Cuba bajo asedio: la asfixia energética como presión para el cambio de régimen
Por Lourdes Regueiro, Claudia Marín.
El gobierno cubano anunció recientemente que la isla está siendo objeto de un “bloqueo petrolero”, luego de la Orden Ejecutiva del 26 de enero de 2026, que planteó un arancel adicional a los productos importados desde países que vendan o proporcionen petróleo a Cuba. La interrupción total de este suministro ha agravado las molestias de la población con los prolongados apagones y sus efectos en la vida cotidiana. El déficit de combustible ha sido un factor causante de mayor inestabilidad en el sistema electroenergético nacional (SEN), lo que provocó en el mes de marzo dos desconexiones totales y una parcial, llevando a una interrupción del servicio eléctrico en todo el país.
Es la última de muchas de las medidas coercitivas que Estados Unidos ha intentado con el fin de asfixiar económicamente a la isla. Entre 2017 y 2020 fueron lanzadas 243 medidas con ese propósito, lo cual arroja como promedio cinco medidas por mes, que se superponían al bloqueo, a lo que se sumó la inclusión de Cuba a la lista de países supuestamente patrocinadores del terrorismo—que no fue revertida por la administración Biden hasta sólo unos días antes de su salida de la Casa Blanca—y su designación, en enero de 2026, como una amenaza inusual y extraordinaria a la seguridad de Estados Unidos.
Estas líneas de acción se inscriben en una política sistemática orientada al cambio de régimen en Cuba, a lo que ahora se suma el esfuerzo casi desesperado por contener a China. La amenaza de incrementos arancelarios a los que violen el bloqueo energético se acompañó de presiones para que los países de la región rescindan la colaboración médica con Cuba. Resulta clara la intención de abatir la imagen de resistencia y práctica internacionalista desarrollada por el gobierno y pueblo cubano por más de seis décadas, así como la de cortar las fuentes de ingresos derivadas del turismo y los contratos de colaboración.
El saldo es una sensible erosión en las condiciones de vida de la población que sufre recurrentes cortes de electricidad, deterioro de las redes de servicio público como los de salud, educación y transporte, carencia de medicamentos y elevados precios en los alimentos, así como problemas para su cocción y conservación. Por su parte, el gobierno ha acelerado acciones para el cambio de la matriz energética hacia fuentes renovables de energía y la ampliación del crudo nacional.
Esta vez, sin embargo, el bloqueo llega en un momento paradójico para Cuba: mientras la fragmentación del orden unipolar propicia un entorno más favorable para su inserción global, también la coloca en una posición central en la disputa estratégica entre Estados Unidos y sus adversarios sistémicos. Ante ello, se endurece la política estadounidense hacia América Latina y el Caribe y, una vez “resuelto” el problema Venezuela, Cuba queda como el objetivo a abatir. Esto ocurre en un contexto en el que los gobiernos de la región han perdido, al menos momentáneamente, capacidad de resistencia articulada frente a las presiones imperiales.
El nuevo orden
La Revolución Cubana se ha desarrollado en tres momentos del orden internacional: la bipolaridad, la unipolaridad y la transición hacia un nuevo orden eventualmente multipolar. Para Cuba el factor común en esos tres momentos ha sido la permanencia del bloqueo y los intentos de revertir el proceso revolucionario.
El bloqueo es un complejo entramado de sanciones económicas, financieras y comerciales que, con una tendencia incremental, se aplica desde 1962 y que en 1996 fue codificado por el Congreso de Estados Unidos en la ley Helms-Burton. Supone prohibiciones de financiamiento, limitaciones al uso del dólar, restricciones a la importación de bienes desde terceros países cuya composición tenga más del 10 por ciento de contenido estadounidense. Así como una prohibición a los buques que transporten mercancías a Cuba para tocar puerto de Estados Unidos hasta después de 180 días, entre otras medidas. Todas ellas incrementan los costos de transacción y desincentivan a terceros a invertir, comerciar o hacer préstamos a Cuba.
