Del narcotráfico al petróleo: la verdadera guerra de Trump contra Venezuela
Por Diana Valido Cernuda.
De acusar al gobierno venezolano de narcotráfico a exigir la devolución del “petróleo robado a Estados Unidos”, Donald Trump ha ido escalando en las amenazas o dicho mejor aún, se ha quitado la máscara para decir a todas voces las intenciones reales de su persecución contra Venezuela: el petróleo.
Los ataques en alta mar contra embarcaciones acusadas de narcotráfico, sobre las cuales Estados Unidos solo mostró humo y cenizas, en lugar de evidencias reales, fueron solo el preludio.
El presidente de Estados Unidos, no conforme con haberse sentido Dios para mandar a “cerrar el espacio aéreo venezolano”, ordenó un bloqueo de los puertos petroleros y dio luz verde a la incautación de buques, tres hasta el momento.
Sin embargo, ninguna de estas acciones está respaldada por el derecho internacional, sino todo lo contrario, son violaciones. En este reportaje te contamos.
Del “narcoestado” al petróleo como botín
En un mensaje reciente en su red Truth Social, el mandatario estadounidense afirmó:
“Por el robo de nuestros activos y muchas otras razones, como el terrorismo, el narcotráfico y la trata de personas, el régimen venezolano ha sido designado como una organización terrorista extranjera. Por lo tanto, hoy ordeno el bloqueo total de todos los petroleros sancionados que entren y salgan de Venezuela”
En otra declaración, Trump sugirió que sería “inteligente” que el presidente venezolano renunciara, implicando que la continuidad del liderazgo de Nicolás Maduro podría tener “consecuencias serias”.
La administración ha apelado a todo el catálogo de opciones posibles de guerra cognitiva para lograr lo que ya no es un secreto: un cambio de gobierno en Venezuela y el control de sus principales recursos. Una ambición para nada nueva.
En 2009, el Comandante Hugo Chávez advirtió claramente sobre la posibilidad de una guerra cuando expresó: «La razón de mayor peso de que Estados Unidos quiera poner aquí un gobierno subordinado a él, al imperio, como lo tuvieron durante mucho tiempo, es el petróleo venezolano».
Por qué el petróleo venezolano no es “robado”
El derecho internacional consagra la soberanía de cada Estado sobre sus recursos naturales. Este principio aparece desde las resoluciones fundacionales de las Naciones Unidas y ha sido reafirmado en documentos más recientes.
Uno de los más citados en este contexto es la Resolución 1803 (XVII) de la Asamblea General de la ONU, la cual establece que:
“El derecho de los pueblos y naciones a la soberanía permanente sobre su riqueza y recursos naturales debe ejercerse en interés del desarrollo nacional y del bienestar de los pueblos del respectivo Estado”
Este principio rechaza cualquier reclamo externo que pretenda atribuir recursos nacionales a otro Estado sin consentimiento jurídico claro.
El petróleo venezolano no es un recurso robado a Estados Unidos, sino un bien natural que pertenece al Estado y, por extensión, a su pueblo, conforme al derecho internacional y a su propia legislación interna.
Venezuela, como cualquier país soberano, ejerce control sobre los recursos que se encuentran dentro de su territorio y subsuelo, un principio reconocido por las Naciones Unidas desde hace más de seis décadas.
La acusación de “robo” ignora deliberadamente un hecho histórico central: la industria petrolera venezolana fue nacionalizada en 1976 mediante un proceso legal, público y reconocido internacionalmente. En ese momento, las compañías extranjeras —incluidas grandes empresas estadounidenses— no fueron despojadas sin compensación, sino que recibieron pagos, indemnizaciones o acuerdos financieros por los activos transferidos al Estado venezolano. Aquellas empresas que no estuvieron conformes acudieron a mecanismos de arbitraje internacional, como lo permite el derecho económico internacional, sin que ello invalidara la soberanía venezolana sobre el recurso.
Desde el punto de vista jurídico, ninguna empresa extranjera es dueña del petróleo en el subsuelo: a lo sumo, posee concesiones, contratos de explotación o asociaciones temporales, todas subordinadas a la legislación del país anfitrión.
La propiedad del recurso natural nunca se transfiere. Por ello, aun cuando empresas estadounidenses hayan participado históricamente en la extracción o comercialización del crudo venezolano, eso no convierte al petróleo en un activo estadounidense.
Expertos en derecho internacional subrayan que confundir contratos de explotación con propiedad del recurso es una distorsión grave del derecho internacional, utilizada con frecuencia para justificar presiones económicas o políticas. Bajo esta lógica, cualquier país que nacionalice un sector estratégico podría ser acusado de “robo”, pese a que la nacionalización —con compensación— es un acto plenamente legítimo y reconocido por la comunidad internacional.
En este contexto, la afirmación de que Venezuela debe “devolver” su petróleo no tiene sustento legal, sino que responde a una reinterpretación política del derecho, orientada a deslegitimar la soberanía venezolana y a presentar la apropiación forzada de recursos como una acción de “recuperación”, cuando en realidad se trata de una disputa geopolítica o en todo caso, de un intento de robo por parte de Estados Unidos.
