Perú: militares impunes, otra vez
Por Roque Gonzales La Rosa
En junio de 1995 la dictadura de Fujimori puso un clavo más en su ataúd con la ley de amnistía para militares violadores de derechos humanos en el marco del conflicto armado interno. Un acto desafiante que suscitó enormes movilizaciones y la ilegítimidad que contribuyó a la caída del fujimorato.
Treinta años después,una nueva ley de impunidad acaba de prosperar en los albañales del Congreso de la República,la vieja deuda contraída por los vencedores del conflicto hacia sus sicarios y criminales de guerra uniformados se pretende saldar, esta vez en medio de la desmovilización social,la apatía y la anuencia con que el movimiento social contempla la aplanadora parlamentaria. La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos en Perú ha expresado su oposición a través de un comunicado , advirtiendo que esta normativa «borra décadas de lucha por la justicia y la verdad» dado que más de 156 condenas y 600 procesos por violaciones «graves» a los Derechos Humanos, incluyendo ejecuciones extrajudiciales, tortura y desapariciones forzadas estarían en proceso de archivarse.
La ley de impunidad 2.0 viene a cumplir con lo pactado con las FFAA, uno de los soportes del gobierno de Dina Boluarte, bien representadas hoy en el parlamento por almirantes y generales congresistas, el pacto ya vino pagando a plazos a las fuerzas armadas que hace mucho no tenían los enormes presupuestos que hoy ostentan ,las millonarias adquisiciones sin ningún tipo de fiscalización, los militares parlamentarios envueltos en denuncias por asesinos y violadores bien representan a sus instituciones ávidas del presupuesto público, en tal sentido su gran aporte legislativo también ha contemplado imponerse una doble remuneración, genuinos representantes de las FFAA.
De esta manera el gobierno de Dina Boluarte sigue imponiendo la agenda que encargan sus sostenedores, impertérrita, impávida y con rumbo firme avanza sobre cadáveres de manifestantes, en medio de la total desaprobación. Boluarte, el monigote que sucedió constitucionalmente al electo Pedro Castillo, corresponde recíproca el desprecio de las mayorías, también las desprecia, ha superado el bochornoso y delictivo hallazgo de las joyas que recibió como soborno encubierto, viene capeando la humillante exposición de las cirugías estéticas que se practicó a cambio de puestos públicos, tiene estancadas las investigaciones judiciales por su desbalance patrimonial, todo se lo debe a esa curiosa y funcional confluencia de intereses mafiosos que la usa para redibujar un estado a la medida de los negocios que deja pasar a cambio de su permanencia. Una mucama del poder bastante económica para el medio mientras a su alrededor se festinan enormes presupuestos, la presidenta accidental está contenta con los mendrugos que le permitan la más ordinaria frivolidad. Boluarte no tiene la sofisticación de los que medraron con Oderbrecht, se sabe que ya andaba mordiendo cuando fue ministra del gobierno que traicionó, pero hoy está satisfecha con cirugías, viajes y joyas ,en ese sentido sus aspiraciones no van más allá de las que pretendiese cualquier bataclana.
Dina Boluarte,sucesora legal de Pedro Castillo, emula a una María Antonieta andina ajena al sentir social, de espaldas rotundas frente al país. Es una Alejandra Fiodorovna Romanova con su equipo de rasputines que ahora le han incrementado el sueldo duplicándolo en el mayor secretismo; un salario jugoso, tarjetas de consumo, un presupuesto ilimitado para los gastos operativos de palacio de gobierno,Dina Boluarte es una funcionaria de cortas miras,hasta como corrupta es de mediocres aspiraciones. Sus demandas de comensal de segunda fila no colisionan con los grandes entripados de las ligas mayores de las mafias que lucran bajo su pobre sombra.
La impunidad que hoy consiguen los que arrasaron aldeas e incineraron detenidos en hornos edificados en cuarteles militares vendrá acompañada del plan de retirar al país de la competencia de los organismos supranacionales de justicia, se apuntalará con la intervención en marcha del poder judicial,los beneficiarios policías y militares reprimirán a quienes cuestionen sus gollerias y todo aquello que hasta hace un tiempo se percibía como inconcebible terminará por hacer parte del paisaje.
La impunidad se cierne sobre el Perú que lleva votando ya varios lustros en contra del mismo modelo económico, y que siempre ve que los derrotados acaban igual gobernando, pero esta vez han pisoteado sus votos y asesinado a sus manifestantes, es de esperarse el estallido de este acumulado. Al menos así sucede con los pueblos con dignidad.
Tomado de Resumen Latinoamericano
