Aniversario luctuoso
Por José Ramón Cabañas Rodríguez
El 26 de febrero de 1982 el entonces presidente Ronald Reagan dio instrucciones a su Secretario de Estado, para que incluyera a Cuba en la llamada lista de países que auspiciaban el terrorismo, en correspondencia con lo estipulado en una legislación aprobada tres años antes, denominada Ley de Administración de Exportaciones (Sección 6).
Este y otros textos del Legislativo que vieron la luz en aquella época eran el resultado del análisis introspectivo que se había hecho en el Congreso estadounidense, a partir de la aplastante derrota sufrida en Vietnam, el involucramiento de las agencias federales de aquel país en una cadena de golpes de Estado que tuvieron lugar en América Latina y en el asesinato de varios líderes políticos foráneos, entre otros males.
En el informe de la llamada Comisión Church, por ejemplo, se reconocieron por primera vez los intentos de magnicidio organizados contra el líder de la Revolución cubana Fidel Castro (8 de más de 600).
Mientras esta especie de ejercicio de exorcismo tenía lugar en un sector de la clase política estadounidense, en el otro extremo del espectro la llamaba Nueva Derecha se estructuraba entre aquellos que consideraban que su país no debía pedir perdón por los crímenes cometidos, que el enfrentamiento contra el campo socialista y las fuerzas progresistas tendría que ser aún más determinante y que urgía derribar las barreras que impedían la penetración del capital estadounidense en todos los rincones del planeta.
En términos de América Latina y el Caribe un general de cuatro estrellas devenido en diplomático, Alexander Haig, planteó la alternativa de “ir a la fuente”, según la cual las luchas sociales en la región no se debían a la sobreexplotación causada por las transnacionales estadounidenses y otros desmanes, sino al ejemplo que planteaba la lucha de Cuba por preservar su soberanía.
En los documentos gubernamentales de la época no se ofreció ninguna justificación concreta para considerar a la Isla como país terrorista. Ese espacio vacío fue llenado a lo largo de los años con suposiciones, especulaciones periodísticas y fragmentos de discursos de Reagan y sus allegados, que se referían de manera enfermiza a la “influencia cubana”.
No obstante, una de las claves para entender lo sucedido entonces y cómo Cuba apareció casi que por arte de magia en aquella lista, la brindó años más tarde un ex miembro de la Brigada 2506 invasora de Playa Girón, ex oficial de la Marina de Guerra estadounidense y ex alto directivo de la Fundación Nacional Cubano Americana (FNCA). En un libro que puede ser considerado parte de sus memorias, el abogado de origen cubano Antonio (Tony) Zamora explicó lo sucedido en el volumen Lo que aprendí sobre Cuba visitando a Cuba (2013).
Zamora había sido testigo de excepción en los intercambios que se produjeron entre altos funcionarios del gobierno republicano de entonces y su jefe al frente de la FNCA, Jorge Mas Canosa. Como parte de aquellos, se le exigió a este último nuclear a ex operativos de la CIA, ex mercenarios, ex hombres del presidente y otras especies humanas en un proyecto de carácter electoral, que garantizara la mayor cantidad de votos en el Sur de la Florida a favor de los candidatos republicanos.
Como absolutamente todos los arreglos políticos en Estados Unidos tienen carácter transaccional, al ser notificado Mas Canosa sobre su próximo empleo, se le preguntó qué pedía a cambio. Su reacción fue inmediata y breve: “incluyan a Cuba en la lista de países terroristas”, sabiendo por adelantado el estigma que significaba para el país señalado y la puerta que se abriría para aspirar a beneficiarse constantemente de fondos federales, que se aprobarían para intentar cambiar el estado de cosas en la Isla.
La FNCA estampó su sello en las legislaciones para lanzar los proyectos de las llamadas Radio y TV Martí, en la Ley Torricelli, la Ley Helms Burton en todos los programas que aprobó la National Endowment for Democracy contra las malas influencias cubanas.
En aquel momento los operativos republicanos no consideraron que se tratara de una gran solicitud la que hacía Mas, pues Cuba ya estaba bajo los efectos del bloqueo económico, político y financiero implantado desde 1962. Pero con el tiempo se fueron refinando y ampliando las sanciones que sufrían aquellos que aparecían en la mencionada lista.
En teoría era terrorismo lo que practicaba Cuba en la pequeña isla de Granada en el año 1983, donde expertos cubanos apoyaban la construcción de un aeropuerto civil, que según la prensa corporativa estadounidense serviría como trampolín para el avance del comunismo la región. Fuerzas militares élites estadounidenses invadieron el pequeño país y asesinaron población local y a 24 cooperantes cubanos.
