Venezuela: ¿Quién le fabrica la agenda a la “plataforma unitaria”?

El informe “Venezuela en 2023 y más allá: trazando un rumbo distinto“, del Woodrow Wilson International Center for Scholars (Wilson Center), sugiere una ruta política para que la Casa Blanca oriente a los partidos y organizaciones vinculadas con la oposición venezolana. Se trata de un documento que cuenta con aval de 19 analistas e investigadores del think-tank estadounidense imbricado en el circuito de intereses que promueven y financian el cambio de régimen en varios países del mundo, incluida Venezuela.

Anteriormente publicamos en esta tribuna un detallado análisis de la primera parte de dicho informe, en el entendido de que la estrategia de “máxima presión” y el tildado “proyecto Guaidó” han obligado a la Casa Blanca a corregir su hoja de ruta sobre Venezuela.

En ese sentido, Wilson Center ha hecho algunas recomendaciones a la administración de Joe Biden para reacomodar su posición y vía de acciones ante el gobierno del presidente Nicolás Maduro, directrices que pareciera estar aplicando debido a los registros existentes en términos de movimientos financieros de las principales agencias oenegeras estadounidenses, nuevas vocerías nacionales y regionales que opinan sobre la realidad venezolana y, además, un estímulo a proseguir en la Mesa de Diálogo y Negociación (MDN), instalada en México, que antes no existía en el discurso de ese gobierno, aunque con un objetivo de fondo que no puede adjetivarse de sorpresivo.

La Mesa de Diálogo como instrumento para la “transición”

La parte final del informe emitido por dicho think-tank establece ciertas orientaciones sin perder el lenguaje analítico. En primer lugar, exhorta al sector del antichavismo representado en la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), que participa activamente en la MDN, a “abordar este proceso con estrategias y expectativas realistas, en apoyo de negociaciones honestas, respetuosas y arduas”, lo que presenta a esa instancia de encuentro político y toma de decisiones como un espacio oportuno para dirimir el conflicto que Estados Unidos ha impuesto y sostiene contra Venezuela.

También alienta a “seguir participando en el proceso de negociación y no dejar que se descarrile por el cortoplacismo o la ambición personal”. De hecho, en el informe sostiene que, hasta ahora, la administración Biden se ha mostrado reticente a explicar en detalle su política sobre Venezuela. Sin embargo llama “contraproducente” al enfoque de “máxima presión”, instrumentado por el gobierno de Donald Trump.

Los autores conciben la MDN como un medio para la llamada “transición”, aunque reconocen que el gobierno venezolano posee ventajas que le permitirían mantener el diálogo. Se refieren tanto a la “modesta” recuperación de la economía como al “control del territorio de la nación y todos los programas e instituciones gubernamentales”. Esto es traducible al hecho de que el espacio político de negociación en México no es un fin en sí mismo sino un instrumento para la nueva ruta que busca un cambio de régimen, a tono con lo expuesto en la entrega anterior:

“En Washington hay una discusión de método y formato respecto a la estrategia sobre Venezuela, y no un cambio de paradigma en las relaciones”.

Uno de los acuerdos alcanzados en la MDN fue el desembolso de 3 mil millones de dólares para atender las deficiencias en salud y educación, recuperar la deficitaria red eléctrica y atender la emergencia generada por lluvias que provocaron inundaciones en el último trimestre de 2022. A tres meses de dicho acuerdo no se ha materializado el acceso del Estado a esos recursos, mientras los medios “independientes” y ONG atizan protestas gremiales por la cuestión salarial y de infraestructura básica de los servicios públicos.

La administración de dichos recursos correría por cuenta de la ONU y no directamente por el Estado venezolano. Sin embargo, la esquiva gestión de la PUD para ejercer presión sobre las instituciones que retienen el dinero en entidades bancarias dentro del circuito financiero estadounidense y europeo ha sido deficiente. La oposición nucleada en esa instancia ha alegado motivos de procedimiento por la demora financiera, aun cuando las medidas coercitivas que crearon el marco jurídico para el congelamiento de activos venezolanos en el extranjero tienen un matiz claramente político.