Por su parte, la inclusión de Cuba en la lista de supuestos Estados patrocinadores del terrorismo activa restricciones financieras más severas (vigilancia sobre transacciones, ampliación de prohibiciones para recibir asistencia económica, etc.). Esa designación genera que bancos y empresas eviten el vínculo con Cuba por temor a sanciones, multas o pérdida de acceso al sistema financiero estadounidense, lo que suscita un efecto de sobreprotección por temor a la sanciones. 1
El contexto internacional actual se caracteriza por la crisis del orden liberal internacional (unipolar) y del multilateralismo; el declive relativo de Estados Unidos y el ascenso de China como potencia global desafiante; la reconfiguración hacia un orden multipolar asimétrico; el retorno de la geopolítica y la geoeconomía como criterios estructurantes del orden global. A lo cual se suman la securitización y politización de las relaciones económicas; el desarrollo de guerras proxy; la utilización de medidas coercitivas unilaterales como instrumentos privilegiados de la política exterior por parte de las potencias occidentales; la emergencia de espacios en los que potencias regionales en ascenso del Sur Global demandan mayor participación en la toma de decisiones y conformación de las reglas globales, y la relación contradictoria entre intereses geoeconómicos y afinidades políticas.
La ruptura con las formas funcionales del orden global unipolar favorece la ampliación de espacios de interacción de Cuba con el Sur Global y, particularmente, con actores que ganan peso en la configuración mundial de poderes. Sin embargo, este proceso se produce en un escenario de competencia estratégica en el que Estados Unidos se resiste a perder su hegemonía e intenta reafirmar su control sobre el hemisferio occidental. Para lo cual apela a una actualización de la Doctrina Monroe en términos, incluso, más duros que la formulada en 1823.
Desde esa perspectiva, Cuba ostenta una doble condición: la de constituir un aliado de las potencias retadoras y la de llevar adelante un proceso político antiimperialista que desafía los intereses de dominación de Estados Unidos en su área de influencia más inmediata. En esa lógica, la administración Trump, tras intervenir en Venezuela a inicios de 2026, ha reforzado los mecanismos de presión para aislar a Cuba y provocar inestabilidad interna a partir del recrudecimiento de las restricciones económicas, una estrategia influida por la agenda personal de su Secretario de Estado.
A diferencia de la Guerra Fría, cuando era esperable que una agresión a Cuba fuera respondida como una amenaza al campo socialista, en la actualidad hay potencias con presumible capacidad de respuesta pero, hasta el momento, su actuación se ha movido en el plano político y en el alivio de algunos efectos de la crisis. Sin que esto se traduzca en el enfrentamiento de las causas que la motivan.
El contexto regional latinoamericano y caribeño también ha experimentado cambios a los que la realidad cubana es sensible. En las primeras dos décadas del siglo XXI confluyeron en la región gobiernos que, identificados con el progresismo y la izquierda, se caracterizaron por políticas sociales de redistribución del ingreso y por una proyección externa que favoreció posiciones de autonomía y el auge de mecanismos de integración, concertación política y cooperación. Tras la caída del campo socialista, Cuba amplió sus relaciones económicas y políticas con la región y, durante ese ciclo progresista, integró mecanismos regionales como la Alternativa Bolivariana para losa Pueblos de Nuestra América (ALBA) y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC). Ese escenario político le otorgó una mayor vocería a la región en el sistema internacional y Cuba pudo reinsertarse en el espacio regional articulando un consenso en contra de su exclusión y de la política hostil de Estados Unidos.
El escenario regional se ha caracterizado por la alternancia en los ciclos políticos que, en los años más recientes, ha favorecido la emergencia de gobiernos de derecha y ultraderecha. La fragmentación política predominante en la actualidad ha erosionado los foros más autónomos de concertación regional. La derechización se expresa en posiciones más alineadas con el gobierno de Estados Unidos, lo que se ha evidenciado incluso en la votación de 2025 contra la resolución relativa al bloqueo en Naciones Unidas, rompiendo así una tradición de apoyo unánime latinoamericano y caribeño a la demanda cubana. 2
Por su parte, el progresismo en la región se ubica en países con un peso económico y político no despreciable como México, Brasil y Colombia. Los dos últimos están abocados a una dinámica electoral compleja cuyos resultados son inciertos, bajo presiones externas de un decidido apoyo a fuerzas alineadas con Estados Unidos. En México, quien también está bajo la presión de una relación tensa con su vecino del norte, Cuba ha encontrado un apoyo solidario que trasciende la retórica y ha implicado declaraciones de soberanía y enfrentamientos abiertos de su gobierno con la administración Trump. México ha planteado que continuará insistiendo por la vía diplomática para hacer llegar petróleo a Cuba, a lo que se suma una relevante ayuda humanitaria sostenida.