La presencia inexplicable de Cuba en aquella lista acompañó como pretexto a cada uno de los intentos de exterminio que se practicaron durante años contra la Isla, aún después de la desaparición del campo socialista y mucho después de que una guerra irregular financiada desde el presupuesto federal estadounidense fuera borrando uno por uno a todos los movimientos sociales y armados alternativos en Centroamérica.
El apoyo de Cuba a la soberanía de Angola, la independencia de Namibia y al fin del apartheid en Sudáfrica también fue considerado una práctica terrorista por la Casa Blanca, al menos hasta que Nelson Mandela (también señalado como terrorista en su tiempo) se convirtió en un símbolo mundial y fue recibido en Estados Unidos con todos los honores.
El tema de la inclusión de Cuba en la lista a contrapelo de toda realidad fue un contencioso en la relación bilateral hasta el mismo momento de acordarse el restablecimiento de las relaciones diplomáticas bilaterales en julio del 2015.
El 14 de abril el Presidente Barack Obama envió una notificación al Congreso cumpliendo la formalidad de declarar que Cuba no había participado en ninguna acción terrorista en los 6 meses precedentes y afirmando que el gobierno cubano había dado seguridades de que no participaría en este tipo de actividades en el futuro. Esto último obviamente no fue extraído de ningún documento cubano elaborado para la ocasión, sino del compromiso permanente de Cuba ante ese flagelo y de su papel medular en el proceso de paz en Colombia, que en aquellos momentos transitaba por estadíos definitorios.
A los efectos del análisis de este tema en la actualidad baste recordar que Obama dio tal paso ante un Congreso con predominio republicano, al que pertenecían varios legisladores de origen cubano, que amenazaron en todo momento con impedir y limitar las disposiciones ejecutivas respecto a Cuba. Por alguna razón sus exclamaciones no fueron escuchadas, ni su chantaje resultó efectivo.
El 29 de mayo del propio año, el Secretario de Estado John Kerry cubrió la formalidad de retirar el nombre de Cuba de la lista y el 22 de julio, dos días después de la reapertura de la embajada cubana en Washington, el Federal Register explicaba que esta decisión enmendaba las regulaciones de la administración de exportaciones para implementar la recisión de la designación de Cuba como Estado Patrocinador del Terrorismo, en especial en cuanto a la remoción de los requerimientos de licencias anti-terroristas y las referencias al país en tal calidad, aunque aclaraba que se mantenían los requerimientos de licencia preexistentes para todos los productos previstos en la ley, a menos que se autorizara alguna excepción.
Cinco paquetes de medidas posteriores contenían licencias generales o específicas del gobierno de Obama para Cuba, que permitieron la concreción de limitadas iniciativas de carácter comercial entre ambos países, aún con el bloqueo vigente.
Era la primera vez que un país salía de la lista sin necesidad de desaparecer como tal (Yemén del Sur), o sin ser invadido y aplastado, como fueron los casos de Irak y Libia.
El gobierno de Donald Trump no forzó el tema desde un inicio en su empeño por retroceder en todo lo que se había avanzado en la relación con Cuba. Prefirió la campaña de los supuestos ataques sónicos, para justificar la disminución en los intercambios bilaterales y la drástica reducción del personal diplomático en ambas capitales. Después pasó a la presencia de 20 000 soldados cubanos invisibles en Venezuela, cuando el golpe contra Caracas ganó prioridad en la agenda de su nuevo equipo de seguridad nacional estrenado a finales del 2018.
No fue hasta el 2019 que el gobierno colombiano de Iván Duque, ahora convertido en catedrático en el Wilson Center a buen recaudo en Washington DC, comenzó a reiterar afirmaciones contrarias al espíritu de los acuerdos de paz en su país y señalando a Cuba, no por su papel de garante, sino por acoger y no entregar a representantes del Ejército de Liberación Nacional (ELN), fuerza aún beligerante que estaba en proceso de integrarse en aquel momento a la discusión de la paz.
Esta belicosidad colombiana inducida coincidió en tiempo con los procesos legales que se siguieron al presidente estadounidense para lograr su destitución a instancias del Congreso (impeachment), acciones que lo obligaron a establecer alianzas con cualquier político que ayudara a evitar la catástrofe. Fue entonces que en otro ejercicio de carácter transaccional, el senador de origen cubano Marco Rubio intercambió su apoyo desde el Comité de Inteligencia del senado por la realización de acciones más determinantes contra Cuba, que fueron desde el corte radical de los viajes aéreos y marítimos entre ambos países, la suspensión de todos los contactos bilaterales oficiales y la “opción nuclear” bajo la Ley Helms Burton: eliminar la dispensa (waiver) para la no aplicación del título III.