La gestión debe ser política; todo parece indicar que Estados Unidos y sus acólitos de nacionalidad venezolana podrían estar buscando ganar tiempo y dilatar los espacios entre una negociación y otra a medida que se va calibrando la estrategia estadounidense para una supuesta “transición” en el país.

ONG: ¿Un riel para la ruta electoral?

Wilson Center también recomienda a Washington y a la PUD “acordar las fechas de las elecciones y deben cumplir ese acuerdo”. El proceso electoral que se realizará en 2024, como lo estipula la Constitución, sería un punto de inflexión para Estados Unidos y para el sector político que instrumenta sus lineamientos en el territorio nacional.

El calentamiento de ese escenario de “elecciones libres y justas que muy bien podrían conducir al fin del gobierno de Maduro” ha comenzado con la difusión de encuestas que posicionan a los precandidatos a las primarias (si ha de haberlas, un punto de discusión en este momento dentro de las oposiciones) y con la acentuación de protestas gremiales.

En ese sentido, el fortalecimiento de las ONG para reflotar la base política opositora aparece como opción frente al deterioro de la percepción pública de los partidos de las oposiciones. La pérdida de arraigo entre el electorado antichavista es una de las dimensiones más graves de la crisis opositora, particularmente porque son asociadas directamente con los escándalos de corrupción que aceleraron el declive del “proyecto Guaidó” y, además, porque esos mismos actores agotaron “todas las formas de lucha” hasta el cansancio, provocando un desgaste que se instaló como clima político entre la población que apoyaba los esfuerzos de “cambio de régimen” en Venezuela.

Bajo esta correlación, las ONG se han erigido como actores que pudieran nuclear parte de la población opositora no activa en la agenda electoral durante los últimos años, ese sector descontento con la gestión de la dirigencia MUD et al. que ha decidido no participar en el escenario político. Entre estas organizaciones, Foro Cívico destaca por su clara impronta política, muy asociada con las vías de activismo típicas de partidos.

Como parte de la gestión en control de daños, a pocos días de que el Wilson Center emitiera el comentado informe, su presidente y CEO, Mark Green, publicó una columna titulada “En reconocimiento a la valentía de Juan Guaidó“, en la que hace un recorrido histórico del plan instrumentado por la Casa Blanca que tuvo como figura visible al exdiputado.

Green fue administrador de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID, sus siglas en inglés) entre 2017 y 2020, y jugó un rol protagónico en el desembolso de recursos que respaldó lo que el informe llama “enfoque de máxima presión”.

El también exembajador estadounidense defiende “el legado de coraje personal y político de Guaidó” describiendo cómo Washington colaboró “con su gobierno interino y con el resto de la coalición de partidos políticos del G4, formada por Acción Democrática, Primero Justicia, Un Nuevo Tiempo y Voluntad Popular”.

Además, insiste en demostrar el uso transparente de la llamada “ayuda humanitaria” y el apoyo a “los defensores de los derechos humanos, a los medios de comunicación independientes y a las organizaciones de la sociedad civil dentro de Venezuela” explicando que fue la USAID, y no Guaidó, quien administró 1 mil 200 millones de dólares para dicha “ayuda”. En el texto no aclara si se trata de los fondos referidos por Mike Pompeo en su libro Nunca cedí ni un centímetro.

El informe exhorta al sector opositor representado en la MDN a alcanzar “avances en temas que probablemente produzcan un acuerdo negociado que cuente con un amplio apoyo en Venezuela”, por lo que es posible que las ONG, más que los partidos, desarrollen tácticas y mecanismos de despliegue político y propagandístico como “ayuda humanitaria ampliada” (sic) que recuperen la confianza del electorado opositor en su liderazgo.

Es conocida la sinergia existente entre las agencias multilaterales como la Organización de Naciones Unidas (ONU) y algunas ONG, por lo que un fondo fiduciario único para ampliar las medidas de protección pudiera aumentar la usual capacidad de estas organizaciones para acumular fondos. Una legislación que impulse la transparencia del uso de dichos fondos podría poner a prueba el aceitado metabolismo exhibido por Green en el que se terminan financiando las agendas opositoras, como ha ocurrido desde hace ya dos décadas con fines recientemente expuestos y conocidos.