Votación en el Congreso: los ecos de Girón y el silencio del Capitolio
Por Raúl Antonio Capote / Foto: France24
En una ajustada votación que refleja la profunda polarización que domina la capital estadounidense, el Senado bloqueó esta semana una resolución demócrata que habría obligado al presidente Donald Trump a obtener la aprobación expresa del Congreso antes de lanzar cualquier ataque militar contra Cuba.
La maniobra, resuelta por 51 votos a favor y 47 en contra, no solo aborta el enésimo intento legislativo de poner límites a la autoridad bélica del Ejecutivo, sino que envía un mensaje inequívoco sobre la fragilidad de los equilibrios constitucionales cuando la posibilidad de un conflicto armado se asoma en el horizonte caribeño.
La resolución, impulsada por los senadores Tim Kaine, Adam Schiff y Ruben Gallego, buscaba atajar de forma preventiva lo que describen como “un acto hostil que requeriría la aprobación del Congreso”.
En esencia, pretendía que el presidente tuviera que pasar por el Capitolio antes de ordenar cualquier operativo de fuerza contra la isla., pero la mayoría republicana, con el respaldo del senador demócrata John Fetterman, consiguió declarar la medida fuera de orden, al tiempo que dos republicanos —Susan Collins y Rand Paul— se sumaban a los demócratas.
Para entender lo ocurrido es necesario asomarse al complejo andamiaje legal que regula los poderes de guerra en Estados Unidos, la Constitución establece, en su Artículo I, que “el Congreso tendrá la facultad… de declarar la guerra”. Pero al mismo tiempo, el Artículo II convierte al presidente en “comandante en jefe del Ejército y la Marina”.
Esa dualidad ha generado, desde la fundación de la república, una tensión irresuelta que cada crisis internacional vuelve a poner de manifiesto.
Tras la experiencia de Vietnam, el Legislativo intentó recuperar terreno con la Resolución de Poderes de Guerra de 1973, aprobada incluso por encima del veto del presidente Richard Nixon, la norma exige que el mandatario notifique al Congreso en un plazo de 48 horas tras el inicio de hostilidades y prohíbe que las tropas permanezcan desplegadas más de 60 días sin una autorización formal o una declaración de guerra.
Como señala el Archivo Nacional, “la resolución fue aprobada por dos tercios de la Cámara y el Senado, anulando el veto del presidente Richard Nixon”
Sin embargo, la historia demuestra que esa barrera legal es más teórica que real. Desde 1945, el Congreso no ha emitido una sola declaración formal de guerra, y ello no ha impedido que las fuerzas armadas estadounidenses hayan combatido en Corea, Vietnam, Irak, Afganistán y, más recientemente, en Irán y Venezuela sin el visto bueno explícito del Capitolio
Como recuerda el historiador militar Peter Mansoor, “el péndulo se ha inclinado hacia el Ejecutivo; los redactores de la Constitución pretendían que el Congreso fuera la rama más poderosa”
La propia Resolución de 1973 contiene resquicios que los presidentes de ambos partidos han explotado con eficacia: permite operaciones unilaterales de hasta 90 días y, según investigaciones recientes, algunos mandatarios han argumentado que mientras no haya tropas terrestres implicadas, los bombardeos pueden prolongarse de forma indefinida
En ese sentido, el bloqueo republicano del martes no hace sino consolidar una práctica que, con independencia del signo político de la Casa Blanca, ha vaciado de contenido la prerrogativa constitucional del Legislativo.
El caso de Cuba no es un episodio aislado. Los demócratas han fracasado en al menos cinco ocasiones previas durante esta legislatura al intentar limitar los poderes militares del presidente en distintos escenarios, particularmente en Irán y Venezuela. De hecho, la votación del martes había sido precedida por intentos casi idénticos que tampoco prosperaron.
La repetición de este patrón revela una dinámica consolidada: el partido que controla la presidencia cierra filas en torno a su líder, mientras la oposición denuncia, sin éxito, la erosión de los controles institucionales.
Los republicanos, encabezados por el senador Rick Scott de Florida, justificaron su rechazo con un argumento técnico: al no existir hostilidades activas declaradas contra Cuba, no procedía invocar la resolución de poderes de guerra.