Las presiones estadounidenses han alcanzado a subregiones como Centroamérica y el Caribe con las cuales Cuba ha desarrollado áreas de cooperación en educación, salud y gestión de desastres. Dada la sensibilidad de su relación con Estados Unidos en temas como seguridad, migración, financiamiento y gestión de desastres, algunos países han optado por no renovar los convenios de cooperación médica con Cuba. Para no pocos, esa decisión implicaría poner en riesgo las capacidades de sus sistemas de salud domésticos si no se ofrecen alternativas sostenibles a la presencia de personal médico cubano en la región.
Los cambios políticos en el espacio de la Comunidad del Caribe (Caricom), fundada en 1973, y las presiones que acompañan la reaproximación estadounidense han fracturado el tradicional consenso en política exterior del bloque. 3 Ello se ha reflejado en las posiciones diferenciadas frente a la agresión estadounidense a Venezuela y, en el caso de Cuba, frente al bloqueo energético y respecto a la colaboración médica. También es necesario hacer una distinción entre las posiciones de los gobiernos y las muestras de solidaridad que desde la sociedad civil se han expresado en defensa de la soberanía venezolana y el derecho de Cuba a desarrollarse libremente.
Hasta marzo de 2026, el gobierno de México ha enviado a Cuba cuatro cargamentos de ayuda humanitaria, incluyendo alimentos básicos y artículos de primera necesidad provenientes tanto de agencias gubernamentales como de colectas realizadas por organizaciones sociales. Esto evidencia una continuidad en la política de solidaridad que la presidenta Claudia Sheinbaum ha declarado se mantendrá en el futuro como parte del ejercicio de soberanía del Estado mexicano.
También ha destacado la ayuda recibida por parte de otros gobiernos como el de China, en especial alimentos y paneles solares que están siendo instalados en instituciones que ofrecen servicios públicos y comunidades a lo largo de todo el país. Otros gobiernos que han enviado o anunciado su disposición a contribuir con ayuda humanitaria son Rusia, Chile, Brasil, Vietnam, España, Canadá, entre otros. De hecho, la llegada de un cargamento con 730 mil barriles de petróleo proveniente de Rusia el pasado 31 de marzo, representa el primer gesto de ruptura del bloqueo impuesto por Estados Unidos desde que profundizó el cerco energético contra la isla, tras el envió que hizo México el pasado 9 de enero.
Una mención especial merece la llegada en marzo de 2026 del convoy Nuestra América, compuesto por alrededor de 600 integrantes de Estados Unidos, Europa y América Latina y el Caribe, fundamentalmente, que llegaron por aire y mar a Cuba para mostrar su solidaridad con la isla y llevar toneladas de alimentos, medicamentos y paneles solares comprados gracias a donaciones de muchas personas en el mundo que se identifican con esta causa.
Interrupción del suministro energético
El impacto de la intervención de Estados Unidos en Venezuela desde el 3 de enero de 2026 plantea un escenario totalmente nuevo para la región. Hasta ese momento, la República Bolivariana de Venezuela había sido un actor central en los esquemas de cooperación energética y social impulsados en el Caribe y América Latina. No obstante, aún no se dispone de la información necesaria para aquilatar la magnitud de los cambios internos en Venezuela en sus relaciones bilaterales y regionales.
En el caso particular de los suministros de combustible a Cuba, la participación de Venezuela en la factura importadora se había reducido gradualmente, con caídas significativas desde 2023. Las importaciones de Rusia también disminuyeron tras el conflicto en Ucrania. En 2025 el principal suministrador de crudo a la isla fue México, como muestra el gráfico.
Aunque a partir de 2023 se produjo un discreto repunte de la producción petrolera venezolana, atribuible fundamentalmente a la actividad extractiva de Chevron facilitada por una flexibilización parcial de la política estadounidense, esos incrementos no se tradujeron en una recuperación de los niveles previos de las exportaciones destinadas a Cuba.
