Exigen investigar ataque letal contra indígenas en Brasil

La ministra de los Pueblos Indígenas de Brasil, Sonia Guajajara, exigió el domingo una investigación policial que dilucide el ataque de mineros ilegales a un asentamiento de indígenas yanomamis que dejó un muerto y dos heridos, informaron medios locales.

La agresión fue perpetrada el pasado sábado contra la comunidad Uxiú y cobró la vida de un nativo agente de salud del pueblo Yanomami. Los otros aborígenes lesionados fueron trasladados a centros de salud del poblado de Surucucu por profesionales del Distrito Sanitario Especial Indígena Yanomami.

El hecho fue denunciado por Júnior Hekurari Yanomami, presidente del Consejo Distrital de Salud Indígena y responsabilizó a los mineros ilegales que buscan metales preciosos en la zona de disparos contra los indígenas yanomamis.

Júnior se dio a conocer a inicios de año, cuando denunció la grave crisis humanitaria que atraviesa el pueblo Yanomami por culpa de la embestida de mineros y madereros ilegales empeñados en expoliar los recursos naturales localizados dentro del territorio nativo.

La ministra Guajajara hizo alusión también al histórico desmantelamiento de las políticas de protección indígenas y el fomento de la minería ilegal que afecta a los pueblos tradicionales, escenario que se agravó especialmente entre 2019 y 2022, durante el gobierno de Jair Bolsonaro.

Tras su llegada al poder a inicios de enero de 2023, el presidente Luiz Inácio Lula da Silva implementó una serie de acciones para socorrer a las comunidades indígenas locales y retirar a los no indígenas de áreas exclusivas, así como la protección de sus recursos naturales y su seguridad.

Según cifras oficiales, la Tierra Indígena Yanomami abarca una extensa área de Roraima, además de una parte del estado de Amazonas, totalizando cerca de 9.6 millones de hectáreas, donde, según el Gobierno federal, viven más de 30 mil habitantes.

El Ministerio de Salud brasileño ha denunciado que, en los últimos años, al menos 570 niños indígenas han muerto por desnutrición y otras causas evitables. Además, solo en 2022 se confirmaron 11.530 casos de malaria en la reserva. La difusión de esta realidad hizo sonar las alarmas y la intervención estatal.

Efectivos de las Fuerzas Armadas de Brasil han sido movilizados para distribuir alimentos y brindar atención médica a los residentes de comunidades de difícil acceso. Asimismo, se restringió el tránsito aéreo, el acceso a las zonas protegidas y el traslado de los no originarios.

La Aeronáutica pasó a restringir el acceso aéreo, buscando impedir la llegada de nuevos mineros y, principalmente, el abastecimiento de los que estaban ilegalmente en el área. Asimismo, las fuerzas de seguridad terrestres fueron reforzadas para sacar a los no indígenas de la reserva.

La Policía Federal levantó pruebas periciales de los crímenes cometidos contra los indígenas, entrevistó a testigos, investigó la escena del crimen y está a la espera de los respectivos informes especializados para continuar las investigaciones.

Las autoridades policiales afirmaron que trabajan para “identificar, localizar y detener” a los autores y continúan las acciones para ubicar y expulsar a los invasores que se encuentran en territorios indígenas, como parte de la Operación Liberación, en marcha desde febrero último.