Policías de Estados Unidos, se disputan la cima de la violencia (III)

Por José Luis Méndez Méndez* / Colaboración Especial para Resumen Latinoamericano.

Durante las dos primeras décadas del siglo XXI, se produjeron dos cambios importantes: desde el 2008, la cantidad de jóvenes a cargo del sistema juvenil en Florida, disminuyó de 41,002 a 19,491. Esa baja coincidió con el comportamiento nacional en el índice de delitos cometidos por menores de edad, junto con una ley aprobada en Florida en el 2011, que alentaba a la policía a imponer penalidades civiles a algunos menores no violentos, en vez de arrestarlos.

Al mismo tiempo, se privatizó todos los programas de residencia de justicia juvenil, las instalaciones donde los jóvenes cumplían las sentencias. Pero un informe de un jurado investigador del 2015 en el Condado Polk después de un motín en la Highlands Youth Academy, en ese momento, ofreció una visión diferente.

El motín comenzó por una apuesta en un partido de baloncesto. La apuesta fue un paquete de sopa Lipton Cup-a-Soup. Los perdedores se negaron a pagar. Las autoridades desplegaron unos 150 policías, incluido un equipo SWAT. Hubo 61 jóvenes arrestados. Después de estudiar el motín en el programa para jóvenes con enfermedades mentales o drogadicción, el jurado investigador calificó lo sucedido de “vergonzoso”.

Algunas de las conclusiones fueron: “Los edificios están en mal estado y tienen mala seguridad, los delincuentes juveniles no tienen la supervisión adecuada y no reciben una educación que les permita no reincidir, el personal está muy mal capacitado y no puede manejar los jóvenes a su cargo, y la seguridad del público está en riesgo”, indicó el informe, es decir el ambiente era explosivo, la sopa fue el detonante.

El jurado investigador señaló los jóvenes estaban descontrolados, que vivían en edificios con goteras en el techo —uno tenía una lona azul— porque no se hicieron las reparaciones necesarias tras el paso del huracán Wilma una década antes. El informe indicó que a la compañía británica G4S, que dirigía el programa, le habían pagado $40 millones a lo largo de cinco años, incluido un margen de ganancias de 9 por ciento, o unos $800,000 en ganancias ese año, para operar el campamento. Había sido un verdadero fraude. “Mientras literalmente se estafaba a los contribuyentes”, indicó el informe, “a los jóvenes no se les prestan los servicios adecuados”.

Por otra parte, la Fort Myers Youth Academy ha sido un ejemplo donde han imperado la violencia y una cultura de encubrimientos coercitivos. El programa fue colocado bajo un “plan de medidas correctivas”, después que se determinó que maltrataba a demasiados detenidos.

En vez de controlar los abusos, el jefe de Fort Myers, Michael Mathews, llegó a extremos para tratar de evitar que se reportara a la instalación ante el Departamento de Justicia Juvenil. El personal dijo a los investigadores que les prohibían reportar nada a la línea estatal de abuso infantil sin permiso de los administradores, que establece informar la infracción de las normas del Departamento de Justicia Juvenil, que ordena además reportar los abusos y exige que los detenidos tengan acceso a la línea telefónica. Algunos jóvenes alegaron que los presionaron o los sobornaron, uno dijo que le ofrecieron papitas, para que no hablaran.

En abril del 2015, un joven de 17 años sufrió un ataque a manos de Davis Rios, un guardia de atención a jóvenes contratado en Fort Myers a quien  después se le permitió renunciar a su trabajo como guardia de prisión, como solución para contener el escándalo que se desató después de la agresión. Antes ya lo habían despedido de una prisión por acoso sexual. El agresor lanzó al joven al suelo, le dobló los dedos de una mano hacia atrás y le puso una llave en el hombro, “lo que provocó que el joven gritara de dolor”.

La víctima se había fracturado recientemente la mandíbula y el guardia le golpeó con el codo en la zona, según muestran  los registros. El muchacho estaba “llorando y rogando a el agresor parara”, pero este intentó “romperle el brazo”. La paliza desmedida continúo y dejó al joven con dientes fuera de lugar y sangrando por la boca. Lo enviaron a la sala de emergencias con una lesión en el hombro, “varios” hematomas y sangramiento interno.

Tales medidas de “control mediante el dolor”, permisibles en las prisiones para adultos, estaban prohibidas por el Departamento de Justicia Juvenil desde hacía más de un decenio, al menos en los papeles administrativos, así aparece.

El informe original tenía diez páginas, pero a medida que subía a los superiores disminuía, hasta terminar en tres páginas con un relato vago, carente de detalles, tampoco se reportó el hecho al teléfono de denuncia de abusos, como estaba establecido, y después se dijo a manera de explicación: El personal “tiene prohibido hacer eso”. La documentación médica fue enajenada.

