Estados Unidos: Almirante que ordenó disparar a sobrevivientes en el Caribe declara ante el Congreso
Legisladores estadounidenses reciben este jueves, en una sesión clasificada, al almirante Frank “Mitch” Bradley, señalado como el oficial que ordenó disparar contra sobrevivientes de un ataque naval ocurrido el 2 de septiembre en aguas internacionales próximas a Venezuela.
El caso, que ya desató un terremoto político en la Casa Blanca, amenaza con escalar hacia un posible juicio por violaciones al derecho internacional humanitario, con repercusiones directas para América Latina.
Bradley, recientemente ascendido a comandante del Mando de Operaciones Especiales de Estados Unidos (USSOCOM), comparece ante líderes republicanos y demócratas de los comités de inteligencia y fuerzas armadas. Su testimonio llega en un momento decisivo para la investigación sobre la actuación del secretario de Defensa Pete Hegseth, quien habría impartido la orden de “matar a todos”, según reveló The Washington Post.
La Casa Blanca insiste en que la operación fue “legal”, pero la presión crece dentro del propio Capitolio, donde incluso legisladores republicanos reconocen que el ataque contra sobrevivientes podría constituir un crimen si se confirma que ya no representaban amenaza alguna.
La declaración del almirante Bradley se ha convertido en la pieza clave para determinar si la línea directa de responsabilidad conduce a Hegset y, políticamente, al presidente Donald Trump.
El ataque ocurrió sobre una embarcación que Washington calificó como “narco-terrorista”, una narrativa que el gobierno de Trump utiliza para justificar su creciente presencia militar alrededor de Venezuela y en aguas del Caribe. Sin embargo, expertos legales, citados por medios estadounidenses, apuntan que EE.UU. no puede aplicar reglas de guerra contra presuntos narcotraficantes, y mucho menos ejecutar a sobrevivientes.
Senadores demócratas exigen además la publicación íntegra del video de la operación, así como las órdenes escritas, los criterios para determinar combatientes y la inteligencia que justificó el ataque. Hasta ahora, la administración republicana ha mantenido la mayor parte de esa información bajo reserva.
Bradley es un oficial con tres décadas de servicio y reputación intachable en los Navy SEALs. Su ascenso fue aprobado por unanimidad en el Senado apenas semanas antes del escándalo. Legisladores como Mark Warner, del Comité de Inteligencia, califican su trayectoria como “ejemplar”, pero dejan claro que la verdad sobre lo ocurrido no puede quedarse enterrada bajo el peso del secretismo militar.
La gran interrogante es si Bradley actuó por iniciativa propia —como sugiere la Casa Blanca— o si obedeció órdenes directas de Hegseth. Para senadores como Thom Tillis, incluso cercano a Trump, si se confirma que sobrevivientes fueron deliberadamente atacados, “cualquiera que tuviera conocimiento o responsabilidad debe rendir cuentas”.
El secretario de Guerra ha tratado de argumentar que la situación estaba envuelta en el “fog of war”, asegurando que él “no se quedó” para la segunda ofensiva. Pero el propio inspector general del Pentágono prepara un informe que, aunque parcialmente redactado, describe fallas graves en el manejo de información sensible por parte de Hegseth, incluyendo el uso de Signal para ordenar ataques en Yemen.
Para sectores críticos, como el senador Richard Blumenthal, el patrón es claro: “Hegseth pudo no estar en la habitación, pero sí estaba en el circuito”, aseguró. “Su orden fue instrumental y previsiblemente condujo a la muerte de los sobrevivientes”.
Más de 80 personas han muerto desde que comenzaron las operaciones navales contra supuestos “narco-terroristas” en septiembre. Organizaciones jurídicas han advertido que esta doctrina militar de Estados Unidos erosiona el derecho internacional, amenaza la soberanía de los países del Caribe y abre la puerta a nuevas confrontaciones cerca de las costas venezolanas, en un momento en que la región exige evitar la militarización.
El caso Bradley-Hegseth pone en evidencia un riesgo aún mayor: la normalización de asesinatos extrajudiciales como herramienta de política exterior. En medio de un clima global marcado por guerras, sanciones y tensiones geopolíticas, América Latina observa con recelo cómo Washington profundiza acciones unilaterales que podrían vulnerar el marco jurídico internacional.
Tomado de teleSUR.
