Camps, el Hitler que sometió a los bonaerenses: La vigilancia de la dictadura argentina llegaba a escuelas, alumnos y docentes
Por Gastón Garriga.
En la provincia de Buenos Aires la policía comandada por el general Ramón Camps montó un gigantesco aparato de espionaje.
La reacción política y sindical democrática a la llamada “Gestapro” (el operativo de espionaje montado en la Provincia por el macrismo) tiene su explicación en el pasado. Las prácticas persecutorias, que incluyeron vigilancia de las redes sociales, y contra los trabajadores de la educación y, en especial, de sus dirigentes gremiales, llevadas a cabo durante los años de la gestión de María Eugenia Vidal en la provincia de Buenos Aires, revivieron los peores fantasmas de la historia bonaerense. La impronta antisindical, el espionaje y la delación, el clima opresivo, marcaron el período comprendido entre 1976 y 1983, sobre todo cuando ejerció la jefatura de la Policía Bonaerense el general Ramón Camps.
Buenos Aires/12 accedió a una serie de documentos de la Comisión Provincial por la Memoria que dan cuenta del espionaje sistemático ejercido por las fuerzas represivas en las instituciones educativas de la provincia de Buenos Aires durante la última dictadura militar.
Los documentos demuestran que las políticas de espionaje ilegal no se circunscribían ni al conurbano que rodea a Buenos Aires ni a la capital provincial. Existe material sobre investigaciones en Rojas, Lincoln, 9 de julio y Carlos Casares, en el centro de la provincia. Ni las escuelas agrarias se salvaban, como lo prueba el caso de las Escuelas de Familia Agraria (EFA), que se detalla unas líneas más adelante. Los documentos, a su vez, están clasificados en tres grupos: organismos de inteligencia sobre instituciones educativas, manifestaciones antidictadura en instituciones educativas y, tal vez el más inquietante, espionajes realizados por la propia comunidad educativa.
Infierno grande
En este último grupo se inscribe el espionaje a docentes del Colegio Nacional de Carlos Casares, un pueblo sobre la ruta 5, hoy famoso por ser sede del poderoso grupo Los Grobo y su equipo de fútbol Agropecuario, que milita en la B nacional, pero que en 1976, cuando ocurrieron estos hechos, tenía menos de 20 mil habitantes.
La carta fechada el 29 de junio de 1976, apenas tres meses después del golpe, está prolijamente tipeada, dirigida al “Exmo, Señor Ministro del Interior Gral Albano Harguindeguy” y firmada por “UN GRUPO DE PADRES”. El contenido de la misiva da cuenta de la preocupación de estos por la educación de sus hijos, ya que ciertos docentes utilizaban como bibliografía obligatoria para sus clases de la materia Estudio de la Realidad Social Argentina (ERSA), el libro “Las venas abiertas de América Latina”, del escritor uruguayo Eduardo Galeano, texto “de ideología izquierdista e izquierdizante”.
La carta anónima, lejos de ser desechada, fue el desencadenante de una serie de investigaciones posteriores, que constan en el mismo legajo nro. 15719 de la mesa “D”. De acuerdo a esos informes, “ya en 1974, quejas de los padres, por las que el rectorado inició acciones ante el ministerio de Educación”, pero en 1976 “los mismos docentes continúan dando clases”. Y los mismos “son el alma mater de la biblioteca popular José Ingenieros, cita en Maipú 369” de la misma localidad, donde, quién lo hubiera dicho, “abunda material bibliográfico”.
La aparición de un nuevo pedido de informes disparaba también la búsqueda de antecedentes del o los sospechosos en ese mismo archivo. Si dicha búsqueda resultaba positiva, se copiaban en el mismo legajo. En este caso, por ejemplo, consta que “habría viajado a Cuba vía México en 1962”, “integró la junta promotora del Encuentro Nacional de los Argentinos a nivel local”, “presidió la biblioteca popular José Ingenieros en 1968”. La frase que puede haberlo salvado es “no se detecta actuación política en superficie”.