Las caídas en la entrega de combustible venezolano a distintos destinos regionales se explican por dos factores principales: la prolongada descapitalización de Pdvsa y las sanciones de Estados Unidos, que determinaron una contracción sostenida de la producción petrolera. A lo interno de Venezuela, la descapitalización de Pdvsa puede atribuirse tanto a las sanciones como a una decisión política que dio prioridad a la eficacia social por sobre la eficiencia económica. De múltiples maneras, Pdvsa fue el soporte financiero y técnico de las misiones sociales que reivindicaron injusticias históricas en el tejido social venezolano. La empresa asumió costos asociados a una política de reparaciones frente a un empresariado que en los primeros años optó por el boicot y el distanciamiento del gobierno.
Por su parte, la política de Estados Unidos estuvo claramente dirigida a sabotear el crecimiento de la producción petrolera con el deliberado propósito de erosionar los ingresos que sostenían la política social venezolana y su cooperación energética con otros países de la región, especialmente del Caribe. En la lucha contra iniciativas consideradas “disidentes” de la política de Washington, además de las acciones orientadas a debilitar la industria petrolera venezolana, se sumó el lanzamiento en 2014 de la Iniciativa de Seguridad Energética del Caribe (CESI, por sus siglas en inglés).
En enero de 2015, el investigador de Brookings Institution, Harold Trinkunas reconocía que varias naciones del Caribe habían gestionado altos costos energéticos con la asistencia de PetroCaribe, un programa que proporcionaba facilidades financieras para la compra de petróleo a Venezuela. Sin embargo, ponía en duda la viabilidad futura del esquema, aludiendo a la crisis económica venezolana, aunque omitiendo las causas externas que la agravaban. En materia energética, los países caribeños enfrentan un doble dilema: la dependencia de combustibles fósiles para sostener la actividad económica y, simultáneamente, la necesidad de reducir el impacto ambiental mediante la diversificación de la matriz energética.
En este contexto se inscribe PetroCaribe. Mientras se mantuvo funcionalmente operativo (2005-2015), tuvo un impacto positivo para las pequeñas economías caribeñas. Garantizó de manera relativamente estable el suministro de combustible bajo formas concesionales y liberó financiamiento para infraestructura energética. Al amparo de este esquema se construyeron refinerías en Dominica y Belice; se ampliaron las refinerías de Kingston (Jamaica) y Cienfuegos (Cuba); se edificó una planta de llenado de GLP en San Vicente y las Granadinas; se instalaron plantas de distribución de combustible en Dominica, San Cristóbal y Nieves, San Vicente y las Granadinas y Granada; y se construyeron tanques de almacenamiento en Belice y Granada, entre otros beneficios. Asimismo, se desarrollaron programas sociales de alivio a la pobreza.
Sin embargo, PetroCaribe fue perdiendo vitalidad por la caída de la producción de PDVSA, el desplome de los precios del petróleo desde 2014—lo que reducía el componente concesional del financiamiento—, y las sanciones impuestas por Estados Unidos a partir de 2017. A ello se sumó el lanzamiento del CESI con el objetivo de contrarrestar la influencia venezolana en un área considerada sensible para la seguridad estadounidense.
En resumen, PetroCaribe constituyó una experiencia relevante de cooperación Sur-Sur basada en la solidaridad, la complementariedad y el reconocimiento de las asimetrías. Su sostenibilidad, no obstante, dependía de un factor altamente volátil: los precios internacionales del petróleo. La CESI prometió más de lo que estaba en capacidad de ofrecer y, en ese escenario, China devino un actor central en el desarrollo de energías renovables en el Caribe, sin renunciar a proyectos extractivos, como tampoco lo han hecho otras potencias.
La cooperación entre Cuba y Venezuela se insertó en este entramado regional. Al amparo del Convenio Integral de Cooperación Cuba-Venezuela, firmado en el 2000 durante el primer año de mandato del presidente Hugo Chávez, se estableció un mecanismo de intercambio de combustibles por servicios que sustentó la política de inclusión social del proyecto bolivariano y para Cuba significó una estabilidad con los suministros petroleros.