Los hechos permanecieron ocultos durante tres meses, hasta que los investigadores del Departamento de Justicia Juvenil fueron a Fort Myers a conocer otro hecho de fuerza. Pronto salieron a relucir más quejas, como de un joven a quien le sacaron un diente de un golpe cuando se negó a entregar su bandeja de almuerzo, otro joven quien alegó que lo sacaron a la fuerza de la cama y lo golpearon por no despertarse a tiempo y un informe de un adolescente sobre el ofrecimiento de “recompensas” a cambio de golpizas.

El 23 de octubre del 2015, se redactó un informe en el que detenidos describieron abusos generalizados y frecuentes encubrimientos. El médico del programa, refirió, que los administradores disuadían a los detenidos de reportar abusos físicos. Una antigua enfermera del lugar,  dijo que renunció debido al exceso de violencia, la reticencia de otros a reportarla y porque “llamaban mentirosos a los jóvenes”. Un joven aseguró haber sido sobornado con comida rápida y falsas promesas para ocultar los abusos.

Para evitar consecuencias el agresor del joven fue despedido en noviembre del 2015 y otro supervisor fue despedido el año siguiente, después de no reportar otro hecho de fuerza. Todas las quejas llevaron a otro “plan de medidas correctivas”, que en este caso estipuló que el programa reportara “todos los abusos siempre”. Esta medida no cerró los casos de violencia, que estaban ya fuera de control.

El interés de tener fuera de servicio a las cámaras de seguridad, no era resultado de negligencia de los administradores, se mantenían así para asegurarse de que no quedaran trazas de los actos de violencia. El año siguiente, una investigación del caso de una jovencita a quien le lesionaron un hombro en el Condado Pinellas no se pudo completar debido a que las cámaras no estaban funcionando.

La negligencia médica y las malas prácticas de atención, también son frecuentes. El 9 de junio del 2003, Omar Paisley, de 17 años, falleció al estallarle el apéndice en el centro de detención de Miami-Dade después de pedir que lo ayudaran durante tres días. Un jurado investigador indicó más tarde que la mayoría de las cámaras de vigilancia no estaban funcionando y que las que funcionaban “no permitían la grabación de imágenes de monitoreo”.

La investigación de la muerte de otros dos jóvenes, así como la violación de otro, también fueron obstaculizadas por equipos de vigilancia defectuosos. Shawn Smith, de 13 años, se ahorcó mientras estaba bajo vigilancia por peligro de suicidio en el Condado Volusia. Daniel “Danny” Matthews, de 17 años, falleció tras ser golpeado por otro detenido en el Condado Pinellas. Y un joven de 16 años con discapacidad severa fue colocado al cuidado de un agresor sexual, un detenido a quien le encargaron cambiarle los pañales. En ese caso, las cintas de vigilancia en el centro de detención de Tallahassee desaparecieron antes que los investigadores pudieran verlas.

Cuando se ordenó la instalación de un nuevo equipamiento técnico. En algunos programas se instalaron mejores equipo de vigilancia, pero los agentes identificaron rápidamente los puntos ciegos de cobertura.

En el Centro Correccional para Jóvenes de Okeechobee, el centro de control, un área cerrada de cristal, no estaba cubierto por ninguna cámara y el vidrio es oscuro. La policía dice que ahí fue a donde el empleado Mackell Williams llevó a un joven de 15 años para darle un golpiza.

Un testigo reportó que Williams golpeó repetidas veces al joven, y luego lo estrelló contra el suelo de cabeza. El joven se desplomó e inicialmente no se movió. Una empleada dijo a los investigadores que “pensaba que al joven le habían roto el cuello”.

Un detenido sugirió que el adolescente necesitaba atención médica, pero los empleados “se negaron a notificar a nadie para darle atención médica”, indicó un informe. Un empleado usó servilletas para contener la sangre que el joven tenía en la cabeza.

Pero el muchacho estaba lesionado de gravedad. Perdió el conocimiento en un aula al día siguiente de una aparente convulsión y en un hospital le diagnosticaron lesiones en la cabeza y el cuello. Regresó al centro en Okeechobee y perdió el conocimiento tres días después, y entonces sufrió otra convulsión al día siguiente.

El Departamento de Justicia Juvenil y los investigadores de abusos concluyeron que el guardia actuante y otros dos empleados no se habían preocupado de dar atención médica al joven. También se determinó que el guardia se había excedido, pero solo fue acusado de agresión en menor grado.

El agresor, de 6 pies de estatura y corpulento, escribió en una declaración que el joven fue el agresor y que éste lo había “zarandeado” mientras le pedía que “por favor lo soltara”. Seis meses después lo exoneraron.

(*) Escritor y profesor universitario. Es el autor, entre otros, del libro “Bajo las alas del Cóndor”, “La Operación Cóndor contra Cuba” y “Demócratas en la Casa Blanca y el terrorismo contra Cuba”. Es colaborador de Cubadebate y Resumen Latinoamericano.

Foto de portada: Observatorio de Derechos Humanos.