Una línea de defensa que recuerda a la empleada por secretarios de Estado del pasado cuando, como Marco Rubio, afirmaban que “esto no es una guerra contra Irán” para eludir el obligado paso por el Congreso.
Sin embargo, la realidad sobre el terreno contradice ese relato. Estados Unidos mantiene un férreo bloqueo energético que ha paralizado casi por completo la actividad económica cubana. Según reportes de USA Today, el Pentágono ha intensificado en secreto la planificación de una posible operación militar en la isla, situada a apenas 145 kilómetros de la costa de Florida
El propio Trump ha alimentado la ambigüedad estratégica al declarar que “creo que tendré el honor de ser yo quien se haga cargo de Cuba”. Y mientras tanto, buques de la Guardia Costera interceptan cargamentos de combustible destinados a la isla, una acción que el senador Kaine equiparó sin rodeos: “Si alguien estuviera haciendo a Estados Unidos lo que nosotros estamos haciendo a Cuba, lo consideraríamos sin duda un acto de guerra”.
Del otro lado del Estrecho de la Florida, la reacción del gobierno cubano no se ha hecho esperar. El presidente Miguel Díaz‑Canel advirtió el pasado 16 de abril que “la agresión militar de Estados Unidos es una posibilidad real” y emplazó al país a “estar listos para combatir; no la queremos, pero es nuestro deber prepararnos para evitarla y, si fuera inevitable, ganarla”
La fecha elegida para ese discurso no fue casual: se cumplían 65 años de la fallida invasión de Bahía de Cochinos (Playa Girón), el intento más célebre —y catastrófico— de Estados Unidos por derrocar por la fuerza al gobierno revolucionario. Aquella operación, autorizada en 1961 por el presidente John F. Kennedy sin una declaración de guerra del Congreso, terminó en un humillante fracaso que fortaleció a Fidel Castro y aceleró el acercamiento de la isla al bloque soviético
Ese eco histórico sobrevuela el actual episodio. En su declaración oficial del 17 de abril, el gobierno cubano denunció un “asedio permanente” que combina sanciones económicas, presiones diplomáticas y amenazas de intervención armada. El comunicado califica el bloqueo como una política de “castigo colectivo” que ha provocado cortes diarios de electricidad, desabastecimiento de agua y la suspensión de miles de cirugías, afectando de manera directa a la población civil.
La posición de La Habana es diáfana: no se trata solo de rechazar una posible invasión, sino de reivindicar el derecho a la autodeterminación frente a lo que consideran una nueva fase de la política de “cambio de régimen”. “Cuba no amenaza o agrede a país alguno; es un país de paz, solidario y comprometido con el diálogo, pero no renunciará jamás a defender su soberanía a cualquier precio”, sostienen fuentes oficiales de la Cancillería cubana.
El desenlace de esta pulseada trasciende a Cuba. Lo que el Senado ha ratificado es, en la práctica, la prerrogativa del presidente para decidir unilateralmente sobre el uso de la fuerza en el Caribe, con el único límite —en teoría— de los 60‑90 días que fija la Resolución de Poderes de Guerra.
Pero si, como vaticinan algunos analistas, la administración Trump optara por una intervención quirúrgica o una operación encubierta que no alcance el umbral formal de “hostilidades”, ese límite podría volverse irrelevante.
Mientras tanto, la población cubana se enfrenta a una situación doblemente angustiosa: a la asfixia económica provocada por un bloqueo que ya dura seis décadas se suma ahora la incertidumbre de si, en cualquier momento, el presidente estadounidense dará la orden de pasar a la acción directa.
Como confesó a la salida del hemiciclo el propio senador Kaine tras la votación: “No tengo razones para creer que el cambio de régimen sea inminente, aunque tampoco puedo decir que no lo sea”
La historia enseña que, cuando los controles institucionales se debilitan, las decisiones sobre la guerra y la paz dependen cada vez más del criterio de una sola persona. Y en este caso, esa persona ya ha dicho que quiere ser recordada como quien “se hizo cargo de Cuba”.