Bloqueos, fuerza y la Carta de la ONU
La escalada de Washington contra Caracas ha ido avanzando más allá de sanciones económicas. El bloqueo naval y la incautación de buques petroleros plantea un problema aún más grave: el uso de la fuerza sin autorización internacional.
La Carta de las Naciones Unidas en su artículo 2.4 lo prohíbe de forma categórica: “La amenaza o el uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado”.
Por su lado, la Convención de Ginebra sobre la alta mar indica que el bloqueo naval viola la libertad de navegación ya que “todo estado tiene el derecho de que los buques que enarbolen su bandera naveguen libremente”.
Juristas internacionales citados por medios de prensa han advertido que un bloqueo naval constituye un acto de fuerza, equiparable a una acción bélica, y solo puede ser legal si cuenta con autorización expresa del Consejo de Seguridad de la ONU o si responde a un acto previo de legítima defensa, algo que no ha ocurrido en el caso venezolano.
Maduro: “Venezuela no será una colonia jamás”
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro ha sido tajante en su respuesta pública a las denuncias y acciones de Washington:
“Es una pretensión guerrerista y colonialista y lo hemos dicho bastante, y ya todo el mundo ve la verdad que ha sido develada. Se pretende en Venezuela un cambio de régimen para imponer un gobierno títere que no duraría ni 47 horas, que llegue a entregarle la constitución, la soberanía, la riqueza y convierta a Venezuela en una colonia. Sencillamente eso no va a pasar nunca jamás. Eso no pasará jamás”.
A lo interno del país, los venezolanos también rechazan las intenciones injerencistas de Washington. Un sondeo nacional realizado por la encuestadora Monitor Político en la primera quincena de diciembre mostró que el 97 por ciento de los venezolanos se oponen a cualquier intento de apropiación extranjera de los recursos estratégicos del país mientras que más del 90 por ciento se pronunció en contra de una intervención estadounidense.
Reacción internacional
La incautación de los buques petroleros venezolanos no pasó desapercibida, aunque las respuestas fueron heterogéneas y marcadas por la fragmentación internacional. Este episodio expuso la doble moral de la comunidad internacional, donde los principios de soberanía y legalidad parecen depender de quién es víctima y quién ejerce el poder.
Países como Cuba, Nicaragua y Colombia, al igual que China y Rusia denunciaron de inmediato lo que calificaron como acto de piratería moderna y violación de la soberanía nacional. Sus declaraciones coincidieron en señalar que estas acciones no solo afectan a Venezuela, sino que representan una amenaza para cualquier país que busque autonomía energética y económica en la región.
Cuba afirmó que la incautación “normaliza la violencia económica y marítima contra los pueblos del Caribe y América Latina”.
Nicaragua denunció la “doble moral de Estados Unidos, que criminaliza a los gobiernos soberanos mientras protege sus intereses económicos en la región”.
El gobierno de México, por su parte, criticó la inacción de la ONU para frenar esta escalada bélica y junto al gobierno de Brasil se ofreció como mediador para resolver por vías diplomáticas la situación actual. Una sugerencia que por el momento la Casa Blanca ha ignorado.
Vías legales y posibilidades reales
Venezuela ha respondido con herramientas concretas: la ley de libertad marítima y comercio, aprobada por el Parlamento que protege sus buques, sanciona la piratería moderna y garantiza la navegación frente a bloqueos ilegales.
Además, el país puede recurrir a mecanismos legales internacionales, tribunales de arbitraje y foros multilaterales para denunciar violaciones a su soberanía y exigir reparación por acciones coercitivas.
Pero estas vías se enfrentan a un desafío central: la incapacidad de la ONU para actuar de manera efectiva. Caracas señala que, si la organización no ha podido frenar conflictos prolongados en otras regiones, como Gaza, difícilmente intervendrá frente a la presión directa de una potencia como Estados Unidos.
La acción selectiva de la ONU, marcada por la propia hegemonía de Estados Unidos en el Consejo de Seguridad evidencia una doble vara frente a confrontaciones como la que analizamos.
En este contexto, las posibilidades reales de Venezuela para defender sus intereses se concentran en fortalecer sus defensas legales, diplomáticas y económicas, consolidar alianzas internacionales sobre todo con el Sur Global y exponer públicamente la ilegalidad de los bloqueos y la incautación de recursos.
Todo esto ocurre bajo la sombra de la Estrategia de Seguridad Nacional de Trump, que deja en claro que los recursos de América Latina —y particularmente el petróleo venezolano— son un objetivo geopolítico.
Lo que está sucediendo con Venezuela es un llamado de alerta para toda América Latina. La región, fragmentada y dividida, enfrenta la presión de una potencia que busca controlar recursos estratégicos y condicionar gobiernos soberanos.
La experiencia venezolana evidencia que la desunión deja a los países más vulnerables, y que solo la coordinación, la cooperación regional y la defensa firme de la soberanía podrán garantizar que América Latina no sea terreno de apropiación ni de imposición externa.
Venezuela enfrenta una ofensiva que combina presión económica, diplomática y mediática. Su margen de acción está limitado por la realidad internacional, pero la soberanía no se negocia, y el país apuesta a usar todas las herramientas legales y diplomáticas disponibles para proteger su integridad, mientras expone al mundo las ambiciones de una potencia que busca convertir recursos estratégicos en instrumentos de influencia y control.
Tomado de Al Mayadeen.
