacia su más fuerte objetivo: “Yo quería saber quiénes eran las víctimas. Me encontré en un callejón sin salida. Entonces supe que en la Justicia este hecho no estaba siendo investigado”, recordó. Entre la información recolectada, Petriz dio con los certificados de defunción de las víctimas, presentados ante el Registro Civil de Avellaneda y firmados por el médico Aníbal Dackow. Allí, el profesional habla de “hemorragia interna aguda” como razón de muerte, confirma que las víctimas no estaban identificadas pero las describe brevemente: color de piel, de pelo y de ojos, vestimenta, altura, contextura física.

Allí Petriz perdió el rastro. Encontrarlo es una de las razones que lo llevó a seguir el consejo del abogado Pablo Llonto, una de sus tantas fuentes, y presentar una denuncia judicial. “Siendo necesario que este hecho no quede solamente en el registro periodístico y tratándose de delitos de lesa humanidad, cumplo con mi deber ciudadano de denunciar este hecho ante este Juzgado y en esta causa”, postuló en la presentación judicial que realizó a mediados de abril pasado con la compañía letrada de Llonto.

La denuncia fue acompañada de la prueba documental recolectada durante la investigación para la producción y una serie de medidas de prueba solicitadas, en su mayoría citación a testigos y pedidos de información a diferentes instituciones del Estado. Rafecas ya tomó testimonio a uno de los exjugadores y al médico que firmó los certificados. Ambos dijeron no recordar nada del asunto.

En el Cementerio de Avellaneda no hay documentación que permita determinar que los cuerpos fueron allí depositados. Pero la metodología del crimen puede llegar a decir algo, supone Llonto. “En aquel entonces hubo varias ‘masacres’ en Avellaneda y partidos linderos del Conurbano”, contó Petriz. En la Masacre de Rosetti el 4 de enero de 1977 fueron fusiladas 7 personas; la Masacre de Almafuerte –entre Montes de Oca y Levalle, también en Avellaneda– el 19 de enero, con seis personas fusiladas; la Masacre de Camino General Belgrano, en Gerli, con siete personas fusiladas, el 21 de febrero. De todas esas víctimas, solo una fue identificada: Ana María Woichejosky, acribillada de 20 disparos contra el paredón de la fábrica Tamet, militante del PRT, secuestrada el 7 de noviembre de 1976 y vista en el centro clandestino Puente 12.

“Lo que buscamos son hipótesis”, planteó el abogado. “Tenemos seis cuerpos y sus características físicas –en los certificados de defunción–, tenemos una masacre en el marco de varias otras masacres que sucedieron en la zona y con la misma metodología, tenemos un centro clandestino, Puente 12, cuya marca registrada para desaparecer a sus víctimas fue la de sacar gente, fusilarlos en la zona sur del Gran Buenos Aires y dejarlos tirados, porque ese fue su sello. Bueno, quizá ahí tengamos una pista para empezar”, completó.

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