Pero no fue hasta después de confirmada la derrota de Trump en su aspiración a reelegirse, que la herramienta de la lista de países que auspician el terrorismo fue utilizada para hacer más difícil cualquier acción de reacomodo con Cuba por las autoridades del nuevo gobierno demócrata que ya había sido electo.
A pocos días de entregar el cargo (11 de enero del 2021), el entonces Secretario de Estado Mike Pompeo se encerró en su despacho y, sin escuchar opinión alguna de otros miembros del gabinete, o de subordinados, firmó un documento que regresaba el nombre de Cuba a la espuria lista. Aunque la decisión carecía de todo fundamento (como en 1982) la embajada estadounidense en La Habana se apresuró a reunir argumentos que fundamentaran este crimen con escalamiento, nocturnidad y alevosía. Pero erróneamente comenzó diciendo “el gobierno de Trump ha estado comprometido desde un inicio con negarle recursos necesarios al régimen de Castro”, dejando entrever los propósitos reales de la decisión.
Si absurdo fue este paso, en violación de todas las reglas de las sacrosantas consultas interagenciales, más aún lo fue la santificación oficial de tal acto, cuando el recién estrenado gobierno de Joe Biden afirmó que “Cuba no cooperaba de forma adecuada en los esfuerzos contra terroristas de Estados Unidos”, a pesar de que 80 congresistas demócratas habían expresado su posición contraria en una carta dirigida en marzo del 2021 al primer mandatario. La reafirmación de tal sin sentido se produjo el 11 de mayo del 2022 en una nota apresurada de Anthony Blinken.
La realidad es que hasta esta última fecha el equipo de Biden había asumido con gusto el supuesto trumpista de que una combinación de crisis económica inducida y el efecto de la pandemia consumarían el efecto de la ley de la gravedad sobre el gobierno cubano. Pero no sucedió, y Biden junto a sus acólitos comenzaron a sufrir un desplante tras otro por esa razón.
El primero y más mediático fue el fracaso de la llamada Cumbre de las Américas organizada en la ciudad de Los Angeles en junio del 2022. La intención de aislar a Cuba, Venezuela y Nicaragua actuó como un boomerang sobre los organizadores.
Después se produjo un desmentido de altos quilates, cuando las nuevas autoridades en Bogotá, a pocas horas de instalarse en sus oficinas (12 agosto 2022), confirmaron el papel fundamental de Cuba para las negociaciones de paz e hicieron un llamado directo a Washington para que abandone sus prácticas condenatorias respecto a la Isla.
Y entre muchas otras declaraciones en el mismo sentido llegaron las llamadas elecciones de medio término, en las que los demócratas no sólo perdieron en Florida en toda la línea, sino que por primera vez fueron masacrados en los tres condados con mayor presencia de votantes de origen cubano, que hasta la fecha eran bastión seguro demócrata. Ya no había que seguir buscando la aguja en el pajar.
En el renacer de la Comunidad de Estados Latino Americanos y Caribeños en su última cumbre (24 enero 2023), absolutamente toda la región reafirmó su oposición al bloqueo, y específicamente a mantener a Cuba en la “lista”.
Si fueran aún insuficientes los llamados externos a la Casa Blanca para corregir su error, al interior de Estados Unidos los concejos de varias ciudades han aprobado resoluciones que solicitan indistintamente cooperación con Cuba en general, en el área de la salud, el levantamiento del bloqueo y específicamente la salida de la lista de países que auspician el terrorismo. La última de esas propuestas se debate en estos momentos en la ciudad capital Washington DC.
A estas alturas, incluso en medios estadounidenses se comprende que el mecanismo para la confección de la lista en si misma y su manipulación oportunista son demostración de la falsedad del “compromiso” de Estados Unidos frente al terrorismo como flagelo internacional.
En las últimas semanas las autoridades estadounidenses han estado más dispuestas al diálogo oficial con Cuba y se han reunido en ambas capitales delegaciones que están relacionadas sobre todo con el tema de aplicación y cumplimiento de la ley, ejercicio impensable con un país que el gobierno estadounidense considerara que efectivamente auspicia el terrorismo.
En resumen, todas las condiciones están creadas para que el actual gobierno corrija el error que cometieron otros en el pasado y que fue rectificado una vez. Se comprende que aún con el mantenimiento del bloqueo, un cambio respecto a este tema crearía nuevas oportunidades para el intercambio bilateral. Sólo falta el elemento clave: la voluntad política del presidente y su equipo. En Cuba lo llamamos de otra manera.
Tomado de Cubadebate/ Foto de portada: P. Bridges
