La planificación de Milei para Argentina: Masacre a cuenta gotas

El plan de gobierno que presentó La Libertad Avanza es muy similar al que aplicó Pinochet durante la dictadura chilena. Se plantea destruir derechos básicos, como el acceso a la salud y la educación pública, eliminar indemnización por despidos y hacer de las jubilaciones una timba para el sector privado. Poner a los milicos al frente de las cáreceles y avanzar en la baja de imputabilidad a menores, es parte de este plan que solo podría aplicar un Estado gendarme a través de una feroz represión.

La Libertad Avanza, marca de Javier Milei para las elecciones presidenciales, presentó ante la Justicia electoral un documento con los ejes centrales de su plan de gobierno. El texto lo dio a conocer la abogada Natalia Volosin.

Se trata de un plan para privatizar el acceso a derechos humanos elementales y atacar derechos conquistados por los trabajadores y el movimiento de mujeres y disidencias. Un programa donde la “inversión estatal” solo beneficia a las grandes empresas y a fortalecer el aparato represivo.

Gran parte de este plan de ajuste y privatización -que incluye la apertura económica para que empresas y bancos extranjeros avancen aún más en el control de la economía del país- fue aplicado durante la dictadura de Augusto Pinochet en Chile.

La plataforma electoral de Milei se presenta en formato empresarial: con misión, visión y valores. Estos son los ejes centrales de este manifiesto del horror.

Destruir la educación

Privatización de la educación

Argentina es uno de los pocos países de América donde todavía existe el derecho a la educación pública. Milei plantea terminar con la gratuidad de la educación y sustituirla por un “sistema de vouchers”, como todavía persiste en Chile. La privatización del acceso a la educación es un plan que ya fracasó en la región, y fue uno de los motivos que impulsó a la revuelta en varios países.

Anular la ley de Educación Sexual Integral para todos los niveles educativos

Javier Milei contruyó su núcleo de adhesión entre los movimientos antiderechos que se oponen a las leyes conquistadas por el movimiento de mujeres y disidencias. Entre ellas, la ESI que busca, entre otras cosas, darle herramientas a las infancias y juventudes, para reconocer a tiempo situaciones de abuso. También ataca la conquista del derecho a la interrupción voluntaria del embarazado, al plantear la “defensa del derecho a la vida desde la concepción”.

Atacar los derechos laborales de los docentes.

Plantea la modificación del Estatuto Docente, para eliminar licencias y facilitar despidos. Por otro lado, en el sistema privatizado que propone, deja en blanco cómo se solventará el salario de los trabajadores de la educación.

Dirigir desde el Estado la elección de carreras

Javier Milei se opone a la obligatoriedad de la educación pública, por considerarlo una intromisión del Estado sobre la libertad de elección de los individuos. Pero a su vez, plantea “la modificación del diseño curricular” para determinar desde el Estado cuáles son las profesiones que “necesita el país”.

Destruir la Salud

Privatización de la salud pública: El plan es arancelar todas las prestaciones del sistema público. Lo que implica atacar a la salud como derecho humano elemental y restringir su acceso para quienes no puedan pagarlo, en un país donde avanza la pobreza, incluso entre los trabajadores asalariados. 

Ajuste del presupuesto: Avanzar en desfinanciar los presupuestos ya empobrecidos para la Salud, y dejar el problema de la falta de insumos en manos de “donaciones” empresariales. El plan es tan violento que el documento tiene que aclarar que “la reducción del gasto público” no disminuiría la calidad y cantidad de servicios que se presten.

Destruir derechos laborales

Eliminar la indemnización para despidos sin causa: Javier Milei propone una reforma laboral regresiva en derechos para los trabajadores y trabajadoras. Entre las medidas, está eliminar la indemnización en el caso de despidos sin causa y la posibilidad de hacer juicio a las empresas. Sustituiría por un “sistema de seguro de desempleo”, donde las empresas trasladen esta responsabilidad hacia el bolsillo de los propios trabajadores.Mantener impuestos sobre los trabajadores.

Por un lado, Javier Milei propone eliminar impuestos para los empresarios y reducir las cargas patronales que, entre otras cosas, aportan a la jubilación. Pero su proyecto “libertario” se frena ante los impuestos pagados por los trabajadores, para los que solo plantea su reducción. No hay una sola palabra sobre eliminar el impuesto a las ganancias para los trabajadores o IVA para las mayorías.