Cientos de miles de profesionales cubanos ofrecieron servicios de salud, educación, deporte y asistencia técnica en Venezuela como parte de misiones sociales como Barrio Adentro, Sucre, Milagro, Robinson, Ribas, Vuelvan Caras, entre otras. Gracias a estas misiones, con la participación de colaboradores cubanos, se ofreció asistencia médica a millones de venezolanos; se pusieron en funcionamiento miles de centros de diagnóstico integral, salas de rehabilitación y centros de diagnóstico de alta tecnología; se desarrollaron campañas de alfabetización, que aplicando el método pedagógico cubano Yo sí puedo, beneficiaron a más de un millón de venezolanos. También se formaron miles de médicos y asistentes comunitarios integrales venezolanos y se amplió el acceso a la educación en todos los niveles de enseñanza. 4
Hasta fines de 2024, sólo en el campo de la salud, más de 255 mil colaboradores cubanos habían realizado más de mil millones de consultas médicas y le habían salvado la vida a más de un millón quinientas mil personas. El convenio bilateral fue antecedente directo del ALBA, iniciativa concebida como alternativa de integración orientada a combatir la pobreza, compensar asimetrías y fortalecer la soberanía regional.
A contrapelo de las opiniones que plantean que los envíos de petróleo venezolano subsidiaban el sistema político cubano, conviene precisar que el intercambio de petróleo por servicios se sustentaba en un acuerdo contractual basado en precios de mercado. Muchas potencias occidentales importan combustibles y los pagan con bienes y servicios. Sin embargo, en el caso cubano, esa práctica se ha convertido en eslogan político, minimizando además la condición de país bloqueado.
Durante los tres primeros lustros del siglo XXI se desarrollaron procesos de concertación regional no asentados exclusivamente en lógicas mercantiles. Washington identificó a Cuba y Venezuela como el núcleo duro generador de posiciones contrarias a su política hemisférica, en un contexto en el que proliferaron, en los marcos y con los límites de la democracia burguesa, gobiernos de carácter popular con proyecciones antiimperialistas y antineoliberales. Ello explica el endurecimiento de la política hacia Caracas y La Habana orientada a limitar sus márgenes de autonomía y proyección regional.
Entre las medidas que caracterizaron la intensificación y ampliación del menú de opciones de la política estadounidense hacia estos dos países, especialmente desde el 2017 pueden mencionarse el sabotaje y obstaculización a la producción petrolera venezolana, y el reconocimiento gubernamental a la disidencia venezolana de Juan Guaidó, María Corina Machado y Edmundo González. También el reforzamiento de medidas coercitivas unilaterales como el congelamiento de activos a empresas que comercian con Cuba y confiscación de sus activos en el extranjero y la persecución a fondos y operaciones relacionadas con los envíos de petróleo. Con las medidas más recientes también vino la amenaza de imposición de aranceles adicionales como política de intimidación para limitar el suministro de combustibles a Cuba 5 y presiones y chantajes para interrumpir los programas de colaboración médica de Cuba en la región.
Este conjunto de medidas fueron diseñadas estratégicamente para limitar los ingresos en divisas de los gobiernos, provocar inestabilidad interna a favor de un cambio de régimen, aislar diplomáticamente a estos países en el escenario regional e internacional, y justificar intervenciones militares bajo la fachada de operaciones policiales.
Asfixia para un cambio de régimen
Los eventos del 3 de enero de 2026 constituyen un punto de inflexión que evoca en la memoria de los cubanos los momentos posteriores a la caída de la Unión Soviética, cuando el país se enfrentó a la pérdida de la principal fuente de suministro de combustible y el PIB sufrió una contracción del 37 por ciento. En aquella oportunidad se produjo una reestructuración de la economía en que el turismo y el desarrollo científico fueron el centro en torno al cual giró el cambio estructural, pero también existieron cambios que impactaron el tejido social.
Al entrar al Período Especial—etapa posterior al derrumbe de la Unión Soviética y del socialismo en Europa del Este, en el cual Cuba se vio abocada a una crisis profunda—la sociedad cubana era bastante homogénea. La mayor parte de los cubanos, excepto los campesinos, los cooperativistas y limitadas labores ejercidas por cuenta propia, tenían al Estado como empleador. De tal forma que la figura predominante de ingreso era el salario y la diferencia entre el nivel más bajo y el más alto de la escala salarial era de 1:4.
La salida de ese período estuvo acompañada de una apertura a la inversión extranjera y medidas en el ámbito monetario financiero para alentar la entrada de divisas al país. Con ese propósito fue decretada la despenalización de la tenencia de divisas, con lo cual tanto los cubanos que recibían remesas como aquellos empleados en empresas extranjeras, tendrían acceso a ingresos diferenciados, estableciéndose una diferencia no menor en términos de ingreso y de consumo en dependencia del acceso a las monedas libremente convertibles.