La Comisión Provincial de la Memoria protege la identidad de las víctimas de espionaje, de manera que no es sencillo reconstruir la historia completa, saber si los espiados fueron secuestrados, si continúan detenidos desaparecidos, si tuvieron chance de exiliarse o pudieron continuar con sus vidas. Lo que se desprende de los documentos es el clima de persecución, vigilancia y paranoia que reinaba en aquellos años, aún en parajes en apariencia tranquilos, donde todos se conocían, se dormía la siesta y se tomaba mate en la vereda.
El dicho popular “pueblo chico, infierno grande” adquiere una nueva dimensión, en la que nada ni nadie es lo que parece y, si cualquier denuncia anónima basta para iniciar un sumario, nadie está realmente a salvo.
Citroen rojo
De los documentos se desprende que el espionaje no se circunscribía exclusivamente a los establecimientos de gestión pública. En el archivo no consta el origen de la denuncia o sospecha que dispara estas actuaciones, dentro del ámbito de una escuela confesional.
“En el colegio Pío XII, frente al destacamento de Villa Bosch, partido de Tres de Febrero, hay un maestro de nombre XXXXX, estudiante de medicina, falta con frecuencia, permanentemente adoctrina a sus alumnos contra militares y policías. Anda en un Citroen rojo”, resume la primera página del legajo 6159. Y, a continuación, ordena lo que “interesa saber: una amplia investigación que ratifique o rectifique lo expresado anteriormente, datos de identificación completos del causante, constatar propiedad del automotor mencionado, concepto social y laboral, todo dato que se estime de interés consignar”, con fecha 3 de septiembre de 1976.
Es llamativa la celeridad con que se cumplen los encargos. Apenas dos semanas más tarde, el 17 de septiembre, se adjunta el informe resultante de las pesquisas. El sujeto en cuestión “se desempeña como maestro de tercer grado, como suplente desde 1969 y como titular desde 1970”, “cursa el último año de medicina y realiza prácticas en el Policlínico de San Martín, por este motivo falta a la escuela con permiso de sus superiores”, “maneja un Citroen color ladrillo chapa R63267”, “tanto él como su familia gozan de buen concepto entre los vecinos” y “no se pudo determinar que adoctrine a sus alumnos”.
El veredicto final del informe es coincidente con los archivos de la Comisión de Familiares de Detenidos Desaparecidos de Tres de Febrero: ninguno de los 300 desaparecidos del distrito era un docente con un Citroen rojo.
Edgardo Fontana, “Cambá”, reconocido por sus compañeros como una especie de archivo viviente, rememora, chequea y finalmente sostiene que “la dirección no coincide con la de ningún desaparecido. Había un compañero ferroviario, pero a media cuadra de distancia de ahí. El Citroen rojo no era habitual, por eso habrá llamado la atención. Había un compañero que andaba en un Citroen rojo, pero estudiaba ingeniería, no medicina”. Y agrega: “hubo tres desaparecidos en el Pío XII, pero las autoridades de ese colegio todavía no accedieron a homenajearlos”.
Actualmente, Cambá ultima detalles de un libro que recopila y reconstruye las experiencias de militancia de los años sesenta y setenta en la zona, además de las historias personales de los 300 compañeros detenidos desaparecidos. y el accionar de los servicios de inteligencia.
Escuelas peligrosas
Si el caso del Colegio Nacional de Carlos Casares expone cómo se observaba a ciertos docentes, por sus acciones disonantes con el espíritu de una determinada institución educativa, el caso de las Escuelas de Familia Agraria muestra cómo se ponía bajo la lupa, directamente, a un modelo educativo, a partir de un pedido de colaboración del Ejército Argentino, remitido al jefe de la Policía Bonaerense, con fecha 9 de mayo de 1980. El pedido de información es muy general y requiere “ubicación geográfica, responsable del mismo, cantidad de alumnos, cantidad de docentes, antecedentes de los mismos y concepto ambiental respecto de la educación proporcionada”.
Las Escuelas de Familia Agraria habían llegado a Argentina a fines de los años sesenta, copiando un modelo de organización de origen francés de la década del treinta, las “maisons familliaires”: bajo la forma jurídica de mutuales o asociaciones civiles, asentadas en pequeñas poblaciones rurales, con el objetivo de que los hijos de los campesinos y productores pudieran estudiar sin cambiar de hábitat.