Flexibilizar la Ley de Riesgo del Trabajo: Esto implica adecuar la ART a los requisitos de empresas multinacionales, para que las patronales se ahorren los “gastos” de afrontar los miles de accidentes laborales que ocurren a diario, por la negligencia y voracidad empresarial.

Atacar las jubilaciones: Recortar “el gasto del estado en jubilaciones y pensiones”, buscando achicar el déficit fiscal por la vía de ajustar a quienes trabajaron toda su vida.

Trabajadores estatales en la calle: Avanzar en despidos de los trabajadores del Estado, ofreciendo “retiros voluntarios” y “jubilaciones anticipadas”, para los trabajadores de planta permanente. Y avanzar sobre los trabajadores y trabajadoras más precarizados y sin derechos laborales, contratados con distintas formas de fraude laboral que impone el Estado.

Eliminación de los progamas de empleo: El documento apunta a la eliminación progresiva de los planes sociales; pero el plan económico del conjunto apunta a la flexibilidad laboral y la facilidad de despedir a los trabajadores. Un plan menemista que ya probó en la década de los 90s que solo trae despidos masivos, momento donde comenzaron a surgir las organizaciones de trabajadores desocupados, hoy conocidas como “movimientos sociales”.

Un Estado gendarme

Militarizar y privatizar las cárceles: En todo el documento, la única mención a revertir los “bajos salarios” es para las fuerzas de seguridad, en particular las Fuerzas Armadas. Para las cárceles plantea un sistema de gestión público-privada; y que sean controladas por los militares en un período de transición. Javier Milei lleva a Victoria Villarruel como precandidata a vicepresidenta, una defensora de los genocidas de la última dictadura militar, y estableció alianzas con el hijo del genocida Bussi en Tucumán o el hijo de Carlos Aragonés en La Pampa, un conocido delator.

Baja en la edad de imputabilidad: Se trata de una doctrina de mano dura de conjunto, donde se busca eliminar las garantías constitucionales en el proceso penal. A su vez, propone la baja en la edad de imputabilidad para los menores.

Economía al servicio de las grandes empresas

Eliminar retenciones y derechos de importación: Por un lado, Milei propone un ajuste brutal sobre el Estado, pero a la vez, plantea eliminar las retenciones para las patronales exportadoras. Un plan que apunta a desfinanciar el Estado y sus reservas y a buscar reducir el déficit fiscal -como pretende el FMI-, descargando los recortes sobre las mayorías populares.

Dolarización: Además de irrealizable por la falta de dólares en el país, de llevarse a cabo esto implicaría un durísimo golpe al bolsillo del pueblo trabajador y pobre, que verá devaluado sus ingresos. Ya que los salarios y distintas formas de remuneración perderán enormemente al imponerse el valor de la moneda norteamericana sobre la economía nacional.

Beneficios para las inmobiliarias: Javier Milei quiere liquidar la ley de alquileres, para avanzar en una reforma aún más perjudicial para los que alquilan. El plan es desregular, para que la industria inmobiliaria pueda imponer con el peso de la propiedad privada las condiciones que quiera, a cada inquilino particular.

Privatización de las empresas públicas: Esta medida caería por ejemplo en empresas como el Astillero Río Santiago de La Plata, que sobrevivió a las privatizaciones y despidos masivos de la era menemista, por la organización y lucha de sus trabajadores. Y que hoy sigue resistiendo a la desfinanciación del Estado. Por otro lado, deja intacta a las empresas privatizadas de servicios públicos (agua, gas y luz) que brindan servicios cada día más deficitarios, a la par de que aportan a la inflación con los aumentos tarifarios que permite el Gobierno. 

Apertura unilateral al comercio internacional: Esto fue aplicado por primera vez en la región durante el gobierno golpista del dictador Augusto Pinochet en Chile. Un programa similar al que implementó Martínez de Hoz, el ministro de la dictadura genocida Argentina.

De conjunto, el plan de los libertarios se enfoca en que el Estado solo financie las vías y medios de transporte para que las empresas nacionales y extranjeras puedan mover sus productos; sin ningún tipo de regulación. Y oriente los recursos del Estado para fortalecer el aparato de represión. Además de plantear toda clase de beneficios para las grandes patronales y bancos, que son quienes imponen el aumento permanente de los precios y presionan a la devaluación de la moneda. Mientras restringe los derechos del pueblo trabajador y las mayorías populares.

Tomado de Resumen Latinoamericano Argentina.