Pero la actual crisis se da en un contexto internacional y nacional distinto. En el orden internacional, los innegables avances económicos y tecnológicos de China han derribado las barreras subjetivas levantadas en torno al potencial riesgo de “contaminación” con un sistema diferente, abriéndole paso al comercio y a las inversiones de ese país en América Latina y el Caribe. El avance de la presencia china en la región fue propiciado por la infundada idea estadounidense de que su sitial como socio era invulnerable.
Cuando Estados Unidos tomó conciencia del terreno perdido y de que su capacidad para competir y desplazar a su rival no le auguraba el éxito acostumbrado, recurrió a la opción de la fuerza. El peligro de que el petróleo venezolano pudiera ser vendido a China en una moneda diferente al dólar resquebrajaba uno de los pilares en que se sostiene su mellado poder. En la práctica, su mejor opción era la coexistencia complementaria, pero no aceptó compartir el espacio.
La intervención en Venezuela y el secuestro del presidente Nicolás Maduro y su esposa le garantizaba el control sobre las mayores reservas probadas de petróleo del mundo, desplazando por esa vía a China. Fue así que desmontó el anhelado intento de relanzar PetroCaribe y asestó un golpe a Cuba mediante una demostración de “músculo militar” que transmitía un mensaje claro: cualquier intento de desafiar su posición en la región enfrentaría duras políticas correctivas.
La concentración del abastecimiento energético de Cuba en actores con afinidades políticas suele etiquetarse peyorativamente como dependencia, pero tal juicio omite que, en primer lugar, la escala y composición de la demanda cubana de crudo no hace económica, ni técnicamente racional la multiplicación de las fuentes de importación, como ocurre en países de mayor porte y con otra estructura económica.
En segundo lugar, se subestima el impacto del bloqueo que ha determinado dilemas como la necesidad de comprar el combustible en lugares distantes o pagar precios exorbitantes por el riesgo de comerciar con Cuba o considerar las facilidades de pago, etc. Tanto la Unión Soviética durante la Guerra Fría, como Venezuela después, fueron actores que mostraron mayor resistencia a las presiones estadounidenses y ambos fueron garantes de un ejercicio soberano de la política exterior cubana, incluso cuando existían diferencias de enfoques sobre determinados temas con los suministradores.
Esta segunda gran interrupción abrupta de los suministros de combustibles se sobrelapa a una situación crítica precedente. El Centro de Estudios de la Economía Cubana en su reporte de 2025 plantea que el déficit de combustible fue responsable de casi la mitad de las interrupciones eléctricas en los últimos meses de ese año. Dado que Venezuela era responsable de entre el 30 y el 35 por ciento de la demanda de crudo, la parálisis del suministro tiene un impacto severo en la economía cubana con afectaciones en la generación de energía eléctrica, en el transporte, en las cadenas logísticas y en la vida cotidiana.
Los efectos se extienden con rapidez a todos los sectores económicos, con particular incidencia sobre el turismo a partir del agotamiento del combustible para la aviación y las dificultades para el reabastecimiento en otros países, lo que encarece los boletos aéreos y ha llevado al anuncio del cese temporal de operaciones con Cuba de aerolíneas de Canadá y Rusia. A ello se unen las recomendaciones de algunos países a sus ciudadanos para que eviten viajar a Cuba, y a la sobreexposición de ciudadanos de terceros países que hayan viajado a Cuba a restricciones migratorias más severas para su entrada a Estados Unidos.
Al ser la energía un insumo requerido para la gran mayoría de los procesos productivos y también para la provisión de servicios, la escasez de combustible se ha reflejado rápidamente en un incremento de precios, que alimenta una dinámica inflacionaria precedente condicionada por la depreciación del tipo de cambio en el mercado negro, la existencia de un déficit fiscal que aún se mantiene elevado a pesar de las reducciones alcanzadas en 2025, y una reducida oferta doméstica de bienes, incluidos los de la canasta básica normada. Los impactos no quedan en la esfera productiva, sino que se reflejan con particular dramatismo en la imposibilidad de sostener la provisión de servicios públicos tan sensibles como la salud, el transporte, el abastecimiento de agua, la educación, la cultura y las actividades deportivas y recreativas, entre otras.
