Cuba crece en derechos
En 2025, Cuba culminó uno de los procesos jurídicos y sociales con mayor potencial transformador de las últimas décadas: la aprobación por la Asamblea Nacional del Poder Popular del Código de la Niñez, Adolescencias y Juventudes. Esta norma no solo actualiza un marco legal vigente desde 1978, sino que impulsa una reconfiguración del sistema de protección integral de los derechos de niñas, niños y adolescentes en el país. Con su entrada en vigor, el Código fortalece garantías, refuerza obligaciones estatales, crea nuevas instituciones, define rutas claras de actuación y reconoce a cada niña, niño y adolescente como sujeto pleno de derechos.
Pero la trascendencia del Código no radica únicamente en su formulación jurídica. Su aprobación propicia un cambio cultural profundo: promueve una manera distinta de mirar, comprender y acompañar a niñas, niños y adolescentes. El país pasa de un enfoque centrado en la tutela a un enfoque basado en derechos, con participación activa de la infancia y con la obligación —legal y ética— de escuchar sus voces.
Ese giro empieza a sentirse en las escuelas. En la secundaria básica Fructuoso Rodríguez, en La Habana, Claudia Ortiñoz, estudiante, lo dijo sin rodeos: “yo creo que está bien porque podemos expresar nuestra opinión ante cualquier situación y el Código nos da derecho a ser escuchados”. La sencillez de esa frase encierra la esencia de la reforma: el derecho a ser escuchados ya no es una aspiración, sino una garantía.
Un Código enmarcado en un amplio y sostenido proceso de actualización normativa
El Código forma parte de un ciclo legislativo más amplio iniciado con la Constitución de 2019, donde la dignidad humana, la igualdad, la no discriminación, la participación y el interés superior del niño adquirieron jerarquía constitucional. Ese proceso continuó con el Código de las Familias (2022), que consolidó la corresponsabilidad parental, prohibió la violencia en los hogares y reconoció la diversidad de estructuras familiares. La aprobación de la Política Integral de Niñez, Adolescencias y Juventudes (2023) definió las bases para una norma especializada. Esa secuencia —Constitución, Código de las Familias y Política Integral— preparó el terreno para el Código aprobado en 2025.
La profesora titular de Psicología de la Universidad de La Habana, Dra. C. Roxanne Castellanos Cabrera, explicó que la aprobación del Código responde a una actualización imprescindible en la manera en que Cuba entiende y trata a su infancia. Recordó que el enfoque del niño como sujeto de derecho lleva décadas presente en el país, pero que aún no había encontrado un reflejo completo en la legislación vigente: “estamos tratando de llevar a la nación a una concepción moderna del tratamiento a la infancia en cuanto a qué cosa es el niño como sujeto de derecho. Eso siempre ha estado en el espíritu, porque desde 1989 que llegó la Convención sobre los Derechos del Niño a Cuba y que se terminó de ratificar en 1991, ha imperado en todo el tratamiento de la infancia; pero no había estado actualizado en el marco normativo”.
Esa modernización se expresa hoy en un Código que reconoce que todos los derechos de la infancia son indivisibles e interdependientes, que incorpora el principio de autonomía progresiva y que establece criterios precisos para determinar el interés superior del niño en cada situación concreta.
El cuerpo legal no opera en abstracto. Cuba lo ha articulado con una serie de herramientas institucionales que buscan asegurar que los derechos se materialicen en la práctica: desde las escuelas hasta los consultorios médicos, desde los proyectos comunitarios hasta las comisiones municipales, desde el sistema estadístico hasta la justicia especializada.
El acompañamiento de UNICEF en la construcción del nuevo marco
La aprobación del Código fue un proceso liderado por el Estado cubano, pero contó con la asistencia técnica, el acompañamiento metodológico y el apoyo especializado de UNICEF en Cuba, que ha trabajado durante años en el fortalecimiento institucional para la protección de la infancia. La organización jugó un rol clave en varios niveles.
UNICEF contribuyó con asesoría para armonizar el Código con los estándares internacionales de la Convención sobre los Derechos del Niño, las Observaciones Generales del Comité y tratados afines como la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. También apoyó a los equipos nacionales en la revisión de conceptos clave, en la incorporación de enfoques de género e interseccionalidad, en la definición de rutas de protección y en la actualización de criterios sobre salud sexual, justicia juvenil, discapacidad, entorno digital, participación y protección frente a la violencia.