El informe elaborado por la policía da cuenta de la existencia de trece escuelas con estas características, la mayoría ubicadas en las provincias de Santa Fe y Entre Ríos y sólo dos en Buenos Aires: la “Dr. Ignacio Pirovano” en Bolívar y la “Dr. Ernesto Nazar” en Colón, y de un órgano que las dirige y nuclea, la Asociación de Promoción de las Escuelas de Familia Agraria (APEFA), cuyo funcionamiento también detalla.
Las conclusiones son contundentes. Las escuelas tienen una “evidente tendencia izquierdista”, forman parte de “un sistema que no se puede controlar” y, en consecuencia, “resulta de extrema peligrosidad para la seguridad nacional”. Pero lo más curioso es que, cuando la policía emite el informe solicitado, el ministerio de Educación ya había resuelto “la derogación progresiva de dicho sistema educativo” a través de la resolución 345/74 del 7 de marzo de 1980. Esta obligaba a no abrir cursos de primer año en 1980, ni de segundo en 1981 y así sucesivamente hasta su disolución. Otra resolución de la misma fecha, la 344, deja sin efecto el plan de estudio del Centro de Formación de Monitores, donde las EFA formaban a sus propios docentes.
En este caso, llama la atención la duplicación de procedimientos y la falta de conocimiento de lo que ocurría al interior del mismo estado. Si las autoridades del ejército hubieran leído el boletín oficial hubieran sabido en tiempo y forma que, de haber existido algún peligro, ya se encontraba conjurado y hubieran evitado que la policía bonaerense tuviera que investigar más allá de sus fronteras geográficas.
Para los represores de las provincias del litoral, la palabra “agraria”, aún cuando formara parte del nombre de unas escuelas, remitía invariablemente a las ligas agrarias, organizaciones campesinas de base que llegaron a reunir a más de 50 mil personas y fueron totalmente desarticuladas por el terrorismo de estado. Eran integradas por pequeños productores, de actividades marginales desde el punto de vista del agronegocio, como tabaco, algodón y yerba y pujaban, entre otras cosas, por percibir mejores precios de los acopiadores y procesadores.
Integrar una institución con la palabra “agrarias” en el nombre podía ser una actividad de riesgo, tanto como manejar un Citroen rojo.
Vigilar la escuela
Los documentos comentados pertenecen a la inteligencia de la dictadura y fueron desclasificados por iniciativa de Carlos Arslanian cuando ejerció por primera vez como ministro de Seguridad bonaerense. Integran la colección “Vigilar la escuela”, organizada y curada por la CPM, con el objetivo de integrarlos a la currícula educativa como contenidos pedagógicos. “Vigilar la escuela” incluye videos, testimonios, trabajos prácticos, cuestionarios y guías para los docentes.
El último 16 de septiembre, a modo de conmemoración de la Noche de los Lápices, en el marco de un encuentro de juventudes, la comisión trabajó con escuelas del distrito de San Martín, sobre el seguimiento de la actividad panfletaria que hacía la DIPPBA, a partir de los documentos que obran en su poder.
La Comisión por la Memoria (CPM) es un organismo público autónomo y autárquico que promueve e implementa políticas públicas de memoria y derechos humanos. Reúne el mayor archivo de espionaje político conocido, después del de la Stasi de Alemania Oriental y realiza, cada año, el encuentro “Jóvenes x la memoria” en Chapadmalal, del que participan instituciones culturales, sociales y barriales y recuperó la presencialidad el año pasado, tras el parate obligado por la pandemia.
La CPM fue creada por resolución legislativa de la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires 2117 de 1999, y ratificada por ley provincial 12.483 del 13 de julio de 2000 y su modificatoria, la ley 12.611 del 20 de diciembre de 2000. Desde marzo de 2001 tiene como sede el edificio donde funcionó la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires (DIPPBA), señalizado como sitio de memoria por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación.
Tomado de Página/12.