En esa dirección, se ha acelerado la instalación de parques fotovoltaicos y otras fuentes renovables, proceso que ya había comenzado en el marco de la relación económica con China y Vietnam. Tras los acontecimientos en Venezuela y el recrudecimiento del cerco energético por parte de Estados Unidos, se han alcanzado récords recientes de generación a partir de fuentes renovables, fundamentalmente solar, aunque todavía insuficientes para cubrir la demanda nacional.
Como se anotó anteriormente, en el período de crisis que se abrió con la desaparición de la Unión Soviética, Cuba apostó al turismo y al desarrollo de diferentes campos de la ciencia como la computación, la biotecnología y la medicina, que se convirtieron en una fuente de servicios exportables dentro y fuera de las fronteras del país. El gobierno de Obama reconoció el papel de Cuba en la atención a los enfermos de ébola en África y los médicos cubanos fueron propuestos al Premio Nobel de la Paz por su decisiva presencia en numerosos países en la lucha contra el Covid, por nombrar sólo algunos. Las administraciones de Trump y Biden fueron especialmente agresivas con las medidas dirigidas a golpear a países para que interrumpieran la colaboración y amenazas de restricción de visas a los funcionarios y familiares en esos países que estuvieran relacionados con esa actividad.
Estas medidas se han exacerbado los últimos meses y algunos gobiernos se han visto precisados a prescindir de la colaboración de los servicios médicos cubanos, y más recientemente, esas presiones se han extendido a la formación del personal sanitario en la isla. Si bien la intervención estadounidense en Venezuela y la Orden Ejecutiva del 29 de enero introducen nuevos elementos de incertidumbre y anticipan mayores rigores para la población cubana, estos se suman a afectaciones derivadas del deterioro de la infraestructura del sector.
La resistencia al cerco
En un contexto en que se conjugan las complejidades del entorno internacional y nacional algunos piensan que Cuba se enfrenta al colapso, mientras otros desde el exterior construyen y alimentan esa idea. Sin desconocer la gravedad de un escenario económico magnificado por la posibilidad de la agresión militar, debe tenerse en cuenta que 67 años de Revolución han significado un desafío permanente que la dirección del país ha sabido gestionar, y que contrario a lo que muchos pudieran pensar, las crisis en Cuba no son un terreno abonado para el desaliento.
La experiencia histórica cubana registra que ante situaciones que amenazan la supervivencia de la nación y sus pobladores, afloran resortes de cohesión no tan visibles en el día a día. Para Cuba la amenaza tiene capacidad renovadora. El debate de la Cuba de hoy pasa por asumir el carácter no excluyente entre la necesidad de cambios y la defensa de la soberanía nacional. En su magistral definición de Revolución, su líder histórico Fidel Castro destacaba que esta era “sentido del momento histórico”, “cambiar lo que debe ser cambiado”, “emanciparnos por nosotros mismos y con nuestros propios esfuerzos”, “luchar con audacia, inteligencia y realismo” y “no violar principios éticos”. 6
La gran pregunta es si Cuba será capaz de resistir el cerco petrolero, si el gobierno será capaz de conducir los cambios que se requieren para superar la situación y qué otras medidas implementará Estados Unidos con el fin de asfixiar el país.
La Cuba donde aterriza esa pregunta es mucho más heterogénea de la que fue al triunfo revolucionario. Una Cuba donde se identifican posiciones polarizadas y polarizantes, que van desde quienes se resisten a la introducción de cambios en las instituciones del Estado y a conceder mayor espacio al mercado, hasta quienes abogan por la transformación del sistema político bajo los cánones de la democracia liberal y una liberalización económica a ultranza sin medir sus consecuencias. Incluso existen los que defienden posiciones anexionistas o de renuncia a la soberanía nacional, pasando por quienes, asumiendo un colapso de la isla, sólo ven una salida en la intervención o el tutelaje estadounidense. Este último segmento parece sufrir amnesia de la historia patria e ignorar otras experiencias en países cercanos del Caribe como Puerto Rico y Haití, a los cuales la intromisión externa no ha asegurado prosperidad económica, justicia social o estabilidad “democrática”. Haití todavía paga la factura de su rebeldía, que no ha sido perdonada hasta nuestros días.