Otro aporte esencial de UNICEF fue en la construcción de capacidades institucionales. Se encuentra trabajando con el Ministerio de Educación, con los gobiernos provinciales y municipales, con especialistas en justicia, con instituciones de protección social y con equipos comunitarios para fortalecer la comprensión del nuevo marco y preparar al país para su implementación. Además, apoyó procesos de comunicación y socialización de derechos con materiales pedagógicos adaptados a infancias diversas.
UNICEF también acompañó el diseño del Sistema de Protección Integral, ayudando a definir sus componentes, sus estructuras territoriales, sus mecanismos de coordinación y sus principios de actuación. Y aportó nociones técnicas para la regulación del Sistema de recolección de datos y monitoreo de la situación de la Niñez, Adolescencias y Juventudes, que permitirá recopilar y analizar datos desagregados, esenciales para orientar políticas públicas basadas en evidencia.
Finalmente, UNICEF facilitó herramientas para desarrollar la consulta nacional infantil, ofreciendo metodologías participativas, orientaciones pedagógicas y criterios éticos para asegurar procesos seguros, inclusivos y adaptados a cada grupo de edad. Ese acompañamiento fue decisivo en un proceso donde niñas, niños y adolescentes fueron protagonistas por primera vez en la elaboración de una norma de alcance nacional.
Un sistema de protección integral que reorganiza el país
El Código crea el primer Sistema Integral de Protección de la Niñez, Adolescencias y Juventudes con alcance nacional. Este sistema articula siete subsistemas: educación, salud, prevención y respuesta a la violencia, cuidado alternativo, protección social, reintegración social y justicia, penal adolescente.
Las comisiones municipales ocupan un papel central: son la puerta de entrada a la protección, con la obligación de recibir denuncias, evaluar riesgos, activar rutas intersectoriales y acompañar a cada niña o adolescente hasta la restitución de sus derechos.as comisiones provinciales coordinan las acciones más complejas y garantizan que los territorios actúen con coherencia. La Comisión Nacional define políticas, sistematiza información y supervisa el funcionamiento integral del sistema.
El Código exige además un sistema intersectorial de información, requisito que se materializará con la creación del Sistema de recolección de datos y monitoreo de la situación de la Niñez, Adolescencias y Juventudes. Por primera vez, Cuba tendrá datos continuos, comparables y desagregados sobre violencia, educación, salud, discapacidades, participación, protección social y justicia especializada.
La profesora de Derecho de la Universidad de La Habana, MsC. María del Mar Otero Bolaños, subraya que el gran valor del nuevo Código está en que deja de ser un documento meramente declarativo para convertirse en una herramienta concreta y exigible. Lo explica así: “el Código establece una serie de principios, de estándares, pero que no se queda en ese nivel de abstracción, sino que va más allá y es una norma de aplicación directa, que reconoce a niños, niñas, adolescentes y jóvenes ese conjunto de facultades que le atribuye en su catálogo de derechos; pero, además, también los mecanismos para hacerlos efectivos, para reclamar frente a su vulneración y que responsabiliza a distintos actores con la garantía de esos derechos.”
Este sistema introduce procedimientos que nunca habían estado definidos con claridad: rutas de protección, roles institucionales, tiempos de respuesta, derechos a apoyos y deberes de las familias. También organiza la actuación en casos de violencia escolar, maltrato, negligencia, discriminación, ciberacoso, explotación, abandono y riesgos asociados a emergencias o desastres naturales.
Un Código que prohíbe todas las violencias
La norma establece una prohibición explícita de todas las formas de violencia, desde el castigo corporal hasta el trato humillante, pasando por la violencia psicológica, sexual, digital y cualquier forma de abuso o explotación. Es una medida histórica, coherente con las recomendaciones del Comité de los Derechos del Niño.
En una escuela primaria de La Habana, el niño Humberto Noy lo entendió de inmediato: “este código nos protege de la violencia, de los abusos y maltratos”, aseguró durante la discusión del anteproyecto en su aula, durante la consulta nacional, realizada el pasado 4 de abril. Su frase resume el corazón de la norma.
El Código también regula la detección y actuación ante la violencia de género y define obligaciones para escuelas, familias y comunidades. Asimismo, regula la actuación ante situaciones de riesgo en entornos digitales, un aspecto fundamental para una generación que vive y se relaciona en Internet.
Inclusión, discapacidad y apoyos personalizados
El Código incorpora disposiciones avanzadas sobre discapacidad. Reconoce el derecho a acceder a ajustes razonables y a recibir apoyos individualizados; establece que ninguna niña o niño puede ser separado de su familia por motivo de discapacidad; y asegura que todos los entornos deben ser accesibles.
También actualiza la regulación sobre cuidados alternativos, priorizando el acogimiento familiar y garantizando el mantenimiento de vínculos afectivos, especialmente entre hermanos.
En coherencia con las nuevas agendas globales, el Código incluye derechos vinculados al medioambiente, a la educación integral de la sexualidad, a la gestión e higiene menstrual y a la identidad de género y expresión propia. Regula además la prohibición de intervenciones médicas no urgentes en personas intersex, un avance que coloca a Cuba entre los marcos más protectores de la región.
La Dra. C. María I. Domínguez, del Centro de investigaciones psicológicas y sociológicas (CISP), subrayó que el Código reconoce las nuevas realidades: “incluye elementos nuevos como el uso de las tecnologías, la comunicación, el tema medioambiental, que en etapas anteriores no tenían el mismo peso”.
La consulta nacional: cuando la infancia habló y el país escuchó
La historia del Código no puede comprenderse sin detenerse en el proceso de consulta que acompañó la elaboración de su anteproyecto. Fue un ejercicio de participación sin precedentes: más de 800.000 niñas, niños y adolescentes fueron escuchados el 4 de abril de 2025 en todo el país. La jornada movilizó a 3.531 escuelas, 52.629 docentes y 258.510 familias, convirtiendo aulas, pasillos, patios, espacios comunitarios y proyectos culturales en escenarios reales de deliberación democrática. Por primera vez, una norma de este alcance se discutió con quienes serían sus principales protagonistas.
En La Habana, Melani, estudiante de secundaria básica, sintetizó varias de las preocupaciones más señaladas por su grupo etario. Habló del adultocentrismo —tema recurrente en los debates adolescentes—, y expresó angustia ante la falta de maestros en su escuela, un reto que afecta directamente su desarrollo educativo. “Me gustaría que cada persona de Cuba tuviera conciencia de todo lo que tiene el Código”, afirmó. Su reflexión, sencilla pero contundente, quedó reforzada en el texto final con la obligación de escuchar la voz adolescente respetando su autonomía progresiva.
En la escuela primaria Eterno Baraguá, también en La Habana, Débora García introdujo un matiz fundamental para todo proceso de participación infantil. “Tenemos derecho también a expresar nuestros sentimientos y nuestras propias opiniones”, dijo, recordando que opinar no es un ejercicio técnico, sino un acto donde se ponen en juego emociones, experiencias y percepciones que deben ser tomadas en serio.
En la secundaria básica Fructuoso Rodríguez, en la capital, Raynel Castro insistió en la dimensión ética de ese derecho: “todos los adolescentes tienen el derecho a ser escuchados. Merecen el respeto sobre lo que piensan, sobre lo que sienten”. Sus palabras reforzaron una idea de que la participación infantil solo es auténtica cuando se ejerce en un clima de respeto.
Para muchos estudiantes, la consulta fue también una puerta de entrada al conocimiento jurídico. Vanessa, alumna de primaria en una escuela habanera, confesó que antes del proceso no sabía que existía un Código dedicado a la infancia, pero que gracias a su maestra pudo comprenderlo mejor y expresar sus criterios. Su testimonio revela el papel decisivo de docentes y facilitadoras al traducir conceptos legales a un lenguaje entendible para niñas y niños.
En Guantánamo, Saray Speck, estudiante de secundaria básica, celebró la legitimidad democrática de un proceso que los tuvo en cuenta: “si el Código habla acerca de nosotros, es muy bueno que hayan tenido en cuenta lo que nosotros opinamos”. Su afirmación resume el principio rector de toda la consulta: una ley que regula la vida de la infancia debía construirse con su voz y su mirada.