Sin embargo, lo que predomina es el amplio espectro de matices que existe entre uno y otro extremo. Con independencia de las diferencias en el contenido, esa variedad de posturas termina configurando una masa de acompañamiento al proyecto político y social de la Revolución con críticas a la gestión gubernamental, o de oposición que, aunque no comparten la ideología del régimen, rechazan la injerencia extranjera.
Entre los temas que concitan mayor debate en esa complicada malla de perspectivas intermedias se encuentran: la amplitud y profundidad de las relaciones basadas en el mercado; el contenido y profundidad de las reformas; la participación del sector no estatal en el sistema económico; la tolerancia social y canalización del disenso, así como la pertinencia de la implementación de reformas bajo la política de máxima presión de Estados Unido. También existen consensos duros en torno a la soberanía nacional, la justicia social como pilar del proceso revolucionario, la preservación de conquistas sociales y el reconocimiento de la necesidad de reformas que actualicen el modelo socioeconómico, entre otros puntos.
Un tema que merece una consideración aparte es la relación con Estados Unidos, que es medular en cualquier escenario. Entre los cubanos no existe una animosidad contra una relación constructiva y respetuosa con Estados Unidos, pero su deseabilidad se contrapone a una profunda desconfianza avalada por décadas de un bloqueo y sanciones incrementales que han asfixiado la economía cubana y una retórica hostil y agresiva que alimentan el escepticismo y la desconfianza de un compromiso sostenible por parte de las administraciones estadounidenses para lograrlo.
Cualquier experiencia emancipadora, mientras exista el imperialismo, estará en riesgo de ser sofocada por fuerzas externas o irreparables errores internos. La educadora popular cubana Esther Pérez con acierto establece la relación entre el socialismo como proyecto y el proceso de su construcción: “El socialismo es un proceso que combina dos cosas: proyecto y proceso. El proyecto de más libertad, más bienestar, hasta llegar al comunismo. Y el proceso, que no es como el proyecto, una cosa recta dirigida claramente hacia el horizonte. El proceso es sinuoso porque está sujeto a las coyunturas, está sujeto a los contratiempos, a los errores… Entonces el socialismo siempre está en riesgo porque tienes que ir siguiendo ese proceso. De manera que si me preguntas si el socialismo cubano está en riesgo te digo que siempre ha estado. No es un hecho dado. Que el riesgo se convierta en realidad depende de nosotros”.
Footnotes
1. Múltiples bancos e instituciones financieras europeas han sido multadas por el Departamento del Tesoro por realizar operaciones con Cuba, entre las que se encuentran el BNP Paribas de Francia (8.900 millones de dólares), Standard Chartered de Reino Unido (1.100 millones), Credit Agricole de Francia (787 millones), ING de Países Bajos (619 millones), Credit Suisse de Suiza (536 millones), entre otras (Cubadebate, 2012; OnCuba, 2019) (Back)
2. En dicha votación, Argentina y Paraguay votaron en contra, y Ecuador y Costa Rica se abstuvieron (Back)
3. CARICOM, a diferencia de otros esquemas asociativos, ha tenido como sello distintivo la coordinación de posiciones en temas relevantes para sus miembros en materia de política exterior, lo que en muchas ocasiones se reflejó en votaciones en bloque sobre esos temas en mecanismos multilaterales y regionales (Back)
4. L. M. Regueiro Bello, Los TLC en la perspectiva de la acumulación estadounidense: Visiones desde el Mercosur y el ALBA (Buenos Aires: CLACSO, 2008) (Back)
5. Si bien el 3 y el 29 de enero de 2026 marcan fechas críticas para el suministro petrolero a Cuba es importante subrayar que antes de esas fechas tuvo lugar una campaña de intercepción física de buques petroleros en el Caribe y otras regiones. El Comando Sur de los Estados Unidos y el Comando del Indo-Pacífico coordinaron la captura de al menos diez tanqueros vinculados a la red de suministro cubana entre diciembre de 2025 y febrero de 2026 (Razones de Cuba, 2026) (Back)
6. Castro, F. (2020, mayo 1). Concepto de Revolución. Presidencia de Cuba. https://www.presidencia.gob.cu/es/noticias/concepto-de-revolucion/ (Back)
Tomado de Resumen Latinoamericano Argentina.