La consulta también permitió escuchar a niñas y niños más pequeños. En la escuela primaria Gustavo Pozo, en Plaza de la Revolución, Diego recordó un derecho esencial para su bienestar: “los niños tenemos derecho a tener más juego y la participación”. Su compañera Yazmín añadió una dimensión ética y comunitaria al proceso: “lo que más me gusta del Código es el cuidado de la naturaleza y respetar a los mayores”. Sus opiniones, recogidas en un aula situada en el barrio de La Timba, evidencian cómo la niñez incorpora espontáneamente temas ambientales, de convivencia y de responsabilidad intergeneracional.
En ese mismo centro escolar, Kelly expresó un deseo que se volvió emblemático en varios territorios: “sí prefiero que cuenten conmigo antes de hacer el Código de la niñez”. Sus palabras reflejan el reclamo de una generación que no quiere ser informada al final, sino ser parte del proceso desde el inicio.
En la secundaria básica Fructuoso Rodríguez, la participación de adolescentes mostró otras aristas. Britanny Padilla insistió en que las decisiones familiares deben tomar en cuenta el punto de vista infantil, mientras Vanessa Rodríguez, también estudiante de secundaria, explicó cómo este proceso impacta su crecimiento emocional: “nosotros nos encontramos en una etapa de la vida donde cada comentario, bueno o malo, afecta nuestro crecimiento, nuestra identidad física y nuestro desarrollo tanto físico como psicológico. En la consulta nos comentaron mucho sobre los derechos que este Código trae consigo”.
En la educación técnica y profesional, se expresaron inquietudes sobre el acceso a información confiable. El estudiante Willie Arteaga lo expresó con claridad: “una de las cosas positivas que veo del Código es el derecho a la información para nosotros poder fortalecer la toma de decisiones”. Su reflexión se relaciona directamente con uno de los derechos emergentes más importantes del nuevo marco jurídico.
La consulta nacional no fue un trámite administrativo, sino un ejercicio masivo de escucha y diálogo que conectó escuelas, familias, docentes y comunidades en torno a los derechos de la infancia. Sus resultados no solo enriquecieron el contenido del Código, también formaron ciudadanía, fortalecieron la cultura participativa y dejaron un mensaje que Cuba deberá sostener en el tiempo: un país que escucha a su infancia es un país que crece en derechos.
Derechos para una generación distinta
El Código introduce regulaciones que responden a los desafíos contemporáneos: derechos digitales, identidad, privacidad, protección de datos personales; educación integral de la sexualidad; salud sexual y reproductiva desde la adolescencia; derechos relacionados con cuidados, corresponsabilidad familiar, bienestar emocional; gestión e higiene menstrual; protección en emergencias y desastres; justicia diferenciada para adolescentes menores y mayores de 16 años.
La Dra. C. Yamila González Ferrer, vicepresidenta de la Unión Nacional de Juristas de Cuba, destacó el enfoque interseccional: “el código incorpora no solo la perspectiva de género sino también la perspectiva interseccional. Se tiene en cuenta a nuestras niñas niños adolescentes y jóvenes en toda su diversidad”.
Un antes y un después para seguir creciendo en derechos
La aprobación del Código de la Niñez, Adolescencias y Juventudes marca un antes y un después en la historia legislativa de Cuba. Por primera vez, el país cuenta con un instrumento moderno, integral y coherente con los estándares internacionales sobre infancia y adolescenica. El Código no solo declara derechos: crea procedimientos, instituciones, datos, mecanismos y garantías para hacerlos efectivos.
UNICEF acompañó el proceso con asesoría técnica, metodologías participativas, fortalecimiento institucional y apoyo en comunicación y formación. Pero la voz decisiva fue la de niñas, niños y adolescentes, protagonistas de un proceso de consulta que quedará como hito en la historia jurídica del país.
Con este Código, Cuba se abre a un futuro donde la infancia no es receptora pasiva de protección, sino sujeto activo, participante, con derechos exigibles y con un país organizado para garantizar su bienestar. El desafío comienza ahora: traducir este marco normativo en prácticas, instituciones y decisiones concretas que hagan efectivo su bienestar en la vida cotidiana.
Cuba ha decidido crecer en derechos. Y lo hace de la mano de su infancia.
Tomado de Unicef/Cuba / Foto de portada: Miguel E. Gómez
